Efraín Jaramillo Jaramillo, Colectivo de Trabajo Jenzera

Ariel Palacios, CODHES

Los hechos

215 familias indígenas pertenecientes a los pueblos sikuani, piapoco, piaroa, saliva, etc., llegadas de varias regiones del departamento del Vichada, han hecho posesión pacífica de un terreno aledaño al casco urbano del municipio de Cumaribo,[1] territorio ancestral del pueblo sikuani.

50 policías (ESMAD), aerotransportados desde la ciudad de Villavicencio, esperan la ‘hora cero’ para iniciar el desalojo ordenado por el alcalde de Cumaribo, señor Arnulfo Romero. Los guardias indígenas de los por el alcalde llamados “invasores”, armados de arcos y flechas han acordonado la toma indígena para proteger a las familias, afirmando que no abandonaran el lugar, manifestando estar dispuestos a vender caro su previsible derrota. Las autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI) con el acompañamiento de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y el Colectivo de Trabajo Jenzera hacen ingentes esfuerzos para evitar un desenlace violento.

Hasta el momento ni el alcalde ni el prefecto de la comunidad religiosa diocesana, padre Jairo Efrén Pardo, que representa los intereses de los propietarios del predio, han acudido a los llamaos de los indígenas a dialogar, sirviéndose de la policía de
Cumaribo para mediar en el diálogo con los indígenas.

Diálogo con la policía. Foto Ariel palacios

La historia

Las versiones indígenas hablan de que a mediados del siglo pasado, llegó a la región el señor Jorge Mattar, proveniente de Turquía. Se casó con la indígena sikuani María Chipiaje y se estableció en la zona. No está claro la forma en que el señor Mattar se apoderó de extensos terrenos del territorio ancestral sikuani. Pero lo que sí han establecido los indígenas, incluyendo sus descendientes, es que esta apropiación no fue legal. Y menos legal fue la venta que el señor Mattar hizo a la comunidad religiosa monfortiana (de origen belga) que para esa época se estableció en el territorio del pueblo sikuani.
Estos “siervos de Dios” iniciaron en lo que hoy se llama Santa Teresita del Tuparro su obra misionera, evangelizando a los indígenas, pero de paso llenado sus arcas con mano de obra indígena. Con el tiempo se convirtieron en “amos de indios” [2]

Posteriormente los monfortianos entregaron (los indígenas emplean el verbo “vender”) su legado misional a la comunidad religiosa diocesana y con él los terrenos que habían adquirido del señor Mattar.

Hoy para los indígenas no existe ninguna duda de que esta apropiación de territorios indígenas, como la mayoría de surpaciones de tierras indígenas en la región de los Llanos, ha sido ilegítima. La pretensión de legalidad que ostentan los
padres diocesanos se sustenta en un papel firmado por el alcalde de entonces, en donde atestigua que el señor Mattar le cedía sus derechos territoriales a la comunidad religiosa monfortiana por la suma de $ 7.000 (siete mil pesos).

La única base legal que poseen los religiosos y que le sirve al alcalde para impugnar los derechos indígenas al predio que ocupan, es ese frágil papel del señor Mattar. A esta inconsistente “prueba” legal, el alcalde le suma el deleznable argumento
de que entre los “invasores” se encontrarían algunas familias no-indígenas, que estarían “aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de los pueblos indígenas”, en palabras del comandante de la policía de Cumaribo: “al lado del enfermo está comiendo el alentado”.

En estos momentos en que se realizan de forma ilegal grandes transacciones de tierra en la Altillanura orinoquence (todos municipios del Vichada), para desarrollar megaproyectos agroindustriales (palma aceitera, caña de azúcar, arroz, soja, sorgo…) y minero-energético, cobra vigencia la necesidad de prestar mayor atención a los drechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, para evitar que las ‘locomotoras’ del desarrollo económico propuestas por el Estado, atropellen a los pueblos indígenas. En este momento CODHES con el apoyo de OXFAM y el concurso del Colectivo de Trabajo Jenzera, vienen realizando una investigación histórica y socio-económica sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Altillanura.

Lo insólito de esta acción policial es que se desplieguen cuantiosos recursos para desalojar a indígenas, mientras no se le presta ninguna atención a las denuncias de los indígenas sobre la invasión de los ríos de la selva Mataven por buscadores de oro colombianos, venezolanos y brasileros (garimpeiros) o que su territorio ancestral de Tojibo y Cupepe esté siendo invadido por ganaderos, o que los cultivos de coca (de nuevo en alza), vengan destruyendo los bosques de galería del territorio indígena ancestral de Aliba.

Cumaribo, Vichada

Junio 19 de 2014