Noviembre 9, 2015
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A Reinaldo Arenas y Fuentes (a los 25 años de su muerte)

 

Novelista cubano (Aguas Claras, 1943 – Nueva York, 1990)

Criado en el seno de una familia campesina, su adolescencia estuvo marcada por su unión a la insurrección castrista desde 1958. Con el triunfo de la Revolución, tuvo oportunidad de participar en el programa de educación del nuevo gobierno, donde su formación autodidacta se vio enriquecida por la relación con los que fueron sus maestros, José Lezama Lima y Virgilio Piñera.

En 1962  apareció su primera y última novela editada en la isla, Celestino antes del alba, ya que el resto de su producción se publicó en el extranjero. Entrada la década de los años sesenta, fue víctima de las medidas del gobierno cubano contra los homosexuales y el acoso contra él aumentó. Fue detenido y encarcelado en la prisión de El Morro, donde entre 1974 y 1976 escribió su autobiografía: Antes que anochezca, cuya versión cinematográfica dirigida por Julián Schnabel, con la interpretación de Javier Barden, se estrenó en 2001.

Finalmente en 1980, por una amnistía gubernamental, abandona a Cuba en 1980 a través del éxodo del Mariel y se radica en Nueva York, desde donde despliega una intensa labor intelectual, hasta que, enfermo de sida, decidió quitarse la vida en 1990, dejando más de veinte libros, que incluyen diez novelas, algunos poemas, relatos breves y obras de teatro.

Un año antes de su muerte escribió este autoepitafio:

Mal poeta enamorado de la luna,

no tuvo más fortuna que el espanto;

y  fue suficiente pues como no era un santo

sabía que la vida es riesgo o abstinencia,

que toda gran ambición es gran demencia

y que el más sórdido horror tiene su encanto.

Vivió para vivir que es ver la muerte

como algo cotidiano a la que apostamos

un cuerpo espléndido o toda nuestra suerte.

Supo que lo mejor es aquello que dejamos

—precisamente porque nos marchamos—.

Todo lo cotidiano resulta aborrecible,

sólo hay un lugar para vivir, el imposible.

Conoció la prisión, el ostracismo,

el exilio, las múltiples ofensas

típicas de la vileza humana;

pero siempre lo escoltí cierto estoicismo

que le ayudó a caminar por cuerdas tensas

o a disfrutar del esplendor de la mañana.

Y cuando ya se bamboleaba surgía una ventana

por la cual se lanzaba al infinito.

No quiso ceremonia, discurso, duelo o grito,

ni un túmulo de arena donde reposase el esqueleto

(ni después de muerto quiso vivir quieto).

Ordenó que sus cenizas fueran lanzadas al mar

donde habrán de fluir constantemente.

No ha perdido la costumbre de soñar:

espera que en sus aguas se zambulla algún adolescente.

(Nueva York, 1989)

 

Septiembre 4, 2015
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Los pobres en todo el mundo terminan pareciéndose. Igual cosa sucede con los despotismos.

Ayer, leyendo una síntesis de noticias sobre los desalojos masivos de familias colombianas de Venezuela, varios periodistas mencionaban que entre los desalojados se encontraban también familias pobres venezolanas y/o venezolana(o)s casada(o)s con colombiano(a)s, que no pudieron, en el momento de las redadas de la Guardia Nacional Bolivariana, mostrar papeles que los acreditaran como ciudadanos venezolanos. Mauricio García Villegas, recuerda en este contexto un pasaje del Mundo de ayer del escritor judío austriaco, Stefan Zweig, que a continuación reproduzco:

Cuenta Stefan Zweig que cuando fue al frente de batalla en 1915, durante la primera guerra mundial, se encontró con un grupo de prisioneros rusos custodiados por soldados austríacos que se comportaban como camaradas, a pesar de ser enemigos. Dice Zweig:

“Tuve entonces la convicción, de que aquellos hombres simples tenían de la guerra un sentimiento mucho más justo que nuestros políticos, intelectuales y poetas: sabían que la guerra era una desgracia que se había abalanzado contra ellos y ante la cual no podían hacer nada y que todos los que habían caído en esa desgracia eran como hermanos.

Julio 12, 2015
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Ha muerto Perico

Efraín Jaramillo Jaramillo

Colectivo de Trabajo Jenzera

“La historia agrega que, antes o después de morir,

se supo frente a Dios y le dijo:

Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo.

La voz de Dios le contestó desde un torbellino:

Yo tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra,…

y entre las formas de mi sueño estás tú,

que como yo eres muchos y nadie”.

Borges

 

“…ya es tiempo de que nos retiremos de aquí,

yo para morir, vosotros para vivir.

¿Entre vosotros y yo, quién lleva la mejor parte?”

Platón

 

Con gran pesar hemos recibido en Colombia la noticia del fallecimiento del jurista español Pedro García Hierro. Un inteligente pensador, al cual le debemos una abundante literatura sobre la problemática indígena de América Latina, en especial de Perú, su segunda Patria.

“Perico” como ha sido llamado por sus amigos, apoyó con pasión la resistencia española en contra de Franco y en América las luchas de los aborígenes por sus territorios. En ningún momento se preguntó acerca de sus posibilidades de éxito o de fracaso. “Es que no podía hacer otra cosa”, me dijo alguna vez. Con razón, pues hay razones no solo políticas sino éticas, que están en juego.

De la mano de Perico y de sus textos aprendimos a pensar y comprender la Amazonia indígena. Fue un gran maestro, pero sobre todo un entrañable y generoso amigo.

Desde aquí, extiendo mis condolencias a “Chinita”, a Malena y a Juan, sus hijos peruanos y a sus hijos españoles, a sus hermanos y nietos. Y a sus amigos quienes lo rodearon en este último trance de su vida. En especial mis condolencias a mi querido amigo Roberto, al cual le faltará un “compinche” de la música: “si yo supiera que cantando, mis males olvidar pudiera, cantaría toda la noche, hasta que me amaneciera…”

Perico más que un notable jurista, fue un humanista que abordó con rigor académico la problemática indígena, haciendo uso de su erudición para pensar responsablemente los problemas de los pueblos indígenas y para deliberar públicamente en torno a ellos, lo que le acarreó la malquerencia de los poderosos. Y por eso fue ejemplar: si Platón añoraba al rey filósofo, nosotros con Perico tuvimos algo más importante: el ciudadano filósofo.

Se fue Perico, y aunque nos queda su obra, de una esmerada ejecución, lo extrañaremos.

 

Bogotá, julio 12 de 2015

Junio 25, 2015
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Colombia y los relegados derechos: Derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos individuales en los pueblos étnico-territoriales

Efraín Jaramillo Jaramillo

 

 

“Los derechos humanos

y los derechos de la naturaleza

son dos nombres

de la misma dignidad”

Eduardo Galeano

“… si una comunidad tribal o atrasada

no disfrutaba de derechos humanos,

era obviamente porque como conjunto

no había alcanzado todavía esa fase de civilización,

la fase de soberanía popular y nacional,

sino que era oprimida

por déspotas extranjeros o nativos.”

Hannah Arendt

 

La desidia de la dirigencia colombiana por los derechos humanos y la exigua observancia que tiene sobre las normas que los protegen, no sorprende al país. Por supuesto que nunca antes se habían producido y denunciado tantas violaciones a los derechos humanos de campesinos, indígenas y afrocolombianos como en esta última década. Pero tampoco se había registrado tal nivel de impunidad, a pesar del crecimiento de la capacidad instrumental y técnica de la justicia para investigar y judicializar a los responsables. No nos estamos refiriendo solo a la impunidad que se presenta en los casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas por cuadrillas paramilitares que regaron de sangre el campo colombiano para usurpar tierras a campesinos, negros e indígenas y apropiarse de baldíos de la Nación. Nos referimos también a los mentores del paramilitarismo que utilizando sus posiciones de poder desde la rama ejecutiva (alcaldes y gobernadores) y de la rama legislativa (senadores, representantes y diputados), se beneficiaron del saqueo de bienes públicos y despojo de tierras. Actos que tuvieron el apoyo de jueces y notarios que hicieron sus buenos oficios para legalizar esta usurpación de tierras.[1]

Nos estamos refiriendo también a los derechos de la naturaleza, que al decir de Galeano tienen la misma dignidad de los derechos humanos. Son los derechos de los otros seres vivos que comparten con nosotros el planeta y los derechos que tienen la tierra, los ríos, los bosques, independientemente del servicio que le presten al hombre. Esta visión de compartir un espacio con otros seres de la naturaleza emerge, según Marguerite Yourcenar, “del antiguo pensamiento animista”. Esta visión fue desarrollándose hasta convertirse en una forma muy consciente de la unidad de todos los seres de la naturaleza, y permanece aún en muchos pueblos del planeta, aún en religiones muy desarrolladas como las orientales, y por supuesto en muchos pueblos indígenas. “La Europa cristiana no la ha conocido, o muy brevemente, sólo en la égloga franciscana” (M.Y.).  El jesuita Jorge Mario Bergoglio, hoy papa, toma el nombre de Francisco para enaltecer la vida de este hombre ejemplar que ya hace casi un milenio reivindicaba los derechos de la naturaleza. Puedo equivocarme, pero intuyo que la encíclica del actual Francisco, el de Buenos Aires, en defensa del planeta, ‘Laudato Si: Sobre el cuidado de nuestro hogar compartido’, tiene la impronta espiritual de la plegaria del otro Francisco, el de Asis, en defensa de todas las criaturas que habitan este hogar compartido, ‘Cántico de las criaturas’, también conocida como ‘Laudes creaturarum’ o ‘Cántico del hermano Sol’, redactada poco antes de su muerte.

Estos derechos de la naturaleza se encuentran gravemente amenazados por una política minera que está causando estragos en comunidades negras, indígenas y campesinas por los impactos ambientales, económicos y sociales que genera y que auguran ser más severos que los causados por la violencia paramilitar para usurpar tierras. La diferencia es que en esta ocasión se trata de desplazados ambientales, pues su tierras se asemejan a paisajes  lunares, con aguas contaminadas, bosques saqueados, suelos devastados y vida silvestre arrasada.

Queremos finalmente referirnos a otro tema de derechos humanos, más difícil e incómodo de tratar y poco resaltado por las organizaciones de derechos humanos. Aunque es un tema opacado por las enormes violaciones de derechos humanos en las últimas dos décadas, estas violaciones han ocasionado graves daños a la población afectada. Estamos hablando de aquellos derechos individuales que son violados al interior de las comunidades rurales, sean estas campesinas, afrocolombianas o indígenas y que acusan también un alto nivel de impunidad, pues para una porción mayoritaria de estas comunidades, estas violaciones a los derechos de sus miembros no configuran una inquietud existencial, en buena parte porque en estas poblaciones perviven legados culturales autoritarios, heredados del colonialismo español, o para el caso indígena, provenientes de formas imperiosas de ejercer la autoridad, heredadas, copiadas o impuestas también por la dominación española, o por la iglesia que regentaba también estos sistemas de autoridad de la Corona.

Por supuesto que las dirigencias y representaciones políticas de estos pueblos ponen muy en alto los derechos humanos, principalmente aquellos que son violados por el Estado. Pero la vivacidad de estas denuncias se desvanece cuando se trata de mirar al interior de sus comunidades. Para la violación de derechos en las comunidades por élites gobernantes, dirigentes, o poderes económicos que se han constituido al interior de las comunidades, ni siquiera se habla de ‘violaciones de derechos humanos’, que por definición solo pueden ser atribuidas al Estado. Pero tampoco se catalogan como violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el cual constituye un recurso de racionalidad para reglamentar la conducción de las hostilidades entre Estados o las acciones armadas de grupos irregulares.

El punto es que la violación de derechos de sectores vulnerables como las mujeres y la infancia, que ha crecido con el conflicto armado interno que vive el país, ha hecho metástasis en todos los rincones de Colombia, afectando a todos los sectores de la sociedad colombiana, en especial a los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos que no estaban preparados para afrontar este nuevo flagelo. Asombra sin embargo, que las dirigencias de las organizaciones, en vez de encarar el problema, despliegan sin reticencia alguna una retórica estridente para reclamar la autonomía de una justicia propia, basada en un derecho mayor. Pero una justicia propia que por su escaso desarrollo técnico y práctico tiene una eficacia limitada.

Para responder a una entrevista que me hizo una revista alemana, que pronto saldrá a la luz, hicimos una consulta en varias zonas indígenas del país, constatando que siguen excluidos del horizonte social el reclutamiento de menores (jóvenes de ambos sexos), una violación flagrante al DIH que con pocas excepciones no son denunciados o reclamados, pues no se consideran como actos dolosos. En el mismo plano continua el suicidio de niñas embera dovida en el bajo Atrato, que en vez de disminuir se ha extendido a otras zonas (se han presentado varios casos en el Alto Sinú). Estos suicidios tienden a aumentar en aquellas zonas donde el trabajo de niñas y jóvenes es extenuante. Y aunque la génesis de esta sobrecarga de trabajo a niñas de corta edad se encuentra en el agotamiento de recursos ambientales, como consecuencia de su sobreexplotación, las organizaciones no perciben estos hechos como una violación de derechos humanos. También continúan campantes los casos de ablación en varias comunidades indígenas del país, tampoco estos casos son observados como una violación de derechos humanos a las infantes.

En particular asombra también el uso de los recursos obtenidos del Estado o de la cooperación internacional para fines personales (promoción de dirigentes y compra de conciencias para la elección a cargos directivos de las organizaciones o compra de votos para cargos de elección popular). No obstante las organizaciones y algunos dirigentes, además de no hablar de esto públicamente, tampoco desean que se debatan de forma abierta estos asuntos, que exceptuando los que pertenecen al campo de la corrupción, son catalogados de hechos “culturales”. Con la calificación de derechos culturales, se camuflan muchos problemas de derechos humanos (el autoritarismo, el maltrato a personas vulnerables, el abandono de las mujeres y de los hijos…) que van siendo aceptados socialmente por la fuerza de las “costumbres de la historia” (Hannah Arendt).

Además, y para concluir estas notas, las dirigencias populistas que rechazan la modernidad y menosprecian los derechos humanos individuales en sus comunidades, no tienen tapujos para acceder a la modernidad por la vía del mercado, a partir de la incorporación de instrumentos técnicos en su vida cotidiana, lo que se evidencia en el alto grado de consumo de teléfonos celulares, cámaras fotográficas digitales y otro sinnúmero de aparatos de moda característicos de la era moderna. Y casi nadie está en contra de esto –y no somos quienes para decirles que no lo hagan-  salvo aquellos que reflexionan acerca de lo que significa para la conservación de rasgos característicos de la etnicidad esta “recepción meramente instrumental y tecnicista” de la modernidad [2].

Pero sí es ético exigirles a estas dirigencias que de la misma forma que no renuncian a las comodidades derivadas de la tecnología occidental, hagan esfuerzos por amortiguar los efectos de liderazgos autoritarios, creando instituciones que representen de forma permanente los derechos individuales de los sectores más vulnerables de sus sociedades, derechos surgidos de la modernidad con la declaración de los derechos del hombre, una declaración que como dice Hannah Arendt, constituyó una ruptura trascendental en la historia de la humanidad, pues significaba “…nada más ni nada menos que a partir de entonces la fuente de la ley debería hallarse en el Hombre y no en los mandamientos de Dios o en las costumbres de la Historia. Independiente de los privilegios que la Historia había conferido a ciertos estratos de la sociedad o a ciertas naciones, la declaración señalaba la emancipación del hombre de toda tutela y anunciaba que había llegado a su mayoría de edad”.

 

Ríosucio, Chocó,  Junio 19 de 2015

[1] Se poseen muchas evidencias de los vínculos entre actores armados y el ascenso político de sus mentores, o entre el despojo de tierras y apropiación de baldíos de la Nación y la convalidación de esas apropiaciones ilegales mediante normas propuestas por congresistas vinculados, incluso judicialmente, con el accionar paramilitar.

[2] H.C.F Mansilla: La indiferencia ante los derechos humanos y sus raíces históricas en el área andina de América Latina.

 

 

Marzo 18, 2015
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De “la tierra pa’l que la trabaja” a la “tierra pa’l que la respeta, cuida y protege”

 

Efraín Jaramillo Jaramillo

Colectivo de Trabajo Jenzera

 

“Ser uno con todo, esa es la

vida de la divinidad,

ese es el cielo del hombre.

Ser uno con todo lo viviente,

volver en un feliz

olvido de sí mismo,

al todo de la naturaleza”.

F. Hölderlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la estela de ilegitimidad que dejan tras de sí los gobiernos de Colombia y la poca credibilidad que tiene la clase dirigente del país, los partidos políticos y movimientos sociales progresistas no han logrado conquistar el corazón de esa gran masa de marginados y desencantados con las prácticas políticas corruptas de siempre. No han conseguido por ejemplo que en Colombia se experimenten cambios en las formas de percibir los fenómenos políticos. Y sin cambios en las formas que tienen los ciudadanos para explicarse la realidad social que viven, son estériles los esfuerzos por construir una nueva hegemonía. Varios hechos históricos recientes muestran que muchos pueblos se movilizan, no por lo que es la realidad política, sino por la representación que tienen de ella. Y esas representaciones obedecen a modelos culturales y formas particulares de percibir las situaciones sociales que viven, es decir, a la explicación que esas personas tienen de los acontecimientos políticos. Y esa lectura que hacen de ellos la definen los horizontes culturales y simbólicos en los cuales las personas están inmersas. La política sería entonces una forma de interpretar los acontecimientos sociales con el fin de involucrar a la población en la construcción de una hegemonía. Esto es lo que hace que la política este tan cargada de incertidumbres. En política nadie tiene asegurado nada. Pero hace también que la política sea tan interesante y despierte tantas pasiones. Buenas y malas.

Sin rupturas en los marcos de lo cultural y lo simbólico, que conduzca a que veamos de manera diferente los acontecimientos políticos, es difícil construir una nueva hegemonía que permita a sectores subalternos levantar un escenario para luchar por el poder político. Construir hegemonía sería entonces un proceso de cambio cultural que inspira a las personas a abandonar los parámetros que tienen para percibir los fenómenos políticos y adoptar una nueva lectura de esos acontecimientos. Y aquí es donde surge la pregunta sobre las razones por las cuales en determinados momentos cambiamos de paradigmas o de perspectivas para leer los acontecimientos políticos y comencemos a ver las cosas con otra lente.

Muchas veces los paradigmas comienzan a resquebrajarse por la fuerza de las circunstancias, por el surgimiento de nuevas ideas, o adecuaciones del pensamiento al conocimiento científico. La cuestión agraria en Colombia puede ofrecernos un ejemplo para comprender este fenómeno.

En la época de la movilización campesina por la tierra de finales de los años sesenta del siglo pasado, la consigna programática que empujó la toma de tierras fue “la tierra pa’l que la trabaja”. Este lema ha perdurado hasta nuestros días, pues es un hecho, que en el país hay una alta concentración en la tenencia de la tierra, lo que conduce a que muchas familias campesinas carezcan de ella. Pero el punto es también que en esta consigna subyace además otra idea, y es que habría gente que no tendría derecho a la tierra, pues no la trabaja. Esto ha dado lugar a que otros sectores de la población (carentes de tierra, pero también terratenientes) se hayan sentido con derecho a ocupar tierras que no son trabajadas), como fue el caso que nos recuerda el ex asesor jurídico de la ONIC, Luis Javier Caicedo en un comentario a este texto: “Todavía recuerdo con tristeza que la consigna “la tierra pa’l que la trabaja”… le dio pie a los colonos para ocupar la reserva indígena Kofán en el Putumayo, reduciendo dicha reserva a menos de la tercera parte, tercio sobre el que luego atravesó la carretera para el puente de San Miguel.”

Pero de repente aparece en el horizonte social una gente que nos ofrece una forma distinta de ver la tierra, los pueblos indígenas. Ven otra realidad que esta latente en el concepto tierra y que hace palidecer el viejo paradigma de que sólo tienen derecho a la tierra aquellos que la trabajan. Este nuevo paradigma que comienza lentamente a abrirse paso, surge de la noción de que la tierra es la madre de todo cuanto existe y que por lo tanto debe ser respetada, cuidada y protegida. Este paradigma sugiere entonces que además de ser trabajada, la tierra debe ser conservada y protegida, si se aspira a tener legitimidad sobre su tenencia. Anclado en la tierra y en la vida, este nuevo paradigma enaltece la existencia de todos los seres vivos del planeta, pues como dice Leonardo Boff,    “todo lo que existe merece existir y todo lo que vive merece vivir”. Los pueblos indígenas proclaman ser los precursores de este nuevo paradigma. Y tienen razón. En parte.

“Generalmente” los pueblos indígenas han mantenido una relación bastante adaptada a los ciclos naturales y a las exigencias ambientales que imponen los espacios de vida que habitan. Esto se debe a que sus sistemas productivos descansan en técnicas adecuadas al medio ambiente. Para que estos sistemas productivos funcionen, los pueblos indígenas requieren de amplios territorios, ocupados de forma dispersa y pautas culturales que respondan a la necesidad de conservar la naturaleza para las siguientes generaciones. Este sistema exige además que no existan diferencias sociales con base en la tenencia de bienes, entre ellos los bienes ambientales.

Colocamos “generalmente” entre comillas, pues la realidad es que este sistema de uso integral de los recursos de un territorio, se ha venido abriendo al sistema de mercado que impone otras reglas y se regula con otros parámetros, en abierta contradicción con sus modelos culturales y en detrimento de la agricultura de pequeña escala, que se realiza en forma de policultivos con rotaciones permanentes, respondiendo a las necesidades de alimentación, vivienda, salud, etc., de las familias. La búsqueda de excedentes en las actividades económicas, en un escenario de escasez de tierras aptas para la agricultura, como se presenta en la zona andina, lleva a una mayor intensidad en el uso de los suelos, a una deforestación de los territorios y a un paulatino agotamiento de los bienes ambientales.

Por su parte, en las zonas selváticas del Pacífico, de la Amazonia y de las llanuras de la Orinoquia, el sistema productivo de los pueblos indígenas lo define una ‘horticultura itinerante’ que es complementada por actividades de caza, pesca y recolección, sufre una creciente presión de agentes económicos externos por los recursos naturales. La minería, la explotación de hidrocarburos y la tala de bosques destruye el habitat natural de estos  pueblos indígenas. También se instalan allí cientos de miles de familias de colonos que también cazan, pescan y comercializan recursos naturales. Esta presión se hace también sobre  los suelos para ganaderías extensivas y cultivos de plantación, incluida la coca.

El agotamiento de sus suelos en unos y la presión externa sobre sus recursos en los otros, vienen resquebrajando los sofisticados códigos de uso y conservación que habían heredado de sus ancestros y que les habían permitido vivir ‘de’ la naturaleza y sobre todo, ‘con’ la naturaleza de sus habitats de forma sostenible por muchas generaciones.

En Colombia, como sucede también en casi todos los países latinoamericanos, los gobiernos se encuentran desarrollando modelos económicos de corte neoliberal, privilegiando la industria extractiva de minerales e hidrocraburos para satisfacer demandas externas de países que experimentan un rápido crecimiento industrial, como China, Corea del Sur y otros países del Sureste asiático. Esto, como todo el mundo conoce, ha provocado un saqueo generalizado de los recursos naturales y bienes ambientales de muchas regiones del país, incluyendo los de los territorios de los pueblos indígenas.

Pero no se trata solo de un saqueo de recursos, inducido por una política que favorece el extractivismo. Se trata de prácticas económicas que están causando estragos en comunidades negras, indígenas y campesinas por los impactos ambientales, económicos y sociales que generan y que auguran ser similares a los causados por la violencia paramilitar para apropiarse de tierras. La diferencia es que esta vez serían ‘desplazados ambientales’, porque sus tierras, dadas en concesión para la explotación minera se convierten en paisajes lunares, con aguas contaminadas, suelos devastados y vida silvestre arrasada (¿les dice algo el Casanare?).

En ninguna región pobre de Colombia, se han presentado ‘despegues económicos’ con base en la explotación de sus recursos naturales. Peor aún, las poblaciones se han empobrecido más. El petróleo empobrece (¿Alguien se acuerda de los indígenas de Arauca?). El oro también (Alguien se acuerda de las comunidades negras de Zaragoza en el río Dagua?. Y el carbón también (¿Conoce alguien si las rancherías de las comunidades Wayuu disponen de agua potable?). Aquellas regiones con abundantes recursos naturales, con muy pocas excepciones, son hoy pobres.

Esto ha conducido a que el paradigma se actualice, se perfeccione, se ponga a tono con la situación ambiental que vive el país y sus poblaciones: La tierra no debe ser sólo para los que la trabajan, conservan y protegen, sino que la tierra no puede estar en manos de los que la destruyen y acaparan,  creando pobreza a su alrededor.

Crear hegemonía es ir ganando terreno en el marco de lo cultural y lo simbólico, para que las personas comiencen a cambiar de paradigma, identificándose con nuevas lecturas sobre lo que sucede con las tierras del país.

Valdría la pena conocer cómo se está abordando este tema en las conversaciones de la Habana. Sabemos que de parte del gobierno el asunto está ya definido. La locomotora minera sigue. No está en discusión. Esta defensa a ultranza de la mega-minería contrasta con la ausencia de proyectos de desarrollo alternativos al extractivismo para la gente del campo. Pero, y aquí viene  la ‘pregunta de Gretchen’: ¿Qué piensan las FARC al respecto?. Sabemos que ellas viven en la selva, pero conviven con dragas, motosierras y cultivos de plantación (y no precisamente de banano y palma aceitera) y hacen uso también de cianuro, mercurio para limpiar el oro y utilizan acido sulfúrico y otros insumos tóxicos para sus cultivos de plantación. De nuevo Gretchen pregunta: ¿Cómo se imaginan las FARC que funcionarán ambientalmente las Zonas de Reserva Campesina?. Esas zonas de propiedad colectiva que exigen para “redimir” a la población campesina de la explotación capitalista y depredadora de los recursos naturales, que viene destruyendo de forma sistemática e irreversible la naturaleza.

 

Toribío, marzo de 2015

 

 

 

Marzo 11, 2015
by Marcela Velasco
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Organización e injusticia en Anchicayá Colombia: Un caso legal de justicia ambiental en una cuenca hidroeléctrica

Marcela Velasco

El presente documento resume un trabajo más largo publicado en la revista Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. Favor comunicarse con marvesco@hotmail.com si desea una copia del trabajo completo en Inglés.

 

Resumen del trabajo:
El documento analiza el primer caso legal de justicia ambiental en Colombia que implica una comunidad afrocolombiana y la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA). Las comunidades ribereñas afrocolombianas obtuvieron reconocimiento político como grupo cultural gracias a sus prácticas de conservación en ambientes ribereños. El trabajo contrasta las complejidades del caso con la realidad vulnerable de los anchicagueños que viven en condiciones de pobreza, violencia, y aislamiento político. También describe las instituciones que enmarcan la gestión de cuencas hidrográficas, los derechos colectivos a la tierra y al autogobierno de los pueblos afrocolombianos, y los derechos de propiedad de las empresas energéticas, en el contexto de reformas de descentralización que aclararon diferentes tipos de derechos de propiedad y refundaron al país como una nación multicultural. El caso, sin embargo, demuestra que el gobierno no le ofrece la misma protección legal a los derechos colectivos que a los derechos privados, con el fin de privilegiar los derechos de los inversionistas. Al final, la jurisprudencia de la Corte Constitucional privilegió el conocimiento técnico y los derechos fundamentales de las empresas privadas, ignorando así los límites que afectan a las comunidades y sus intermediarios en el momento de ofrecer pruebas técnicas similares. Al hacerlo, el tribunal no sólo hizo caso omiso de los derechos constitucionales de los afrocolombianos, sino que optó por no resolver o mitigar un conflicto socio-ambiental.

Resumen de los principals resultados:
Las reformas de la década de los noventas descentralizaron la política y reconocieron diferentes derechos de propiedad y uso socioeconómico de la tierra. Los afrocolombianos de la costa del Pacífico fueron reconocidos como actores políticos organizados en instituciones tradicionales con derecho colectivo a la tierra. Por lo tanto, sus derechos étnicos representan también una demanda de justicia socioambiental y la aceptación formal por parte del gobierno de la multiculturalidad. Al mismo tiempo, las empresas hidroeléctricas fueron privatizadas, y sus funciones sociales pasaron de servirle al proceso de desarrollo del país, a generarles utilidades a accionistas privados.

No obstante, ni las reformas constitucionales ni las medidas específicas para manejar los recursos naturales lograron alterar las viejas formas de hacer política. El clientelismo y la corrupción están atrincheradas en la región. En el caso de Anchicayá, a excepción de unos pocos individuos que se desempeñan en el gobierno local, las entidades descentralizadas (es decir, la CVC y los gobiernos municipales) evaden a las autoridades tradicionales. Las investigaciones del gobierno y los informes periodísticos no sólo demuestran cómo instituciones como la CVC han sido utilizadas para la búsqueda de rentas o malversación de fondos, sino también subrayan las alianzas entre algunos políticos locales y grupos armados ilegales. La actual política gubernamental de consolidación territorial para contener a los grupos armados ilegales en “zonas rurales mal gobernadas”, tales como Buenaventura, han sencillamente llevado a una mayor militarización. Como se evidencia en Anchicayá, la militarización injuria a las personas de la región que esperaban una presencia civil del estado, pero que más bien están viendo cómo sus autoridades tradicionales siguen siendo ignoradas en decisiones con respecto a asuntos de seguridad o desarrollo.

Las vicisitudes legales del caso contra EPSA demuestran además que las instituciones de mediación y resolución de conflictos favorecen a las inversiones de energía al tiempo que socavan los derechos socio-ambientales de una minoría étnica. EPSA está siendo representada por uno grupo de abogados grande y la empresa hace parte de un sector estratégico de la economía. El crecimiento en el sector energético de Colombia (que incluye níquel, carbón, gas y electricidad) aumentó en un 48% en la última década, y la energía hidroeléctrica en particular, ha crecido en un 20 % entre 1975 y 2008 (Unión Temporal, 2010). El sector energético está sosteniendo la estabilidad fiscal y protegió la economía durante la crisis financiera de 2008 (Unión Temporal, 2010). Desde esta perspectiva, favorecer los derechos de comunidades débilmente organizadas podría afectar la confianza de los inversores si se motiva a otras comunidades a seguir el ejemplo de Anchicayá.

Es así como las cortes fueron utilizadas estratégicamente por actores influyentes para obviar sus responsabilidades o culpar a las víctimas. Pero al final, la decisión de la Corte Constitucional sobre la base de tecnicismos legales le dio un vuelco al caso e ignoró los derechos ambientales de una comunidad políticamente marginada. La corte desacreditó la calidad de la información que estas comunidades son razonablemente capaces de ofrecer, tales como sus historias orales, información etnográfica, o pruebas técnicas proporcionadas por la única persona que estuvo dispuesta a hacerlas. El tribunal basó su juicio en la defensa del derecho fundamental al debido proceso de la empresa hidroeléctrica, ignorando así las bases legales y técnicas utilizadas por otros tribunales que habían juzgado en favor de los derechos colectivos étnicos. En una declaración, el Consejo Comunitario del Río Anchicayá expresó: “Este fallo desprecia nuestros derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a un ambiente sano y demás derechos étnico territoriales vinculados a los anteriores. Además crea precedentes negativos de acceso a la justicia para otras comunidades afectadas por grandes empresas con la capacidad de distorsionar y entorpecer los procedimientos jurídicos que emprendan las personas y comunidades afectadas”.

Al aplicar conocimientos técnicos en exclusión de otras pruebas, la Corte Constitucional tampoco se pronunció en favor de la justicia socio-ambiental. Esto afianza la idea de que los conflictos sobre el agua – un bien social y material intrínsecamente conectado a derechos humanos fundamentales e inmerso en contextos históricos y socioculturales- debe ser politizado (Joy et al 2014). Por otra parte, en un entorno legal multicultural los expertos deben estudiar el tipo de información que una comunidad sometida a altos niveles de violencia estructural puede razonablemente ofrecerle como evidencia a un tribunal (Callewaert 2002). Esto es particularmente importante para proteger los derechos de los afrocolombianos y desarrollar las instituciones multiculturales. Estas comunidades contextualizan sus problemas actuales en un contexto histórico más amplio y justifican sus demandas colectivas con evidencia histórica (Khittel 2001). No tener en cuenta la información producida localmente le niega a las minorías étnicas igual protección ante la ley, y frustra los procesos de descentralización de la justicia y el desarrollo de la pluralidad jurídica.

En conclusión, aunque la gobernanza ambiental descentralizada y las instituciones de derechos étnicos habilitaron a las autoridades locales, la organización política en un ambiente político hostil de violencia y corrupción, abruma la participación. Además, si Colombia adaptó el multiculturalismo como principio político, los tribunales deben equilibrar cuidadosamente diferentes tipos de pruebas a la hora de decidir sobre los derechos fundamentales de pueblos históricamente marginados y discriminados (Song 2007). Algunos de los tribunales habían ya en efecto pronunciado a favor de las comunidades, pero vieron su jurisprudencia anulada por la Corte Constitucional.

Hacer caso omiso de las responsabilidades legales de las instituciones culpables no sólo elimina diferentes concepciones jurídicas de la tierra y de la organización local, sino que también produce una situación inconstitucional basada en la desvalorización del tiempo, los cuerpos, los conocimientos y la propiedad de la tierra de gente marginada, denegandole el acceso a la justicia a una minoría étnica.

Agradecimientos:
En primer lugar, deseo expresar un sincero respeto por el pueblo de Anchicayá, por todo lo que hacen para conservar, amar y luchar por la salud y vitalidad de su río. La investigación para este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza otorgada a mí por Silvano Caicedo. También estoy agradecida con Jorge Segura, y la gente de ONUIRA y el Consejo Mayor del Río Anchicayá, quienes compartieron su tiempo para organizar reuniones y coordinar mi visita. También estoy en deuda con Efraín Jaramillo, Gloria Salinas y Fernando Castrillón, mis colegas, mentores y amigos en el Colectivo de Trabajo Jenzerá. Quiero agradecerle a Argermiro Baquiasa, un médico tradicional del consejo indígena de Karmata Rúa (Antioquia) quien viajó con nosotros como delegado de Karmata Rúa, y que con gracia compartió su experiencia de gobernabilidad con líderes en Anchicayá. Su visita brindó valor inmediato a nuestra visita. También quiero reconocer a Chiesié Salinas, estudiante de ecología en ese momento, por viajar conmigo para acompañar a una mujer investigadora en lo que normalmente es un mundo de hombres. El análisis presente le debe mucho a los pensamientos, puntos de vista y conocimientos compartidos por todas las personas con las que entré en contacto. Sin embargo, me hago responsable de la interpretaciones presentadas sobre la compleja realidad de Anchicayá.

Referencias:
Callewaert, J., 2002. The importance of local history for understanding and addressing environmental Injustice. Local Environment, 7 (3), 257–267.

Consejo Comunitario Río Anchicayá, 2012. ¿Hay justicia frente a los impactos en derechos humanos que generan las empresas? [en línea: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/Comunicado_Anchicaya_final_ENVIADO__1_.pdf accedido el 17 diciembre 2014].

Isacson, A., 2012. Consolidating “Consolidation.” Colombia’s “Security and Development” zones await a Civilian Handoff, while Washington backs away from the concept. Washington, DC: Washington Office on Latin America.

Joy, K., et al., 2014. Re-politicising water governance: exploring water re-allocations in terms of justice. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 19 (9), 954–973.

Khittel, S., 2001. Usos de la historia y la historiografı´a por parte de las ONG y OB de las comunidades negras en el Chocó. En: M. Pardo, ed. Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano, Bogotá: Colciencias, ICAHN, 71–92.

Song, S., 2007. Justice, gender, and the politics of multiculturalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Unión Temporal Universidad Nacional y Fundación Bariloche Política Energética, 2010. Análisis y revisión de los objetivos de política energética colombiana de largo plazo y actualizacio´n de sus estrategias de desarrollo. PEN 2010–2030. Informe Final. Bogotá: UPNE.

Febrero 6, 2015
by jenzera
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El tormento de Jano

Efraín Jaramillo Jaramillo

Narra Esopo en “El parto de los montes”, que el pueblo asistió a presenciar tan asombroso suceso. Pero después de grandes rugidos que infundieron pánico en la muchedumbre, los montes sólo parieron un mísero ratón.  Eso puede llegar a suceder con el proceso de paz en Colombia, pues transcurridos dos años de conversaciones y gruñidos entre el gobierno y las FARC, para cerrar un conflicto armado que ha socavado la institucionalidad democrática del país, no hay final a la vista. Por lo menos no hay certeza que los acuerdos vayan a ser tan espectaculares. Lo fundamental de ellos están comprendidos en la Constitución.

Pero el conflicto armado continuó rugiendo el 2014, como si no bastaran las 6,8 millones de víctimas y los 220.000 colombianos que han sido inmolados. Semejante a un alucinante viaje a los tiempos de La Violencia, fenómenos como el narcotráfico, la corrupción, la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúan con igual rudeza arrebatándoles a indígenas, campesinos y afrocolombianos sus aspiraciones a ocupar un lugar digno en la Nación colombiana.

Los colombianos necesitamos liberarnos de este pasado siniestro que estamos viviendo, si queremos ingresar al futuro. No obstante los hechos de guerra en este 2014 nos manifestaron que estamos lejos de liberarnos de este pasado y por eso tampoco tenemos futuro a la vista, porque el pasado está ahí presente, atormentándonos.

Y en este presente, que para Hannah Arendt es sólo un vacío entre dos tiempos, el ayer y el porvenir, venimos pervirtiendo el Estado de Derecho y sacrificando la República, que ha perdido su brío y yace suspendida en ese vacío desolador, expresado soberbiamente por Jorge Luis Borges, que puso en boca de un busto de Jano estas proverbiales y conmovedoras palabras:

“… Mis dos caras divisan el pasado y el porvenir. Los veo y son iguales los hierros, las discordias y los males que alguien pudo borrar y no ha borrado ni borrará. Me faltan las dos manos y soy de piedra inmóvil. No podría precisar si contemplo una porfía futura o la de ayeres hoy lejanos. Veo mi ruina: la columna trunca y las caras, que no se verán nunca.”

Ráquira, enero de 2015

Noviembre 21, 2014
by Marcela Velasco
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No hay nada nuevo bajo el sol

Entrevista a Efraín Jaramillo Jaramillo, Director del Colectivo de Trabajo Jenzera

Juicio a siete indígenas de las FARC por la muerte de dos guardias indígenas. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Por: Jorge Luis Villada López
Periodista y sociólogo

Efraín Jaramillo Jaramillo es antropólogo y director del Colectivo de Trabajo Jenzera. Acompañó durante varios años los procesos organizativos del Consejo Regional Indígena del Cauca, por la época en que se presentaban las contiendas de los indígenas con las FARC, a las cuales se refiere en esta  entrevista. Es un estudioso de la cuestión indígena, que ha seguido de cerca el acontecer político de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas. A pesar de que ofrece puntos de vista polémicos que irrita a parte de la dirigencia indígena, no se puede soslayar que tiene suficientes credenciales para hablar con propiedad de este y otros temas relacionados con la problemática de los pueblos étnico-territoriales.

Jorge Luis Villada López (JLVL): Efraín, ¿cuál es la lectura que haces sobre lo que sucede en el Cauca a raíz de la muerte de dos guardias indígenas a manos de las FARC?

Efraín Jaramillo Jaramillo (EJJ): Hace un par de años escribí un texto[1] sobre la necesidad de mantener viva la memoria de las luchas que han dado los indígenas. Aun más, que había que reinterpretar el pasado si se quería actuar hoy con coherencia política, pues era necesario mirar las luchas que en el pasado habían dado los indígenas para defender su derecho a organizarse autónomamente y oponerse al autoritarismo de las FARC, que habían instituido en el Cauca un espacio político unipolar, que exigía que todo girara alrededor de su proyecto político. La finalidad: disolver las diferencias, conduciendo a una masificación de la sociedad, una característica que comparten todos los sistemas totalitarios. Ese texto es hoy tan actual como ayer. En el se decía que mantener viva esa memoria se constituía en un deber para la sobrevivencia de un pueblo, por aquello de que el olvido es “el triunfo definitivo del enemigo” y “una injusticia absoluta.”[2] Con esto se quería decir que había que mantener fresca la memoria para entender que lo que ahora sucede en el Cauca se gestó hace mucho tiempo y que eran los coletazos de los enfrentamientos entre dos proyectos políticos divergentes, el del partido comunista (PC), representado hoy por las FARC y el proyecto político propio de los indígenas que surge en el Cauca en 1971 con la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización que se nutre de la rebeldía y levantamiento del líder Manuel Quintín Lame dos décadas atrás. Ese proyecto indígena cobra vigor en febrero de 1985, cuando en el resguardo de Vitoncó, los cabildos indígenas (45 en ese entonces), resuelven unificar sus fuerzas y voluntades para defenderse de todos los intentos de menoscabar su autonomía. Y esa autonomía era vulnerada por las FARC. Son dos proyectos contrapuestos, siguen enfrentados y definitivamente no pueden convivir. Pero déjame primero que todo expresar que a los colombianos nos alegra sobremanera y nos enorgullece, que los indígenas del Cauca saquen la cara por aquellos pueblos indígenas de Colombia que no tienen la capacidad para oponerse a estos proyectos políticos autoritarios y plagados de arbitrariedades contra las comunidades indígenas. Y deploramos la muerte de estos dos guardias indígenas que se han convertido en un referente de dignidad para todos los colombianos, hasta el punto de ofrendar sus vidas por mantener viva la autonomía de su proyecto organizativo.

JLVL: Comparto contigo ese orgullo. Pero también en aras de entender lo que pasa en el Cauca me pregunto: ¿Si se trata de dos proyectos diferentes, cómo se entiende entonces que sean indígenas los que mataron a los dos guardias?

EJJ: Es que el proyecto de las FARC está arraigado en las comunidades con una ideología propia y allí ha venido ampliando su base social. Y esto viene sucediendo, como te decía, desde hace muchos años. Ante el avance que tuvo el proyecto indígena con las exitosas luchas en la recuperación de las tierras y que últimamente se manifestó de forma singular con sus marchas contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, decayó el significado que alguna vez tuvo en los indígenas el proyecto “fariano”. Ahora lo que están haciendo las FARC es recuperar el terreno perdido. Y lo hacen con todos los medios que tienen a su alcance. Creando por un lado organizaciones paralelas a los cabildos como el “Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame” y las  Asociaciones Indígenas “Lorenzo Ramos” y “Avelino Ul”, que comienzan a ser muy activas en la recuperación de tierras en la zona plana del Norte del Cauca y en el proyecto de Liberación de la Madre Tierra. Pero también utilizando la fuerza para someter a los inconformes. Bueno, ya se conoce de sobra lo que significa la combinación de todos las formas de lucha para derrotar al enemigo. En esto no hay nada nuevo bajo el sol.

JLVL: Pero por favor los indígenas no son el enemigo…

EJJ: Así es… además que matar indígenas no trae ningún costo al Estado… Pero déjame decirte algo. Antes los enfrentamientos entre estos dos proyectos eran más cruentos. Después de muchos choques entre el Movimiento Armado Quintín Lame y las FARC en los años 80, que causaron más de un centenar de muertos (muchos de ellos comuneros “ajusticiados” por oponerse al reclutamiento o simpatizar con el Quintín Lame), se llegó a un acuerdo de no agresión. Desafortunadamente ese acuerdo duerme el sueño de los justos, pues fueron suscritos por Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano, que ya no viven.

JLVL: ¿De haberse mantenido los acuerdos, hubiera habido convivencia entre estos dos proyectos?

EJJ: La percepción que tengo es que son dos proyectos que se excluyen mutuamente. Y así se hubieran mantenido los acuerdos, las FARC no iban a abandonar el territorio indígena y tampoco iban a cambiar su talante autoritario en el ejercicio del poder, pues ellas no comparten una idea de democracia más acorde con los nuevos tiempos que vivimos,   donde la entendemos como el espacio polémico de la política, donde se  ejerce la libertad de la palabra y de la opinión, sobre todo algo que tiene amplia aceptación, y es que las comunidades indígenas tienen un derecho intrínseco de naturaleza histórica para decidir autónomamente las formas de organizarse. Solo mentes autoritarias e ideologizadas consideran estas expresiones de autonomía y soberanía popular como intentos de dividir a los pueblos, pues en su imaginario ideológico no existe el alto valor social y ético que tiene la diversidad cultural y política para la construcción de una sociedad más justa y democrática.

JLVL: Pero podría también argumentarse que la lucha por un sistema democrático, donde la igualdad, la justicia social sean los fundamentos de una nueva sociedad, requiere de una fuerza política que unifique las luchas por esa pluralidad de derechos.

EJJ: No existe ninguna duda de que hay intereses comunes que exigen que todos los sectores sociales ‘populares’ se organicen, se encuentren y actúen concertadamente. Y creo que las organizaciones indígenas se equivocarían si se aferran a planteamientos políticos fundados en esencialismos étnicos. Y tampoco avanzarían, pues ello invariablemente conduce al aislamiento. Aún más, al suicidio político, pues una política de identidad asentada en esencialismos, conduce a un desconocimiento de los fundamentos socioeconómicos del sistema de dominación que generan las desigualdades sociales nacionales, dentro de ellas las étnicas, albergando la esperanza, de que cada cual luchando por separado, puede encontrar soluciones a sus problemas, como si estos fueran irreductibles. Por el contrario, las organizaciones sociales han entendido y convenido que sus movimientos sociales necesitan converger. Lo que rechazan es que una fuerza imponga un proyecto político, y menos que se imponga con la fuerza de las armas. Y ese es el punto. Lo que más indigna a los pueblos indígenas del Cauca es que se siga reclutando contra su voluntad a sus jóvenes para participar de ese proyecto político que no es el suyo.

Y ese es el drama que están viviendo los indígenas internamente: indígenas con bastones de mando ejerciendo la autoridad que le dan los cabildos, enfrentando a indígenas con armamento moderno, que obedecen ordenes de un proyecto político que es ajeno a sus pueblos y que es ejercido en tierra ajena, situaciones a las cuales los indígenas caucanos han respondido con vehemencia. Recuerde usted no más que estos mismos bastones de mando también se levantaron hace un par de años contra la base militar que levantó el ejército en territorio indígena.

En cuanto a los enfrentamientos con las FARC, estos dos guardias son los últimos de una larga lista de líderes indígenas asesinados por oponerse a que los comuneros de los resguardos participen de este proyecto político-militar de las FARC.

JLVL: ¿Puedes dar algunos nombres?

EJJ: Podría dar muchos. Los nueve indígenas que fueron asesinados por armarse para defenderse de los ‘pájaros’ a sueldo de los terratenientes, o de Ramón Julicue, un líder indígena del resguardo de San Francisco. Pero quisiera en especial recordar a dos porque fueron mis amigos y los aprecié mucho: Cristóbal Secue, uno de los líderes históricos más importantes que ha tenido el movimiento indígena caucano. Y el comunicador de la ACIN, Rodolfo Maya Aricape, al cual le hemos agradecido su participación en los encuentros interétnicos, que para la época se realizaban en López Adentro, su resguardo.

JLVL: Efraín, cambiando de tema,  hace un poco más de dos años en una entrevista que diste para el periódico ‘Desde Abajo’, afirmabas que: “…en la historia real, la modernidad capitalista les ha jugado una mala pasada a las organizaciones indígenas con una nueva dirigencia, la cual al moverse en ambientes genéricos, lejos de sus pueblos, terminan borrando de sus mentes la dimensión real de sus comunidades y alejándose espiritualmente de ellas. Esto conduce a que entiendan cada vez menos los problemas de sus pueblos y no le presten atención a sus apremios más inmediatos…”. ¿Ha cambiado algo de esto?, o, dicho de otra manera, ¿es el liderazgo actual más idóneo para hacerle frente a los problemas que tienen sus pueblos?

EJJ: Si, es un cambio abrupto de tema y algún día lo continuaremos… La historia nos ha enseñado que un buen líder es aquel que se adelanta a su tiempo, que asume grandes retos y tiene grandes expectativas para sus pueblos. Tiene sobre todo la capacidad para guiar con competencia a su gente y ayudarla a superar situaciones en momentos difíciles. Si esto es cierto y la historia no nos ha engañado, entonces se puede decir que con excepción de las acciones de los indígenas del Cauca, que se han parado en la raya y rechazan con firmeza los intentos de vulnerar su autonomía, todo continua igual y no hay nada nuevo bajo el sol.

JLVL: Pero entonces, si nada ha cambiado, ¿de dónde sale esa fuerza y capacidad de movilización que han demostrado en los últimos años?

EJJ: Algo que llama la atención y que puede ayudar a explicar esa fortaleza es la apología que han hecho de sus formas ancestrales de organización comunitaria y de la democracia directa, como observamos en el juzgamiento de los milicianos indígenas de las FARC, que son actos de autoafirmación. Y esto cuenta a la hora de las movilizaciones, así esa reanimación de universos culturales del pasado tenga aspectos problemáticos, porque le dan la espalda a conquistas de la humanidad y sataniza la modernidad. Como decía Unamuno, “tropezamos con el pasado al avanzar”. Pero bueno, esto es retórica indigenista de algunos líderes que arman discursos alucinados que glorifican el pasado como respuesta a la globalización y otros fantasmas. Creo que esta alucinación es pasajera y no aguanta los deseos de avanzar de las comunidades. Lo importante de destacar es que ese reencuentro con el pasado es una acto de resistencia que ha vivificado sus luchas de descolonización y eso vale mucho…

JLVL: ¿Qué tan difícil es el momento actual para los pueblos indígenas que el liderazgo actual no esté respondiendo como es debido?

EJJ: Hace poco estuve en el Vichada recogiendo para COHDES y OXFAM información sobre el despojo de tierras que sufren los pueblos indígenas de la región por antiguos y nuevos finqueros, entre ellos testaferros de empresas agroindustriales. Fue deplorable escuchar a líderes sikuani como Hernando Sánchez, Juan Mendoza, Manuel Yabarán y otros, que conocí hace 25 años, hablar de la debilidad que tienen actualmente sus organizaciones para defender los derechos frente a aquellos fuertes intereses económicos de actores externos que vienen por sus territorios y recursos. Peor aún, que sus organizaciones no pueden mantenerse al margen de procesos económicos y políticos que coartan sus decisiones, principalmente las que tienen que ver con la posesión, uso, manejo y control de sus territorios y bienes ambientales.

JLVL: Pero esto es entendible, pues en las actuales circunstancias de violencia, muchas organizaciones son arrolladas por actores armados que han sido la cabeza de playa para allanarle el camino a los megaproyectos agroindustriales y minero-energéticos…

EJJ: Si, eso es cierto. Pero uno espera siempre, como ha sucedido muchas veces en la historia, que es precisamente en los tiempos difíciles cuando surgen los líderes genuinos, imaginativos pero a la vez pragmáticos, perseverantes y responsables; que son sensatos pero también intrépidos, cuando se trata de aprovechar momentos propicios para avanzar en las reivindicaciones de sus pueblos. Pero infortunadamente lo que uno encuentra a menudo son liderazgos desbordados por apetitos individuales o que ha sido cooptado por intereses económicos que vulneran los derechos de sus comunidades. Lo paradójico es que ese liderazgo de forma populista critica al capitalismo y adorna sus discursos con el glorificado paradigma del Sumak Kawsay o ‘buen vivir’, pero sin renunciar a las comodidades que ofrece la tecnología occidental.

JLVL: ¿Qué otra debilidad o situación difícil viven en este momento las organizaciones indígenas?

EJJ: Creo que una señal de debilitamiento de las organizaciones indígenas es el crecimiento inusitado de los grupos cristianos y sectas religiosas en sus territorios. Esa ha sido una fuente del conservadurismo que impide la renovación de los liderazgos y desvía la atención de los reales problemas de las comunidades. Esos grupos tienen una visión diferente sobre lo que es la autonomía organizativa y el significado del territorio para la vida de un pueblo indígena; por lo general repudian aspectos culturales propios y son remisos a aceptar los mandatos de las organizaciones de una educación propia. No es gratuito que la disidencia indígena surgida en el Cauca, tenga que ver con estas organizaciones religiosas y menos infundado que el gobierno de Uribe Vélez haya apoyado la creación de la organización disidente, la Organización de los Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC).

Al respecto le cuento algo anecdótico. Hace un par de meses se celebró en  el municipio de Planadas, concretamente en el corregimiento de Gaitania, los veinte años del acuerdo entre los indígenas y las FARC, que puso fin a las hostilidades armadas que habían causado numerosas víctimas, un acuerdo que se mantenía vigente. Pues bien, las autoridades indígenas celebraron este acontecimiento con actos litúrgicos propios de los evangélicos y mencionaron lo valioso que había sido este acuerdo para la paz y prosperidad de la región; no obstante el encuentro fue utilizado para concentrar todas las comunidades cristianas de la región, con el fin de seguir impulsando su proyecto religioso, pasando a segundo plano la importancia de la conmemoración del acuerdo. Se había perdido la memoria, y el gobernador indígena anfitrión, un pastor evangélico no supo darles a los periodistas una razón plausible de la importancia del acontecimiento que estaban celebrando, pues cobraba gran importancia ahora que se desarrollan las conversaciones de paz en la Habana. Lo preocupante es que estas sectas han venido adquiriendo mucho poder en algunos resguardos; desafortunadamente esa fortaleza se nutre de la ausencia de un autentico liderazgo, pero también del deficiente manejo que le dan a los recursos que reciben del Estado.

JLVL: Precisamente la líder de la OPIC, Ana Cilia Secue, se quejaba de eso, pero afirmaba además que han hecho “rancho aparte” también por las imposiciones del CRIC, que los conmina a marchar contra el Estado…, o sea que practican el mismo estilo autoritario que le critican a las FARC.

EJJ: Puede haber algo de eso y como en todos los movimientos populares ha habido momentos de sectarismo a su interior. Pero no creo que en este caso sea esa la razón para la disidencia. Hay seguramente más intereses detrás de esto, pues estas iglesias tienen también su proyecto. Como tampoco creo que esa hubiera sido la razón para que salieran a la luz pública los antes mencionados Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame” y las  Asociaciones Indígenas “Lorenzo Ramos” y “Avelino Ul”, que reivindican nombres de líderes históricos de las luchas indígenas.

JLVL: ¿Qué se vislumbra de nuevo bajo el sol que sea positivo para el desarrollo político de las organizaciones indígenas?

EJJ: Desde una perspectiva social y política, abordar la problemática de muchas zonas indígenas nos vincula directamente con la violencia, las masacres y el desplazamiento. Recuerde usted las masacres del Naya, de los Awa en Nariño y tantas otras… de comunidades negras y campesinas. Esta situación nos remite a la necesidad de crear nuevos espacios de solidaridad, primero entre los indígenas y sus organizaciones, para después buscar alianzas con otros pobladores negros y campesinos de estas  zonas. Piense en lo que puede significar el desarrollo de territorialidades colectivas de los campesinos y la alianza que puede haber con las otras figuras de propiedad agraria colectiva, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras. Esta lucha por las llamadas reservas campesinas marca en el momento un hito importante en la lucha campesina por la tierra, pues ya no se trataría de exigir distribución de la tierra, en el marco de una reforma agraria que tendría un halo reformista, por cuanto no cuestiona la lógica del capital. Se trataría, por el contrario, de buscar el reconocimiento de territorios campesinos, que como propiedad colectiva, quedarían al margen del mercado capitalista. Estos acercamientos en busca de una alianza, aunque están en ciernes, se encuentran actualmente en marcha con los esfuerzos de algunas organizaciones indígenas, para mi concepto pocas, por coordinar sus movilizaciones y fortalecerse mutuamente, pues afortunadamente se han percatado que se achica el tiempo que les queda para evitar su extinción definitiva. Ojalá el sol alumbre por ahí…

JLVL: Una última cuestión, ¿será que en los nuevos decretos autonómicos para los pueblos indígenas estará la solución para que muchos pueblos indígenas se sacudan de la tutela de los alcaldes en el manejo y administración de los recursos propios del Sistema General de Participación?


El presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y líderes indígenas durante la firma del decreto autonómico para los pueblos indígenas.  Foto: Felipe Ariza

 

EJJ: Seguramente que a muchos alcaldes se les acabará esa “caja menor”, pero no estoy seguro que eso va a ser la solución para conquistar esa tan anhelada autonomía. Ese “mayor reconocimiento” del Estado hacia sus pueblos indígenas que según el ministros del Interior los colocará en la senda del progreso, puede también ser un medio para desestructurar más sus organizaciones. Permítame dudar del espíritu altruista que origina esa ley, pues ya que si manejan sin ninguna participación del Estado los recursos de salud y educación, el Estado se libra de sus obligaciones para con sus pueblos indígenas y de ahí en adelante serán las autoridades indígenas las directamente responsables de lo que suceda en sus comunidades, y en organizaciones débiles puede ser una nueva fuente de conflictos y tensiones. Lo fundamental, el Estado con este acto de benevolencia, puede estar dilatando el cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en peligro de extinción. Los líderes indígenas están felices con el decreto y manifiestan que se está dando un giro radical en las relaciones de subordinación que han tenido con el Estado, lo que les permitiría el transito hacia la plena autonomía. Pero bueno, yo no soy nadie para opinar sobre eso. Por el momento celebremos con los indígenas estos logros. El tiempo nos ilustrará y como dice el dicho, el que festeja de último disfruta más la fiesta. Ojalá sean los indígenas los últimos en festejar.

JLVL: Celebraría que pronto hubieran cosas nuevas bajo el sol. Gracias por esta entrevista.

 

[1] El texto en mención se titula: “El Cauca y el resarcimiento de la memoria” , en: http://servindi.org/actualidad/68957#more-68957.

[2] Consideraciones del rumano Elie Wiesel, que como niño judío vivió los horrores del exterminio Nazi en ‘Buchenwald’ (ver: El Cauca y el resarcimiento…)

Junio 19, 2014
by Marcela Velasco
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Inminente desalojo de indígenas en Cumaribo (Vichada)

Efraín Jaramillo Jaramillo, Colectivo de Trabajo Jenzera

Ariel Palacios, CODHES

Los hechos

215 familias indígenas pertenecientes a los pueblos sikuani, piapoco, piaroa, saliva, etc., llegadas de varias regiones del departamento del Vichada, han hecho posesión pacífica de un terreno aledaño al casco urbano del municipio de Cumaribo,[1] territorio ancestral del pueblo sikuani.

50 policías (ESMAD), aerotransportados desde la ciudad de Villavicencio, esperan la ‘hora cero’ para iniciar el desalojo ordenado por el alcalde de Cumaribo, señor Arnulfo Romero. Los guardias indígenas de los por el alcalde llamados “invasores”, armados de arcos y flechas han acordonado la toma indígena para proteger a las familias, afirmando que no abandonaran el lugar, manifestando estar dispuestos a vender caro su previsible derrota. Las autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI) con el acompañamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y el Colectivo de Trabajo Jenzera hacen ingentes esfuerzos para evitar un desenlace violento.

Hasta el momento ni el alcalde ni el prefecto de la comunidad religiosa diocesana, padre Jairo Efrén Pardo, que representa los intereses de los propietarios del predio, han acudido a los llamaos de los indígenas a dialogar, sirviéndose de la policía de
Cumaribo para mediar en el diálogo con los indígenas.

Diálogo con la policía. Foto Ariel palacios

La historia

Las versiones indígenas hablan de que a mediados del siglo pasado, llegó a la región el señor Jorge Mattar, proveniente de Turquía. Se casó con la indígena sikuani María Chipiaje y se estableció en la zona. No está claro la forma en que el señor Mattar se apoderó de extensos terrenos del territorio ancestral sikuani. Pero lo que sí han establecido los indígenas, incluyendo sus descendientes, es que esta apropiación no fue legal. Y menos legal fue la venta que el señor Mattar hizo a la comunidad religiosa monfortiana (de origen belga) que para esa época se estableció en el territorio del pueblo sikuani.
Estos “siervos de Dios” iniciaron en lo que hoy se llama Santa Teresita del Tuparro su obra misionera, evangelizando a los indígenas, pero de paso llenado sus arcas con mano de obra indígena. Con el tiempo se convirtieron en “amos de indios” [2]

Posteriormente los monfortianos entregaron (los indígenas emplean el verbo “vender”) su legado misional a la comunidad religiosa diocesana y con él los terrenos que habían adquirido del señor Mattar.

Hoy para los indígenas no existe ninguna duda de que esta apropiación de territorios indígenas, como la mayoría de surpaciones de tierras indígenas en la región de los Llanos, ha sido ilegítima. La pretensión de legalidad que ostentan los
padres diocesanos se sustenta en un papel firmado por el alcalde de entonces, en donde atestigua que el señor Mattar le cedía sus derechos territoriales a la comunidad religiosa monfortiana por la suma de $ 7.000 (siete mil pesos).

La única base legal que poseen los religiosos y que le sirve al alcalde para impugnar los derechos indígenas al predio que ocupan, es ese frágil papel del señor Mattar. A esta inconsistente “prueba” legal, el alcalde le suma el deleznable argumento
de que entre los “invasores” se encontrarían algunas familias no-indígenas, que estarían “aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de los pueblos indígenas”, en palabras del comandante de la policía de Cumaribo: “al lado del enfermo está comiendo el alentado”.

En estos momentos en que se realizan de forma ilegal grandes transacciones de tierra en la Altillanura orinoquence (todos municipios del Vichada), para desarrollar megaproyectos agroindustriales (palma aceitera, caña de azúcar, arroz, soja, sorgo…) y minero-energético, cobra vigencia la necesidad de prestar mayor atención a los drechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, para evitar que las ‘locomotoras’ del desarrollo económico propuestas por el Estado, atropellen a los pueblos indígenas. En este momento CODHES con el apoyo de OXFAM y el concurso del Colectivo de Trabajo Jenzera, vienen realizando una investigación histórica y socio-económica sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Altillanura.

Lo insólito de esta acción policial es que se desplieguen cuantiosos recursos para desalojar a indígenas, mientras no se le presta ninguna atención a las denuncias de los indígenas sobre la invasión de los ríos de la selva Mataven por buscadores de oro colombianos, venezolanos y brasileros (garimpeiros) o que su territorio ancestral de Tojibo y Cupepe esté siendo invadido por ganaderos, o que los cultivos de coca (de nuevo en alza), vengan destruyendo los bosques de galería del territorio indígena ancestral de Aliba.

Cumaribo, Vichada

Junio 19 de 2014

[1] Cumaribo es el segundo municipio en importancia del departamento del Vichada, después de su capital Puerto Carreño y es el municipio más extenso den Colombia. Está poblado en un 85% por indígenas pertenecientes a los pueblos jiwi (sikuani), piapoco, piaroa, saliva, amorua, wamone (cuiba), mapayeri, curripaco, puinave, desano y cubeo( estos dos últimos provenientes de Vaupés.

[2] “Siervos de Dios, amos de indios” es el título de un conocido texto del periodista y antropólogo Víctor Daniel Bonilla,
basado en las investigaciones del historiador austriaco Juan Friede sobre las misiones capuchinas en el Putumayo

 

Noviembre 9, 2013
by Efrain
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AMILCAR ORDOÑEZ ROMERO IN MEMORIAM

Escuela Interétnica. Celebrando su cumpleaños en el resguardo embera de Karmatarrua (Antioquia), julio de 2008

 

Ha muerto Amílcar, nuestro querido amigo y compañero de estudio y trabajo. Al momento de su muerte, el 7 de noviembre de 2013 en la ciudad de Cali, donde fue remitido de urgencia por una falla cardiaca, contaba con 43 años de edad y se desempeñaba como representante legal del Consejo Comunitario de Malaguita, en el Bajo Río San Juan.

El Colectivo de Trabajo Jenzera y la Escuela de Formación Interétnica envían a su señora Elvira Rocío Vanega y a sus hijas Esteifi, Cindy Araceli, Natalia, Esperanza, Sara y Yamila nuestras más sentidas condolencias.

Nuestro compañero Amílcar participó en la Escuela de Formación Interétnica con Dagoberto Mondragón, Dagoberto Pretel, Eliecer Posso, Elmer Posso, Margarita Salazar, Jhon Hilbert Mosquera, Tania Gonzales y Nasly López, todos ellos representantes de las comunidades afrocolombianas del Bajo San Juan. A ellos y a las comunidades de Malaguita, Cabeceras y Cuellar les enviamos un fuerte abrazo de solidaridad. Hoy queremos despedirnos de nuestro amigo recordando a Neruda:

“Hemos de volver / al San Juan,

como si allí estuvieras / hermano,

nuestra lucha, /que fue la tuya

continuará aquí en la tierra”.

 

Buenaventura, 8 de noviembre de 2013