Agosto 17, 2012
by Efrain
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Resolución de Vitoncó

Hace 27 años, las autoridades indígenas del Cauca, acordaron la siguiente resolución. Pensamos que hoy, todos los actores del conflicto (armados y desarmados) deberían conocerla o recordarla.
Cuarenta y cinco cabildos indígenas del Cauca reunidos en Junta Directiva del Consejo Regional Indígena del Cauca en el resguardo de Vitoncó en Tierradentro, los días 21, 22, 23 y 24 de febrero de 1985, a los 14 años de la fundación del CRIC, y

considerando:

PRIMERO. La delicada situación por la que atraviesan las zonas indígenas del Cauca debido a la presencia militar, tanto del ejército y policía como de los grupos armados ajenos a nuestras comunidades, presencia militar que no tiene que ver mucho con nuestros problemas y que tiende a agudizarse en la medida en que puede desencadenar una guerra entre las partes en conflicto, guerra en la cual nuestras comunidades sufrirían las más graves consecuencias.

SEGUNDO. La inflexibilidad del Gobierno y sus organismos de no entrar a buscar soluciones dialogadas y pacificas a nuestros problemas de tierras, educación, salud, etc, posición que se ha radicalizado más si vemos que las amenazas, atropellos y desalojos se han multiplicado en los últimos meses y que se ejemplarizan en el asesinato de nuestros compañeros, últimamente en la persona del sacerdote y compañero Alvaro Ulcué Chocué y en el desalojo de la recuperación de López Adentro, en donde a 150 familias se les quemaron sus viviendas y se les arrasaron 300 hectáreas de cultivos, producto de diez meses de esfuerzo y trabajo.

TERCERO. El problema de linderos entre algunos Resguardos y conflictos internos entre algunas comunidades, empresas comunitarias y comuneros, que ponen en peligro la unidad que tanto ha caracterizado a nuestra Organización y frente a la cual han fracasado muchos intentos divisionistas y posiciones sectarias de grupos y partidos, tanto tradicionales como revolucionarios, unidad que es necesaria si queremos continuar con éxito nuestras luchas.

CUARTO. La situación de abandono, miseria y opresión en que se encuentran la mayoría de los Resguardos del Cauca, producto también de la falta de consulta e imposición de políticas impulsadas por personas de reconocida trayectoria anti popular y anti indígena,

resuelve aprobar las siguientes proposiciones:

PRIMERO. Recalcar y hacer valer por todos los medios que estén al alcance de los Resguardos, el derecho a la autonomía, es decir, el derecho que los Cabildos y las comunidades tienen de controlar, vigilar y organizar su vida social y política al interior de los Resguardos y de rechazar las políticas impuestas de afuera, vengan de donde vengan.

Esta autonomía se hace extensiva no sólo frente a personas y entidades gubernamentales, privadas y semiprivadas, que han venido decidiendo aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y religiosos en zonas de resguardo, sin consultar a nuestras comunidades y a sus legítimos representantes, los cabildos, como también a las organizaciones que vienen realizando actividades que son de competencia de los Cabildos y a las organizaciones armadas que hacen presencia en nuestros territorios

Nosotros, como representantes de los cabildos, no aceptamos imposiciones. Es nuestro sentir seguir recuperando las tierras de nuestros resguardos de acuerdo al primer punto de nuestro programa de lucha y amparados en la Ley 89 de 1890 y otras disposiciones legales del gobierno de Colombia. No aceptamos, entonces, que algún grupo armado venga a indicarnos a quiénes debemos recuperar las tierras y a quiénes no, y a quienes debemos segregar las tierras y a quiénes no. Esto lo deciden las mismas comunidades, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus derechos. Este es, entonces, y aquí lo repetimos nuevamente en esta junta directiva, un asunto interno que compete únicamente a las comunidades y a sus cabildos. Igualmente lo referente a castigos por actos delictivos. Esto les concierne a los cabildos, que tienen por ley la facultad de castigar a sus comuneros de acuerdo a las costumbres que tenga la comunidad. Recomendamos pues a todos los grupos políticos y militares hacer una lectura cuidadosa de la Ley 89 de 1890, para que no se repitan los atropellos que han sido denunciados y que fueron consignados en el Acta de Andalucía (Caldono) y que aquí, en esta junta directiva, fueron recordados por los cabildantes de San Francisco, Yaquivá, San Andrés de Pisimbalá y Canoas.

Igualmente recomendamos a estas organizaciones hacer una atenta lectura de los siete puntos de nuestro programa de lucha, que dieron origen al CRIC hace exactamente 14 años en Toribio.

SEGUNDO. Exigir también que todas las organizaciones respeten las recuperaciones de tierra y no se utilicen las posibles contradicciones que surgen dentro de la lucha para penetrar en los Resguardos y generar divisiones. Es al Cabildo al que le concierne dirimir los posibles conflictos que surjan de la lucha por la tierra.

No rechazar de plano ninguna solicitud o proposición de trabajo que se haga a nuestras comunidades, pues sabemos que es el Gobierno el responsable de la situación de miseria y abandono en que se encuentran nuestros Resguardos, y seguiremos exigiendo del Estado los recursos necesarios para adelantar programas en nuestras comunidades. Lo que sí exigimos es que estos recursos se pongan a disposición de las comunidades, y sobre ellos los cabildos ejerzan una fiscalía, y que los proyectos que se piensen adelantar sean consultados, aprobados y tengan la vigilancia y el control de las comunidades.

Exigir también de las organizaciones políticas, sean éstas armadas o no, que soliciten a los respectivos Cabildos el permiso para hacer reuniones y que éste se solicite con suficiente tiempo para que los Cabildos puedan consultar a sus comunidades sobre esta solicitud, pues son las comunidades las que se benefician o se perjudican y son las que en últimas tienen la decisión, como es usual en todas las democracias.

En caso de aceptación, la participación debe ser voluntaria y ningún comunero puede ser obligado en contra de su voluntad a participar de actos o reuniones a las cuales no desee asistir.

Exigir el respeto a la decisión del Cabildo si éste, por razones de orden mayor y defendiendo el interés de la comunidad, les posterga o aun les niega el permiso.  A esta reunión de Junta Directiva se presentaron improvisadamente dos grupos armados, el Comando Quintín Lame y el Sexto Frente de las FARC. Es meritorio constatar que esta política de autonomía expresada por nuestros Cabildos ha encontrado eco, y el comando Quintín Lame se pronunció en favor de ella. Esperamos que los demás grupos armados sigan su ejemplo y no se sigan repitiendo los ya conocidos y denunciados atropellos.

Se recomienda exigir la autonomía, pero es más importante crear los mecanismos para que ésta pueda ser exitosamente exigida. Esto se logra únicamente fortaleciendo los Cabildos, para evitar que otras organizaciones los vayan desplazando como autoridades de los Resguardos.

TERCERO. Seguir exigiendo por todos los medios que estén al alcance de los Cabildos y nuestra Organización que el Gobierno abandone la Política de represión a nuestras comunidades y que, por el contrario, entre a combatir a las fuerzas que desde el mismo Gobierno vienen impulsando políticas represivas y violentas para defender intereses de terratenientes que tienen posesiones de tierras en los Resguardos.

Exigimos también el esclarecimiento del asesinato del padre Alvaro Ulcué, de los demás asesinatos a indígenas de nuestra organización y se esclarezcan las circunstancias por las cuales les organismos policivos del Estado actúan en nuestras comunidades, pues nuestro sentir está en contra de la presencia de cuarteles de policía en las zonas indígenas.

CUARTO. Que los Resguardos, comunidades, empresas comunitarias y comuneros indígenas que tengan conflictos, acudan a sus cabildos para arreglar estos asuntos. Cuando el conflicto sea mayor y se encuentren implicadas una o varias comunidades, se recomienda solicitar la ayuda y el apoyo de los Cabildos vecinos, para que reunidos en Consejo den un juicio justo y favorable a las dos partes, para que así se sustente una solución duradera. Se recomienda también, buscar el apoyo y asesoría del Comité Ejecutivo y los responsables del CRIC en las zonas. En ningún momento se debe buscar el apoyo de organizaciones ajenas a nuestros resguardos para dirimir conflictos de las comunidades. Esto es competencia única de los cabildos con el apoyo y la asesoría de los responsables zonales del CRIC. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la intervención de organizaciones ajenas en este tipo de conflictos, más que solucionar positivamente los mismos, los han profundizado y creado heridas a los Resguardos que han durado años en sanar.

Nota aclaratoria: La mesa directiva elegida para la reunión de Junta Directiva deplora la ausencia del Cabildo de Guambía durante la intervención del Gobernador de Ambaló. Se perdió una buena oportunidad para que los Cabildos dieran su concepto frente al conflicto que tienen estos dos Resguardos. La mesa directiva aclara que, según el orden de exposiciones, los informes de Guambía y Ambaló estaban programados para el día 23 en horas de la mañana y que deplora que el Cabildo de Guambía haya tenido que ausentarse el día 23. El Gobernador de Guambía, corno se supo posteriormente, había informado sobre este inconveniente. Esta razón no llegó a la mesa directiva, pues en caso contrario se hubiera alterado el orden de los informes dándoles prioridad a los Gobernadores de Guambía y Ambaló.

Para constancia de su aprobación se firma esta Acta en el resguardo de Vitoncó, el día veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cinco.

Resguardo de Ambaló – Resguardo de Caldono – Resguardo de Pueblo Nuevo – Resguardo San Andrés de Pisimbalá

Resguardo de Puracé – Resguardo de Totoró – Resguardo de Vitoncó – Resguardo de Jambaló – Resguardo de Chinas

Resguardo de Honduras – Resguardo de Mosoco – Resguardo de Lame – Resguardo de Wila – Resguardo de Paniquitá

Resguardo de Guambia – Resguardo de Caloto – Resguardo de las Delicias – Resguardo de Suin – Resguardo de Tóez

Resguardo de Tumbichúcue – Resguardo de Guanacas – Resguardo de Togoima – Resguardo de Canoas

Resguardo de La Concepción – Resguardo de Belalcázar – Resguardo de Santa Rosa – Comunidad de La Laguna-Siberia

Resguardo de Tacueyó – Resguardo Toribío – Resguardo de Corinto – Resguardo de Paletará – Resguardo de Tálaga

Resguardo de Coconuco – Resguardo de Quintana – Resguardo de San José – Resguardo de San Antonio-La Aguada

Resguardo de Avirama – Resguardo de la Aurora – Resguardo de Cohetando – Resguardo de San Francisco

Resguardo de Pitayó – Resguardo de Poblazón Resguardo de Yaquivá – Comunidad de López Adentro

Comunidad del Guabito

Agosto 17, 2012
by jenzera
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terminar la guerra – defender la autonomía – reconstruir los bienes civiles – construir la paz

La Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC) nos hemos reunido en Toribío los días 19 y 20 de julio de 2011, para analizar y proponer caminos de solución ante los hechos de la semana anterior en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, que son de responsabilidad directa de las FARC, y ante la decisión unilateral e inconsulta del gobierno nacional de copar militarmente los territorios indígenas, principalmente los del Norte del Cauca.

Como comunidades originarias y autoridades tradicionales hoy les hablamos a los colombianos y colombianas desde el fondo de nuestro dolor y de nuestra indignación. También desde, la profunda convicción de que con la reflexión y el espíritu de las comunidades es posible sacar al país del pantano a donde lo han llevado décadas de invasión y guerra armada del Estado y las guerrillas, principalmente a territorios Indígenas del país. En estos dos días los delegados y delegadas de las comunidades hemos hablado y pensado como pueblos originarios, con autocritica por lo que hemos podido hacer y no hemos hecho, y con responsabilidad por lo nuestro y por el país entero.

Nos hemos reunido para manifestarles a los pobladores urbanos de estos municipios afectados por las acciones armadas que sentimos esta agresión como un ataque contra todos los pueblos indígenas, que entendemos han tumbado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frio sentido estos días por ausencia de techo, hemos sentido en cada resguardo Indígena del Cauca; porque no puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social. Por eso, esta junta directiva y esta audiencia pública son sobre todo un acto de dignidad, unidad y resistencia a la guerra por parte de toda la gente del Cauca. Un acto donde nos guía la convicción de que sólo la solución del conflicto armado puede abrir caminos para la construcción de paz y justicia; por eso hemos ratificado la voluntad de seguir construyéndola.

Desde nuestra Resolución de Vitoncó emitida en 1985, nuestras comunidades y autoridades exigieron la desmilitarización total de nuestros territorios. En aquella ocasión las FARC se comprometieron a no intervenir nuestros procesos y a respetar nuestros territorios y autoridades; luego en 1990 se concertó la dejación de armas del grupo indigenista Quintín Lame, que contribuyó con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual, jurídicamente, en la nueva Carta Política, devolvió el poder al pueblo y declaró que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. En 1999, con nuestra Declaratoria de los Territorios de Convivencia Diálogo y Negociación nuestras autoridades reclamaron del Estado y las guerrillas la necesaria y obligante participación de la sociedad civil en todo proceso de paz para el país. Las declaraciones y mandatos de Ambaló (1996) y Jambaló (2000) fueron claras en determinar la responsabilidad de los diferentes actores que hacen presencia en nuestros territorios y en ellas se determinaron políticas y responsabilidades internas referidas al conflicto, armado, a los llamados cultivos de uso ilícito, a las iglesias y a los intereses económicos de las empresas multinacionales.

Sin embargo, lo ocurrido principalmente en Toribio, Corinto, Caldono, Jambaló y en el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, niega lo que el país ha avanzado constitucionalmente en materia de derechos humanos y paz, y por el contrario se ha convertido en una estrategia global que se repite cotidianamente de ocupación territorial de conquista, involucramiento de civiles con propósitos militares, y de arrasamiento con propósito de cambiar el escenario político, poniendo de presente la decisión del Estado y las FARC de una escalada del conflicto no vista antes en nuestros territorios.

En consecuencia, si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una temible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años.

Ante ello la Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC) ha analizado:

Sobre la guerra actual

1. La guerra ha absorbido todas las otras dimensiones de la vida nacional, subordinando la política a las prioridades militares de ambos bandos, con la gravedad que cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento que el otro ya lo había hecho.

2. En la actualidad Las FARC desplazan fuerzas hacia el norte del Cauca provenientes de otros departamentos, y recrudecen el reclutamiento forzado de menores y la incorporación de milicianos a sus filas, al parecer para responder a la estrategia del Estado de tierra arrasada desde el entendido que su sobrevivencia depende de estar entre la población civil.

3. Por su parte el Estado ha subordinado la ley y sus propios interés económicos al sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven; mientras para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos -incluido el de ellos- con el propósito de mantener el aparato militar. Es lógico, por eso, la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno que vivimos.

4. Por supuesto, cada vez tenemos menos dudas de que la guerra es funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas y de los afrodescendientes y campesinos, impulsada por las transnacionales. Tanto la invasión de nuestro territorios por el Ejercito oficial, como la ocupación de nuestras comunidades por la insurgencia, promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales, reproduciendo un sistema de despojo y aniquilamiento que los indígenas conocemos desde hace siglos.

5. Todo indica que en el departamento del Cauca, especialmente en la zona norte y en las áreas contiguas de los departamentos del Huila, Tolima y Valle, todas ellas territorio del pueblo Nasa, se prepara una enorme batalla de incalculables consecuencias para la población. La Madre Tierra nos dio un territorio que por sus características ha resultado ser el más adecuado para la guerra irregular, donde la derrota de la guerrilla solo puede darse mediante el copamiento militar terrestre, el arrasamiento y el uso de bombardeos indiscriminados. Y eso es lo que, desde los planes de quienes dirigen la guerra, vendrá para nuestro territorio y nuestras comunidades en los próximos meses. El Ejército concentra un número cada vez mayor de unidades; miles de hombres armados han desembarcado en helicópteros la última semana en Corinto, Caloto, Miranda y Tierradentro, preparando una nueva oleada militar. Se ha anunciado la decisión unilateral e inconsulta de establecer un nuevo Batallón de Alta Montaña en Tacueyó, y es de esperar que otros pequeños batallones se instalen en el páramo. Casi 15 mil soldados invaden la Cxhab Wala Kiwe, el territorio del gran pueblo.

6. El Plan de consolidación territorial del gobierno nacional combina una estrategia de “desarrollo armado y humanitarismo armado”, por medio del cual los recursos públicos destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de infraestructura, pasan a través de los batallones. Con la clara intención de involucrar a las comunidades civiles en la estrategia de guerra, los dineros de Acción Social son pagados en los batallones, los puentes reparados por el ejército, las alcaldías presionadas a aceptar el tutelaje de los militares. En la práctica las comunidades se convierten en una especie de escudos humanos para proteger forzadamente a los soldados.

7. EI Plan Colombia obligó a la insurgencia al repliegue, la dispersión y el retorno a la guerra de guerrillas. Al no tener ya capacidad para subordinar territorialmente a las comunidades y los gobiernos autónomos indígenas, han optado por erosionar la organización en su conjunto, promoviendo estructuras paralelas que tratan de deslegitimar a nuestras autoridades, al proceso político del CRIC y a sus organizaciones zonales.

8. Derivado de lo anterior, mientras el ejército involucra a la población civil La guerrilla se camufla entre ella dando como resultado que sea la población civil la que lleve la peor parte. Entonces, como ambos bandos comparten la misma estrategia, disparan, hacen estallar explosivos o bombardean indiscriminadamente, con la supuesta certeza de que los civiles muertos o heridos, por estar cerca de sus enemigos, también son blancos legítimos.

Con base en lo anterior recordamos que al firmar la Constitución de 1991 nos comprometimos a la construcción de un país en paz y respetuoso de la diferencia. Nosotros como pueblos indígenas hemos cumplido, pero no así los promotores de la guerra y quienes tienen otros designios sobre nuestros territorios. Ratificamos nuestras posiciones y mandatos expresados en la Resolución de Vitoncó, la Resolución de Jambaló, los congresos del CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó, de los cuales resaltamos los siguientes puntos:

 

1. Los armados no nos representan, no pueden hablar ni mucho menos realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses.

2. Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte y parte.

3. Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios económicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores externos deben respetar nuestro, territorio y autonomía.

4. Exigimos la recuperación de la armonía y nuestros territorios indígenas y en general de la nación colombiana, por ello constituimos una ruta de solución política al conflicto armado donde la sociedad civil sea un actor fundamental.

 

Pronunciamiento

1. Como nuestros llamados a los actores armados para que respeten la autonomía de las comunidades, la vida de las personas y las leyes de la guerra no han sido escuchados, hemos decidido convocar la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra.

2. Esta Minga tiene tres propósitos. El primero es la desmilitarización de los territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC. Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Sabemos que no lo harán por su propia voluntad y que requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana. En los próximos meses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz, iniciaremos acciones hacia el desmonte -como lo hemos hecho en anteriores circunstancias- de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio de la población civil.

3. No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC. Y recordamos a los actores armados que los territorios indígenas son bienes culturales especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario, y por tanto deben ser excluidos de las acciones militares.

4. La Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es absolutamente clara en que no podrán montarse bases militares sin que se realicen “consultas eficaces” con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas; y ya la Corte Constitucional ha dicho que la Declaración hace parte del derecho internacional consuetudinario, que es obligación para el Estado. En consecuencia, no aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas, anunciados por el gobierno nacional. El gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento además son inútiles para proteger a la población civil y no los necesitamos para ordenar el resguardo. Emprenderemos acciones jurídicas, políticas y humanitarias contra su implementación. Hacemos un llamado al Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que se pronuncie sobre este inminente irrespeto a la normatividad internacional.

5. EI segundo propósito de la Minga es convocar al gobierno nacional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Para la interlocución sobre estos temas, el CRIC y sus organizaciones zonales hemos conformando una Comisión especial, con la presencia de mujeres, mayores y ex-gobernadores, encargada de apoyar a las autoridades, que es responsable de presentar nuestros puntos de vista ante los grupos armados. Enviaremos invitaciones formales al presidente de la República y al comandante de las FARC.

6. Los temas que proponemos a ambos actores son:

a)      El cese inmediato de reclutamiento de menores o su vinculación como informantes;

b)      la prohibición y castigo de la violencia sexual, especialmente contra las mujeres;

c)      el uso de minas y armas de efecto indiscriminado; y

d)     el respeto a la autonomía, que ya los tratados internacionales reconocen sin discusión alguna.

7. Con las FARC queremos discutir adicionalmente los problemas relacionados con los milicianos, y sobre el compromiso del Secretariado de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente. Y con el gobierno, vemos pertinente discutir el cese de la instalación de bases militares en medio de la población civil y el reclutamiento de informantes; así como que haya total claridad sobre la orden de destruir las viviendas de las comunidades, porque no vemos convincentes las explicaciones dadas por el presidente y el ministro de Defensa.

8. EI tercer propósito de la minga es reactivar, los debates públicos con el gobierno y la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego. Como estamos convencidos de que la solución del conflicto requiere una negociación política, nuestro compromiso es, elevar el nivel político de estos diálogos y debates, y exigimos a estos actores que se comprometan a poner en claro sus apuestas estratégicas.

9. La minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra está fundamentada en el derecho ancestral que nos asiste de ordenar nuestra casa, de equilibrar el territorio y buscar la armonía comunitaria. Así mismo, en los instrumentos internacionales que reconocen nuestro derecho a la libre determinación como pueblos y a dotarnos de las instituciones políticas que decidamos libremente. Todas estas medidas que hemos tornado hacen parte de los Planes de Salvaguarda que los pueblos indígenas del Cauca venimos formulando para impedir la desaparición física y cultural, cuya aceptación es obligatoria para el Estado frente a la sentencia 025 de la Corte Constitucional. Llamamos a la sociedad civil colombiana, a la Conferencia Episcopal y a la comunidad internacional para que contribuyan en generar condiciones de protección y respeto a las acciones que emprenderemos.

10. Para realizar la Minga necesitamos del acompañamiento político y humanitario de todos nuestros amigos y amigas. Los convocaremos para que nos acompañen en la protección de los sitios sagrados y humanitarios, y en las acciones para liberar la Madre Tierra de la guerra y armonizar el territorio.

11. Hemos tomado también la decisión de recuperar para la comunidad, a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados. Dos acciones realizaremos para hacerlo realidad: En primer lugar, profundizar nuestros planes de retorno a casa, mediante el diálogo, la discusión política, la armonización y el remedio, para que se reencuentren con el camino de la lucha indígena por la dignidad; y en segundo lugar, emprenderemos misiones de exigencia para que los niños y niñas regresen a casa; entendemos que las FARC dicen no defender esta práctica prohibida, lo que deberá hacer más fácil la entrega de los menores de edad a sus familias y comunidades.

12. Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de la economía ilegal. Reconocemos que los cultivos de coca, marihuana y amapola son una solución desesperada que adoptan algunas familias ante una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abren las puertas a una creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema; al respecto, realizaremos una consulta a las comunidades para decidir los elementos centrales de la estrategia. Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un plan regional de solución a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito, sino en cambiar una economía de renta por otra economía armoniosa con la naturaleza.

13. Por nuestra parte, vamos a fortalecer decididamente nuestra Guardia Indígena, a la que ratificamos el mandato de ser actores de paz y cuidadores del territorio. Con la Guardia, y con la participación de todas las comunidades, vamos a reforzar el control territorial interno. La Junta Directiva ha adoptado un plan interno para hacer cumplir los mandatos que los diversos congresos han aprobado.

 

Es urgente buscar caminos para la solución política del conflicto armado

 

1. La gran confrontación que se avecina en nuestros territorios, y en otras regiones del país, nos obliga a profundizar nuestro llamado a abrir caminos para la solución del conflicto armado interno. Compartimos la visión de muchos sectores, acerca de la inutilidad de propiciar más muertes para llegar a un escenario de diálogo que podemos constituir desde ahora. Conocemos la falta de confianza de muchos colombianos y colombianas en una negociación política; pero hechos como los de Toribio y Corinto prueban que la solución militar es inaceptable. No es coherente condenar y lamentar la destrucción de nuestras poblaciones, los ataques indiscriminados, la muerte de la población civil, y al mismo tiempo defender la continuidad de la guerra.

2. Creemos que nuestra minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra, es un aporte en la apertura de estos caminos. Como señalamos en La María, a los 40 años de conformación del CRIC, los diálogos humanitarios pueden y deben llevar a una solución del conflicto armado, y la solución del conflicto armado puede y debe llevar a un escenario para la construcción de una paz digna y duradera.

3. Ante la negativa de los actores armados de propiciar este escenario con acciones ciertas de paz y su insistencia en crearlo mediante el incremento de la acción militar, llamamos a la sociedad colombiana a ser la protagonista directa de un nuevo esfuerzo por la terminación de la guerra en Colombia. El movimiento indígena del Cauca ratifica su disposición a converger con todas aquellas voces que de nuevo se pronuncian sobre la inutilidad de la guerra y la urgencia de acabarla.

4. Consideramos que la comunidad internacional puede desempeñar un papel mucho más activo en la búsqueda de una solución política del conflicto y en la construcción de la paz; no sólo al manifestarse más enfáticamente sobre la necesidad del diálogo político, sino en abstenerse de promover proyectos económicos que alimentan el conflicto, en particular los relacionados con la industria minero-energética.

5. Agradecemos al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insistan al gobierno nacional sobre la urgencia de buscar una salida política con participación de la sociedad civil y en especial de los pueblos indígenas, así como la necesidad de apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de paz propuestas por las comunidades. Llamamos a estos Relatores para que programen visitas de emergencia a los territorios indígenas del Cauca para que constaten la situación de violaciones generalizadas de los derechos humanos y el DIH. Igualmente solicitamos sean garantes de la reconstrucción de los daños físicos producidos por los actores armados, hagan seguimiento a la atención de las víctimas, y refuercen las acciones indígenas por la paz que los instrumentos internacionales protegen especialmente.

6. Al mismo tiempo, insistimos a los organismos internacionales que hacen seguimiento y control al DIH, para que no abandonen su tarea de exigir a los actores armados el acatamiento de los principios de protección a los civiles y de no uso de armas de efecto indiscriminado, y en particular la instalación de campamentos y bases en cercanías de la población civil.

7. Hacemos un llamado perentorio al gobierno nacional para que la reconstrucción de Toribio, Corinto y Caldono sea rápida y digna. Demandamos que no se convierta en un nuevo acto de guerra, por lo que exigimos que ésta se haga por parte de la comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucramiento de los militares.

8. Como dijimos en los 40 años del CRIC:

 

  • Es hora de la paz y no de la guerra.
  • Es hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo.
  • Es hora de que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia.
  • Es hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad.
  • Es hora de que el presupuesto nacional sea invertido en lo social y no en la guerra.
  • Es la hora de la Verdad y de la Justicia.

 

Cuenten con nosotros para la paz… nunca para la guerra

JUNTA DIRECTIVA REGIONAL DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CAUCA

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA

Toribío, 20 de julio de 2011

 

Agosto 15, 2012
by jenzera
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La cama o la calle

Yoani Sánchez [1]
Gotas de sudor, baile, caderas en movimiento, ojos insinuantes. Es de noche, en una fiesta habanera y la tensión erótica se siente como una presencia tangible, corpórea. Las miradas se cruzan, los gestos pactan un encuentro en la oscuridad, los labios acuerdan sin palabras la batalla de besos que llegará después. En esta Isla la sexualidad parece salirse por los poros y las esquinas, brotar incluso del asfalto. Las ropas apretadas, las sonrisas insinuantes, las frases lascivas, destilan una sensualidad que impacta a quienes visitan por primera vez Cuba. Da la impresión de que a cada minuto nos podríamos topar en mitad de la calle con alguna escena de alcoba. La gente hace constantemente bromas alusivas al sexo y decenas de palabras designan, en el lenguaje popular, a los genitales. Alguien recién llegado a nuestra realidad creería que hemos dejado atrás todo tabú alrededor del goce carnal y que hemos superado cualquier postura timorata.

Sin embargo, detrás de esa explosión visible de goce y placer, se esconde una mentalidad pacata a la hora de abordar el coito. El desparpajo que brota de los bailes y de las expresiones, contrasta con el rubor o el silencio si se trata de explicar a los hijos la sexualidad o hablar en serio del tema. También esa desenvoltura sensual se topa de bruces con el encartonado discurso oficial. Al gobierno cubano siempre le ha sido difícil manejar el carácter demasiado lúbrico de sus gobernados. Al sobrio modelo implantado en el país le hubiera venido mejor un hombre tremendamente formal, con las cintura menos suelta. Pero también esa característica ha sido muy explotada por la Seguridad del Estado, que pesquisa las intrigas surgidas en las camas y las convierte en material de extorsión. Cuántas veces no hemos escuchado decir “a ese parece que le tienen guardadas un par de fotos comprometedoras, porque está tan calladito…”. Figuras públicas, diplomáticos, corresponsales extranjeros, disidentes, generales y funcionarios; espiados y documentados en el ejercicio de amar y dejarse amar. Todo un archivo narrando poses, encuentros, historias de almohadas, para ser usado en el justo momento en que alguien deba ser sacado del camino. Esa práctica ha sido tan extendida que muchos cubanos intuyen que en mitad de un orgasmo puede haber un ojo espiándolos desde el hueco de una puerta, una cámara escondida en la lámpara del techo o un micrófono insertado en el propio cuerpo del amante.

Esa mezcla de paranoia y éxtasis, ha sido muy bien narrada en la novela “La mujer del Coronel” de Carlos Alberto Montaner. La historia está enmarcada en los años ochenta, cuando tropas cubanas apoyaban al MPLA en la guerra de Angola. El coronel Arturo Gómez recibe un sobre amarillo que contiene las pruebas de la infidelidad de su esposa, durante un viaje de ésta a Italia. A partir de ese momento la vida de ambos queda reducida a un expediente político en manos de oficiales con ínfulas de detectives, representantes de una supuesta moral revolucionaria que ven en el acto de ella una traición a la patria. Lo íntimo pierde su condición de privado, el placer se trastoca en culpa y cada gemido de satisfacción tendrá que ser purgado. En un sistema totalitario, no es posible que un individuo atesore el secreto de un adulterio. Hay que sacarlo a la luz pública, darle un escarmiento, señalarlo con el dedo, hacerle saber que el ojo del Gran Hermano ha visto su conducta casquivana y no se lo perdona. Si encima de eso la infiel es una mujer casada con algún militar o con un alto funcionario, entonces el escarnio será ejemplarizante. La cama se vuelve una trampa que termina en más control, las sábanas en redes de una cacería política y el amor carnal en el desliz por el que aguardan los verdugos ideológicos.

Este es un libro donde se analiza el sexo y el poder. Su lectura develará al lector el espejismo de la llamada moral revolucionaria, la falsedad de esa pose de ascetismo militante. Quienes acusan a Nuria de adúltera, evalúan su carne, clavan la vista en sus redondeces, a la espera de canjearle su cuerpo desnudo por cierta misericordia. Pero más allá de toda esa intromisión de lo estatal en lo personal, “La mujer del coronel” es una novela de un erotismo dulce, que se escapa de la chata realidad de aquellos años de subsidio soviético. Las escenas eróticas, muchas de las cuales nos llegan a través de epístolas que le escribe el amante italiano a Nuria, mezclan el impudor moderno y una majestuosidad sempiterna. Tal vez porque una parte de ellas tienen como escenario a la ciudad de Roma salpicada de historia y sitios arqueológicos. Nuria experimenta fuera de Cuba esa libertad de los sentidos y los deseos que sabe estrictamente vigilada en su país. El profesor Valerio Martinelli la ayuda a redescubrir a la mujer debajo de las poses, de las máscaras, del oportunismo y de los silencios. Su liberación como ciudadana empieza en este caso por el sexo, brota de su vagina.

Pero nadie que viva bajo un totalitarismo puede escapar de su control. Incluso en el extranjero, Nuria es seguida por la Seguridad del Estado. Su placentero acto de emancipación carnal se convertirá en un expediente policial para presionarla. La cama como la tentadora trampa en la que se cae una y otra vez, como el premio que después traerá un grave correctivo.

La fogosidad de la protagonista, su necesidad de expresarse en la cópula guarda mucha relación con el sexo como escapada que tanto se practica en Cuba. La ausencia de espacios de respeto para la libre expresión y asociación, nos lleva a expresarnos en gemidos, en espasmos. En lugar de lanzar un adoquín, nos desahogamos en una felación; antes que demandar los derechos cívicos, metemos nuestra lengua en otra boca… gesto que por demás no nos permite hablar mientras lo hacemos. Acariciar por protestar, fugarse en un orgasmo para no enfrentarnos a los antimotines… mostrarnos apasionados, ya que no podemos mostrarnos libres. La cama como válvula de escape, hacia la que nos empujan, pero también en la que nos vigilan y nos atrapan.


[1] Yoani Sánchez escribió este texto para la presentación en Italia del libro de Carlos Alberto Montaner, “La mujer del coronel” (La moglie del colonnello).

Agosto 15, 2012
by Efrain
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La pluralidad étnica y la nación colombiana: una historia política

Estas notas del Colectivo de Trabajo Jenzera hacen parte de una permanente búsqueda de nuevos sentidos y rutas que propicien encuentros y alianzas entre pueblos culturalmente[1] diferentes, pero semejantes en la adversidad y unidos por las humillaciones, ofensas y vejámenes que han sufrido por parte de las elites que han gobernado a Colombia desde la conquista hasta hoy. Plantean también un propósito y compromiso con un cambio social y cultural, “que sólo puede ser frenado cuando se alcance la felicidad ” (Louis Saint-Just).

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[1] En este texto utilizamos la noción de cultura en el sentido que le da a la antropología, que la define como el conjunto de procesos simbólicos y espirituales, a través de los cuales se comprende, reproduce y se transforma la estructura social. Incluye por lo tanto todos los procesos de producción de sentido y significación y las formas que se tiene de vivir, pensar y percibir la vida cotidiana.

Julio 17, 2012
by jenzera
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Si la derecha intranquiliza, la izquierda desvela

Efraín Jaramillo Jaramillo
Colectivo de trabajo Jenzera

Intranquilizan y desvelan cuando tienen posturas civilistas, pero asustan cuando son dogmáticas y horrorizan cuando se tornan punitivas, como usualmente ha sucedido en Colombia; bueno también en todas partes.
A la hora de pisar tierra y examinar con criterios éticos la evolución política de gobiernos catalogados de izquierda en Latinoamérica, descubrimos que no son muchas las diferencias con los regímenes llamados de derecha, envolviendo en una nebulosa la frontera que divide la izquierda de la derecha y volviendo improductivo cualquier raciocinio basado en esa nomenclatura para distinguir políticas de los gobiernos.

Ya está lejana la época cuando todavía ocurrían tertulias, donde con esfuerzo intelectual nos permitíamos discurrir con solvencia ética sobre temas como la libertad, la igualdad, los derechos, el poder, lo justo, lo legal, lo legítimo, que son ideas centrales del debate político en cualquier tiempo y en cualquier sociedad.

Cuál es la diferencia de políticas ambientales y de respeto a los derechos de los pueblos indígenas entre el izquierdista Evo Morales que apoya la colonización cocalera del TPNIS, y la locomotora minera y petrolera que impulsa el derechista Juan Manuel Santos en territorios de grupos étnicos. Entre el entonces derechista Álvaro Uribe Vélez, que miraba a un lado cuando los paramilitares desplazaban a campesinos para apoderarse de sus tierras y el también entonces presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva que se hacía el de la vista gorda cuando sus paisanos cultivadores de soja avanzaban en campos paraguayos, sacando a los campesinos de sus tierras con uso de la violencia, o cuando Garimpeiros invadían territorio Yanomami, causando estragos en la población. Y cuál la diferencia entre la izquierdista (según Chávez, Correa y Ortega) Cristina Fernández de Kirchner que aprueba la apertura en Tierra del Fuego de una planta de glifosato para la gigante corporación Monsanto, y los gobiernos de derecha que firman tratados de libre comercio con los países capitalistas avanzados. Y así podríamos seguir comparando las políticas indigenistas del izquierdista Correa y el derechista Piñeira, y las conflictivas relaciones con el sistema interamericano de derechos humanos de los izquierdistas Chávez y Correa y del actual gobierno derechista de Honduras.

Con esta nomenclatura de izquierda y derecha dónde situaríamos a Ollanta Humala, el “buen soldado” de Chávez, que se presentaba como un nacionalista de izquierda y convocaba a asambleas plebiscitarias en Bambamarca y Cajamarca para que el pueblo se pronunciara por el agua o el oro, el agro o la mina. Y que aunque la población eligió sus aguas y sus tierras, hoy es el principal promotor de las empresas transnacionales mineras y petroleras. “Los expertos que pensaban que Humala terminaría moviéndose hacia la izquierda, estaban equivocados. El presidente es un hombre de tan pocos principios como de palabras.”, comentaba la revista británica The Economist. Definitivamente el presidente Humala comparte con su antecesor Alan García, la idea de que “los indígenas no son ciudadanos de primera clase” y por lo tanto, no es de estricto cumplimiento honrar los compromisos hechos en campaña (Alan había hecho exactamente lo mismo). Y aquí está el meollo del asunto. Se sabe que es estratégico que políticos de pocos principios luzcan una imagen progresista o de izquierda, para obtener réditos electorales. Pero lo que poco se ha discutido es cuan estratégicos son los gobiernos de izquierda para las transnacionales que vienen por los recursos primarios. Humala es un ejemplo. Igualmente lo es Correa. Y también Chávez, pues como podríamos entonces entender que este izquierdista y antiimperialista gobernante sea el mandatario latinoamericano que más ha acrecentado la dependencia económica de su país con los Estados Unidos, lo que llevó a Obama a afirmar que Venezuela bajo Chávez no representa ningún peligro para los intereses de EE UU.

La franja política que más réditos le ha dado a las transnacionales mineras y petroleras es la izquierda. Naturalmente no los van a sacar gratis y tendrán que pagar un poco más de regalías; eso hace parte del juego. Pero tienen la ventaja de que la gente no se moviliza contra un gobernante de izquierda que ha sido elegido por los más pobres. Y otra vez el Déjà vu que se repite y se repite sin tregua: “A un gobierno de izquierda no se lo puede criticar”. “No se le puede hacer el juego al enemigo”. La enorme ventaja de la que también gozan las transnacionales extractivistas es que la derecha tampoco se movilizaría contra las locomotoras mineras y menos por razones ambientales, pues dónde y cuándo se ha visto que la derecha se haya interesado por la ecología y el respeto a los bienes de la naturaleza de los territorios de indígenas, negros y campesinos.
Para el movimiento indígena colombiano sería conveniente reflexionar sobre el trato que Evo Morales, el izquierdista fundador de Estado plurinacional de Bolivia da a los indígenas que defienden su territorio tradicional del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure), o el trato que el izquierdista Rafael Correa da a sus indígenas, y compararlo con el trato que le da el gobierno derechista de Juan Manuel Santos a los pueblos indígenas del Cauca. Se encontrarían con muchas similitudes. Pero también se sorprenderían de algunas diferencias. Hasta ahora, ni siquiera el más agreste contendor de los indígenas como Álvaro Uribe Vélez, llegó a referirse a los pueblos indígenas como enemigos internos de la Nación, como si lo han hecho Correa y Evo. Pero más interesante sería que reflexionaran sobre las ideas que tienen los gobiernos que se definen de izquierda, sobre la ecología y el desarrollo económico y las comparen con las de gobiernos de derecha. Aquí las falencias éticas de ambas tendencias políticas se hacen más visibles.

Que Chávez se denomine de izquierda y que presente la estatización de empresas como socialismo, más concretamente como “Socialismo del siglo XXI” es impúdico populismo. “El pasar de los años no te envejece, te desenmascara” comentaba en una tertulia del DIADEM (Diálogos Democráticos) el analista boliviano Iván Arias Durán para referirse a la pérdida de legitimidad del discurso indigenista y pachamamista del gobierno de Evo Morales. También con el correr de los años el Socialismo del Siglo XXI se viene quitando la máscara, apareciendo la verdadera imagen de lo que realmente ha sido: un populismo chabacano, acicalado con términos izquierdistas.

Y así como el estatismo de los medios de producción en Rusia y la abolición por decreto de las clases sociales, no condujeron al socialismo, sino al capitalismo mafioso de Putin, tampoco el control estatal de las rentas del petróleo o el gas y el uso de rituales indígenas y tradiciones culturales precolombinas, presentados como elementos constitutivos del Estado Plurinacional de Bolivia, conducen necesariamente al socialismo. Y es cada vez más evidente que el discurso indigenista del “Movimiento al Socialismo” (MAS), una novedosa mezcla de katarismo, pachamamismo y marxismo,  la versión andina del “Socialismo del siglo XXI”, más que un proceso de construcción de una Nación pluricultural y democrática, que es la forma como entenderíamos un socialismo en nuestros países, se trató de una estrategia política para la toma del poder de Evo y de su base social andina, que según el  vicepresidente Álvaro García Linera era el “bloque indígena-plebeyo”, que estaba llamado a tomarse el poder en Bolivia. Los pueblos originarios del TIPNIS se encargaron de hacer más visible este infundio, cuando decidieron, apoyados por el resto de pueblos indígenas de la Amazonia y el Chaco, marchar a la capital para defender su territorio ancestral y oponerse también a los intereses de las empresas brasileñas que operan en el TIPNIS.

Resguardo Karmatarua, Julio 16 de 2012

Junio 25, 2012
by jenzera
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El capitalismo extractivo y los gobiernos de Evo, Cristina, Ollanta, Correa y Chávez.

Por: James Petras

Los gobiernos progresistas de Latinoamérica mantienen una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al tiempo que fomentan la expansión del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa, pero en la práctica desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital.

Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el “capitalismo extractivo” y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos “neocoloniales”. Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases “dirigentes” locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre “la cúpula” y “la base” de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.

El bando progresista

Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete países de América Latina que constituyen lo que se podría denominar el “bando progresista”: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.

Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países son: 1) la trayectoria política anterior: la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros; 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el ámbito de la política exterior, en especial en lo referente a la intervención y las medidas sancionadoras estadounidenses; 3) la retórica ideológica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en América Latina; 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos; 5) el rechazo vehemente del “neoliberalismo” y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales; 6) la perspectiva estratégica que concibe un proceso prolongado de transformación social que subraya un calendario compuesto de modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales y; 7) la permanencia política en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparándose en la necesidad de completar esa concepción transformadora.

El bando progresista tiene de sí mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, según la cual representa una ruptura o quiebra “histórica” con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarquía neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda “estatalista”. En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retórica alusiva al “socialismo del siglo XXI”. La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan políticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor.

La “división entre izquierda y derecha” tal como la representa el Bando Progresista (BP)

Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varían en función de si emanan de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del BP, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional:

1. NACIONALISMO: a) mediante la renegociación de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudación de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas públicas; b) mediante el aumento de la inversión estatal, convierte empresas de titularidad íntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector público y privado; c) mediante el incremento del pago de regalías suaviza la “explotación extranjera”; y d) mediante una mayor presencia de “tecnócratas locales” acrecienta el control nacional de decisiones estratégicas.

2. POLÍTICA EXTERIOR: El bando progresista ha desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de países imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posición estadounidense en la reunión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas. El BP ha manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense, a las “reformas estructurales” del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crédito. Con la excepción de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportación. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5% de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9%; y Bolivia, el 8,2%.

3. POLÍTICA SOCIAL: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reducción de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mínimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos países ofrecen créditos y financiación asequible para pequeñas y medianas empresas, han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno público sin cultivar al modo de pequeña “reforma agraria”.

4. REGULACIÓN: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos químicos tóxicos y semillas transgénica. Han autorizado la expansión de la minería, la agricultura y la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo “productivo” y limitar la “financiarización” de la economía.

5. POLÍTICA LABORAL: Se ha basado en un “modelo corporativista” de negociación y conciliación empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la de limitar los déficits presupuestarios a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos salariales. En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnización por despido no se ha aumentado. Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a través de la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a la protección de las prerrogativas de la dirección, al tiempo que se respetaba la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestión obrera o la “co-gestión”, salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial.

Ha sido necesaria la presión sindical a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de “flexibilidad laboral”, han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de producción.

La principal diferencia de política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la “puerta abierta” a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y violenta.

Continuidades y semejanzas entre los gobiernos neoliberales del pasado y los progresistas actuales

Los autores, profesores universitarios y periodistas de derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales del pasado, sin reparar en que hay semejanzas estructurales políticas y económicas a gran escala. Un análisis más matizado y equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempeñan un papel fundamental en el análisis de las limitaciones y los conflictos emergentes y la crisis que espera a los gobiernos progresistas. Además, estas limitaciones, fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo alternativos propuestos por los movimientos sociales populares.

El modelo de exportación agro-mineral ha hecho gala de deficiencias estratégicas profundas en su propia estructura y rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-minerales ha venido acompañado de la entrada a gran escala y largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez determina la tasa de inversión, las fuentes de incorporación de maquinaria, tecnología y conocimiento, así como el control del procesamiento y la comercialización de materias primas.

Los “socios” multinacionales de los gobiernos progresistas han condicionado su participación sobre la base de (a) la desregulación en la protección del medio ambiente, (b) el cese del control de precios y la introducción de “precios internacionales” para la venta en el mercado interior y (c) la libertad para gestionar las ganancias del comercio interior y transferirlas al extranjero.

También controlan las decisiones relacionadas con la explotación de las reservas mineras. La expansión de la producción se rige por criterios multinacionales propios y no por las necesidades del país “anfitrión”. En consecuencia, a pesar de la “renegociación” de contratos que los gobiernos progresistas celebran como “avance gigantesco” hacia la “nacionalización”, la pérdida acumulativa de los ingresos y el reequilibrio de la economía son sustanciales. Si se observa más allá del entorno agro-minero, el impacto negativo para el desarrollo posterior es importante.

El muy limitado impacto que el modelo agro-minero ejerce sobre el conjunto de la economía ha desembocado en abril de 2012 en un conflicto concreto entre la empresa nominalmente española Repsol y el gobierno argentino de Cristina Fernández. La conducta de Repsol ilustra los escollos que presenta la colaboración con empresas extranjeras del sector extractivo. Repsol se negó a aumentar las inversiones aduciendo que la regulación local de los precios reducía sus márgenes de beneficio. En consecuencia, entre 2010 y 2011 la factura energética de Argentina se multiplicó por tres pasando de los 3.000 millones a los 9.000. Además, Repsol repatriaba sus beneficios, pagaba elevados dividendos a los accionistas del exterior y, por tanto, influía muy poco en la creación de industrias en el interior que supusieran aportaciones al proceso o refinerías para procesar el petróleo.

La tentativa del fallecido presidente Kirchner de acrecentar las “propiedades nacionales” incorporando a un capitalista local (el grupo Peterson) no tuvo ningún impacto positivo, sino la mera consolidación del control de Repsol. Cuando Fernández se apropió de la mayoría de las acciones con el fin de establecer un control público e incrementar la producción local, la totalidad de los dirigentes de la Eurozona encabezada por el gobierno español y la prensa económica occidental lanzó una campaña furibunda, amenazó con litigar y auguró catástrofes económicas. El problema de “invitar” a multinacionales extranjeras a invertir es que resulta difícil retirarles la invitación. Una vez que entran en un país, al margen de lo defectuosa que sea su actuación, es difícil rectificar o corregir el perjuicio y pasar a un nuevo modelo de desarrollo centrado en lo público.

Todos los gobiernos progresistas, con la posible excepción de Venezuela, han firmado contratos de larga duración y a gran escala con multinacionales extranjeras importantes del sector extractivo. Aparte del incremento de las regalías, los acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los gobiernos neoliberales de derechas que les precedieron.

Evo Morales firmó un contrato de explotación a gran escala con Jindal, una multinacional india, para explotar la mina de hierro Mutún, importando prácticamente todas las aportaciones (maquinaria, transporte, etc.) y con un grado de “industrialización” muy limitada de la mena de hierro (en su mayoría, simples “pepitas” de hierro). La gran mayoría del gas y el petróleo de Bolivia la explotan “iniciativas conjuntas” del sector público y el multinacional y se envía al extranjero, lo que deja a más del 60% de los hogares rurales sin gas canalizado y significa que Bolivia tenga que importar casi todo su gasoil.

El Ecuador de Correa, otro presidente progresista destacado, firmó dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposición de la mayoría de las organizaciones indígenas, entre ellas CONAI. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociación de contratos que supone incrementar del pago de regalías y una mayor presencia de autoridades públicas, conservan una posición privilegiada en decisiones fundamentales relacionadas con la gestión, la comercialización, la tecnología y la inversión. A pesar de que se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas y de las multinacionales no son muy diferentes de lo que se sabía que sucedía bajo gobiernos “neoliberales” anteriores. Además, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los “tecnócratas” y administradores que trabajaron con gobiernos neoliberales anteriores desempeñan un papel destacado en la dirección de las iniciativas mixtas.

Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos en la reducción de los niveles de pobreza, lo hacen como consecuencia del crecimiento de la economía, no a través de la redistribución de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado políticas redistributivas: la concentración de rentas y de tierras, con elevados niveles de desigualdad, continúa intacta. En realidad, la jerarquía de la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayoría de los casos, se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre ellos se encuentran muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, así como “nuevos capitalistas” que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista.

El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las políticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto público y reducen la tasa de inflación. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Brasil, concretamente, ha atraído grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y la City londinense debido a sus elevados tipos de interés en relación con los de América del Norte y Europa.

Junto con la concentración de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las diferencias de riqueza. La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los granjeros, campesinos y jornaleros dedicados a la agricultura de subsistencia. Muchos de estos últimos siguen sometidos a unas condiciones de vida y laborales atroces. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por fortalecer la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrarias mientras los trabajadores quedan expuestos a la fumigación de productos químicos tóxicos no regulados.

Si la configuración de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especialización en la exportación. Con los gobiernos progresistas, las economías se han diversificado menos y dependen más de la exportación del sector agromineral y energético, y su crecimiento depende de la inversión extranjera a largo plazo y gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen más de la exportación de productos primarios.

Las políticas de libre mercado de los gobiernos progresistas exportadores de productos del sector agro-minero han estimulado el crecimiento de la actividad comercial a gran escala. El sector comercial está cada vez más influido por la entrada masiva de multinacionales de titularidad extranjera, como Wal-Mart, cuyos productos tienen origen en el exterior, lo que perjudica a los pequeños productores locales y a los minoristas.

La apreciación de la moneda ha afectado negativamente al sector manufacturero tradicional y a la industria del transporte, lo que ha supuesto una destrucción de empleo significativa, sobre todo, en el sector textil, del calzado y automovilístico de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Además, las medidas de apoyo para favorecer a los exportadores mayoristas del sector agro-mineral han venido acompañadas por una restricción del crédito a los pequeños empresarios locales, en especial a los abastecedores de mercados locales, que han recibido un duro golpe con la importación de bienes de consumo baratos (procedentes de Asia). Los agricultores que producen alimento para los mercados locales han visto reducido su impulso expansivo para ampliar la producción de cultivos de exportación como la soja.

En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al mismo tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa pero, en la práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y el poder ejecutivo.

Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una práctica de cooptación de dirigentes sociales y de clientelismo mediante los programas contra la pobreza para los sectores más depauperados de la sociedad.

Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales a gran escala que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad del BP depende abiertamente del aumento de la demanda de materias primas, del elevado precio de los bienes y de la apertura de los mercados. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones de clase independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas.

Los progresistas han conseguido “reformar” o sustituir las políticas caóticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el “capitalismo normal”. Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero desigual. En otras palabras: los “parámetros del neoliberalismo” se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política y diversificación mercantil. La toma de decisiones ejecutivas centralizadas basada en unos acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas se legitima mediante un marco electoral y una coalición política entre muchas clases sociales.

Las políticas interior y exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: sus orígenes radicales en las campañas para tomar el poder y la posterior adopción de una estrategia de exportación agromineral desarrollista, propugnada por tecnócratas neoliberales. La “síntesis” de estas dos experiencias aparentemente “contradictorias” encuentra expresión, por una parte, en la adopción de una posición política independiente y crítica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboración económica con los agentes del imperialismo económico, a saber: la firma de contratos a gran escala y largo plazo con multinacionales del sector energético y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han “redefinido” o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y políticas estatales, y no a sus elementos económicos (las multinacionales) dedicados a la extracción de materias primas y la explotación de la mano de obra. Del mismo modo, redefinen el significado de “antiimperialismo” equiparándolo al de oposición a las intervenciones políticomilitares y a la “justa distribución” de los beneficios entre el gobierno y su “socio” multinacional. Esta redefinición permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de la crítica regular a las políticas y prácticas del Estado imperial, mientras que la colaboración y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar los apoyos de los intereses empresariales del interior y el extranjero.

Cuando un gobierno progresista, como en el caso de la Argentina gobernada por Cristina Fernández, decide “nacionalizar” o, dicho con más precisión, obtener la mayoría de las acciones de Repsol, la multinacional petrolera de titularidad nominal española, toda la prensa económica, la Unión Europea y Washington denuncian la medida y amenazan con represalias. En otras palabras: el pacto tácito entre el bando progresista y los gobiernos imperiales consiste en que las diferencias políticas son tolerables, pero las medidas económicas nacionalistas no son aceptables. La renegociación de los contratos para aumentar los ingresos del Estado puede producir la suspensión temporal de nuevas inversiones, pero no una confrontación política. Sin embargo, la apropiación pública de una empresa extranjera del sector extractivo hace pensar en una hostilidad previsible y en represalias de los Estados imperiales. La suscripción por parte del gobierno progresista de Argentina a una medida de nacionalismo económico estuvo limitada, no obstante, a una empresa y un sector. El gobierno de Fernández no tenía y no tiene planes para expropiar en el futuro otras empresas del sector extractivo, ni la medida formó parte de una estrategia nacionalista general para avanzar hacia una mayor cuota de propiedad de titularidad pública. Más bien, la negativa de Repsol a aumentar las inversiones y la producción acrecentaba la dependencia de Argentina de la importación de petróleo, lo que estaba deteriorando su balanza de pagos y sus reservas de moneda extranjera. La negativa de Repsol a obedecer la agenda desarrollista de Argentina se basaba en la política de Fernández de mantener el precio del petróleo de consumo para el mercado interior por debajo del precio internacional. El descenso de la producción de Repsol era una forma de presionar al gobierno para que eliminara el control sobre los precios. De todos modos, el aumento del precio del petróleo tendría un impacto negativo sobre los consumidores industriales y locales, elevando los costes y reduciendo la competitividad de los exportadores y productores argentinos. En realidad, la intransigencia de Repsol amenazaba con debilitar el equilibrio de fuerzas social y político entre mano de obra y capital y entre exportadores del sector extractivo y consumidores populares, que sustenta la coalición mayoritaria del gobierno. En resumen, la medida tenía forma nacionalista pero contenido capitalista desarrollista.

Aún así, la medida ha polarizado la economía mundial entre el Occidente imperial y la izquierda latinoamericana, en la que los sátrapas latinoamericanos de siempre (Calderón, de México, y Santos, de Colombia) han apoyado a Repsol.

Las divisiones entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales

Antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los dirigentes progresistas mantuvieron lazos estrechos y apoyaron y participaron activamente con la “acción callejera” y la lucha de masas de los movimientos sociales. Esgrimieron las banderas del nacionalismo económico, la conservación del medio ambiente y el respeto a las reservas naturales de las comunidades indígenas, la igualdad social y la revisión de la deuda externa incluyendo el rechazo de las “deudas ilegales”.

Los movimientos sociales desempeñaron un papel importante en la politización y la movilización de las clases trabajadora y campesina para elegir a los presidentes progresistas. Esa convergencia duró poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros económicos ortodoxos para que dirigieran la economía. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economía nacionalista del sector público, concebida para diversificarse, y se pasaron a una “economía mixta” basada en empresas participadas con capital extranjero del sector extractivo. Primero, las comunidades indígenas de Perú, Ecuador y algunos sectores de Bolivia pasaron a la oposición aduciendo que no se tenían en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Luego, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado se arrancaron a demandar salarios más altos y un incremento en el gasto público. Los pequeños campesinos y productores reclamaron estímulos económicos para las explotaciones familiares y las industrias locales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias de explotación basadas en la reducción de los costes laborales y el abandono del mercado interior.

Los campesinos radicales sindicados y los dirigentes indígenas de los movimientos sociales pusieron en duda la estrategia extractiva agro-mineral en su conjunto, la distribución y la administración de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social defendiendo la reforma agraria, incluida la expropiación de grandes plantaciones y la redistribución de tierras a campesinos desposeídos.

Los dirigentes laborales reclamaban una política industrial que procesara “materias primas” con el fin de crear puestos de trabajo en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalización de bancos e industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayoría de sus líderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una parte mayor de los ingresos. Los gobiernos progresistas atrajeron a la gran masa de los dirigentes sociales a mesas de conciliación tripartitas para negociar y garantizar cambios progresivos. Los gobiernos progresistas resaltaron su oposición al “neoliberalismo”.

Lo redefinieron para calificarlo de capitalismo no regulado y basado en regalías bajas y financiación insuficiente de programas sociales. Los gobiernos progresistas consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales “utópicos” y reformistas progresistas. En época de luchas sociales, los gobiernos progresistas aludían a una “alianza de izquierda y derecha” y acusaban a quienes les criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales con fundamento imperial. Los llamamientos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos con los que se financiaba el creciente gasto social debilitó a la oposición de izquierda. Los aumentos moderados pero sostenidos de los programas contra la pobreza y el salario mínimo neutralizaron los llamamientos de los dirigentes radicales de los movimientos sociales. A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus “raíces igualitarias radicales”, fueron sobradamente capaces de obtener apoyo electoral masivo basándose en el crecimiento dinámico general de la economía y el crecimiento sostenido de la renta. Ambos fueron apuntalados durante largos periodos por un precio elevado de las mercancías.

Los presidentes extractivistas populares ganaron elecciones una y otra vez por mayorías sustanciales y fueron capaces de movilizar a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las mercancías y las múltiples oportunidades para la explotación de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez más elevado precio de las regalías. Los inversores extranjeros se sintieron atraídos por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado a base de lazos económicos con las multinacionales y de una alianza electoral con las clases bajas.

Estudio de casos del capitalismo extractivo y el Bando Progresista

Aunque los siete gobiernos del “bando progresista” comparten una estrategia común de desarrollo basada en la exportación de bienes primarios, hay diferencias significativas en el grado de diversificación de sus economías, en la naturaleza y características de los bienes que exportan, en la intensidad de la polarización y cohesión sociales y en la envergadura y el alcance de la oposición. En consonancia con estas diferencias, también hay diferencias sustanciales en el grado de sostenibilidad del “modelo progresista y extractivo”, o en la medida en que pueden verse sometidos a contestación o regresión.

En el bando progresista se pueden realizar distinciones siguiendo muchos criterios: entre los gobiernos basados en dirigentes carismáticos y que tienen una dependencia extrema de la exportación de bienes primarios (Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela) y quienes cuentan con sectores industriales y una dirección política más “institucionalizada” (Brasil, Argentina y Uruguay). También hay diferencias significativas en el grado de conflictos de clase y étnicos: Perú, Bolivia y Ecuador atraviesan por una etapa de resistencia generalizada importante por parte de las comunidades indígenas relevantes, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la población indígena es escasa, solo hay oposición aislada. En términos de lucha de clases, Bolivia ha vivido una generalización de las protestas por asuntos relacionados con la sanidad, la educación, la minería y los obreros fabriles.

Venezuela ha tenido que hacer frente a cierres patronales y boicots organizados por la élite económica (“lucha de clases desde arriba”). Ecuador encontró protestas generalizadas por parte de la policía. Casi todos los demás países (Brasil, Argentina y Uruguay) padecieron huelgas limitadas, en buena medida, por cuestiones salariales. Con la excepción de Bolivia, las principales confederaciones sindicales trabajan estrechamente y colaboran con los gobiernos progresistas; en cambio, los movimientos campesinos y de trabajadores rurales de Brasil, Ecuador y Perú han conservado mayor grado de independencia y militancia, sobre todo porque han sido los más perjudicados por las estrategias de exportación agro-mineral. En Venezuela y Brasil, los ejércitos privados de los terratenientes han desempeñado un papel fundamental en la lucha relativamente impune contra los beneficiarios de la reforma agraria.

La degradación medioambiental y más persistente se ha producido en Brasil, donde durante la década de gobierno del Partido de los Trabajadores se han “desbrozado” millones de hectáreas de bosque tropical. La explotación agrícola mediante productos químicos es contundente en la mayor parte de los países, en especial en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la soya se ha convertido en el cultivo de producción preponderante. Todos los principales exportadores agro-industriales (Brasil, Argentina y Uruguay) recurren a productos químicos tóxicos y semillas transgénicas que desencadenan infinidad de casos de perjuicios nocivos para los indígenas y sus hábitats naturales. La cuestión de la toxicidad y la degradación del medio ambiente derivada de las gigantescas empresas mineras y madereras está bien documentada en Perú, Ecuador y Uruguay. En general, cuanto más numerosa es la población urbana y cuanto más dispersas están las comunidades rurales afectadas negativamente, menor es la protesta ecológica y la probabilidad de que las ONG ecologistas desempeñen un papel importante en la protesta.

Como las industrias del sector extractivo están en las afueras de los principales núcleos urbanos; como la mayoría de las confederaciones sindicales colaboran con los gobiernos progresistas y consiguen incrementos salariales progresivos; y como la economía en general ha estado creciendo y el desempleo ha disminuido, los desequilibrios macroeconómicos, la dependencia de los bienes y las vulnerabilidades estructurales conexas no se han traducido en confrontaciones importantes entre capital y mano de obra. Los conflictos más discutidos que se han producido se han dado entre las élites neoliberales ortodoxas respaldadas por Estados Unidos y las potencias europeas y los gobiernos progresistas. Nos vienen a la memoria varios ejemplos.

El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y España organizó un golpe de estado fallido que fue contenido y un cierre patronal en el sector petrolero que fue derrotado. En el año 2011, un levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de estado abortado en Bolivia fueron desbaratados con éxito antes de que adquirieran empuje. En el año 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en Argentina paralizó el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba contra una tasa impuesta a la exportación y acabó con concesiones del gobierno.

En buena medida, estas “luchas de clases desde arriba” operaron a favor de los gobiernos progresistas porque les permitió plantear la cuestión de forma unificada como si se tratara de una lucha entre un gobierno democrático popular y una oligarquía autoritaria y retrógrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporalmente, las críticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de “la derecha” pulió las credenciales del bando progresista y elevó su popularidad.

Aunque el apoyo popular era importante para el sostenimiento de los gobiernos progresistas frente a las campañas de desestabilización más derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unión Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo del ejército, de algunos sectores de la élite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo. Los progresistas, adoptando “políticas moderadas” (entre las que se encontraban los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejército) consiguieron dividir a la élite, conservar el apoyo del ejército y aislar a la oposición de derechas. La derecha ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha supuesto un límite muy estrecho para la capacidad de injerencia e influencia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre el programa progresista.

El grado de “progresismo” en el seno del bando capitalista extractivo progresista varía de manera muy importante. El gobierno de Chávez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo de los golpes de estado, las guerras y el bloqueo de Estados independientes por parte de Estados Unidos: ha apoyado la re-renacionalización del petróleo, el aluminio y otras materias primas, la minería y las fuentes de energía. Su reforma agraria generalizada, que ha beneficiado a 300.000 familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pública y la educación superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de alimentos básicos a través de supermercados de propiedad pública y la vivienda pública de bajo coste y a gran escala para los pobres, junto con las campañas de alfabetización y la formación de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales han profundizado y ampliado el proceso de socialización.

A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado políticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas están pensadas para incrementar los ingresos, más que producirse en el marco de una estrategia de transformación a gran escala y largo plazo. No han seguido los pasos de Chávez sobre la reforma agraria y un mayor refuerzo del gasto social en salud, vivienda y educación superior. Presentan como “reforma de las tierras” la gestión de tierras lejanas, públicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de los cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y prestaciones sociales para hacerlos acordes con el aumento de los ingresos derivados de la exportación de bienes y en sintonía con la tasa de inflación; Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y defendido a los principales titulares de terrenos del sector agrario.

Los gobiernos menos “reformistas” y con las credenciales “progresistas” más dudosas son los de Brasil, Uruguay y Perú (bajo el gobierno de Humala), que han adoptado un programa de libre mercado; fomentan activamente la gran afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, rebajan la categoría de millones de hectáreas de bosques tropicales (en especial, Brasil), promueven el sector agrario empresarial y se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades y han recurrido a la dispersión de campesinos y personas sin tierra a las ciudades grandes y pequeñas, donde ejercen de reserva de mano de obra para el capital o se suman al sector informal mal remunerado. Estos gobiernos progresistas “moderados” han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo de oposición a las medidas imperiales estadounidenses en Oriente Próximo. Su “progresismo” se ve en el apoyo que prestan a la integración regional, en su oposición a la hegemonía estadounidense en el continente (oponiéndose al golpe de estado de Estados Unidos en Honduras, al bloqueo de Cuba y a las injerencias en Venezuela) y en la diversificación de los mercados exteriores. Brasil encabeza la marcha en la asistencia a los especuladores de Wall Street y en el gasto público contra la pobreza con unas cestas de alimentos básicas. La reducción de la pobreza queda igualada por el espectacular aumento del número de millonarios vinculados a los sectores financiero y de la exportación de productos agro-minerales. Los progresistas “moderados” tienen el historial más imponente (y bien documentado) de degradación medioambiental en curso. En Perú, Humala ha dado luz verde a una explotación minera que amenaza al medio de vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca; los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado en una década la destrucción de millones de hectáreas de bosque tropical amazónico y el desplazamiento de montones de comunidades indígenas. En Uruguay, los presidentes Tabaré Vazquez y Mújica, del Frente Amplio, favorecieron que la fábrica de celulosa Botina, muy tóxica, contaminara el río Paraná a pesar de las protestas masivas.

En resumen, es difícil generalizar acerca de la actuación del bando progresista, dadas las divergencias de política social y económica. Pero se puede esbozar una especie de “tarjeta resumen”. Todos los gobiernos han reducido los niveles de pobreza e incrementado la dependencia con respecto a las exportaciones e inversiones del sector agromineral.

Todas han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo; muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero debido a la apreciación de las monedas y la pérdida de competitividad derivada de la subida de los precios de los bienes de exportación. Los acuerdos de aumento progresivo de salarios han desembocado en un menor nivel de conflicto social en las ciudades (con la excepción de Bolivia), pero el desplazamiento de campesinos y la degradación han intensificado conflictos en el interior entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión del Estado (Perú).

El impacto social de los gobiernos progresistas tiene un abanico de variaciones muy amplio, donde Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance y el resto carece de visión o proyección a largo plazo para redistribuir la riqueza, las rentas o la tierra. Su apoyo común a la integración regional va aparejado de divergencias importantes en el acomodo a la política militar estadounidense.

Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, mientras que Brasil, Uruguay y Perú han firmado acuerdos militares con el Pentágono.

El rendimiento económico general es desigual. La economía de Brasil, en especial su sector manufacturero, se está estancando en un crecimiento cero o negativo en los años 2011 y 2012; Venezuela se está recuperando pero con una tasa de inflación del 20%, mientras que el resto del BP está experimentando un crecimiento sostenido pero una creciente dependencia de la exportación de bienes al mercado asiático (China).

Las alternativas a las economías extractivas vigentes varían enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificación en una alta prioridad; los gobiernos brasileño y argentino están adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un éxito limitado, sobre todo porque sus políticas vienen contrarrestadas por la expansión real de la extensión de tierras dedicada a la producción de soja y bienes de exportación. Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hablan de diversificación, pero han evitado tomar medidas para pasarse a la producción de alimentos y la agricultura familiar y todavía tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local mediante una política de industrialización con financiación pública.

James Petras es doctor en Filosofía, fue miembro del Tribunal Russel sobre la represión en América Latina; director del Instituto de Estudios Mediterráneos de Atenas y director del Proyecto de Estudio del Desarrollo Latinoamericano en el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Pennsylvania. Actualmente es profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Texto traducido por Ricardo García Pérez; fuente: http://www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=11&inicio=0

Junio 25, 2012
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Mujica. Un presidente modesto

Dino Cappelli

Montevideo

Vive en su chacra de las afueras de Montevideo, en Rincón del Cerro, tal como había prometido. Lo rodea su esposa, la senadora Lucía Topolansky, la inseparable perra Manuela –nada de raza, nada de abolengo canino-, sus cultivos y mucho verde. Eligió para quedarse el lugar en el mundo que encontró hace años y le atrapó.

Desde allí dona a fondos de ayuda social un 90% de su salario, establecido en unos 12.500 dólares americanos. Cada mes, ‘Pepe’ Mujica recibe 250.000 pesos por su tarea como Presidente del Uruguay y Comandante en Jefe, pero de allí sólo rescata para su manutención mensual unos 20.000 pesos. El resto se distribuye desde el Fondo Raúl Sendic, que administra su fuerza política, el Movimiento de Participación Popular, que ayuda a emprendimientos productivos hasta simples colaboraciones, y ONG que colaboran con viviendas. Dice a los cuatro vientos que “con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos”.

Es el mismo que propone donar las jubilaciones presidenciales –esas astronómicas cifras que permanecen cobrando los ex presidentes constitucionales del país- y el mismo que utiliza un simple Chevrolet Corsa como vehículo de transporte oficial. A muchos años de la moto Vespa que utilizó para llegar al Parlamento a la salida de la dictadura, ya ungido como diputado, Mujica ha mantenido su perfil. Más acicalado que en épocas de proselitismo político, igualmente el protocolo es algo bien alejado de sus intenciones habituales.

El último ejemplo lo ubicó en la ferretería del barrio Paso de la Arena, hacia donde fue para adquirir una tapa para inodoro. Compró lo que iba a comprar, y acto seguido aceptó una invitación informal de los jóvenes de la zona, nucleados en el humilde club de fútbol Huracán. Sin seguridad, sin eufemismos, Mujica brindó una sencilla charla de aliento a los futbolistas que participan en el torneo de la Segunda División Profesional… aferrado a la tapa del inodoro recién adquirida.

De repente un Volkswagen Fusca, celeste, muy bien conservado, llegó a estacionarse frente al gimnasio del club. De alpargatas, con equipo deportivo, el Presidente dedicó varios minutos a los jóvenes deportistas, y prometió mayor atención a la institución además de convenir en “comer un asadito si el club asciende a Primera”. Se sacó fotos, aceptó fotos, concedió abrazos y se fue con el aplauso de todos, abrazado a su perra Manuela que a estas alturas del mandato ya entiende de absolutamente todos los temas.

Ya de regreso a su chacra –esa finca que a lo lejos es custodiada por efímeras fuerzas policiales aceptadas a regañadientes por el mandatario uruguayo- Mujica continúa con su día. Revisa la tierra, mientras declara su auto VW Fusca como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares.

De acuerdo a la última declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Mujica sólo es dueño de este coche, mientras la chacra figura a nombre de la primera dama y senadora Topolansky, la cual también dona parte de su salario. Sin cuentas bancarias, sin deudas, el hombre dice dormir tranquilo, y asegura que espera culminar su mandato para descansar, más tranquilo aún, en su chacra de Rincón del Cerro.

 

Junio 25, 2012
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¿Hacia dónde va el movimiento indígena colombiano?

Víctor Segura Lapouble

Profesor universitario

 

En esta entrevista[1] el antropólogo Efraín Jaramillo Jaramillo da su opinión sobre aspectos controvertidos de las organizaciones de los aborígenes colombianos y las conflictivas relaciones que han tenido con las izquierdas. Este dialogo tuvo lugar en Bogotá el 28 de abril de 2012, con  motivo de la presentación del libro “Los Indígenas colombianos y el Estado. Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad” del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Colectivo de Trabajo Jenzera. Esta entrevista busca suscitar el debate sobre los conflictos que lesionan a estos pueblos tan significativos en la historia del país. [2]

 

Víctor Segura Lapouble (V.S.L.)- Para empezar, hablemos un poco sobre la historia y dinámica de las recientes luchas indígenas en Colombia; cómo se iniciaron, qué las motivaron, cuáles fueron sus objetivos, cómo se desarrollaron…

Efraín Jaramillo Jaramillo (E.J.J.)- Luchas indígenas se han presentado siempre desde la época de la Conquista española. La historia de Colombia está llena de episodios de esta naturaleza; la mayoría de estas contiendas las dieron los indígenas para detener la invasión de sus territorios, impedir el saqueo de sus bienes y riquezas y evadir la esclavitud. Pero en esta última etapa de movilización indígena, que es a la que seguramente te refieres, las luchas se dieron por la tierra y empezaron principalmente en el departamento del Cauca. Y se originaron allí, por cuanto el Cauca es una región que se ha caracterizado por enérgicas protestas y levantamientos protagonizadas por sus pobladores ancestrales contra los poderes que los han dominado; por lo general estos alzamientos eran de naturaleza insurreccional en la medida en que estaban dirigidos contra gobiernos locales, que representaban los intereses de los gamonales, los terratenientes y la iglesia, que en casi todas las zonas estaban aliados o eran los mismos. Importante para entender esta movilización de los indígenas, iniciada a finales de los años 60, es que tuvo lugar en un contexto generalizado de lucha por la tierra en Colombia. Para el caso indígena tuvo que ver con la recuperación de las tierras de sus resguardos, acosados por el hambre y la miseria.

V.S.L.- ¿Sigue siendo la lucha por la tierra el motor de sus movilizaciones?

E.J.J.- En Colombia todavía hay pueblos y comunidades que no tienen asegurada la tierra, pero aquellos pueblos que llevaron a cabo con éxito las recuperaciones de tierra en los años 70, están mejor y gozan de un ostensible bienestar económico y social, aunque todavía no hayan logrado erradicar totalmente la pobreza. En el Cauca, sin embargo, recuperadas buena parte de las tierras de sus ancestros y mejoradas sus condiciones de vida, han aflorado otros problemas y el eje de las movilizaciones se ha venido desplazando en estas últimas dos décadas hacia la búsqueda de espacios propios de representación política, hastiados de que sean los partidos y otras fuerzas políticas, los que les condicionen, o aún, definan sus agendas. Esto condujo a que aquellos partidos con un marcado sentido autoritario de su práctica política decidieran ignorarlos, cuando entendieron que no podían cooptarlos; pero ha llevado también a que a los indígenas se arrimaran otros sectores sociales, que como los negros, los campesinos y sectores populares de ciudades y pueblos vecinos, buscaban hacer tolda común con ellos, procurando subirse a un escenario político-organizativo propicio para luchar, como movimiento social pluricultural, contra ese entramado de exclusión social y política que los afectaba a todos por igual.

V.S.L.- ¿Podría entonces señalarse que las primeras movilizaciones indígenas eran de naturaleza campesina, mientras estas últimas son de origen cultural y político?

E.J.J.- Existen varias interpretaciones al respecto. Analistas de la izquierda marxista plantean que se trató de una genuina lucha de clases de indígenas-campesinos sin tierra, contra terratenientes. Pero hay historiadores y antropólogos que sostienen que desde siempre han sido movilizaciones étnicas por la defensa de sus culturas y recuperación de sus territorios ancestrales. A mi juicio las dos interpretaciones más que excluirse mutuamente, se complementan. Los indígenas empiezan a movilizarse en momentos en que la situación social y económica de sus comunidades se había vuelto insostenible por la falta de tierras; en eso su situación no se diferenciaba mucho de la que vivían los campesinos; pero a diferencia de estos, los indígenas no luchaban por cualquier tierra; para ellos era importante volver a tener  dominio sobre el territorio de sus ancestros y liberarse de la humillante opresión que sufrían, precisamente por encontrarse separados de sus tierras. No obstante siempre habrá apóstoles en ambas orillas, que recargan ideológicamente estas contiendas indígenas por la tierra, caracterizándolas como luchas de clase o como luchas étnicas. Cuando se exacerban estas divergencias interpretativas, puede conducir a divisiones, como las que se dieron en el CRIC[3] a finales de los años 70. Ahondar en esto es un tema para la academia, pues los indígenas ya no le prestan mayor atención, porque andan en otras cosas. Lo importante de entender de esta historia es que los indígenas del Cauca se hicieron a la tierra de sus mayores, ampliaron aún más sus resguardos, mejoraron sus condiciones de vida, fortalecieron sus organizaciones, se sacudieron el yugo de los gamonales y de la iglesia, eliminaron los sistemas de terraje y otras formas de servidumbre, y desarrollaron con éxito programas propios de producción, salud y educación. En síntesis derrotaron a los terratenientes del Cauca que los habían despojado de sus tierras, superaron sus aprietos materiales y dieron vuelta a la página. Hoy enfrentan, como le digo, otros problemas.

V.S.L.- Pero hay quienes opinan que el movimiento indígena no anda bien y que se requiere devolver la página para ver donde están los errores, o las “desviaciones”, como las llaman algunos críticos.

E.J.J.- Por lo general las cosas no tienen vuelta, veamos: ya hoy en Colombia no se puede hablar de un movimiento indígena homogéneo. Eso es una generalización que ha despistado a muchos. El movimiento indígena que impresionó positivamente a los colombianos y sacó a la luz pública la problemática de sus  pueblos, venía gestándose tres décadas antes en el Cauca y el Tolima con los levantamientos del legendario líder indígena páez Manuel Quintín Lame Chantre, para impedir la disolución de los resguardos. Estas luchas adquirieron, como te dije antes, sus más álgidos momentos al calor de las luchas campesinas por la tierra a finales de los años 60. Con estas características se fue  conformando este movimiento indígena que se expandió por toda la zona andina. A los indígenas en estas regiones de las cordilleras de los Andes y sus Valles, más allá de sus identidades culturales particulares, los juntaba la necesidad de tierra y sus adversarios eran los terratenientes. Esto generó una identidad política sin par, que es la que aglutinó a sus pueblos y embocó sus luchas en un solo torrente. En las llanuras del Oriente colombiano y en las selváticas zonas del Amazonas y del Pacífico, las luchas surgieron un poco después y no las definía la recuperación de sus tierras; de lo que se trataba allí era de defenderlas frente a compañías extractoras de recursos (madereros y mineros), ganaderos y aún de campesinos colonos, expulsados desde el interior del país por la violencia. El movimiento indígena que surgió en la zona andina fundó la ONIC[4] en 1981, con la concurrencia de indígenas de la Selva, los Llanos Orientales y el Pacífico…

V.S.L.- ¿no fue esa la época que caracterizaste como la edad de oro del movimiento indígena colombiano en un artículo de Mundo Indígena de IWGIA?

E.J.J.- Si, fueron unos años extraordinarios; de ascenso organizativo y cualificación política, durante los cuales se fundaron la mayoría de las organizaciones regionales y zonales que hoy existen en el país. Líderes indígenas del Cauca, sus colaboradores y varios amigos que trabajaban en el INCORA[5], colaboraron para que se crearan los resguardos indígenas en el Amazonas, la Orinoquia y el Pacífico. Este movimiento indígena representado por la ONIC , logra en esa época, que va hasta mediados de los años 80, abarcar a más del 90% de los 82 pueblos indígenas que hay en el país, alcanzando una unidad que no se había logrado en otro lugar de América. Es allí cuando llegan los apóstoles que traen la creencia de que pueblos indígenas selváticos no podían ser orientados por una organización, que como la ONIC,  era guiada por una organización andina como el CRIC, y menos que una y la misma organización estuviera cobijando indígenas de zonas tan diferentes como la Selva, el Llano y los Andes. De esa forma se presenta una segunda ruptura en el movimiento indígena, que es el germen de lo que años más tarde sería la OPIAC[6].

V.S.L.- ¿Cuál fue y como se presentó la primera ruptura?

E.J.J.- La que mencioné antes y que se presentó en el CRIC, la organización indígena más definida y emblemática del país, que ostenta el mérito de haber derrotado a una clase terrateniente retardataria y punitiva, si bien con grandes sacrificios y pérdidas en vidas humanas, pues hasta finales de los años 80 habían muerto cerca de un millar de indígenas, entre ellos muchos líderes destacados. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, en momentos muy difíciles para el CRIC, cuando el presidente Turbay Ayala con la expedición del Estatuto de Seguridad, le declaró la guerra a los indígenas del Cauca para acabar con sus luchas por la tierra, llegan otros apóstoles, diferentes a los anteriores, que difunden la alucinante idea, de que entre guambianos y paéces, los dos más significativos pueblos indígenas del Cauca, que habían luchado hombro a hombro por las tierras de sus resguardos y contra el terraje, habrían diferencias culturales, y por lo tanto ideológicas y políticas en la forma de concebir la tierra; de esta forma se fraguó el fraccionamiento del CRIC, dando lugar al surgimiento de AISO[7], que es el embrión de lo que más tarde sería AICO[8]. Estoy simplificando las cosas, pues en el fondo de esta ruptura se encontraba la teoría de las nacionalidades indígenas que estaba en boga en México y que aquí algunos amigos cercanos a los indígenas la acogieron con devoción. Se trató de un momento muy inoportuno para plantear diferencias ideológicas. Pero bueno, así son los apóstoles, llegan cuando uno menos lo espera. Hay una amplia pléyade de ellos, unos con ruana, otros con sotana, otros de bluyín, de corbata o de camuflado verde oliva, que generan nuevos cismas y nuevos movimientos. Se podría señalar más matices a estas aseveraciones gruesas, pero por ahí van los tiros. Quizás lo más importante de entender es que estas actitudes cismáticas son más comunes de lo que se cree; además, no se presentan exclusivamente en los indígenas, es un proceder colombiano, quizás latinoamericano. Así como reza el refrán, que palabra y piedra suelta no tienen vuelta, esta página tampoco se puede devolver.

V.S.L.- ¿Qué ha cambiado en los movimientos sociales étnicos en Colombia y que está sucediendo actualmente?

E.J.J.- Han cambiado muchas cosas. Los indígenas han cambiado; sus organizaciones han cambiado. Algunas organizaciones se han venido preparando para contender a sus adversarios que también han cambiado, pues ya no se trata únicamente de terratenientes que corren las cercas y empujan a los indígenas selva adentro y sierra arriba; ahora sus principales antagonistas son grandes empresas extractoras de recursos y economías de plantación que esquilman sus territorios y bienes naturales. En este sentido las principales  organizaciones indígenas no pretenden aislados enfrentar a adversarios tan poderosos; por el contrario buscan amigos que los apoyen y hacen alianzas con sectores sociales cercanos, para que sus movilizaciones tengan más impacto. En contraste, otras organizaciones, más tradicionales y al margen de las contiendas políticas que se han dado en el país, han procurado aislarse de cualquier proceso político, gestionando sus asuntos y enfrentando sus problemas sin apoyos o injerencias externas; los pueblos que así proceden, al encerrarse en esencialismos culturales, para blindarse de reales o imaginarias imposiciones culturales, son, vaya paradoja, cooptadas por el Estado, ONG y otras cosas parecidas. Pero lo más común que sucede es que pierdan el aliento y se ahoguen, ya que ningún pueblo ha logrado sobrevivir y desarrollarse aislándose y nutriéndose de su propia substancia. Sin embargo, una buena parte de las organizaciones, por no decir la mayoría, han sido arrolladas por la violencia en sus territorios. Pero hay más cambios que a mi juicio también hay que tener en cuenta para entender el desarrollo de las organizaciones y la cuestión étnica actual.

V.S.L.- ¿Cuáles por ejemplo?

E.J.J.- Uno que es muy importante. Aquella idea de Estado unitario y Nación homogénea, que había sido el ideal de muchos pensadores y élites políticas de Colombia, comenzó a resquebrajarse con la Constitución de 1991, y ya no va más. Surgieron a la luz pública otras visiones sobre cómo organizar la sociedad y el Estado, la producción, los territorios, otras formas de concebir el desarrollo y la ciencia, sustentadas por pueblos indígenas americanos y africanos, tornando la cuestión étnica en uno de los más importantes y complejos desafíos socio-políticos para el Estado y para la Nación colombiana. Y no obstante el menoscabo que sufrió la Constitución de 1991 con el reordenamiento económico, jurídico y político que se ha hecho del país en los últimos años para restaurar un régimen gamonalista y terrateniente, en el cual el presidente Uribe se empeñó a fondo durante sus ocho años de gobierno, no se logró desmontar el Estado liberal de derecho que se ha venido construyendo, y que ha disminuido el poder de los potentados, las ideologías y las religiones.

El otro cambio, esta vez no tan positivo, es el que se ha producido al interior de las organizaciones indígenas, como producto de la apertura del Estado hacia sus pueblos indígenas y afrocolombianos con esa Constitución. Ha surgido un tipo de dirigente, que representa a sus pueblos ante el Estado. Se trata de modernos profesionales de la política, con grandes capacidades oratorias, viajan mucho, se mueven con soltura en aeropuertos y hoteles, poseen excepcionales destrezas y donaire para desenvolverse en foros internacionales, manejan tecnologías novedosas como computadoras, celulares y otras cosas por el estilo; los que vuelan más alto, cruzan fronteras, son llamados a participar de organismos internacionales, son influyentes en entidades del Estado, llegan al Senado de la República o a la Cámara de representantes y ocupan cargos públicos tan importantes como la personería de Bogotá; hablan de tú a tú con gobiernos y agencias de desarrollo, y algo que antes no sucedía, les fascina el poder y figurar en los medios.

V.S.L.- Pero eso es positivo. Apropiarse de tecnologías modernas, ocupar cargos públicos y poder hablar con gobiernos y líderes mundiales de igual a igual es uno de los logros más importantes de la irrupción de los movimientos indígenas en la vida pública del país. Ya los liderazgos no operan desde el anonimato. No veo porque esto pueda ser negativo o perjudicial.

E.J.J.- En teoría no tendría porque serlo. Pero en la historia real la modernidad capitalista le ha jugado una mala pasada a las organizaciones con este nuevo liderazgo, que al moverse en ambientes genéricos y distanciados de sus pueblos, terminan borrando de sus mentes la dimensión real de sus comunidades y alejándolos espiritualmente de ellas. Esto conduce a que entiendan cada vez menos los problemas y descuiden los apremios más inmediatos de sus paisanos; pero también que se les vuelvan intrascendentes las redes sociales comunitarias y banalicen las particularidades étnicas que son los fundamentos de la identidad de sus pueblos. Utilizan los movimientos, alianzas, partidos políticos indígenas y a sus amigos, más como vehículos de promoción personal y menos como herramientas para forjar instituciones económicas y políticas dinámicas que viabilicen el mejoramiento económico y social, y aumenten la capacidad para defender los bienes comunes de sus pueblos. No los conmueve el drama que viven miles de sus hermanos desplazados en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, subsistiendo de la caridad pública; y tienen que estar muy confundidos estos líderes para no sentir indignación frente a esta situación. Peor aún, se debe estar muy alucinado para no entender que esto sucede en sus pueblos, no sólo por el conflicto armado, sino también porque tienen organizaciones e instituciones mal constituidas. Este desarrollo no representa pues un avance político de las organizaciones; y los líderes que se obnubilan con estas mieses que ofrece esta participación en el poder, procuran conservarlo a toda costa, bloqueando aún procesos internos de desarrollo institucional que puedan poner en peligro sus intereses.

V.S.L.- ¿De qué mieses estamos hablando que perturban la conciencia de esta nueva dirigencia?

E.J.J.- Como dijo Garganta Profunda en el escándalo de Watergate: siga la pista de la plata. En este caso pueden ser las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación; o ser recursos de la cooperación internacional, o dineros que brinda la solidaridad. Pueden provenir de la venta de recursos naturales de sus territorios a empresas extractivistas,  o recursos obtenidos por sus pueblos en luchas anteriores. El poder que brinda la representación política, abre muchas puertas para torcidas operaciones; vea usted el caso de un reconocido líder indígena que ha sido judicializado por enriquecimiento ilícito, siendo funcionario público, o el caso de algunos alcaldes indígenas que terminaron en la cárcel por apropiaciones indebidas de dineros públicos, que tenían como destino inversiones en salud y educación en sus comunidades.

V.S.L.- Pero eso sucede en todos los escenarios de la representación política. Muchos alcaldes y gobernadores del país están siendo investigados por lucrarse de recursos públicos o dineros que habían gestionado para sus municipios y departamentos.

E.J.J.- Pero claro que sí. Es un mal de muchos… No obstante para el caso indígena las consecuencias son generalmente graves. Con organizaciones y comunidades débiles para ejercer controles sobre sus dirigentes, crece en estos el oportunismo, como forma de convivencia con la sociedad mayor y sus instituciones, y se va perdiendo la vergüenza, ante todo aquel altruismo característico de los líderes históricos que orientaron la lucha por la tierra, prestando un servicio a sus comunidades y renunciando de antemano a cualquier reconocimiento material, lo que nos enseña que el liderazgo no sólo es poder, es ante todo responsabilidad. Ya que algunos de esos líderes históricos eran también guías espirituales de sus pueblos, se podría decir que lo que se presenta actualmente es el triunfo del funcionario sobre el chamán. Los colaboradores de las luchas indígenas que estuvieron al lado de esos líderes históricos, saben de qué estoy hablando. Un problema adicional que se presenta es que ventilar estos asuntos no es sencillo, pues estas apreciaciones críticas, aunque sean comedidas, no son bien recibidas por las organizaciones, que prefieren no hablar de estas necedades de sus dirigentes, ya que esto afecta la credibilidad y por lo tanto la solidaridad internacional.

Peor aún, en ocasiones surge una solidaridad étnica, o se articulan clanes familiares, que en algunas regiones cierran filas a su alrededor para retener privilegios, restableciendo aún instituciones y costumbres autoritarias del orden tradicional, que congelan el desarrollo institucional de las organizaciones indígenas. Pero tiene usted razón, de esto hay bastantes ejemplos, no sólo en las organizaciones indígenas y no sólo en Colombia. No quisiera hablar más de esto, no solo por pudor y porque siento vergüenza ajena, sino porque brinda un espectáculo bochornoso que desluce a los indígenas y no se lo merecen sus organizaciones. Y lo peor, dudo que sea útil.

V.S.L.- Entiendo que una sana contribución a las organizaciones indígenas es señalar sus equivocaciones; ocultarlas no les presta ningún servicio. En este país se halaga mucho y en nombre de la prudencia, se calla y no se polemiza. Pero estas críticas no se habían expresado de forma tan exacerbada como aquí lo haces. Es más, me atrevería a decir que los que las han expresado así, han sido gente de la derecha y de reconocida trayectoria anti-indígena. Lo sucedido con algunos indígenas que han ocupado cargos públicos y que han sido condenados por la justicia tampoco puede empañar la imagen de muchos otros líderes que han jugado un papel importante en las movilizaciones y en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, y que han sido perseguidos y asesinados como Cristóbal Secue, Álvaro Ulcué,  o desaparecidos por los paramilitares como Kimy Pernía, sobre el cual has hablado y escrito mucho.

E.J.J.- Polemizar es positivo y necesario, eso no tiene ninguna duda. No entiendo sin embargo porque  tenemos que hablar siempre y sólo de las cosas bellas, que también hay muchas en los pueblos indígenas. Creo que es más inteligente criticar. Sin embargo en algo tienes razón, y es que hay cierta exageración en lo que expreso; la exageración es en este sentido un recurso didáctico para llegar al núcleo de la cuestión, con el fin de destacarla y hacerla más inteligible. Pero para evitar los malos entendidos que pueda generar esta entrevista, le reitero una vez más, que este fenómeno no afecta a todas las organizaciones indígenas ni a todas las dirigencias; es una generalización que tiene grandes excepciones, como aquella dirigencia embera katio que orientó, con el inefable Kimy a la cabeza, las movilizaciones contra la represa de Urra; no sobra recordarlo, que se trató de una dirigencia que en parte fue asesinada o desaparecida y que hoy se encuentra desarticulada.

O en el Cauca por ejemplo, donde han surgido ocasionalmente élites que buscan beneficiarse del legado de las luchas del CRIC y que hacen creer a  sus organizaciones, que el movimiento indígena sin ellas no tendría sentido. Pero allí este tipo de liderazgo es efímero y sucumbe ante los sistemas propios de censura y control que tienen las comunidades. Además hay también procesos en marcha en otras regiones indígenas del país, tendientes a superar estos despropósitos que se presentan en las cúpulas de las organizaciones, y es interesante ver que pueblos, cansados de las actuaciones de estas élites indecentes, terminan removiéndolas, dándole así un giro radical a sus estructuras  políticas para salir del estancamiento en que las habían sumido. De esto hay varios ejemplos en el país. Quisiera mencionar uno a manera de ilustración; el resguardo embera chamí de Karmatarua o Cristianía, en Antioquia, que es hoy un modelo representativo de un buen gobierno indígena.

En fin, también es cierto que élites que concentran poder y gobiernan sin restricciones para beneficio propio, no es un asunto exclusivamente indígena, también está generalizado, y es aún más común, en el mundo de los partidos y de los movimientos sociales en Colombia. Esto desanima, pues le resta entusiasmo al activismo social, ensombrece el romanticismo de las luchas populares y vuelve aburrida la militancia política. Así andamos.

V.S.L.- Admitiendo que sea real este cambio de comportamiento que le endilgas a una parte de la dirigencia indígena, ¿explicaría ello que después de una efusiva agitación social protagonizada por los indígenas, los movimientos sociales de carácter étnico se encuentren en un momento de letargo, quizás de reflujo? ¿No tiene que ver esto más bien con el gobierno de Juan Manuel Santos, que asombró a propios y extraños al cambiar el estilo de Uribe de estigmatizar y criminalizar las movilizaciones indígenas? O que se relacione quizás con lo que se habla en los mentideros políticos de que este reflujo se debe a la influencia de ideologías que buscan cooptar o replantear las luchas indígenas.

E.J.J.- El enfoque que yo tengo es que los indígenas han actuado por su propia cuenta y sus movilizaciones han sido bastante autónomas, así hayan recibido influencias de colaboradores y asesores de sus organizaciones, lo que siempre ha sido así y no veo nada raro ni malo en ello. Esa que llamas efusiva agitación social de los últimos tiempos arranca en el momento en que el presidente Uribe toma la decisión de demoler al movimiento indígena, tal como lo había hecho con otros movimientos sociales, después de ver fracasados los intentos de cooptarlo. Un amigo nuestro que estuvo cerca de Uribe nos comentó que en una ocasión, sorprendido por la capacidad de movilización de los indígenas, había dicho que él, con gente de ese talante acompañando su política de seguridad democrática, la crónica guerra de los grupos insurgentes contra el Estado, tendría para ellos, y en especial para las FARC[9], un precio muy alto. Yo le creo.

V.S.L.- ¿Le crees a tu amigo, a que Uribe expresó esto o a que los indígenas tengan esas facultades?

E.J.J.- Las tres cosas. El amigo de entonces era en esa época una fuente confiable, no sé ahora. Y Uribe conoce muy bien la capacidad de movilización de los indígenas del Cauca. Y debe haber seguido de cerca el gobierno de Fujimori en el Perú, y conocido además lo que le sucedió al MRTA[10] en ese país, cuando este grupo guerrillero asesinó al dirigente asháninca Alejandro Calderón en 1989, bajo la acusación de que él, 25 años atrás, había entregado al ejército peruano a un dirigente del MIR[11]. Este hecho provocó el levantamiento indígena más impresionante de toda la Amazonia, después del protagonizado por Juan Santos Atahualpa en el siglo XVIII. En menos de tres meses cerca de 10.000 ashánincas del gran pajonal, armados de lanzas y flechas asaltaron los campamentos del MRTA, causándoles considerables bajas y forzando a esta guerrilla a abandonar la región. Fue el comienzo de su fin, pues cuando Fujimori le asestó el golpe terminal con la cruenta retoma de la embajada del Japón, donde murieron sus líderes, ya este movimiento se había marchitado. También Uribe tuvo que haber oído hablar del movimiento indígena zapatista en Chiapas y de otras insurrecciones de carácter étnico en el mundo, que han amenazado con despedazar Estados.

V.S.L.- ¿Piensas que pueda suceder algo así en Colombia?

E.J.J.- Ya sucedió. El Movimiento Armado Quintín Lame surgió en el Cauca para frenar el asesinato de líderes indígenas durante la lucha por la tierra, pero para nadie es un secreto que los grandes enfrentamientos los tuvieron con el VI frente de las FARC , después de que este grupo asesinara en 1982 a Ramón Júlicue, líder indígena páez del resguardo de San Francisco en el Norte del Cauca, y a su hijo. Esta fue la gota que colmó el vaso. Habían sido muchos los abusos que este frente había cometido con los indígenas; para ello basta sólo mirar los comunicados del CRIC de esa época. Al final se llegó a acuerdos de no agresión, pero después de que estos enfrentamientos habían causado cerca de un centenar de muertos en ambos bandos. Esos acuerdos fueron firmados por Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano que ya no son de este mundo, acuerdos que corren el peligro de olvidarse, con más veras, debido a la crónica amnesia que sufren los grupos insurgentes.

También había sucedido en planadas (Tolima), cuando las FARC asesinaron a una familia indígena páez, acusada de ser  informante del Ejército; esto ocurrió por allá en los años 60, durante la Operación Marquetalia; por aquel entonces los paeces crearon un grupo de autodefensa con cerca de 150 hombres, desatándose una guerra con las FARC que duró casi 20 años. Lo mismo sucedió en Ortega[12] (cordillera occidental del Cauca) con también indígenas paeces; allí, en el 2003, se desmovilizaron 160 combatientes de estas autodenominadas autodefensas campesinas de Ortega, poniendo fin a cerca de 4 décadas de actividad armada contra las FARC. En los dos últimos casos, el ejército les facilitó la tarea a los indígenas, proveyéndolos con armas y material de intendencia.

Levantamientos étnicos armados no son entonces nada nuevo en Colombia; y aunque ya los indígenas no están para meterse en más guerras y sería lamentable que volvieran a levantarse en armas, uno no puede predecir cómo reacciona un pueblo cuando es agredido, ofendido y experimenta que sus derechos y dignidad son atropellados. El talante de los paeces no es el de aceptar sometimientos; prefieren luchar, aún hasta el sacrificio. De esto pueden dar cuenta muchos españoles que dejaron sus vidas en territorio páez, durante y después de la Conquista. Por eso lo que sucedió en Toribío con la chiva-bomba enciende las alarmas. Y aunque parece prudente la actitud de los indígenas, a muchos les extraña ese silencio. Pero bueno, son ellos a los que se les ha manchado la honra y pisoteado el orgullo y no somos quienes para juzgarlos o pedirles pronunciamientos.

V.S.L.- En los documentos, comunicados y denuncias de algunas organizaciones indígenas se capta un marcado sesgo izquierdista. Para preparar esta entrevista leí muchos de ellos; y algo que me llamó la atención es que las denuncias sobre atropellos cometidos por grupos insurgentes contra las comunidades y sus líderes, en comparación con las que se emiten contra el ejército y los grupos paramilitares, son tímidas, o se engloban bajo ese término tan genérico de “actores armados”. No se necesita ser un experto en comunicación para suponer que se trata de un encubrimiento. ¿Se oculta algo por temor a represalias?

E.J.J.- Los indígenas que se forjaron en las contiendas de la lucha por la tierra, califican a los terratenientes y a las empresas expoliadoras de territorios y recursos como sus enemigos más inmediatos. Y ven a los campesinos, a los negros y a otros sectores populares como sus amigos más cercanos. Hablan de necesarias alianzas de estos sectores excluidos para enfrentar a sus opresores. Hablan igualmente de la urgencia de cambios estructurales en la economía y en el Estado para superar un sistema social injusto y otras cosas por el estilo. Este es un lenguaje muy común que los indígenas comparten con la izquierda. No estoy diciendo -cuidado- que compartan una ideología o pertenezcan a algún partido o movimiento de izquierda. Aunque admito que en los últimos años se ha dado un alza ideológica en los líderes, producto por un lado de la polarización que creó el presidente Uribe; pero por otro lado por la tradicional puja política de los líderes que para perfilarse y destacarse ante sus pares de otros movimientos sociales, inflan su talante revolucionario; y en esto hay el peligro de que los discursos se enardezcan, se salgan de madre y caigan en una retórica populista que reduce el mundo a indígenas-víctimas y Estado-victimario, parecida a como lo hace la izquierda con aparatosa elocuencia.

V.S.L.- Así las cosas, ¿por qué se sigue identificando a los indígenas con la izquierda?

E.J.J.- Esa supuesta identificación de los indígenas con corrientes de izquierda se debe a que estos movimientos y partidos apadrinan las luchas indígenas, aunque sin asumir, en muchos casos sin entender, las implicaciones que tiene ese apoyo para sus propias prácticas políticas, porque en realidad los indígenas son puestos como floreros en las marchas y manifestaciones populares de esos partidos. Y déjeme decirle algo que se relaciona con esto. Aunque hay excepciones y personas muy lúcidas y valiosas en estos partidos, las izquierdas de Colombia no son un dechado de virtudes y les falta la grandeza de espíritu, la elevada moral y los gestos nobles, que Rosa Luxemburgo consideraba fundamentales para hacer historia; a mi juicio no tienen hoy mayor cosa que ofrecerles a los indígenas. Vea, ni siquiera se manifiestan contra los abusos de los grupos insurgentes a las comunidades. Son colosos con pies de barro que se desploman al tocar tierra indígena, pues frente a la cuestión étnica tienen demasiadas ideas filosóficas, pero carecen de propuestas políticas prácticas para los pueblos indígenas y afrocolombianos.

V.S.L.- ¿A qué se debe esto?

A que en los programas de los partidos y organizaciones de izquierda, los indígenas son asimilados a los campesinos, pues adolecen de una manifiesta discapacidad para entender las nuevas realidades de nuestro tiempo, en especial las que irrumpen en la escena política con movimientos sociales generados por demandas étnicas, de género, etc., y son renuentes a aceptar que ha habido cambios en la sociedad, en la economía y en la política. Aunque comienza a hacerse notar una nueva izquierda, menos doctrinaria, más ilustrada, más proclive a análisis críticos de la sociedad, todavía esta no ha hecho escuela en los partidos y movimientos radicales de izquierda, donde prevalecen la demagogia y el populismo, fenómenos que impiden una mejor comprensión del multiculturalismo. Se trata entonces de falencias y no de simples tensiones entre formas de organización social y luchas políticas, que rara vez convergen por la vía del dialogo y en igualdad de condiciones. Estas falencias son más notorias, donde ellas han llegado al poder como en los vecinos países de Venezuela, Bolivia y Ecuador; la evaporación del socialismo del siglo XXI es quizás una muestra de ello. Los indígenas no son tontos, además son gente pragmática que no se moviliza fácilmente por ideas genéricas y pugnas ideológicas que han perdido sentido y han conducido a una atomización de la izquierda, arrastrando con ello a los movimientos sociales. La disminución de la participación indígena en los eventos populares de los últimos años, convocados por esas izquierdas, es tal vez una señal, una respuesta a no dejarse arrastrar, como sucedió, salvando las distancias, con las conflictivas relaciones del CRIC con la ANUC[13] en los años 70. En síntesis, la izquierda colombiana y los indígenas siguen siendo dos mundos diferentes en permanente colisión.

V.S.L.- Cualquiera pensaría que te has propuesto la tarea de denigrar de la izquierda.

E.J.J.- Nada más lejos de mi intensión. ¡Ni más faltaba! Además el término denigrar para calificar los reparos que hago a las izquierdas me parece injusto y no sólo por la etimología de la palabra. Los que tenemos una biografía de izquierda y hemos estado al lado de movimientos sociales, acostumbramos a hacer este tipo de críticas, pues deseamos sinceramente que se den reflexiones más profundas, que se revienten esos estrechos márgenes doctrinarios que impiden el surgimiento de nuevas teorías y formas de hacer política para oxigenar a la izquierda y rectificar el rumbo, como lo aconsejan nuevas visiones del marxismo. De la cada vez más fascista derecha, los indígenas no pueden esperar nada; de allí sólo vienen empeños por deshumanizarlos y convertirlos en chivos expiatorios de todos los atrasos del país.
En cuanto al posible encubrimiento por temor, que es a lo que te referías, eso ya se ha ido superando. Hasta pueblos indígenas tan vulnerables y tan golpeados como el awa, en el departamento de Nariño, no callan y denuncian con nombre propio a sus agresores. Lo curioso aquí es que hay organizaciones políticas, aún de derechos humanos, que para determinados casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, donde la autoría viene de grupos insurgentes, continúan utilizando en sus comunicados ese término genérico de actores armados. Esto además de inaceptable, es imprudente, pues le da argumentos al Estado para denostar a las organizaciones que defienden los derechos humanos. Pero también es cierto que hay pueblos indígenas que por debilidad y temor no denuncian, y otros que siendo fuertes, tampoco se pronuncian con la vehemencia que los ha caracterizado, contra la ocupación que grupos insurgentes han hecho de sus territorios y por la especie de Armagedones que desde allí preparan, utilizando las mejores condiciones estratégico-militares de sus territorios. Y lo traigo a colación aquí, porque si existe algo que desata todos los demonios y la indignación de los paeces, es cuando se invaden o se ocupan sus territorios.
V.S.L.- Poco a poco ha ido emergiendo un movimiento social en Colombia que plantea desde la izquierda la alianza de obreros, campesinos, indígenas y otros sectores populares, cada cual manteniendo su autonomía para evitar que sus reivindicaciones particulares sean traspapeladas por partidos políticos con ideas genéricas y programas  uniformes. ¿Es eso lo que buscan los indígenas?

E.J.J.- Para serte sincero, a estas alturas del partido no sé hacia dónde van los indígenas. Habría que preguntarles a ellos y a sus dirigentes. Hay tantos apóstoles…

V.S.L.- ¿No eres uno de ellos?

E.J.J.- (risas)… ¡Por favor!… Brecht decía que tener convicciones era tener esperanzas. Yo todavía tengo convicciones; cuando hablo de apóstoles, no me estoy refiriendo a personas con convencimientos. El término apóstol lo utilizo aquí, como generalmente lo hacen muchas personas, para caricaturizar a aquellos custodios de la fe que defienden celosamente una doctrina, o en este caso, a los que profesan ideologías petrificadas y conductas rígidas que excluyen otras ideas. Pero bueno, eso es una nota al margen. Yo estoy suelto de cualquier vínculo con las organizaciones indígenas; por eso puedo opinar sin ninguna atadura. También mis opiniones, ni las comprometen, ni las afectan, aunque a veces exasperan a los apóstoles. Le pongo un ejemplo en este sentido y sobre el tema que estamos tratando. Siempre he sostenido, y eso lo aprendí en el Cauca cuando participaba de las luchas indígenas de allí, que es necesario abrir espacios a la diversidad de pensamientos e ideas políticas y organizativas, más aún tratándose de sociedades multiétnicas y pluriculturales como las nuestras; y no hace mucho, volviendo a recordar estos enunciados, busqué ejemplificarlos refiriéndome críticamente a un artículo titulado Estrategias para dividir al movimiento indígena[14]. Pero en ese contexto, se me ocurrió también referirme al estilo de generar comunicación que desvalorizaba otras voces. Lo que argumentaba yo en aquella ocasión es que este estilo de ejercer las comunicaciones, no favorecía una formación crítica, pues la democracia deliberativa requiere distancia ideológica, Ya que sin posibilidades de cambios de opinión, la deliberación es un ejercicio estéril. ¡Y allí fue Troya! El apóstol dueño del artículo me dijo que no me metiera donde no me habían llamado. ¡Hágame el favor! Me excomulgó, me negaba el derecho a opinar sobre asuntos de mi propio país, sobre todo sobre asuntos que son de mi incumbencia como antropólogo y de mi interés como activista social que siempre he sido.

Alaine Touraine decía que una democracia solo cobraba vida cuando tenían expresión pública la gran variedad de formas de organización social que existen en un país. Lo mismo es válido para el mundo de las ideas que dan vida a esas expresiones sociales. Pero así no piensan los apóstoles, que no sólo no deliberan, sino que descontextualizan la realidad social y por esa vía excluyen también la diversidad de pensamientos. Peor aún, las sectas que ellos crean se refugian en un mundo inmune a todo análisis crítico, y por eso no padecen dilemas, ni tienen que lidiar con problemas y contradicciones internas de las organizaciones, como sí nos toca hacerlo a todos los mortales que trabajamos con movimientos sociales; ellos por el contrario, están por encima del bien y del mal, y por supuesto, sobreviven sin apuros todos los cataclismos políticos, ya que como dice Kolakowski, su virtud ha sido la completa y feliz ausencia de contaminación de cualquier realidad.

V.S.L.- No has dicho cuál es tu opinión frente a las autonomías desde la base…

E.J.J.- Ah sí, a lo que te referías antes. Yo he seguido con curiosidad y admiración la resistencia de los indígenas desde sus comunidades, desde la cotidianidad del trabajo en sus huertos para evitar que se destruyan cosas básicas de su entorno que están conectadas, como la tierra, el agua, los bosques, para proteger su comida, sus semillas y en fin, todo aquello que tiene que ver con lo que se denomina Sumak Kawsay o buen vivir en la filosofía quechua; he observado de cerca los esfuerzos que hacen por sacar adelante sus proyectos de educación y salud, pero también la resistencia que ofrecen para no dejarse quitar sus logros políticos y económicos, que son muchos. No obstante los que hemos sido partidarios de este enfoque autonomista no podemos ya ocultar el desaliento que produce la pérdida de vigor de estos procesos, y ya son varios los amigos que hemos empezado a dudar de que se pueda construir en el poco tiempo que les queda y desde esos escenarios marginales, desde donde operan estas organizaciones autónomas, un movimiento social pluricultural que pueda concluir el proceso de descolonización que se emprendió hace 40 años, y se pueda detener, y quizás algún día revertir, los procesos en marcha que continúan mercantilizando los territorios, la madre tierra que llaman los indígenas.

V.S.L.- Admitiendo esa autocrítica que se hacen ustedes, ¿no sería entonces oportuno para salir del atolladero en que se encuentran las organizaciones y acelerar los procesos de recuperación y fortalecimiento cultural, político y económico de los indígenas, que estos pueblos busquen apoyarse, o aún, hacer alianzas con partidos con los cuales tienen cierta afinidad política, como el Polo Democrático, el Partido Verde o el más reciente movimiento Progresistas?

E.J.J.- A mi juicio los indígenas deben seguir dialogando con la gente más cercana a ellos, aislarse es una majadería. Y si las alianzas se llevan a cabo después de un proceso de debates y consultas con las organizaciones, vaya y venga. Pero generalmente estas alianzas las hacen las dirigencias y esto acarrea riesgos; que yo recuerde, en todas las alianzas que han hecho con la izquierda colombiana o con los partidos progresistas, han salido mal librados los indígenas, lo que no significa que en todos los casos la responsabilidad haya sido exclusivamente de la izquierda. Voy a soltar una herejía, a veces los pactos que han hecho con la derecha han sido menos perjudiciales, pues les han proporcionado algún respiro en momentos difíciles. Un ejemplo fue el acuerdo con los terratenientes en el Cauca, el conocido acuerdo FEDEGAN[15]-CRIC. En cambio las alianzas con la izquierda, como todos los casamientos que se consuman sin pasión, solo han traído frustraciones. Esto se debe a que en algunos casos los partidos de izquierda les han asignado a los indígenas roles que ellos ni siquiera se habían imaginado; aquella idea, por ejemplo, de que los indígenas tienen la respuesta para enfrentar la crisis civilizatoria de los últimos tiempos o la clave para detener el cambio climático que amenaza con arrasar todas las formas de vida en el planeta, además de ser abusiva, es barata y poco seria, pues no les resuelve nada, ni a ellos ni al país; sin embargo a muchos indígenas los han subido a ese escenario para capitalizar la crisis ambiental global.

Otras alianzas han fracasado, porque los partidos no los han considerado como socios orgánicos de un proyecto político y toman las decisiones sin contar con ellos, lo que los ha dejado a la vera del camino; un ejemplo de esto es el del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, con los indígenas de tierras bajas; hay que mirar el caso de la carretera para atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que es rechazada por los indígenas porque los afecta, pero que Evo anunció que se hace porque se hace. El fundador del Estado Plurinacional de Bolivia llega a calificar de enemigos internos a estos indígenas que hoy marchan en defensa de su territorio ancestral. Pero hay otras alianzas que fracasan porque se hacen con partidos considerados progresistas, como el Partido Verde, pero que son como el caballo de la estatua de la plaza, que no te caga nunca, pero tampoco te lleva a ninguna parte, chistosa anécdota contada por Daniel Samper Pizano, del humorista argentino Enrique Pinti, refiriéndose a su Partido Radical.

V.S.L.- Por la vía de los enfoques autonomistas no se llega a ninguna parte, pero por la vía de las alianzas con la izquierda tampoco. ¿Cómo se explica entonces este panorama tan contradictorio que aquí has dibujado?

E.J.J.- De ser una verdad real este panorama, sería una muestra del fiasco de la perspectiva política autonomista que hemos defendido y por lo tanto de nuestro propio fracaso ideológico.

V.S.L.- Ante ese cuadro tan desolador que presentas, ¿se les ocurre entonces algo que podría hacerse?

E.J.J.- Hay mucha gente que es de la opinión de que la ASI[16], a pesar de todos los estrujones y codazos que se dan a su interior, sigue siendo un partido político necesario para acompañar a las organizaciones y ayudarlas a salir del atolladero. De allí que este partido deba ser fortalecido políticamente, en vez de ser visto como armatoste para obtener beneficios personales, siguiendo la regla de que cuando me sirve estoy adentro y si no me sirve me voy para otro partido, o fundo uno nuevo, pero dejo la puerta abierta para regresar, si de nuevo puedo sacarle réditos políticos. Lo otro es obvio, las organizaciones deben decidir sus propias agendas, tener claridad hacia donde quieren ir y actuar en consecuencia, pero ante todo deben tener la entereza para separarse de liderazgos indigenistas y oportunistas que les hacen daño y que no permiten que sus instituciones se sigan desarrollando. Lo que si cada vez es más real es que mientras continúen viviendo en la incertidumbre, y haya ausencia de grandes definiciones para superar el estancamiento o el letargo, como calificaste la situación que viven estos pueblos, entonces estarán entrando más temprano que tarde en la recta final del etnocidio. Deberían por lo tanto hacer ingentes esfuerzos por mantenerse a flote y no desaparecer.

V.S.L.- Pero ¿cómo se logra eso?

E.J.J.- Sinceramente no sé. Lo único que me atrevo a decir es que para eso no hay recetas. Cada pueblo debe encontrar su camino, hacer uso de su imaginación e ingeniárselas para sobreaguar. Esa creatividad la han tenido muchos pueblos en el pasado. Los que no la tuvieron y resistieron, los desaparecieron. Mientras tanto nosotros debemos también ingeniarnos fórmulas para apoyarlos. En esa dirección sí me arriesgaría a decir algo, sobre todo después de leer la reciente entrevista que la revista Semana le hizo al empresario bananero y comandante paramilitar Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, que es cuando uno comprende la real dimensión de la para-política, la narco-para-democracia y el poder de la narco-economía en Colombia y los daños causados al país. Muchos capos del paramilitarismo están presos, muertos o extraditados, aunque también muchos están, como se dice en argot popular, pasando de agache. Sin embargo los avances realizados contra el paramilitarismo y sus aliados en el Estado son principalmente logros de la rama judicial que inició los procesos contra la parapolítica, apostándosela toda por el país; la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia son pruebas de ello. Tenemos, aunque no sabemos hasta cuando, esos órganos de poder constitucional garantistas de derechos fundamentales. Me atrevería entonces a decir, que ahora que los indígenas se encuentran en esa situación que caracterizas como de letargo, están lastimados y debilitados, las organizaciones han perdido el brío para reivindicar sus derechos y los liderazgos, por sus pequeños y mezquinos intereses bloquean el desarrollo de sus instituciones, entonces valdría la pena trabajar su problemática desde la perspectiva de esos derechos, que deben ser tutelados por las cortes; son derechos que han sido vulnerados por múltiples actores y desconocidos o menospreciados por el Estado.

V.S.L.- ¿Cuáles son esos derechos que han sido vulnerados y quiénes son los autores de esas violaciones?

E.J.J.- Se han violado muchos derechos, casi todos. A los pueblos indígenas no sólo se les ha perturbado su entorno con la ocupación que han hecho todos los actores armados de sus territorios,  pero también con la penetración de intereses económicos como la minería, la explotación de hidrocarburos, la extracción de recursos madereros y los monocultivos de plantación, incluida la coca; más aún, algunos de sus territorios como el de los embera katio del Alto San Jorge y Alto Sinú fueron sembrados con minas antipersona que han cobrado varias vidas. Esta afectación de sus territorios, también ha perturbado de manera severa sus modos de vida; el creciente desarraigo de algunos pueblos, ha puesto en riesgo sus vidas como pueblos. Y el derecho a la vida es un derecho fundamental de la Constitución Política de Colombia, que se antepone a cualquier otro derecho o interés público o privado. La opinión que compartimos muchos de los que hemos estado cercanos a los pueblos indígenas, es que al Estado le debemos exigir el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Porque el Estado tiene la obligación no sólo de respetar los derechos de los pueblos indígenas, sino también de garantizarlos y en caso de pérdida, restablecerlos.

Jorge Luis Borges dijo alguna vez que en especiales momentos la suerte de un solo hombre representaba la de todos los seres humanos. Algo similar podemos decir para los indígenas, debido al particular momento que vive Colombia: la suerte de los pueblos indígenas, representa la de todos los colombianos, o como una vez se concluyó en el congreso indígena de Bosa, de que si no había paz para los pueblos indígenas, difícilmente Colombia conocería la paz. Así también lo entendió la Corte Constitucional, cuando en su Auto 004 de 2009 expresó que había varios pueblos indígenas que estaban al borde de la extinción física o cultural a causa del conflicto armado, lo cual sería un orden de cosas inconstitucional que afectaba a todos los colombianos.

V.S.L.- A propósito del auto 004, ¿Cuál es el estado actual de los planes de salvaguarda étnica?

E.J.J.- No quisiera entrar en detalles, pero me late que es otro fraude más que el Estado está tramando contra sus pueblos indígenas, lo que mostraría también las falencias de las luchas legales por los derechos de los pueblos indígenas.  Hay malestares en algunas zonas por la lentitud con que marchan los planes de salvaguarda. Creo que en este caso el presidente Santos hizo gala de sus dotes de tramoyista. Por un lado se comprometió con la Corte Constitucional a cumplir con el auto, pero por otro lado empantanó el proceso al poner a los indígenas a elaborar propuestas estratégicas y lineamientos políticos para el Programa Nacional de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas, para el Plan de Salvaguarda Étnica y el Proceso de Consulta Previa. Estas propuestas deben, según la Corte Constitucional, ser el resultado de un proceso de concertación con las autoridades indígenas desde lo local, pasando por lo regional para llegar a lo nacional. El Estado ha venido suministrando los recursos para llevar a cabo esta labor. Son varios los pueblos que se encuentran atascados, elaborando sus planes de salvaguarda, y como los recursos se agotan, en parte por dudosos usos, como lo han denunciado algunos indígenas, entonces se alarga el proceso mientras se tramitan nuevos recursos. Si el proceso se dilata o los resultados no son satisfactorios y el Estado los objeta en la Mesa de Concertación, los responsables serán los líderes y organizaciones indígenas que están al frente del proceso. En síntesis el gobierno acata la orden de la Corte Constitucional, pero empantana el proceso para dilatar su cumplimiento. Prefiere, porque es más barato para el Estado y más dispendioso para las organizaciones indígenas, continuar suministrando más y más recursos para que los líderes de las organizaciones y sus asesores continúen investigando y realizando encuentros, talleres y otras cosas por el estilo para sistematizar  y hacer los diagnósticos.

Mientras tanto la situación en las regiones se agrava, como se deduce de algunas comunicaciones de las organizaciones que, como las de los cinco pueblos del resguardo Caño Mochuelo en el Casanare, manifiestan no entender como la Corte reconoce la vulnerabilidad de los indígenas de esta región, pero que después de tres años de la expedición del auto 004 las soluciones al problema territorial de fondo no llegan, entretanto el Estado sigue  promoviendo proyectos petroleros en sus territorios. O el caso del resguardo embera katio Quebrada Cañaveral en Córdoba, donde los indígenas no saben que es lo que se está adelantando para salvaguardar sus vidas, mientras viven expulsados de su resguardo, donde se plantan cultivos de uso ilícito, se expiden concesiones mineras y mueren por minas antipersona.

V.S.L.- Si la vía de la defensa legal de derechos también se agota, ¿a qué te vas a dedicar entonces?

E.J.J.- A veces, como a todos los que nos hemos empeñado con entusiasmo en esta labor, me abate la desesperanza, pero por fortuna también suceden cosas positivas en las comunidades que lo animan a uno a continuar. A veces me llega también de la memoria una frase que habría pronunciado Lutero; algo así como que si el supiera que el mundo se habría de acabar al día siguiente, él hoy sembraría un manzano. Aún sabiendo que este país va de mal en peor, en lo que al desarrollo de la interculturalidad se refiere, continuare con agrado, pues me genera mucha satisfacción, arrimando el hombro para apuntalar procesos organizativos propios de las comunidades indígenas, negras y campesinas, pues son dignos de admiración los esfuerzos que hacen algunos pueblos por sobrevivir y recomponer sus instituciones, a pesar de la barbarie y crisis humanitaria que viven y de que a diario se encuentran cara a cara con muchos de sus victimarios.

Por supuesto que seguiré contribuyendo a la construcción de procesos interculturales que han emprendido estos pueblos, pues en el Colectivo de Trabajo Jenzera y en la Escuela Interétnica somos del convencimiento de que debemos seguir cultivando y divulgando la idea de que como Nación pluriétnica, tenemos que continuar  persistiendo, aun con más ahínco, con más pedagogía y cercanía a las comunidades, en los caminos de la democracia, que en Colombia por sus particularidades históricas y sociales, debe ser intercultural o será sólo una pantomima de democracia, como hasta ahora.


[1] Una versión re sumida de esta entrevista fue publicada por el periódico DESDE ABAJO No. 181. www.desdeabajo.info

[2] Las notas de pie de página son del periódico (V.S.L.).

[3] Consejo Regional Indígena del Cauca.

[4] Organización Nacional Indígena de Colombia.

[5] Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy INCODER

[6] Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana.

[7] Autoridades Indígenas del Suroccidente.

[8] Autoridades Indígenas de Colombia.

[9] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

[10] Movimiento Revolucionario Tupac Amaru

[11] Movimiento de Izquierda Revolucionaria

[12] Región indígena del Cauca, en la cordillera occidental

[13] Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

[14] Ambos artículos se encuentran en la red: “Estrategias para dividir el movimiento indígena” en: http://servindi.org/actualidad/25194 y “Conflictos en el movimiento indígena caucano” en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/conflictos_en_el_movimiento_indigena_caucano

 

[15] Federación de Ganaderos

[16] Alianza Social Independiente, antes Alianza Social Indígena

Víctor Segura Lapouble

Profesor universitario

 

En esta entrevista[1] el antropólogo Efraín Jaramillo Jaramillo da su opinión sobre aspectos controvertidos de las organizaciones de los aborígenes colombianos y las conflictivas relaciones que han tenido con las izquierdas. Este dialogo tuvo lugar en Bogotá el 28 de abril de 2012, con  motivo de la presentación del libro “Los Indígenas colombianos y el Estado. Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad” del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Colectivo de Trabajo Jenzera. Esta entrevista busca suscitar el debate sobre los conflictos que lesionan a estos pueblos tan significativos en la historia del país. [2]

 

Víctor Segura Lapouble (V.S.L.)- Para empezar, hablemos un poco sobre la historia y dinámica de las recientes luchas indígenas en Colombia; cómo se iniciaron, qué las motivaron, cuáles fueron sus objetivos, cómo se desarrollaron…

Efraín Jaramillo Jaramillo (E.J.J.)- Luchas indígenas se han presentado siempre desde la época de la Conquista española. La historia de Colombia está llena de episodios de esta naturaleza; la mayoría de estas contiendas las dieron los indígenas para detener la invasión de sus territorios, impedir el saqueo de sus bienes y riquezas y evadir la esclavitud. Pero en esta última etapa de movilización indígena, que es a la que seguramente te refieres, las luchas se dieron por la tierra y empezaron principalmente en el departamento del Cauca. Y se originaron allí, por cuanto el Cauca es una región que se ha caracterizado por enérgicas protestas y levantamientos protagonizadas por sus pobladores ancestrales contra los poderes que los han dominado; por lo general estos alzamientos eran de naturaleza insurreccional en la medida en que estaban dirigidos contra gobiernos locales, que representaban los intereses de los gamonales, los terratenientes y la iglesia, que en casi todas las zonas estaban aliados o eran los mismos. Importante para entender esta movilización de los indígenas, iniciada a finales de los años 60, es que tuvo lugar en un contexto generalizado de lucha por la tierra en Colombia. Para el caso indígena tuvo que ver con la recuperación de las tierras de sus resguardos, acosados por el hambre y la miseria.

V.S.L.- ¿Sigue siendo la lucha por la tierra el motor de sus movilizaciones?

E.J.J.- En Colombia todavía hay pueblos y comunidades que no tienen asegurada la tierra, pero aquellos pueblos que llevaron a cabo con éxito las recuperaciones de tierra en los años 70, están mejor y gozan de un ostensible bienestar económico y social, aunque todavía no hayan logrado erradicar totalmente la pobreza. En el Cauca, sin embargo, recuperadas buena parte de las tierras de sus ancestros y mejoradas sus condiciones de vida, han aflorado otros problemas y el eje de las movilizaciones se ha venido desplazando en estas últimas dos décadas hacia la búsqueda de espacios propios de representación política, hastiados de que sean los partidos y otras fuerzas políticas, los que les condicionen, o aún, definan sus agendas. Esto condujo a que aquellos partidos con un marcado sentido autoritario de su práctica política decidieran ignorarlos, cuando entendieron que no podían cooptarlos; pero ha llevado también a que a los indígenas se arrimaran otros sectores sociales, que como los negros, los campesinos y sectores populares de ciudades y pueblos vecinos, buscaban hacer tolda común con ellos, procurando subirse a un escenario político-organizativo propicio para luchar, como movimiento social pluricultural, contra ese entramado de exclusión social y política que los afectaba a todos por igual.

V.S.L.- ¿Podría entonces señalarse que las primeras movilizaciones indígenas eran de naturaleza campesina, mientras estas últimas son de origen cultural y político?

E.J.J.- Existen varias interpretaciones al respecto. Analistas de la izquierda marxista plantean que se trató de una genuina lucha de clases de indígenas-campesinos sin tierra, contra terratenientes. Pero hay historiadores y antropólogos que sostienen que desde siempre han sido movilizaciones étnicas por la defensa de sus culturas y recuperación de sus territorios ancestrales. A mi juicio las dos interpretaciones más que excluirse mutuamente, se complementan. Los indígenas empiezan a movilizarse en momentos en que la situación social y económica de sus comunidades se había vuelto insostenible por la falta de tierras; en eso su situación no se diferenciaba mucho de la que vivían los campesinos; pero a diferencia de estos, los indígenas no luchaban por cualquier tierra; para ellos era importante volver a tener  dominio sobre el territorio de sus ancestros y liberarse de la humillante opresión que sufrían, precisamente por encontrarse separados de sus tierras. No obstante siempre habrá apóstoles en ambas orillas, que recargan ideológicamente estas contiendas indígenas por la tierra, caracterizándolas como luchas de clase o como luchas étnicas. Cuando se exacerban estas divergencias interpretativas, puede conducir a divisiones, como las que se dieron en el CRIC[3] a finales de los años 70. Ahondar en esto es un tema para la academia, pues los indígenas ya no le prestan mayor atención, porque andan en otras cosas. Lo importante de entender de esta historia es que los indígenas del Cauca se hicieron a la tierra de sus mayores, ampliaron aún más sus resguardos, mejoraron sus condiciones de vida, fortalecieron sus organizaciones, se sacudieron el yugo de los gamonales y de la iglesia, eliminaron los sistemas de terraje y otras formas de servidumbre, y desarrollaron con éxito programas propios de producción, salud y educación. En síntesis derrotaron a los terratenientes del Cauca que los habían despojado de sus tierras, superaron sus aprietos materiales y dieron vuelta a la página. Hoy enfrentan, como le digo, otros problemas.

V.S.L.- Pero hay quienes opinan que el movimiento indígena no anda bien y que se requiere devolver la página para ver donde están los errores, o las “desviaciones”, como las llaman algunos críticos.

E.J.J.- Por lo general las cosas no tienen vuelta, veamos: ya hoy en Colombia no se puede hablar de un movimiento indígena homogéneo. Eso es una generalización que ha despistado a muchos. El movimiento indígena que impresionó positivamente a los colombianos y sacó a la luz pública la problemática de sus  pueblos, venía gestándose tres décadas antes en el Cauca y el Tolima con los levantamientos del legendario líder indígena páez Manuel Quintín Lame Chantre, para impedir la disolución de los resguardos. Estas luchas adquirieron, como te dije antes, sus más álgidos momentos al calor de las luchas campesinas por la tierra a finales de los años 60. Con estas características se fue  conformando este movimiento indígena que se expandió por toda la zona andina. A los indígenas en estas regiones de las cordilleras de los Andes y sus Valles, más allá de sus identidades culturales particulares, los juntaba la necesidad de tierra y sus adversarios eran los terratenientes. Esto generó una identidad política sin par, que es la que aglutinó a sus pueblos y embocó sus luchas en un solo torrente. En las llanuras del Oriente colombiano y en las selváticas zonas del Amazonas y del Pacífico, las luchas surgieron un poco después y no las definía la recuperación de sus tierras; de lo que se trataba allí era de defenderlas frente a compañías extractoras de recursos (madereros y mineros), ganaderos y aún de campesinos colonos, expulsados desde el interior del país por la violencia. El movimiento indígena que surgió en la zona andina fundó la ONIC[4] en 1981, con la concurrencia de indígenas de la Selva, los Llanos Orientales y el Pacífico…

V.S.L.- ¿no fue esa la época que caracterizaste como la edad de oro del movimiento indígena colombiano en un artículo de Mundo Indígena de IWGIA?

E.J.J.- Si, fueron unos años extraordinarios; de ascenso organizativo y cualificación política, durante los cuales se fundaron la mayoría de las organizaciones regionales y zonales que hoy existen en el país. Líderes indígenas del Cauca, sus colaboradores y varios amigos que trabajaban en el INCORA[5], colaboraron para que se crearan los resguardos indígenas en el Amazonas, la Orinoquia y el Pacífico. Este movimiento indígena representado por la ONIC , logra en esa época, que va hasta mediados de los años 80, abarcar a más del 90% de los 82 pueblos indígenas que hay en el país, alcanzando una unidad que no se había logrado en otro lugar de América. Es allí cuando llegan los apóstoles que traen la creencia de que pueblos indígenas selváticos no podían ser orientados por una organización, que como la ONIC,  era guiada por una organización andina como el CRIC, y menos que una y la misma organización estuviera cobijando indígenas de zonas tan diferentes como la Selva, el Llano y los Andes. De esa forma se presenta una segunda ruptura en el movimiento indígena, que es el germen de lo que años más tarde sería la OPIAC[6].

V.S.L.- ¿Cuál fue y como se presentó la primera ruptura?

E.J.J.- La que mencioné antes y que se presentó en el CRIC, la organización indígena más definida y emblemática del país, que ostenta el mérito de haber derrotado a una clase terrateniente retardataria y punitiva, si bien con grandes sacrificios y pérdidas en vidas humanas, pues hasta finales de los años 80 habían muerto cerca de un millar de indígenas, entre ellos muchos líderes destacados. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, en momentos muy difíciles para el CRIC, cuando el presidente Turbay Ayala con la expedición del Estatuto de Seguridad, le declaró la guerra a los indígenas del Cauca para acabar con sus luchas por la tierra, llegan otros apóstoles, diferentes a los anteriores, que difunden la alucinante idea, de que entre guambianos y paéces, los dos más significativos pueblos indígenas del Cauca, que habían luchado hombro a hombro por las tierras de sus resguardos y contra el terraje, habrían diferencias culturales, y por lo tanto ideológicas y políticas en la forma de concebir la tierra; de esta forma se fraguó el fraccionamiento del CRIC, dando lugar al surgimiento de AISO[7], que es el embrión de lo que más tarde sería AICO[8]. Estoy simplificando las cosas, pues en el fondo de esta ruptura se encontraba la teoría de las nacionalidades indígenas que estaba en boga en México y que aquí algunos amigos cercanos a los indígenas la acogieron con devoción. Se trató de un momento muy inoportuno para plantear diferencias ideológicas. Pero bueno, así son los apóstoles, llegan cuando uno menos lo espera. Hay una amplia pléyade de ellos, unos con ruana, otros con sotana, otros de bluyín, de corbata o de camuflado verde oliva, que generan nuevos cismas y nuevos movimientos. Se podría señalar más matices a estas aseveraciones gruesas, pero por ahí van los tiros. Quizás lo más importante de entender es que estas actitudes cismáticas son más comunes de lo que se cree; además, no se presentan exclusivamente en los indígenas, es un proceder colombiano, quizás latinoamericano. Así como reza el refrán, que palabra y piedra suelta no tienen vuelta, esta página tampoco se puede devolver.

V.S.L.- ¿Qué ha cambiado en los movimientos sociales étnicos en Colombia y que está sucediendo actualmente?

E.J.J.- Han cambiado muchas cosas. Los indígenas han cambiado; sus organizaciones han cambiado. Algunas organizaciones se han venido preparando para contender a sus adversarios que también han cambiado, pues ya no se trata únicamente de terratenientes que corren las cercas y empujan a los indígenas selva adentro y sierra arriba; ahora sus principales antagonistas son grandes empresas extractoras de recursos y economías de plantación que esquilman sus territorios y bienes naturales. En este sentido las principales  organizaciones indígenas no pretenden aislados enfrentar a adversarios tan poderosos; por el contrario buscan amigos que los apoyen y hacen alianzas con sectores sociales cercanos, para que sus movilizaciones tengan más impacto. En contraste, otras organizaciones, más tradicionales y al margen de las contiendas políticas que se han dado en el país, han procurado aislarse de cualquier proceso político, gestionando sus asuntos y enfrentando sus problemas sin apoyos o injerencias externas; los pueblos que así proceden, al encerrarse en esencialismos culturales, para blindarse de reales o imaginarias imposiciones culturales, son, vaya paradoja, cooptadas por el Estado, ONG y otras cosas parecidas. Pero lo más común que sucede es que pierdan el aliento y se ahoguen, ya que ningún pueblo ha logrado sobrevivir y desarrollarse aislándose y nutriéndose de su propia substancia. Sin embargo, una buena parte de las organizaciones, por no decir la mayoría, han sido arrolladas por la violencia en sus territorios. Pero hay más cambios que a mi juicio también hay que tener en cuenta para entender el desarrollo de las organizaciones y la cuestión étnica actual.

V.S.L.- ¿Cuáles por ejemplo?

E.J.J.- Uno que es muy importante. Aquella idea de Estado unitario y Nación homogénea, que había sido el ideal de muchos pensadores y élites políticas de Colombia, comenzó a resquebrajarse con la Constitución de 1991, y ya no va más. Surgieron a la luz pública otras visiones sobre cómo organizar la sociedad y el Estado, la producción, los territorios, otras formas de concebir el desarrollo y la ciencia, sustentadas por pueblos indígenas americanos y africanos, tornando la cuestión étnica en uno de los más importantes y complejos desafíos socio-políticos para el Estado y para la Nación colombiana. Y no obstante el menoscabo que sufrió la Constitución de 1991 con el reordenamiento económico, jurídico y político que se ha hecho del país en los últimos años para restaurar un régimen gamonalista y terrateniente, en el cual el presidente Uribe se empeñó a fondo durante sus ocho años de gobierno, no se logró desmontar el Estado liberal de derecho que se ha venido construyendo, y que ha disminuido el poder de los potentados, las ideologías y las religiones.

El otro cambio, esta vez no tan positivo, es el que se ha producido al interior de las organizaciones indígenas, como producto de la apertura del Estado hacia sus pueblos indígenas y afrocolombianos con esa Constitución. Ha surgido un tipo de dirigente, que representa a sus pueblos ante el Estado. Se trata de modernos profesionales de la política, con grandes capacidades oratorias, viajan mucho, se mueven con soltura en aeropuertos y hoteles, poseen excepcionales destrezas y donaire para desenvolverse en foros internacionales, manejan tecnologías novedosas como computadoras, celulares y otras cosas por el estilo; los que vuelan más alto, cruzan fronteras, son llamados a participar de organismos internacionales, son influyentes en entidades del Estado, llegan al Senado de la República o a la Cámara de representantes y ocupan cargos públicos tan importantes como la personería de Bogotá; hablan de tú a tú con gobiernos y agencias de desarrollo, y algo que antes no sucedía, les fascina el poder y figurar en los medios.

V.S.L.- Pero eso es positivo. Apropiarse de tecnologías modernas, ocupar cargos públicos y poder hablar con gobiernos y líderes mundiales de igual a igual es uno de los logros más importantes de la irrupción de los movimientos indígenas en la vida pública del país. Ya los liderazgos no operan desde el anonimato. No veo porque esto pueda ser negativo o perjudicial.

E.J.J.- En teoría no tendría porque serlo. Pero en la historia real la modernidad capitalista le ha jugado una mala pasada a las organizaciones con este nuevo liderazgo, que al moverse en ambientes genéricos y distanciados de sus pueblos, terminan borrando de sus mentes la dimensión real de sus comunidades y alejándolos espiritualmente de ellas. Esto conduce a que entiendan cada vez menos los problemas y descuiden los apremios más inmediatos de sus paisanos; pero también que se les vuelvan intrascendentes las redes sociales comunitarias y banalicen las particularidades étnicas que son los fundamentos de la identidad de sus pueblos. Utilizan los movimientos, alianzas, partidos políticos indígenas y a sus amigos, más como vehículos de promoción personal y menos como herramientas para forjar instituciones económicas y políticas dinámicas que viabilicen el mejoramiento económico y social, y aumenten la capacidad para defender los bienes comunes de sus pueblos. No los conmueve el drama que viven miles de sus hermanos desplazados en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, subsistiendo de la caridad pública; y tienen que estar muy confundidos estos líderes para no sentir indignación frente a esta situación. Peor aún, se debe estar muy alucinado para no entender que esto sucede en sus pueblos, no sólo por el conflicto armado, sino también porque tienen organizaciones e instituciones mal constituidas. Este desarrollo no representa pues un avance político de las organizaciones; y los líderes que se obnubilan con estas mieses que ofrece esta participación en el poder, procuran conservarlo a toda costa, bloqueando aún procesos internos de desarrollo institucional que puedan poner en peligro sus intereses.

V.S.L.- ¿De qué mieses estamos hablando que perturban la conciencia de esta nueva dirigencia?

E.J.J.- Como dijo Garganta Profunda en el escándalo de Watergate: siga la pista de la plata. En este caso pueden ser las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación; o ser recursos de la cooperación internacional, o dineros que brinda la solidaridad. Pueden provenir de la venta de recursos naturales de sus territorios a empresas extractivistas,  o recursos obtenidos por sus pueblos en luchas anteriores. El poder que brinda la representación política, abre muchas puertas para torcidas operaciones; vea usted el caso de un reconocido líder indígena que ha sido judicializado por enriquecimiento ilícito, siendo funcionario público, o el caso de algunos alcaldes indígenas que terminaron en la cárcel por apropiaciones indebidas de dineros públicos, que tenían como destino inversiones en salud y educación en sus comunidades.

V.S.L.- Pero eso sucede en todos los escenarios de la representación política. Muchos alcaldes y gobernadores del país están siendo investigados por lucrarse de recursos públicos o dineros que habían gestionado para sus municipios y departamentos.

E.J.J.- Pero claro que sí. Es un mal de muchos… No obstante para el caso indígena las consecuencias son generalmente graves. Con organizaciones y comunidades débiles para ejercer controles sobre sus dirigentes, crece en estos el oportunismo, como forma de convivencia con la sociedad mayor y sus instituciones, y se va perdiendo la vergüenza, ante todo aquel altruismo característico de los líderes históricos que orientaron la lucha por la tierra, prestando un servicio a sus comunidades y renunciando de antemano a cualquier reconocimiento material, lo que nos enseña que el liderazgo no sólo es poder, es ante todo responsabilidad. Ya que algunos de esos líderes históricos eran también guías espirituales de sus pueblos, se podría decir que lo que se presenta actualmente es el triunfo del funcionario sobre el chamán. Los colaboradores de las luchas indígenas que estuvieron al lado de esos líderes históricos, saben de qué estoy hablando. Un problema adicional que se presenta es que ventilar estos asuntos no es sencillo, pues estas apreciaciones críticas, aunque sean comedidas, no son bien recibidas por las organizaciones, que prefieren no hablar de estas necedades de sus dirigentes, ya que esto afecta la credibilidad y por lo tanto la solidaridad internacional.

Peor aún, en ocasiones surge una solidaridad étnica, o se articulan clanes familiares, que en algunas regiones cierran filas a su alrededor para retener privilegios, restableciendo aún instituciones y costumbres autoritarias del orden tradicional, que congelan el desarrollo institucional de las organizaciones indígenas. Pero tiene usted razón, de esto hay bastantes ejemplos, no sólo en las organizaciones indígenas y no sólo en Colombia. No quisiera hablar más de esto, no solo por pudor y porque siento vergüenza ajena, sino porque brinda un espectáculo bochornoso que desluce a los indígenas y no se lo merecen sus organizaciones. Y lo peor, dudo que sea útil.

V.S.L.- Entiendo que una sana contribución a las organizaciones indígenas es señalar sus equivocaciones; ocultarlas no les presta ningún servicio. En este país se halaga mucho y en nombre de la prudencia, se calla y no se polemiza. Pero estas críticas no se habían expresado de forma tan exacerbada como aquí lo haces. Es más, me atrevería a decir que los que las han expresado así, han sido gente de la derecha y de reconocida trayectoria anti-indígena. Lo sucedido con algunos indígenas que han ocupado cargos públicos y que han sido condenados por la justicia tampoco puede empañar la imagen de muchos otros líderes que han jugado un papel importante en las movilizaciones y en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, y que han sido perseguidos y asesinados como Cristóbal Secue, Álvaro Ulcué,  o desaparecidos por los paramilitares como Kimy Pernía, sobre el cual has hablado y escrito mucho.

E.J.J.- Polemizar es positivo y necesario, eso no tiene ninguna duda. No entiendo sin embargo porque  tenemos que hablar siempre y sólo de las cosas bellas, que también hay muchas en los pueblos indígenas. Creo que es más inteligente criticar. Sin embargo en algo tienes razón, y es que hay cierta exageración en lo que expreso; la exageración es en este sentido un recurso didáctico para llegar al núcleo de la cuestión, con el fin de destacarla y hacerla más inteligible. Pero para evitar los malos entendidos que pueda generar esta entrevista, le reitero una vez más, que este fenómeno no afecta a todas las organizaciones indígenas ni a todas las dirigencias; es una generalización que tiene grandes excepciones, como aquella dirigencia embera katio que orientó, con el inefable Kimy a la cabeza, las movilizaciones contra la represa de Urra; no sobra recordarlo, que se trató de una dirigencia que en parte fue asesinada o desaparecida y que hoy se encuentra desarticulada.

O en el Cauca por ejemplo, donde han surgido ocasionalmente élites que buscan beneficiarse del legado de las luchas del CRIC y que hacen creer a  sus organizaciones, que el movimiento indígena sin ellas no tendría sentido. Pero allí este tipo de liderazgo es efímero y sucumbe ante los sistemas propios de censura y control que tienen las comunidades. Además hay también procesos en marcha en otras regiones indígenas del país, tendientes a superar estos despropósitos que se presentan en las cúpulas de las organizaciones, y es interesante ver que pueblos, cansados de las actuaciones de estas élites indecentes, terminan removiéndolas, dándole así un giro radical a sus estructuras  políticas para salir del estancamiento en que las habían sumido. De esto hay varios ejemplos en el país. Quisiera mencionar uno a manera de ilustración; el resguardo embera chamí de Karmatarua o Cristianía, en Antioquia, que es hoy un modelo representativo de un buen gobierno indígena.

En fin, también es cierto que élites que concentran poder y gobiernan sin restricciones para beneficio propio, no es un asunto exclusivamente indígena, también está generalizado, y es aún más común, en el mundo de los partidos y de los movimientos sociales en Colombia. Esto desanima, pues le resta entusiasmo al activismo social, ensombrece el romanticismo de las luchas populares y vuelve aburrida la militancia política. Así andamos.

V.S.L.- Admitiendo que sea real este cambio de comportamiento que le endilgas a una parte de la dirigencia indígena, ¿explicaría ello que después de una efusiva agitación social protagonizada por los indígenas, los movimientos sociales de carácter étnico se encuentren en un momento de letargo, quizás de reflujo? ¿No tiene que ver esto más bien con el gobierno de Juan Manuel Santos, que asombró a propios y extraños al cambiar el estilo de Uribe de estigmatizar y criminalizar las movilizaciones indígenas? O que se relacione quizás con lo que se habla en los mentideros políticos de que este reflujo se debe a la influencia de ideologías que buscan cooptar o replantear las luchas indígenas.

E.J.J.- El enfoque que yo tengo es que los indígenas han actuado por su propia cuenta y sus movilizaciones han sido bastante autónomas, así hayan recibido influencias de colaboradores y asesores de sus organizaciones, lo que siempre ha sido así y no veo nada raro ni malo en ello. Esa que llamas efusiva agitación social de los últimos tiempos arranca en el momento en que el presidente Uribe toma la decisión de demoler al movimiento indígena, tal como lo había hecho con otros movimientos sociales, después de ver fracasados los intentos de cooptarlo. Un amigo nuestro que estuvo cerca de Uribe nos comentó que en una ocasión, sorprendido por la capacidad de movilización de los indígenas, había dicho que él, con gente de ese talante acompañando su política de seguridad democrática, la crónica guerra de los grupos insurgentes contra el Estado, tendría para ellos, y en especial para las FARC[9], un precio muy alto. Yo le creo.

V.S.L.- ¿Le crees a tu amigo, a que Uribe expresó esto o a que los indígenas tengan esas facultades?

E.J.J.- Las tres cosas. El amigo de entonces era en esa época una fuente confiable, no sé ahora. Y Uribe conoce muy bien la capacidad de movilización de los indígenas del Cauca. Y debe haber seguido de cerca el gobierno de Fujimori en el Perú, y conocido además lo que le sucedió al MRTA[10] en ese país, cuando este grupo guerrillero asesinó al dirigente asháninca Alejandro Calderón en 1989, bajo la acusación de que él, 25 años atrás, había entregado al ejército peruano a un dirigente del MIR[11]. Este hecho provocó el levantamiento indígena más impresionante de toda la Amazonia, después del protagonizado por Juan Santos Atahualpa en el siglo XVIII. En menos de tres meses cerca de 10.000 ashánincas del gran pajonal, armados de lanzas y flechas asaltaron los campamentos del MRTA, causándoles considerables bajas y forzando a esta guerrilla a abandonar la región. Fue el comienzo de su fin, pues cuando Fujimori le asestó el golpe terminal con la cruenta retoma de la embajada del Japón, donde murieron sus líderes, ya este movimiento se había marchitado. También Uribe tuvo que haber oído hablar del movimiento indígena zapatista en Chiapas y de otras insurrecciones de carácter étnico en el mundo, que han amenazado con despedazar Estados.

V.S.L.- ¿Piensas que pueda suceder algo así en Colombia?

E.J.J.- Ya sucedió. El Movimiento Armado Quintín Lame surgió en el Cauca para frenar el asesinato de líderes indígenas durante la lucha por la tierra, pero para nadie es un secreto que los grandes enfrentamientos los tuvieron con el VI frente de las FARC , después de que este grupo asesinara en 1982 a Ramón Júlicue, líder indígena páez del resguardo de San Francisco en el Norte del Cauca, y a su hijo. Esta fue la gota que colmó el vaso. Habían sido muchos los abusos que este frente había cometido con los indígenas; para ello basta sólo mirar los comunicados del CRIC de esa época. Al final se llegó a acuerdos de no agresión, pero después de que estos enfrentamientos habían causado cerca de un centenar de muertos en ambos bandos. Esos acuerdos fueron firmados por Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano que ya no son de este mundo, acuerdos que corren el peligro de olvidarse, con más veras, debido a la crónica amnesia que sufren los grupos insurgentes.

También había sucedido en planadas (Tolima), cuando las FARC asesinaron a una familia indígena páez, acusada de ser  informante del Ejército; esto ocurrió por allá en los años 60, durante la Operación Marquetalia; por aquel entonces los paeces crearon un grupo de autodefensa con cerca de 150 hombres, desatándose una guerra con las FARC que duró casi 20 años. Lo mismo sucedió en Ortega[12] (cordillera occidental del Cauca) con también indígenas paeces; allí, en el 2003, se desmovilizaron 160 combatientes de estas autodenominadas autodefensas campesinas de Ortega, poniendo fin a cerca de 4 décadas de actividad armada contra las FARC. En los dos últimos casos, el ejército les facilitó la tarea a los indígenas, proveyéndolos con armas y material de intendencia.

Levantamientos étnicos armados no son entonces nada nuevo en Colombia; y aunque ya los indígenas no están para meterse en más guerras y sería lamentable que volvieran a levantarse en armas, uno no puede predecir cómo reacciona un pueblo cuando es agredido, ofendido y experimenta que sus derechos y dignidad son atropellados. El talante de los paeces no es el de aceptar sometimientos; prefieren luchar, aún hasta el sacrificio. De esto pueden dar cuenta muchos españoles que dejaron sus vidas en territorio páez, durante y después de la Conquista. Por eso lo que sucedió en Toribío con la chiva-bomba enciende las alarmas. Y aunque parece prudente la actitud de los indígenas, a muchos les extraña ese silencio. Pero bueno, son ellos a los que se les ha manchado la honra y pisoteado el orgullo y no somos quienes para juzgarlos o pedirles pronunciamientos.

V.S.L.- En los documentos, comunicados y denuncias de algunas organizaciones indígenas se capta un marcado sesgo izquierdista. Para preparar esta entrevista leí muchos de ellos; y algo que me llamó la atención es que las denuncias sobre atropellos cometidos por grupos insurgentes contra las comunidades y sus líderes, en comparación con las que se emiten contra el ejército y los grupos paramilitares, son tímidas, o se engloban bajo ese término tan genérico de “actores armados”. No se necesita ser un experto en comunicación para suponer que se trata de un encubrimiento. ¿Se oculta algo por temor a represalias?

E.J.J.- Los indígenas que se forjaron en las contiendas de la lucha por la tierra, califican a los terratenientes y a las empresas expoliadoras de territorios y recursos como sus enemigos más inmediatos. Y ven a los campesinos, a los negros y a otros sectores populares como sus amigos más cercanos. Hablan de necesarias alianzas de estos sectores excluidos para enfrentar a sus opresores. Hablan igualmente de la urgencia de cambios estructurales en la economía y en el Estado para superar un sistema social injusto y otras cosas por el estilo. Este es un lenguaje muy común que los indígenas comparten con la izquierda. No estoy diciendo -cuidado- que compartan una ideología o pertenezcan a algún partido o movimiento de izquierda. Aunque admito que en los últimos años se ha dado un alza ideológica en los líderes, producto por un lado de la polarización que creó el presidente Uribe; pero por otro lado por la tradicional puja política de los líderes que para perfilarse y destacarse ante sus pares de otros movimientos sociales, inflan su talante revolucionario; y en esto hay el peligro de que los discursos se enardezcan, se salgan de madre y caigan en una retórica populista que reduce el mundo a indígenas-víctimas y Estado-victimario, parecida a como lo hace la izquierda con aparatosa elocuencia.

V.S.L.- Así las cosas, ¿por qué se sigue identificando a los indígenas con la izquierda?

E.J.J.- Esa supuesta identificación de los indígenas con corrientes de izquierda se debe a que estos movimientos y partidos apadrinan las luchas indígenas, aunque sin asumir, en muchos casos sin entender, las implicaciones que tiene ese apoyo para sus propias prácticas políticas, porque en realidad los indígenas son puestos como floreros en las marchas y manifestaciones populares de esos partidos. Y déjeme decirle algo que se relaciona con esto. Aunque hay excepciones y personas muy lúcidas y valiosas en estos partidos, las izquierdas de Colombia no son un dechado de virtudes y les falta la grandeza de espíritu, la elevada moral y los gestos nobles, que Rosa Luxemburgo consideraba fundamentales para hacer historia; a mi juicio no tienen hoy mayor cosa que ofrecerles a los indígenas. Vea, ni siquiera se manifiestan contra los abusos de los grupos insurgentes a las comunidades. Son colosos con pies de barro que se desploman al tocar tierra indígena, pues frente a la cuestión étnica tienen demasiadas ideas filosóficas, pero carecen de propuestas políticas prácticas para los pueblos indígenas y afrocolombianos.

V.S.L.- ¿A qué se debe esto?

A que en los programas de los partidos y organizaciones de izquierda, los indígenas son asimilados a los campesinos, pues adolecen de una manifiesta discapacidad para entender las nuevas realidades de nuestro tiempo, en especial las que irrumpen en la escena política con movimientos sociales generados por demandas étnicas, de género, etc., y son renuentes a aceptar que ha habido cambios en la sociedad, en la economía y en la política. Aunque comienza a hacerse notar una nueva izquierda, menos doctrinaria, más ilustrada, más proclive a análisis críticos de la sociedad, todavía esta no ha hecho escuela en los partidos y movimientos radicales de izquierda, donde prevalecen la demagogia y el populismo, fenómenos que impiden una mejor comprensión del multiculturalismo. Se trata entonces de falencias y no de simples tensiones entre formas de organización social y luchas políticas, que rara vez convergen por la vía del dialogo y en igualdad de condiciones. Estas falencias son más notorias, donde ellas han llegado al poder como en los vecinos países de Venezuela, Bolivia y Ecuador; la evaporación del socialismo del siglo XXI es quizás una muestra de ello. Los indígenas no son tontos, además son gente pragmática que no se moviliza fácilmente por ideas genéricas y pugnas ideológicas que han perdido sentido y han conducido a una atomización de la izquierda, arrastrando con ello a los movimientos sociales. La disminución de la participación indígena en los eventos populares de los últimos años, convocados por esas izquierdas, es tal vez una señal, una respuesta a no dejarse arrastrar, como sucedió, salvando las distancias, con las conflictivas relaciones del CRIC con la ANUC[13] en los años 70. En síntesis, la izquierda colombiana y los indígenas siguen siendo dos mundos diferentes en permanente colisión.

V.S.L.- Cualquiera pensaría que te has propuesto la tarea de denigrar de la izquierda.

E.J.J.- Nada más lejos de mi intensión. ¡Ni más faltaba! Además el término denigrar para calificar los reparos que hago a las izquierdas me parece injusto y no sólo por la etimología de la palabra. Los que tenemos una biografía de izquierda y hemos estado al lado de movimientos sociales, acostumbramos a hacer este tipo de críticas, pues deseamos sinceramente que se den reflexiones más profundas, que se revienten esos estrechos márgenes doctrinarios que impiden el surgimiento de nuevas teorías y formas de hacer política para oxigenar a la izquierda y rectificar el rumbo, como lo aconsejan nuevas visiones del marxismo. De la cada vez más fascista derecha, los indígenas no pueden esperar nada; de allí sólo vienen empeños por deshumanizarlos y convertirlos en chivos expiatorios de todos los atrasos del país.
En cuanto al posible encubrimiento por temor, que es a lo que te referías, eso ya se ha ido superando. Hasta pueblos indígenas tan vulnerables y tan golpeados como el awa, en el departamento de Nariño, no callan y denuncian con nombre propio a sus agresores. Lo curioso aquí es que hay organizaciones políticas, aún de derechos humanos, que para determinados casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, donde la autoría viene de grupos insurgentes, continúan utilizando en sus comunicados ese término genérico de actores armados. Esto además de inaceptable, es imprudente, pues le da argumentos al Estado para denostar a las organizaciones que defienden los derechos humanos. Pero también es cierto que hay pueblos indígenas que por debilidad y temor no denuncian, y otros que siendo fuertes, tampoco se pronuncian con la vehemencia que los ha caracterizado, contra la ocupación que grupos insurgentes han hecho de sus territorios y por la especie de Armagedones que desde allí preparan, utilizando las mejores condiciones estratégico-militares de sus territorios. Y lo traigo a colación aquí, porque si existe algo que desata todos los demonios y la indignación de los paeces, es cuando se invaden o se ocupan sus territorios.
V.S.L.- Poco a poco ha ido emergiendo un movimiento social en Colombia que plantea desde la izquierda la alianza de obreros, campesinos, indígenas y otros sectores populares, cada cual manteniendo su autonomía para evitar que sus reivindicaciones particulares sean traspapeladas por partidos políticos con ideas genéricas y programas  uniformes. ¿Es eso lo que buscan los indígenas?

E.J.J.- Para serte sincero, a estas alturas del partido no sé hacia dónde van los indígenas. Habría que preguntarles a ellos y a sus dirigentes. Hay tantos apóstoles…

V.S.L.- ¿No eres uno de ellos?

E.J.J.- (risas)… ¡Por favor!… Brecht decía que tener convicciones era tener esperanzas. Yo todavía tengo convicciones; cuando hablo de apóstoles, no me estoy refiriendo a personas con convencimientos. El término apóstol lo utilizo aquí, como generalmente lo hacen muchas personas, para caricaturizar a aquellos custodios de la fe que defienden celosamente una doctrina, o en este caso, a los que profesan ideologías petrificadas y conductas rígidas que excluyen otras ideas. Pero bueno, eso es una nota al margen. Yo estoy suelto de cualquier vínculo con las organizaciones indígenas; por eso puedo opinar sin ninguna atadura. También mis opiniones, ni las comprometen, ni las afectan, aunque a veces exasperan a los apóstoles. Le pongo un ejemplo en este sentido y sobre el tema que estamos tratando. Siempre he sostenido, y eso lo aprendí en el Cauca cuando participaba de las luchas indígenas de allí, que es necesario abrir espacios a la diversidad de pensamientos e ideas políticas y organizativas, más aún tratándose de sociedades multiétnicas y pluriculturales como las nuestras; y no hace mucho, volviendo a recordar estos enunciados, busqué ejemplificarlos refiriéndome críticamente a un artículo titulado Estrategias para dividir al movimiento indígena[14]. Pero en ese contexto, se me ocurrió también referirme al estilo de generar comunicación que desvalorizaba otras voces. Lo que argumentaba yo en aquella ocasión es que este estilo de ejercer las comunicaciones, no favorecía una formación crítica, pues la democracia deliberativa requiere distancia ideológica, Ya que sin posibilidades de cambios de opinión, la deliberación es un ejercicio estéril. ¡Y allí fue Troya! El apóstol dueño del artículo me dijo que no me metiera donde no me habían llamado. ¡Hágame el favor! Me excomulgó, me negaba el derecho a opinar sobre asuntos de mi propio país, sobre todo sobre asuntos que son de mi incumbencia como antropólogo y de mi interés como activista social que siempre he sido.

Alaine Touraine decía que una democracia solo cobraba vida cuando tenían expresión pública la gran variedad de formas de organización social que existen en un país. Lo mismo es válido para el mundo de las ideas que dan vida a esas expresiones sociales. Pero así no piensan los apóstoles, que no sólo no deliberan, sino que descontextualizan la realidad social y por esa vía excluyen también la diversidad de pensamientos. Peor aún, las sectas que ellos crean se refugian en un mundo inmune a todo análisis crítico, y por eso no padecen dilemas, ni tienen que lidiar con problemas y contradicciones internas de las organizaciones, como sí nos toca hacerlo a todos los mortales que trabajamos con movimientos sociales; ellos por el contrario, están por encima del bien y del mal, y por supuesto, sobreviven sin apuros todos los cataclismos políticos, ya que como dice Kolakowski, su virtud ha sido la completa y feliz ausencia de contaminación de cualquier realidad.

V.S.L.- No has dicho cuál es tu opinión frente a las autonomías desde la base…

E.J.J.- Ah sí, a lo que te referías antes. Yo he seguido con curiosidad y admiración la resistencia de los indígenas desde sus comunidades, desde la cotidianidad del trabajo en sus huertos para evitar que se destruyan cosas básicas de su entorno que están conectadas, como la tierra, el agua, los bosques, para proteger su comida, sus semillas y en fin, todo aquello que tiene que ver con lo que se denomina Sumak Kawsay o buen vivir en la filosofía quechua; he observado de cerca los esfuerzos que hacen por sacar adelante sus proyectos de educación y salud, pero también la resistencia que ofrecen para no dejarse quitar sus logros políticos y económicos, que son muchos. No obstante los que hemos sido partidarios de este enfoque autonomista no podemos ya ocultar el desaliento que produce la pérdida de vigor de estos procesos, y ya son varios los amigos que hemos empezado a dudar de que se pueda construir en el poco tiempo que les queda y desde esos escenarios marginales, desde donde operan estas organizaciones autónomas, un movimiento social pluricultural que pueda concluir el proceso de descolonización que se emprendió hace 40 años, y se pueda detener, y quizás algún día revertir, los procesos en marcha que continúan mercantilizando los territorios, la madre tierra que llaman los indígenas.

V.S.L.- Admitiendo esa autocrítica que se hacen ustedes, ¿no sería entonces oportuno para salir del atolladero en que se encuentran las organizaciones y acelerar los procesos de recuperación y fortalecimiento cultural, político y económico de los indígenas, que estos pueblos busquen apoyarse, o aún, hacer alianzas con partidos con los cuales tienen cierta afinidad política, como el Polo Democrático, el Partido Verde o el más reciente movimiento Progresistas?

E.J.J.- A mi juicio los indígenas deben seguir dialogando con la gente más cercana a ellos, aislarse es una majadería. Y si las alianzas se llevan a cabo después de un proceso de debates y consultas con las organizaciones, vaya y venga. Pero generalmente estas alianzas las hacen las dirigencias y esto acarrea riesgos; que yo recuerde, en todas las alianzas que han hecho con la izquierda colombiana o con los partidos progresistas, han salido mal librados los indígenas, lo que no significa que en todos los casos la responsabilidad haya sido exclusivamente de la izquierda. Voy a soltar una herejía, a veces los pactos que han hecho con la derecha han sido menos perjudiciales, pues les han proporcionado algún respiro en momentos difíciles. Un ejemplo fue el acuerdo con los terratenientes en el Cauca, el conocido acuerdo FEDEGAN[15]-CRIC. En cambio las alianzas con la izquierda, como todos los casamientos que se consuman sin pasión, solo han traído frustraciones. Esto se debe a que en algunos casos los partidos de izquierda les han asignado a los indígenas roles que ellos ni siquiera se habían imaginado; aquella idea, por ejemplo, de que los indígenas tienen la respuesta para enfrentar la crisis civilizatoria de los últimos tiempos o la clave para detener el cambio climático que amenaza con arrasar todas las formas de vida en el planeta, además de ser abusiva, es barata y poco seria, pues no les resuelve nada, ni a ellos ni al país; sin embargo a muchos indígenas los han subido a ese escenario para capitalizar la crisis ambiental global.

Otras alianzas han fracasado, porque los partidos no los han considerado como socios orgánicos de un proyecto político y toman las decisiones sin contar con ellos, lo que los ha dejado a la vera del camino; un ejemplo de esto es el del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, con los indígenas de tierras bajas; hay que mirar el caso de la carretera para atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que es rechazada por los indígenas porque los afecta, pero que Evo anunció que se hace porque se hace. El fundador del Estado Plurinacional de Bolivia llega a calificar de enemigos internos a estos indígenas que hoy marchan en defensa de su territorio ancestral. Pero hay otras alianzas que fracasan porque se hacen con partidos considerados progresistas, como el Partido Verde, pero que son como el caballo de la estatua de la plaza, que no te caga nunca, pero tampoco te lleva a ninguna parte, chistosa anécdota contada por Daniel Samper Pizano, del humorista argentino Enrique Pinti, refiriéndose a su Partido Radical.

V.S.L.- Por la vía de los enfoques autonomistas no se llega a ninguna parte, pero por la vía de las alianzas con la izquierda tampoco. ¿Cómo se explica entonces este panorama tan contradictorio que aquí has dibujado?

E.J.J.- De ser una verdad real este panorama, sería una muestra del fiasco de la perspectiva política autonomista que hemos defendido y por lo tanto de nuestro propio fracaso ideológico.

V.S.L.- Ante ese cuadro tan desolador que presentas, ¿se les ocurre entonces algo que podría hacerse?

E.J.J.- Hay mucha gente que es de la opinión de que la ASI[16], a pesar de todos los estrujones y codazos que se dan a su interior, sigue siendo un partido político necesario para acompañar a las organizaciones y ayudarlas a salir del atolladero. De allí que este partido deba ser fortalecido políticamente, en vez de ser visto como armatoste para obtener beneficios personales, siguiendo la regla de que cuando me sirve estoy adentro y si no me sirve me voy para otro partido, o fundo uno nuevo, pero dejo la puerta abierta para regresar, si de nuevo puedo sacarle réditos políticos. Lo otro es obvio, las organizaciones deben decidir sus propias agendas, tener claridad hacia donde quieren ir y actuar en consecuencia, pero ante todo deben tener la entereza para separarse de liderazgos indigenistas y oportunistas que les hacen daño y que no permiten que sus instituciones se sigan desarrollando. Lo que si cada vez es más real es que mientras continúen viviendo en la incertidumbre, y haya ausencia de grandes definiciones para superar el estancamiento o el letargo, como calificaste la situación que viven estos pueblos, entonces estarán entrando más temprano que tarde en la recta final del etnocidio. Deberían por lo tanto hacer ingentes esfuerzos por mantenerse a flote y no desaparecer.

V.S.L.- Pero ¿cómo se logra eso?

E.J.J.- Sinceramente no sé. Lo único que me atrevo a decir es que para eso no hay recetas. Cada pueblo debe encontrar su camino, hacer uso de su imaginación e ingeniárselas para sobreaguar. Esa creatividad la han tenido muchos pueblos en el pasado. Los que no la tuvieron y resistieron, los desaparecieron. Mientras tanto nosotros debemos también ingeniarnos fórmulas para apoyarlos. En esa dirección sí me arriesgaría a decir algo, sobre todo después de leer la reciente entrevista que la revista Semana le hizo al empresario bananero y comandante paramilitar Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, que es cuando uno comprende la real dimensión de la para-política, la narco-para-democracia y el poder de la narco-economía en Colombia y los daños causados al país. Muchos capos del paramilitarismo están presos, muertos o extraditados, aunque también muchos están, como se dice en argot popular, pasando de agache. Sin embargo los avances realizados contra el paramilitarismo y sus aliados en el Estado son principalmente logros de la rama judicial que inició los procesos contra la parapolítica, apostándosela toda por el país; la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia son pruebas de ello. Tenemos, aunque no sabemos hasta cuando, esos órganos de poder constitucional garantistas de derechos fundamentales. Me atrevería entonces a decir, que ahora que los indígenas se encuentran en esa situación que caracterizas como de letargo, están lastimados y debilitados, las organizaciones han perdido el brío para reivindicar sus derechos y los liderazgos, por sus pequeños y mezquinos intereses bloquean el desarrollo de sus instituciones, entonces valdría la pena trabajar su problemática desde la perspectiva de esos derechos, que deben ser tutelados por las cortes; son derechos que han sido vulnerados por múltiples actores y desconocidos o menospreciados por el Estado.

V.S.L.- ¿Cuáles son esos derechos que han sido vulnerados y quiénes son los autores de esas violaciones?

E.J.J.- Se han violado muchos derechos, casi todos. A los pueblos indígenas no sólo se les ha perturbado su entorno con la ocupación que han hecho todos los actores armados de sus territorios,  pero también con la penetración de intereses económicos como la minería, la explotación de hidrocarburos, la extracción de recursos madereros y los monocultivos de plantación, incluida la coca; más aún, algunos de sus territorios como el de los embera katio del Alto San Jorge y Alto Sinú fueron sembrados con minas antipersona que han cobrado varias vidas. Esta afectación de sus territorios, también ha perturbado de manera severa sus modos de vida; el creciente desarraigo de algunos pueblos, ha puesto en riesgo sus vidas como pueblos. Y el derecho a la vida es un derecho fundamental de la Constitución Política de Colombia, que se antepone a cualquier otro derecho o interés público o privado. La opinión que compartimos muchos de los que hemos estado cercanos a los pueblos indígenas, es que al Estado le debemos exigir el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Porque el Estado tiene la obligación no sólo de respetar los derechos de los pueblos indígenas, sino también de garantizarlos y en caso de pérdida, restablecerlos.

Jorge Luis Borges dijo alguna vez que en especiales momentos la suerte de un solo hombre representaba la de todos los seres humanos. Algo similar podemos decir para los indígenas, debido al particular momento que vive Colombia: la suerte de los pueblos indígenas, representa la de todos los colombianos, o como una vez se concluyó en el congreso indígena de Bosa, de que si no había paz para los pueblos indígenas, difícilmente Colombia conocería la paz. Así también lo entendió la Corte Constitucional, cuando en su Auto 004 de 2009 expresó que había varios pueblos indígenas que estaban al borde de la extinción física o cultural a causa del conflicto armado, lo cual sería un orden de cosas inconstitucional que afectaba a todos los colombianos.

V.S.L.- A propósito del auto 004, ¿Cuál es el estado actual de los planes de salvaguarda étnica?

E.J.J.- No quisiera entrar en detalles, pero me late que es otro fraude más que el Estado está tramando contra sus pueblos indígenas, lo que mostraría también las falencias de las luchas legales por los derechos de los pueblos indígenas.  Hay malestares en algunas zonas por la lentitud con que marchan los planes de salvaguarda. Creo que en este caso el presidente Santos hizo gala de sus dotes de tramoyista. Por un lado se comprometió con la Corte Constitucional a cumplir con el auto, pero por otro lado empantanó el proceso al poner a los indígenas a elaborar propuestas estratégicas y lineamientos políticos para el Programa Nacional de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas, para el Plan de Salvaguarda Étnica y el Proceso de Consulta Previa. Estas propuestas deben, según la Corte Constitucional, ser el resultado de un proceso de concertación con las autoridades indígenas desde lo local, pasando por lo regional para llegar a lo nacional. El Estado ha venido suministrando los recursos para llevar a cabo esta labor. Son varios los pueblos que se encuentran atascados, elaborando sus planes de salvaguarda, y como los recursos se agotan, en parte por dudosos usos, como lo han denunciado algunos indígenas, entonces se alarga el proceso mientras se tramitan nuevos recursos. Si el proceso se dilata o los resultados no son satisfactorios y el Estado los objeta en la Mesa de Concertación, los responsables serán los líderes y organizaciones indígenas que están al frente del proceso. En síntesis el gobierno acata la orden de la Corte Constitucional, pero empantana el proceso para dilatar su cumplimiento. Prefiere, porque es más barato para el Estado y más dispendioso para las organizaciones indígenas, continuar suministrando más y más recursos para que los líderes de las organizaciones y sus asesores continúen investigando y realizando encuentros, talleres y otras cosas por el estilo para sistematizar  y hacer los diagnósticos.

Mientras tanto la situación en las regiones se agrava, como se deduce de algunas comunicaciones de las organizaciones que, como las de los cinco pueblos del resguardo Caño Mochuelo en el Casanare, manifiestan no entender como la Corte reconoce la vulnerabilidad de los indígenas de esta región, pero que después de tres años de la expedición del auto 004 las soluciones al problema territorial de fondo no llegan, entretanto el Estado sigue  promoviendo proyectos petroleros en sus territorios. O el caso del resguardo embera katio Quebrada Cañaveral en Córdoba, donde los indígenas no saben que es lo que se está adelantando para salvaguardar sus vidas, mientras viven expulsados de su resguardo, donde se plantan cultivos de uso ilícito, se expiden concesiones mineras y mueren por minas antipersona.

V.S.L.- Si la vía de la defensa legal de derechos también se agota, ¿a qué te vas a dedicar entonces?

E.J.J.- A veces, como a todos los que nos hemos empeñado con entusiasmo en esta labor, me abate la desesperanza, pero por fortuna también suceden cosas positivas en las comunidades que lo animan a uno a continuar. A veces me llega también de la memoria una frase que habría pronunciado Lutero; algo así como que si el supiera que el mundo se habría de acabar al día siguiente, él hoy sembraría un manzano. Aún sabiendo que este país va de mal en peor, en lo que al desarrollo de la interculturalidad se refiere, continuare con agrado, pues me genera mucha satisfacción, arrimando el hombro para apuntalar procesos organizativos propios de las comunidades indígenas, negras y campesinas, pues son dignos de admiración los esfuerzos que hacen algunos pueblos por sobrevivir y recomponer sus instituciones, a pesar de la barbarie y crisis humanitaria que viven y de que a diario se encuentran cara a cara con muchos de sus victimarios.

Por supuesto que seguiré contribuyendo a la construcción de procesos interculturales que han emprendido estos pueblos, pues en el Colectivo de Trabajo Jenzera y en la Escuela Interétnica somos del convencimiento de que debemos seguir cultivando y divulgando la idea de que como Nación pluriétnica, tenemos que continuar  persistiendo, aun con más ahínco, con más pedagogía y cercanía a las comunidades, en los caminos de la democracia, que en Colombia por sus particularidades históricas y sociales, debe ser intercultural o será sólo una pantomima de democracia, como hasta ahora.


[1] Una versión re sumida de esta entrevista fue publicada por el periódico DESDE ABAJO No. 181. www.desdeabajo.info

[2] Las notas de pie de página son del periódico (V.S.L.).

[3] Consejo Regional Indígena del Cauca.

[4] Organización Nacional Indígena de Colombia.

[5] Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy INCODER

[6] Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana.

[7] Autoridades Indígenas del Suroccidente.

[8] Autoridades Indígenas de Colombia.

[9] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

[10] Movimiento Revolucionario Tupac Amaru

[11] Movimiento de Izquierda Revolucionaria

[12] Región indígena del Cauca, en la cordillera occidental

[13] Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

[14] Ambos artículos se encuentran en la red: “Estrategias para dividir el movimiento indígena” en: http://servindi.org/actualidad/25194 y “Conflictos en el movimiento indígena caucano” en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Pueblos_Indigenas/conflictos_en_el_movimiento_indigena_caucano

[15] Federación de Ganaderos

[16] Alianza Social Independiente, antes Alianza Social Indígena