Marzo 10, 2018
by jenzera
0 comments

El reconocimiento de identidades culturales en Colombia. Notas para un relato multicultural que conduzca a una “sociedad decente”

Efraín Jaramillo Jaramillo
Colectivo de Trabajo Jenzera

…aun en los tiempos más oscuros
tenemos el derecho a esperar cierta iluminación,
que puede provenir menos de las teorías,
y más de la luz que algunos hombres y mujeres
reflejarán en sus trabajos, y sus vidas …

Hannah Arendt
(Hombres en tiempos de oscuridad)

Fue un notable acierto del antropólogo canadiense Charles Taylor, haber traído al debate político los conceptos de ‘multiculturalismo’ e ‘interculturalidad’, en el contexto de la problemática de los pueblos étnico-territoriales; y en especial, el haber advertido sobre los conflictos que pueden presentarse en Estados multiétnicos, de no desarrollarse lo que denominó una “política de reconocimiento” de las diferencias culturales y étnicas.[1] Y es que ya para esa época (1992) —15 años antes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)—, se enunciaba, como ideal común de todas las sociedades, la visión normativa de que, pueblos de origen cultural diferente, requerían de un reconocimiento de sus particularidades culturales por parte de los Estados, a fin de posibilitarles la realización de sus proyectos de vida.

Si bien la Constitución Política de 1991, reconoce a Colombia como una Nación multiétnica y pluricultural, la verdad es que ha sido escaso el desarrollo constitucional en esta materia, y los cambios que se pueden observar no obedecen, primeramente —contrario a lo que los gobiernos les ha gustado declarar— a orientaciones o políticas estatales de ‘reconocimiento’. La sensación que tengo es que los avances obtenidos han sino más el resultado de movilizaciones que realizaron las organizaciones indígenas en las últimas décadas, para defender sus derechos; unas movilizaciones que estuvieron marcadas por numerosos conflictos, a menudo violentos, con el Estado y otros actores económicos y políticos del país.[2]

La perspectiva de que los grupos étnicos requieren un reconocimiento de sus diferencias, era, en la visión de Taylor, inaplazable, debido al nexo que existe entre ‘reconocimiento’ e ‘identidad’. El argumento de Taylor es que la identidad —entendida como la interpretación que tiene un grupo, de las características que lo definen y diferencian de los demás—, se plasma por el reconocimiento —o por su ausencia— de parte del Estado y de otros sectores de la sociedad. Es por lo tanto una construcción social, la cual se define esencialmente a través del diálogo; en palabras de Taylor: “Mi identidad depende en modo crucial de mis relaciones dialógicas con otros”.

“Un destacado tema de estudio de la antropología es el de la identidad y las condiciones de su formación en el cerebro humano, como un hecho individual, pero que adquiere dimensiones colectivas muy variadas: identidades étnicas, nacionales, religiosas, políticas, sexuales y otras más. Por la antropología hemos llegado a entender que, identidades diferentes tienen la tendencia a repelerse, pero que, al requerir la coexistencia, buscan alcanzar un entendimiento —la bella y conocida parábola de Schopenhauer[3] sobre los erizos, celebrada por Freud y por Nietzsche”[4]—. Ese entendimiento, como lo explica Taylor, solo es posible alcanzarlo por medio del diálogo.

Ha habido mucho debate sobre este tema y les han descargado suficientes críticas a estos —hoy ya clásicos—  paradigmas conceptuales de Taylor. Sin embargo, debido a la actual situación de extrema polarización política, y la enorme gravitación que tienen los acontecimientos de los pueblos indígenas y negros para el resto del país, no resulta algo menor continuar hablando y debatiendo sobre ‘multiculturalismo’ e ‘interculturalidad’ en los términos —lógica de las diferencias— definidos por Taylor. A él le debemos haber sacado a la luz pública un tema que estaba oculto bajo la alfombra, provocando con ello un sobresaliente debate político sobre la Nación colombiana. Gracias Taylor.

Percibo, además, que este es un tema que forma parte de una de las principales preocupaciones de la recién constituida ‘Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición’ —en corto: ‘Comisión de la Verdad’—, particularmente el apremio por disponer de un relato sobre los conflictos étnicos, que ofrezca ideas para la superación de aquellos obstáculos que han impedido la edificación de la Nación intercultural, incluyente y democrática, que hemos anhelado los colombianos; sobre todo un relato que reivindique la importancia —y riqueza— que tienen las particularidades étnicas y culturales para la Nación colombiana.

En el imaginario social de nuestra sociedad multiétnica y pluricultural, existe cierta definición dominante del ‘Otro’, del subalterno o minoritario —indio, negro, gitano, inmigrante, desplazado, homosexual, etc.—por los grupos en el poder; a la par que los grupos subalternos elaboran sus propias definiciones sobre los grupos dominantes. El ilustre antropólogo noruego Fredrik Barth desarrolló su teoría de las relaciones interétnicas sobre la base de que existen estas representaciones compartidas por ambas partes en lo que denominó la “Frontera interétnica”.[5] Estas representaciones originaban determinadas relaciones y reglas de conducta entre grupos dominantes y grupos subordinados. Diferenciar a grupos humanos por sus características políticas, étnicas, culturales o religiosas, es una práctica bastante común en las sociedades. No obstante, el argumento de Barth es que las fronteras étnicas no se trazan teniendo en cuenta estas diferencias, sino que las diferencias se buscan o se inventan, en función de unas fronteras que ya han sido trazadas y que definen el tipo de relaciones sociales que se presentan en una sociedad multicultural.

Se trata —nos dice Taylor— de relaciones sociales que involucran a dominantes y subordinados de manera diferenciada y desigual en varios campos, pero particularmente en la política y la economía. Al no tener igual acceso al poder y a los recursos materiales, se presenta una situación en la sociedad multiétnica, en la cual hay quienes ‘definen’ —incluyen o excluyen—, en breve, reconocen, y quienes son ‘definidos’ —incluidos o excluidos—, es decir, reconocidos. En una sociedad multiétnica, así jerarquizada, se encuentran formas históricas de interculturalidad en las cuales un grupo —el dominante—  elabora el relato histórico oficial que define los códigos que deben regir a todos los miembros de una sociedad, mientras que los otros —los subordinados— le aportan a la sociedad, por ejemplo, la cocina tradicional, las artesanías, la música folclórica, los trajes típicos, muchas costumbres.

“El conflicto se presenta, cuando los grupos subordinados no admiten más los valores ligados a la jerarquía étnica establecida en esa sociedad multicultural, ni aceptan las representaciones dominantes, aquellas que asignan determinados roles al grupo dominante, por ejemplo, el de producir ministros, filósofos, científicos, políticos y empresarios, y a los subordinados, el de producir obreros, barrenderos, jornaleros y prostitutas”.[6] Conectándose con los apremios de los subordinados —sobre todo pensando en sus connacionales pueblos indígenas de Canadá—, Taylor plantea el reconocimiento de las diferencias culturales, como una necesidad humana que forma parte de la dignidad: “Un reconocimiento adecuado —nos dice— no es tan sólo una cortesía que debemos a nuestros prójimos: es una necesidad humana vital”.[7]

El deseo de reconocimiento como lo establece Taylor, exige una aceptación con base en principios de igualdad y equidad, deseo y demanda de reconocimiento que devuelve el sentido de la vida y la dignidad de ser humano, y que es transformada en reivindicación por los grupos subordinados. Es por esa vía que las diferencias culturales se transformen en diferencias políticas. Aún más, son esas diferencias culturales las que están en el origen de —y potencian— las diferencias políticas. La política, que para muchos politólogos es el resultado de enfrentamientos entre fuerzas antagónicas en el marco de la lucha por el poder, es para Taylor el producto de pugnas culturales no políticas —es decir, pre-políticas, pero sin las cuales lo político no podría ser explicado: Las diferencias culturales no solo anteceden, sino que se encuentran en la razón de ser de ‘lo político’. Esto explica porque el campo de la política está sujeto a toda suerte de interferencias subjetivas, pues es el campo donde luchan por el poder —por algo le llaman ‘arena’— “seres humanos, en esencia complejos y ambiguos, con cargas ideológicas, pertenencias culturales, pasiones, incertidumbres morales e intereses terrenales diferentes, que conducen a que el estado de democracia que construyen esté lleno de encrucijadas e incertidumbres, y las instituciones que crean para gobernar y administrar justicia sean frágiles, volátiles y cambiantes”[8].

Pero hay dos aspectos más del razonamiento de Taylor que ilustran el alcance que tienen sus planteamientos para el fundamento de las decisiones que toman los pueblos indígenas y negros. El primero es que, en el curso del desarrollo de una política de reconocimiento, es preciso tomar distancia del liberalismo económico, una doctrina que, al privilegiar al individuo sobre la comunidad, desconoce a esta última como fuente y soporte de una identidad colectiva. Por esa vía el liberalismo elimina las diferencias culturales identitarias, en nombre de un ideal abstracto de individualidad.

El segundo aspecto tiene que ver con la crítica de Taylor a la tesis de que la política estaría por encima de las diferencias culturales. Una tesis que sugiere que es por la vía de la política, que se superan las diferencias y se alcanza el —igualmente abstracto ideal— de ‘bien común’.

En un contexto de extrema polarización política, como la que actualmente se presenta en Colombia, las diferencias culturales ‘plurales’ —entiéndase ‘de muchos’— tienden a ser invisibilizadas, en el mejor de los casos, reducidas a diferencias ‘duales’ —de dos polos—.

Usualmente los grupos dominantes en Colombia perciben aquellas reivindicaciones crecidas de las “politizadas” diferencias culturales, como políticas fundadas en ‘resentimientos’, es decir, invocadas por derechos supuestamente ‘espurios’, como es el de exigir indemnizaciones por la esclavitud padecida; es decir reclamar ‘derechos a los cuales no tendrían derecho’[9]. Crece, sin embargo, un sentimiento en la sociedad colombiana a repudiar todo aquello que dificulte el reconocimiento, al que legítimamente aspiran los pueblos indígenas y negros. Y la indignación que se genera en estos pueblos por la falta de reconocimiento, ha sido determinante para sus movilizaciones políticas. Ejemplos hay por decenas en el Cauca y otras zonas indígenas del país. Y recientemente en el Pacífico. El paro de Buenaventura —junio 2017— y los de Quibdó y Tumaco, son muestras de ello.

La necesidad de una “sociedad decente” es un concepto central en el pensamiento de Avishai Margalit. Para él una ‘sociedad decente’ es una sociedad que ha alcanzado un alto grado de desarrollo y civilización, en breve, una ‘sociedad civilizada’, cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad y no les esquilman sus bienes, una sociedad civilizada en la cual sus ciudadanos no se agreden unos a otros[10]. Para Margalit, semejante a lo planteado por Taylor en su filosofía del Reconocimiento, se trata de explorar un camino, que permita a los seres humanos vivir juntos sin lastimarse, sin humillarse, es decir, honrando la dignidad y respetando las pertenencias de todos—las materiales y las espirituales—. Este filósofo judío de ciudadanía israelí sabe de qué está hablando, pues ha sido espectador de muchas crueldades y humillaciones en su Nación multiétnica.

En el mismo sentido se expresa la politóloga Judith Nisse Shklar. Para ella la erradicación de la humillación y la crueldad es un asunto de suma importancia. Más que una ‘sociedad justa’, cuya materialización puede llevar mucho tiempo, para ella tiene prioridad la construcción de una ‘sociedad decente’, que erradique la crueldad y la humillación; una sociedad decente que posibilite el encuentro entre diferentes —y desiguales—, sinceramente interesados en construir acuerdos sobre los procedimientos a seguir para alcanzar un equilibrio entre ‘libertad’ e ‘igualdad’, que son los ideales próximos a una ‘sociedad justa’.[11] Al igual que Avishai Margalit, esta humanista letona, sabe de qué habla, pues perteneciente a una familia alemana de origen judío, experimentó en carne propia las crueldades y humillaciones del régimen Nazi.

Estas notas no serían comedidas con el pensamiento de todos estos humanistas aquí citados, si no reflexionáramos a la luz de sus enseñanzas antropológicas, filosóficas y políticas, sobre la situación histórica particular que vive el país; reflexionar sobre lo que estamos haciendo para terminar de pasar la página de la guerra, e indagar sobre la verdad que estamos buscando en Colombia; en fin, juntar todas las historias para elaborar ese relato multicultural que nos ayude a construir una “sociedad decente”.

En un texto anterior sobre Hannah Arendt, nos preguntábamos: ¿A cuántos colombianos no se les ha desarraigado de sus tierras por razones económicas, y humillado y mutilado sus vidas por razones culturales? Semejante a lo que vivió y sintió Hannah Arendt, ¿cuántos colombianos no han sido parias como ella, en su propio país, producto de ideologías totalitarias que les han usurpado el espacio público, excluyéndolos de todas las formas de relación interétnica, hasta el extremo de obstaculizar toda posibilidad de construir una sociedad justa?”[12]

El Estado colombiano modernizó su Constitución Política en 1991. Esta Constitución señaló un modelo de Nación que los colombianos estábamos convocados a construir. Según esta nueva carta política, Colombia, hasta ese momento definida como una Nación mestiza, es reconocida como multiétnica y pluricultural. La suerte estaba echada: Sin haber pasado por la mente de los Constituyentes las ideas de uno de los teóricos fundadores del socialismo europeo —el austromarxista Otto Bauer— el espíritu de la nueva Constitución retomó aquí uno de sus planteamientos: “La Nación es una comunidad de destino” (Schicksalsgemeinschaft). Dice Bauer:

“ […] únicamente el hecho de vivir y sufrir la comunidad de destino, [es] lo que crea la Nación. Comunidad significa, según Kant, interacción recíproca profunda. Solamente el destino vivido en interacción recíproca profunda y en constante relación mutua […interacción constante entre los compañeros de destino…] da lugar a la Nación.[13]

El concepto de “interacción recíproca” en la conformación de la Nación es central; puntualiza que se trata de una construcción social, en la cual intervienen diferentes pueblos en calidad de “compañeros de destino”. Esta perspectiva abierta por Bauer, es un precedente del multiculturalismo y un planteamiento teórico importante en la búsqueda de la convivencia de diferentes culturas dentro de un Estado multinacional. Siguiendo el curso de estas ideas y aplicándolas a nuestra realidad colombiana, podemos derivar que la Nación colombiana no existe.[14] Es aún un horizonte en perspectiva de construcción, una meta por alcanzar.

Después de entender lo que se había hecho —“desacierto cometido” de haber concedido demasiados derechos, según algunos constituyentes—, el Estado intentó bajarle el perfil al reconocimiento que le había dado la Constitución a sus pueblos indígenas y negros, y otras diversidades. Pero ya era tarde. Estos pueblos  no estaban dispuestos a dejarse arrebatar fácilmente los cambios que originó la nueva Constitución Política, cambios que han sido de una importancia proverbial, pues esas identidades culturales, antes diversidades subvaloradas y descalificadas por reivindicar órdenes económicos colectivos, gobiernos autónomos y tradiciones culturales diferentes, se volvieron sujetos de protección constitucional. De allí que los pueblos indígenas y afrocolombianos defiendan con ahínco ese concepto de Nación definida por la Constitución. Ya Colombia no es más una Nación que le rinde culto a una sola tradición, cultura, lengua y religión, concepto de Nación homogénea heredada de España y modelo a seguir, preferido por sectores ultraconservadores. Ahora las cosas han cambiado y la cuestión étnica se ha tornado en uno de los más importantes y complejos desafíos socio-políticos para el Estado y para la Nación colombiana.

Algo perturbador de esta ‘acción de reconocimiento’ del Estado hacia sus grupos indígenas y negros, es que hoy, a pesar de que a menudo trastabillamos al caminar con esos ‘compañeros de destino’ para conformar la Nación, que imaginaron los constituyentes, los colombianos discutimos a toda hora y en muchos espacios, estos temas que antes eran asuntos de intelectuales. Sobre todo no son discusiones teóricas, sino debates sobre lo que vemos en la calle: cientos de rostros, lenguas, ideas y atuendos diferentes. Y es desde esa perspectiva, de donde podemos —según Hannah Arendt— “esperar cierta iluminación”, Pues estoy seguro que hoy son pocos los colombianos que no creen que los indígenas y negros que han sido desplazados de sus territorios ancestrales, sean poblaciones que merecen el más prolijo reconocimiento del Estado y la sociedad.

Especialmente favorecidos por este reconocimiento fueron los pueblos negros, que conscientes de que su supervivencia y futuro como culturas diferentes, dependían de sus territorios, iniciaron un proceso de movilización para hacer valer los derechos territoriales que les entregaba la nueva Constitución. Los logros de su movilización no se dejaron esperar y el Estado expidió títulos sobre buena parte de sus territorios ancestralmente ocupados en la Región Pacífico. El Estado reconoció así y mostró voluntad para saldar— la deuda histórica que tenía con ellos. Desarrollos políticos posteriores —a los cuales nos referiremos enseguida— desinflaron el entusiasmo que despertó en ellos este “reconocimiento”, que en su momento recibió el nombre de “apertura”: la Constitución colombiana —literalmente— ‘abría’ sus puertas y acogía a las culturas y pueblos excluidos de la Nación. Dos procesos que se desarrollaron casi simultáneamente, dieron al traste con esas bondades del reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y cultural del País.

El primero. A la vez que ocurría esa ‘apertura’ étnica y cultural, el gobierno de Cesar Gaviria promovía una ‘apertura económica’ para sintonizar al país con las —en boga— doctrinas neoliberales. Los cambios económicos introducidos privilegiaban planes de inversión que eran apoyados por el Estado sin mayor consideración por el medio ambiente y las realidades culturales de las regiones. Esta apertura económica, que continúa y se intensifica durante el gobierno de Álvaro Uribe, desestructuró las economías de los pueblos indígenas y negros, pues el respeto y reconocimiento a las economías comunitarias quedaron sin piso, cuando el Estado instrumentalizó una visión política que concibe a la Nación como un gran mercado, donde concurren sectores económicos en libre competencia. La Nación deja así de ser un tejido social diverso, multiétnico y pluricultural, que conviene las formas de Estado, del desarrollo y de la convivencia, como lo expresa la Constitución. Y en abierta contradicción con el espíritu —de reconocimiento— de los constituyentes, que pensaron para Colombia un reordenamiento territorial, que obedeciera a criterios históricos, geográficos, ambientales, ecológicos, culturales y étnicos, el Estado impulsó un ordenamiento territorial con las actuales inversiones nacionales, departamentales y municipales, centradas en macroproyectos extractivos, agroindustriales, hidroeléctricos y de vías de comunicación. Estas inversiones, en las cuales participa capital transnacional, pero también dineros provenientes del narcotráfico, modificaron las articulaciones locales, transformando las dinámicas económicas y culturales de las regiones.

En síntesis, el Estado con esta nueva racionalidad económica, borró con el codo el ‘reconocimiento’ constitucional que había firmado con la mano. Una racionalidad económica que ha modificado —y continúa alterando— la territorialidad de los pueblos indígenas y negros, cambiando las funciones económicas de sus territorios, de acuerdo a demandas económicos de empresas que organizan territorios y disponen de sus recursos —y hasta de la mano de obra nativa—, de acuerdo con sus intereses, adversos a las necesidades de los pobladores nativos. Los procesos económicos que inducen estas inversiones llevan a que los pueblos indígenas y negros pierdan el control sobre sus espacios de vida. Sólo unos pocos pueblos que vienen oponiéndose al desplazamiento, podrían salir bien librados del despojo y pérdida de control territorial.[15]

El segundo. Aún estaba fresca la firma de los títulos de propiedad colectiva sobre sus territorios y las comunidades negras no habían terminado de tomar posesión de ellos y de fundar sus órganos de gobierno creados por la Ley 70 de 1993 —Consejos Comunitarios—, cuando empezaron a ser desplazados violentamente de sus territorios[16], arrebatándoles su disfrute, y sobre todo, la posibilidad de continuar con el proceso de reconstrucción y ‘descolonización’ de sus vidas en esas selvas de cuantiosas riquezas ambientales, a las cuales habían atado sus vidas, después de huir de la esclavitud. Fue una nueva ‘diáspora’ negra, tan dramática como la que vivieron en el siglo XVI, cuando fueron arrancados de su nativa África para trabajar las minas de oro del Nuevo Mundo. Con un inconveniente añadido: se ocasionó un proceso de ruptura con un modelo intercultural, ensayado durante varias décadas de interacción con ambientes y pueblos indígenas embera y wounaan, tule y awá, de los cuales habían aprendido las artes para manejar la selva y el río, y con quienes compartían territorios y recursos.

Un perjuicio adicional a la pérdida de entendimiento y ruptura del tejido social interétnico, es la alteración que sufrió la gobernanza propia de las organizaciones, como resultado del reclutamiento forzado de jóvenes por los diferentes actores armados. Se trató de un reclutamiento por medio del cual estos actores subordinaban a las autoridades de las comunidades, o las desplazaban de sus funciones de gobierno, instaurando otras formas de autoridad, más proclives a sus intereses económicos de extracción de recursos o apropiación de las rentas del narcotráfico.

Momentos dramáticos comenzaron a vivir las comunidades negras, cuando los desplazados —las víctimas—, en virtud de estos reclutamientos, terminaron siendo ‘victimarios’ y ejecutores de desalojos y desplazamientos violentos, perdiéndose de esa manera la identidad, el sentido de pertenencia a un colectivo y la solidaridad entre paisanos. Un dirigente negro del Pacífico lo expresaba así:

“Los hilos secretos de las tramas de la guerra en Colombia, una de las tantas a las que los afrodescendientes han asistido con banderas que parecen propias, están haciendo de ellos asesinos o asesinados, desplazados o desplazadores, pero en cualquier caso víctimas, abriendo la posibilidad de nuevas heridas y de un reciclaje constante y eterno de los odios”.[17]

En la medida en que se intensificó el conflicto armado interno en los territorios colectivos, los grupos armados —regulares e irregulares— desconocieron cada vez más a las organizaciones de indígenas y negros, obligando a sus integrantes, en no pocas situaciones, a participar de las contiendas armadas, a prestar apoyo logístico o a suministrar alimentos, quitándoles el resquicio de autonomía que todavía les quedaba.

Para vergüenza del Estado, que no cumplió con su misión de proteger a la población nativa, que había “reconocido constitucionalmente”, las múltiples violencias ahogaron en sangre el sueño democratizador que inspiró la Constitución Política de 1991. La vergüenza es aún mayor: según investigaciones o resoluciones procedentes de diversas fuentes —relatorías de Naciones Unidas, Misiones de Observación, Corte Interamericana, Corte Constitucional colombiana— existen indicios de que estas graves violaciones de los derechos fundamentales de los pobladores indígenas y negros del Pacífico, registradas por los actores armados como “efectos colaterales” de enfrentamientos armados, tuvieron objetivos propios e independientes del conflicto armado interno. En efecto, el desarraigo territorial de la población afrocolombiana, indígena y campesina de la región, fue un objetivo más, y no una consecuencia inevitable de la guerra.[18]

¿No es una forma de crueldad contra una población —la más vulnerable de la sociedad— que el Estado “dilapide”, o les esquilme los recursos destinados a su salud? ¿No son actos de humillación a un pueblo, que infantes indígenas mueran por desnutrición? ¿Puede haber episodios más denigrantes de la condición humana, que niñas indígenas de corta edad, pongan fin a sus vidas para huir de condiciones inhumanas de trabajo? ¿No es acaso una forma de discriminación el acoso a los diferentes? Podríamos seguir enumerando los muchos ejemplos de envilecimiento de la naturaleza humana, que apremian, a que prioricemos la construcción de una ‘sociedad decente’, que erradique la crueldad, el irrespeto y la humillación al ser humano, tal como lo han pensado Avishai Margalit y Judith Nisse Shklar.

Siguiendo esta reflexión de Judith Nisse Shklar, ¿no sería más inteligente pensar en abordar —desde ya—, la construcción de esa ‘sociedad decente’, antes de acometer la construcción de una ‘sociedad igualitaria’, una empresa que puede durar muchos años y cuya realización exige la existencia de un Estado competente, con capacidad y disposición[19] para contener los poderes de abusadores, humilladores, crueles y corruptos que han impedido la edificación de una ‘sociedad justa’?

He querido con este texto dar a conocer algunos puntos de vista que aspiro ayuden a construir una versión dinámica de la historia, una historia que no es solo lo que ha sido, sino lo que ha llegado a ser.

Para terminar. Este texto no tiene más conclusiones, que aquellas que están implícitamente  enunciadas. Sacar más conclusiones es una labor que dejo a ustedes, amables amigos. En vez de esto y a manera de epílogo, traigo a colación unas palabras del escritor Václav Havel, militante comprometido con la democracia en su país —la antigua Checoeslovaquia—, que participó de las luchas que pusieron fin al férreo régimen comunista impuesto por la entonces Unión Soviética. Dice Havel:

“Estoy convencido que no podemos construir un Estado de derecho ni un Estado democrático, si es que no construimos… —aunque ello suene poco científico en los oídos de los politólogos— un Estado humano, ético, espiritual y cultural. Las mejores leyes y los mecanismos democráticos mejor concebidos no nos pueden entregar nada… si todo eso no está garantizado por determinados valores sociales y humanos”.[20]

Bogotá, marzo de 2018

 

 


[1] Charles Taylor: “El multiculturalismo y la política del reconocimiento”, FCE, Madrid 2003.

[2] Fueron imponentes movilizaciones, a través de las cuales los indígenas ganaron —y el Estado y los grupos dominantes cedieron— importantes derechos individuales y colectivos.

 

[3] En invierno los erizos sienten la necesidad de calor. Se buscan para calentarse, pero al juntarse se causan heridas con las púas. Pero si se alejan estarán condenados al frío. Se ven entonces obligados a encontrar la distancia óptima, la separación más soportable para no hacerse daño sin sentir frío. Según Schopenhauer, los hombres, a semejanza de los erizos en invierno, se encuentran empujados los unos a los otros por “la necesidad de la sociedad surgida del vacío y de la monotonía de su propio interior (…) pero sus numerosas cualidades repulsivas y sus insoportables defectos los dispersan de nuevo. La distancia intermedia que terminan por descubrir y en la cual la vida en común se hace posible, consiste en la cortesía y las buenas maneras”.

[5] Fredrik Barth: “Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales” (1969)

[6] Espero haber interpretado bien a mi amigo canadiense, el antropólogo Pierre Beaucage —buen conocedor de los planteamientos teóricos y políticos de su compatriota Charles Taylor—, a quien le debo la ilustración sobre este tema y estas notas, que tomé de su charla en Santiago. Espero me excuse si no lo he citado correctamente.

[7] La Corte Canadiense de Derechos Humanos censuró en 2017 el sistema de internados forzosos para niños indígenas, creado hace más de un siglo y administrado por la Iglesia anglicana, otras iglesias cristianas y la Iglesia católica con el fin de alejarlos de sus hogares y obligarlos a hablar inglés o francés para asimilarlos a la cultura canadiense. Ver: Leopoldo Villar Borda, “La cara oculta de Canadá”, El Tiempo, Bogotá, 11 de marzo 2018:

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/leopoldo-villar-borda/la-cara-oculta-de-canada-son-los-prejuicios-192404

[8] Jaramillo, E. Eclipse de los partidos políticos indígenas. http://jenzera.org/web/?p=3323

[9] Observación de Patricia Tobón Yagarí, indígena embera chamí que hace parte de la ‘Comisión de la Verdad’, en una entrevista reciente, “El derecho a tener derechos.”: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0568/articulo06.html

[10] Margalit, Avishai: La sociedad decente”, Ediciones Paidós, 2010

[11] Shklar, Judith: Los rostros de la injusticia”, Barcelona: Herder, 2010.

[12] Jaramillo, E. A Hannah Arendt con amor: https://www.servindi.org/actualidad/89072

[13] Bauer, Otto: La cuestión de las nacionalidades y la social democracia.” México, Siglo XXI editores, 1979, p. 122

[14]El problema de la imagen de Colombia como Nación se complica con las ambivalentes características de los mismos colombianos. Además de su tendencia reciente a ser los primeros en subrayar los aspectos negativos del panorama nacional, los colombianos continúan exhibiendo diferencias fundamentales en cuanto a clase, región y, en algunos casos, raza. Es por lo tanto un lugar común decir (y los colombianos son los primeros en afirmarlo) que el país carece de una verdadera identidad nacional (….) por lo menos si se compara con la mayoría de sus vecinos latinoamericanos.” David Bushnell: Estudiando a Colombia. LD del Tiempo, 1/12/2007.

[15] En el momento —marzo 2018— tiene lugar una tercera fase de la Escuela Interétnica, donde jóvenes negros, indígenas nasa, indígenas eperara siapidaara y campesinos de ocho ríos del Pacífico, reflexionan sobre fórmulas idóneas y estrategias comunes para blindar sus territorios colectivos de estas amenazas. Esta Escuela Interétnica empezó con las comunidades de la cuenca del río Naya, después que en abril del 2001 un grupo paramilitar realizara una masacre que cobro la vida de cerca de 50 indígenas, negros y campesinos y expulsara de sus tierras a un centenar familias. Ver: “García Hierro, P. y Jaramillo J., E.: El Pacífico colombiano. El caso del Naya. Informe 2, IWGIA 2008.

[16] Sucedió en el Bajo Atrato: en 1996 se entregó el primer título colectivo de tierras a las organizaciones negras de la zona e inmediatamente después fueron desplazadas. Sucedió también con las comunidades negras del Baudó diez años después: recibieron su título el 23 de mayo de 2007 y fueron desplazadas pocos días después, el 4 de junio.

[17] Carlos Rosero: “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: La insistencia en lo propio como alternativa.

[18] A partir de los años noventa, irrumpe en la región una nueva clase empresarial, ansiosa por invertir recursos provenientes del narcotráfico en tierras, ganadería, proyectos agroindustriales, extracción de recursos y otras industrias, que han contribuido a desarraigar a la población nativa. Por otro lado, la llegada de actores armados ilegales —paramilitares y grupos insurgentes—, interesados coincidentemente con estos empresarios, en modificar la estructura productiva de la región, desestabilizó aún más las economías familiares y terminó de arruinar la ya debilitada institucionalidad de la región. Ver: El Pacífico colombiano…, op. cit.

[19] Para Shklar, son las propias instituciones y quienes las dirigen, los que tienen la capacidad de infligir daños al estar en sus manos los instrumentos de coerción e intimidación.

[20] Václav Havel: “Política como ética practicable”: http://americanuestra.com/el-heroe-europa-necesitaba/

Febrero 3, 2018
by jenzera
0 comments

De filosofía y ética en la política colombiana

Efraín Jaramillo Jaramillo
Colectivo de Trabajo Jenzera

En la esfera de la política es de buen recibo el criterio, de que todo partido político que aspire a movilizar acciones colectivas en una sociedad, debe poseer un íntegro y coherente ‘fundamento filosófico’. Es más, se conceptúa que un partido debe ser valorado, tanto por sus programas, como por los principios filosóficos que lo rigen. Y lo que es muy importante: las orientaciones a sus asociados deben ser coherentes con la concepción filosófica que fundamenta su acción política.
Pero además de requerir una base filosófica, existe también el consenso, de que un partido político debe actuar con ‘criterio ético’, pues como expresa la máxima, ‘la política es una realidad esencialmente ética’. Si hasta hace poco muchos elogiaban la separación entre ética y política, hoy son pocos los políticos –ilustrados, por supuesto– que se atreven a sostener, sin sonrojarse, que es posible sustraerse de una ética social, al intervenir en asuntos que comprometen la vida de los ciudadanos.
Estos criterios no son de poca monta, si examinamos la crisis de identidad –y de credibilidad!– que viene afectando a los partidos políticos de Colombia y sacudiendo a toda la sociedad. No es vano entonces, insistir en la necesidad de que los partidos políticos estén provistos de un fundamento filosófico que sustente su acción política, y dispongan de una ética que la valide socialmente, para que la política deje de ser el terreno predilecto de las ideologías, las posverdades y la demagogia, que han ocasionado fenómenos tan lamentables como la corrupción, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y otros males que hoy agobian a la sociedad colombiana.
Hay que decir sin embargo, que cuando hablamos de ‘fundamento filosófico’, no nos referimos a ideologías o doctrinas originadas en creencias absolutas, de acuerdo a las cuales todo cuanto sucede en la sociedad, sigue un camino previamente delineado por lógicas estructurales . No nos referimos entonces a dogmas que enajenan el pensamiento –“cuando se deja de pensar se empieza a creer” –. También es ajeno a una seria reflexión filosófica, discurrir sin argumentos sobre la realidad social y dramatizar “falsos problemas”, o utilizar “verdades a medias, para hacer creer que son importantes”.
De manera semejante, cuando se exige la necesidad de que la praxis política de los partidos, se ajuste a los parámetros de una ‘Ética Social’, se está exigiendo no aceptar, sin contrapeso alguno, que criterios como ‘utilidad’ y ‘eficacia’ en la praxis electoral – usuales en la ‘captura’ de votos–, orienten la acción política. Pues es una lógica empírica y utilitarista que ha conducido en todos estos años a la degradación ética de los ciudadanos, al imponer convenciones –‘arreglos’ políticos, ofrecimiento de prebendas, chantajes, clientelismo, fraudes, compra de votos– que atrofian su visión política, conduciéndolos a elegir a quienes más tarde les van a robar su futuro.
Es usual que liderazgos que son renuentes –alucinados o no– a fundamentar filosóficamente sus movimientos políticos, convoquen a los ciudadanos a través de sentencias, que a manera de dictámenes, reducen la razón de ser de un partido a la capacidad de producir y divulgar símbolos y lemas, lo que lleva a que el dinamismo de la actividad política acabe siendo un asunto de técnicas de comunicación para llegar a más personas. Hace mucho escuché –no sé si sigue siendo así– que el fundamento filosófico de un partido indígena colombiano, se basaba en ‘exhortar’ a los ciudadanos a que acataran unos lineamientos morales, heredados del imperio Inca: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso), que son ‘mandamientos’ de organizaciones arcaicas que sólo exigen obediencia y que nada aportan al pensamiento, a la búsqueda del saber, a la de-liberación, que es la forma de ‘liberar’ –‘sacar a la luz’– la verdad.
Una mayoría de los pueblos indígenas y negros del país, los así llamados étnico-territoriales, no manifiestan gran interés por el debate intelectual sobre los fundamentos filosóficos de sus movimientos. No hallamos en ellos serios debates en torno a los valores normativos de su propia tradición e historia. Estos debates se realizan por fuera del accionar político de sus movimientos, lo que lamentablemente ha conducido a que sea un reducido grupo de dirigentes, intelectuales ‘poco’ orgánicos –Gramsci–, con el apoyo de intelectuales –nada orgánicos, pero solidarios con sus causas sociales–, los que terminen orientando la acción política de sus movimientos, con relatos de notorio impacto popular –léase: ‘populista’– , de modesta calidad teórica, saturados con ideas que tienen poca relación con sus realidades, y sobre todo con grandes vacíos filosóficos. Son relatos que hacen una lectura ligera de la historia, cuya finalidad política es captar la adherencia de poblaciones dispuestas a la indignación por la deuda social acumulada del Estado Colombiano durante muchos años de exclusión.
Los partidos tendrían mucho que aprender de las mejores tradiciones políticas surgidas en tierras, como las alemanas, que han sufrido todos los experimentos totalitarios conocidos; tradiciones que enfatizan el valor de la crítica como actitud básica ante la vida en sociedad; son tradiciones políticas que amplían por medio de la formación política, la capacidad crítica de los ciudadanos, para alcanzar la madurez de “valerse de su propia razón” (Kant), además de la “fuerza explosiva del conocimiento y la reflexión” –Adorno– para negarse a ser movilizados –seducidos– por propuestas políticas que como tantas veces en la historia han manipulado a los ciudadanos, apelando a sentimientos profundos –religiosos, nacionalistas, étnicos, mesiánicos, etc.–, que no se fundamentan en análisis racionales, sino que satisfacen necesidades emocionales de solidaridad con causas de aparente justicia histórica.

Diciembre 20, 2017
by jenzera
0 comments

ECLIPSE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INDÍGENAS

     

Efraín Jaramillo Jaramillo /Colectivo de Trabajo Jenzera

 

“…aun en los tiempos más oscuros

tenemos el derecho a esperar cierta iluminación,

que puede provenir menos de las teorías,

y más de la luz que algunos hombres y mujeres

reflejarán en sus trabajos, y sus vidas …”

Hannah Arendt

(Hombres en tiempos de oscuridad)

 

Según la Academia de la Lengua española un eclipse es la “ocultación… de un astro por interposición de otro cuerpo celeste”. Por analogía, este fenómeno astronómico se usa para expresar que alguien o algo –por ejemplo un partido político– se desluce o pierde importancia –desaparece de la vista– por la acción de otros sujetos políticos.

Esto puede estar sucediendo con los partidos Alianza Social Independiente (ASI) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que provienen del mundo indígena y de sectores intelectuales de izquierda, solidarios con las luchas étnicas, o de movimientos que se apellidan ‘alternativos. Y digo que puede estar sucediendo, porque las débiles relaciones que tienen actualmente con el mundo del trabajo  –obreros y campesinos–, o con movimientos políticos de izquierda, tan comunes en el pasado, tienden a reanimarse, esta vez por la vía electoral –alianzas y avales–, oscureciendo, como otras veces en el pasado, el curso de sus luchas.

Suponiendo que en el país haya ‘partidos de clase’ que representan intereses de determinados sectores de la sociedad –el conservador representando a terratenientes y empresarios, y liberales y socialistas representando intereses de obreros y campesinos– estas representaciones han ido perdiendo su significación originaria, desdibujándose de tal forma, que se han desvanecido los matices ideológicos que los distinguían. Lo que hoy encontramos son conglomerados sociales, aglutinados a los extremos del espectro político. Estaríamos –en términos de Ernesto Laclau– en presencia de una “derecha y una izquierda populistas”.

Para el caso de la derecha, esta se encuentra representada por el Centro Democrático y el partido Conservador que lideran los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Son sectores bastante definidos y fácilmente identificables: terratenientes, empresarios agrarios y extractivistas, representantes del capital industrial y financiero, iglesias cristianas y sectores ‘emergentes’.

Para el caso de la izquierda se trata de un variopinto ramillete de organizaciones, con múltiples demandas heterogéneas, en determinados casos –el agrario es uno de ellos– contradictorias entre sí, con ideologías contrapuestas y con significativos vacíos programáticos. Una mirada a los movimientos ‘Cumbre Agraria’ o ‘Congreso de los Pueblos’ muestra las dificultades que tienen agrupaciones heterogéneos para tomar un curso definido, pues se trata –en palabras de Bernard-Henry Lévy–: “de procesos de larga duración, oscuros, conflictivos, en el que los avances repentinos vienen seguidos de retrocesos desesperantes…”. En este extremo del espectro político estarían ubicados también el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y la llamada “Lista unitaria de la decencia” que se origina de la fusión de ‘Todos Somos Colombia’ de Clara López, la Unión Patriótica de Aida Abella, Colombia Humana de Gustavo Petro y disidencias del Polo Democrático que acompañan a Clara López.

Esta –inusual extrema– polarización política de la Nación colombiana, más que ser el resultado de una crisis de los partidos –que también se presenta– es la expresión de una ‘sobrepolitización’ de la vida pública, que empezó cuando el presidente Juan Manuel Santos se ‘desmarcó’ de Álvaro Uribe Vélez –su antecesor y padrino político–, y que se Potenció con las diferencias sobre el proceso de paz, alcanzando su clímax con el plebiscito sobre la refrendación de los acuerdos de paz. Esta sobrepolitización y polarización de la vida pública ha nublado el panorama político del país, una situación, que además de ser insoportable, viene opacando también el sano juicio político de los colombianos, reduciendo la vida política del país a una confrontación entre uribistas y antiuribistas, sobre todo después de que las facciones políticas aliadas con el ex presidente Uribe ganaran el plebiscito–. ¿Cuál de los extremos de esta polarización le hace menos daño al país? Difícil saberlo, cada uno le aporta sus propias calamidades.

Esta polémica ya no se explica sólo por la crisis que experimentan los partidos políticos. Tiene que ver con una ‘crisis generalizada de la política’. La ‘arena’ de la política ha sido sustituida de tal manera por un campo de pasiones incontroladas que ya no es posible entenderlas sin recurrir a la psiquiatría, pues se trata de emociones ocultas de afectos y odios, proyectados desde los actores políticos hacia lo público.

Viendo así las cosas, no resulta extraño que la política sea un lugar de encuentros y desencuentros, una zona de conflicto donde los adversarios se enfrentan por el reconocimiento y el juicio de la opinión pública para ganar voluntades en las urnas. Sobre todo es también –lo que es relevante para la antropología– el sitio donde se expresan las diferencias, pero también donde se afirman las identidades. Es por lo tanto el espacio donde se hace la historia de los pueblos y se construye el futuro de las sociedades.

Debido a que la acción política es realizada por seres humanos, en esencia complejos y ambiguos, con cargas ideológicas, incertidumbres morales e intereses terrenales, hace que el estado de democracia que construyen esté rodeado de encrucijadas, y las instituciones que crean para gobernar y administrar justicia, sean frágiles, volátiles y cambiantes.

En Colombia –una Nación con una impronta oligárquica de larga data– esta fragilidad tiende, por las mismas contradicciones que genera, a paralizar y volver inoperantes las instituciones que crea, lo que conduce a la descalificación social de la acción política. Y la descalificación de la política ha sido la antesala para aventuras autoritarias, como las que experimentan países vecinos, y como las vividas en Colombia con Álvaro Uribe Vélez, que redujo derechos y espacios de participación de sectores sociales organizados; espacios de participación y derechos que fueron también vulnerados durante la ‘ocupación’ de territorios de los pueblos étnico-territoriales por grupos paramilitares y guerrilleros, afectando gravemente la gobernabilidad y la gobernanza de sus gobiernos.

Lo que buscan estas notas es insistir en la urgente necesidad de recuperar el terreno de la acción política propia, perdido durante tantos años de confrontación bélica, para rescatar el estado de democracia en las regiones étnicas. Esto implica el reconocimiento de nuevos derechos y ampliación de espacios de participación de los pueblos negros, indígenas y campesinos. Implica sobre todo, abandonar las corrompidas formas de hacer política, que sustituyeron la gobernabilidad perdida.

Soy del convencimiento de que las agrupaciones políticas de carácter étnico tienen mucho que aportarle al país, desempeñando un papel destacado en el desarrollo de una nueva cultura política para la transformación de la sociedad. En ese sentido, una representación política propia, es una razón importante que da vida a una forma de organización social que amplía el estado de una democracia representativa.[1] Muchos amigos de los pueblos indígenas hemos reconocido a estas agrupaciones y a su participación en política, un puesto destacado en el campo de la producción de símbolos para el desarrollo de relaciones solidarias entre los grupos humanos y de estos con la naturaleza. No obstante a estos partidos políticos se les avecina días pasan por un momento incierto. Sin ideas innovadoras y reproduciendo típicas ‘mañas’ de la politiquería, han terminado convertidos en “comodines” de la baraja electoral, para ser absorbidos –literalmente ‘fagocitados’– sin reparos éticos, por otros partidos o caudillos políticos para hacer parte, como un ingrediente más, de un ‘puchero’ político –Melting Pot [2]–. Revueltos en ese ‘sancocho’, son invisibilizadas –eclipsadas– sus particularidades étnicas, frenando un proceso de descolonización política y cultural que, no obstante sus altibajos, han venido llevando a cabo con relativo éxito.

Perdida la ‘virginidad ideológica’ –‘violación consentida’– estos partidos renuncian a ser fuerzas político-culturales significativas, con arraigo democrático y representación política propia, para contribuir a la construcción de un país más incluyente, en lo político, social y cultural.

Con representación política precaria, dejan de ser voceros de sus pueblos para convertirse en ‘floreros’ de partidos ‘trogloditas’. Llevados a manteles y sofocados por espacios ideologizados  –donde no se piensa, porque allí son las doctrinas las que piensan–, pierden la capacidad de discernir entre lo urgente y lo necesario, entre lo esencial y lo circunstancial, entre lo bueno o lo malo para sus pueblos.

Después de la ‘fusión’ con la Lista unitaria de la decencia, la oferta política –que puede seguir cambiando por la vía de nuevas coaliciones y otros arreglos– ha terminado siendo para los indígenas mercadería de ocasión. Algunos analistas opinan sin embargo, que esa Lista unitaria de la decencia para el Congreso, será el ‘palo’ electoral. Puede ser. No obstante otras agrupaciones políticas –entre ellas el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)– no han querido, no les han ofrecido lo suficiente, o no fueron llamados a ‘colgarse de ese palo’.

No son bien vistos estos malabares políticos que eclipsan a las agrupaciones políticas de carácter étnico. Y es lamentable el trastorno que últimamente ha sufrido la ASI con la actuación de su nueva directiva, al lanzar al partido al caldero de la efervescencia populista de estos momentos electorales. Esta directiva no tuvo, por decirlo de alguna manera, la ‘prudencia’ de convocar al grueso del partido a un debate consistente, amplio y desapasionado, para analizar otras alternativas –si de buscar alianzas o de dar avales se trataba–. De mirar, por ejemplo, hacia el centro del espectro político, donde se ubican Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo y Alianza Verde de Antonio Navarro, Claudia López y Ángela Robledo, que integran la Coalición Colombia. Una coalición que se ha tomado tan en serio depurar el sistema político de la corrupción, que ha atraído hacia ese Centro al Polo Democrático que orienta Enrique Robledo. Coalición Colombia es un movimiento que se encuentra todavía en construcción y ha mostrado ser un espacio de reflexión colectiva. De continuar decantándose este proceso de ensanchar el Centro, sería una prueba más de que es en el Centro y no en las periferias polarizadas, donde está teniendo lugar una polémica persistente –en contraposición de los extremos– para construir la comunicación política. Situarse en el Centro es recuperar para la política su sentido de-liberativo. Así se entiende la razón de que Hannah Arendt afirmara que el sentido de la política es la lucha por la libertad. Y la libertad llega por el Centro, que es el lugar donde en este momento se de-libera. La libertad nunca ha llegado por los extremos.  

Es sabido que una vez concluidos los debates y pasadas las elecciones, termina toda excitación populista de las extremas y llega la hora de la ‘gobernabilidad’ que no dispensa errores en política, que dejan al desnudo a muchos partidos, ‘comodines’ de turno. Ojalá no sucediera esto a los partidos indigenistas. Pero si así se dieran las cosas, tendrán que buscar su pronta recuperación, reuniendo de nuevo a sus bases para revalidar sus convicciones y despertar otra vez la pasión por la acción política. Y ya que la experiencia muestra que en política es escaso el fenómeno de la resiliencia –a lo sumo ‘reencauche,’ que es otra cosa–, las aventuras populistas pueden borrar a estos partidos del mapa político. En ese caso tendrán que barajar y volver a repartir, para crear un nuevo movimiento que defienda de forma más eficaz los intereses de los pueblos indígenas. Entre tanto les deseo a todos muchos éxitos en el nuevo año.

Bogotá, enero 28 de 2018


[1] Especie de “sancocho”. Analogía utilizada para representar la forma en que las sociedades heterogéneas se convierten en sociedades homogéneas.

Octubre 14, 2017
by jenzera
0 comments

El comodín

 

Efraín jaramillo Jaramillo/Colectivo de Trabajo Jenzera

En Póker, el comodín (joker) es una carta que  –según las reglas de este juego– puede representar cualquier otra carta de la baraja, para formar un juego –por ejemplo una terna, un full, una escalera, etc.– El comodín no posee un valor nominal específico, real, sino que adquiere el valor de la carta que sustituye. La ilusoriedad temporal que posee, hace que en la baraja esa carta sea representada por un bufón. Por analogía, podríamos inferir, que en la vida real de las organizaciones sociales hay “partidos comodines”, que se usan para representar intereses ciudadanos. No los reales, sino los ilusorios. La historia de Colombia esta plagada de partidos comodines, que emergen en épocas electorales para representar intereses de determinados grupos sociales. Pero que no solo no los representan, sino que, como bufones que son, suelen burlarse de la gente que dicen representar. Un caso patético de una organización ‘comodín’ es la Fundación Ébano de Colombia –FUNECO–, un movimiento político cuestionado por sus nexos con el ex-senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, un político afrocolombiano “condenado por concierto para delinquir y hoy preso e investigado por narco-política.”[1] Pues ese movimiento político se creó para avalar los dos candidatos a la Cámara de Representantes, que por circunscripción especial le corresponden a las negritudes. Evidentemente, con una bien aceitada maquinaria electoral, FUNECO se alzó con las dos curules de los afrocolombianos. Lo paradójico de este acontecimiento: Los elegidos ni siquiera eran negros.

A este fenómeno de partidos comodines que usurpan la representación de grupos sociales y bloquean el surgimiento de reales representaciones autónomas, se le suma otra especie de  comodines de carne y hueso, que se arrogan el derecho de representar políticamente a sus congéneres, sin tener la más mínima idea de que es hacer política, o lo que es peor, tener una idea errónea sobre lo que es la política. Hay seres humanos que siendo muy inteligentes, no saben pensar, escribió Hannah Arendt en “La Condición Humana”. “No saben pensar en política”, aclaró. Exhiben genialidad en otras materias artes: son ilustres juristas, brillantes periodistas, excelentes escritores, experimentados facultativos, pero en política son auténticos cretinos. No obstante son elegidos por sus logros en las ciencias y en las artes, o en otras profesiones que poco tienen que ver con el manejo de la polis. Y no por tener dotes y saber pensar en política. En Colombia hay curas alcaldes, latifundistas que truecan la cría de ganado por puestos públicos, poetas y hombres de letras que se convierten en presidentes. Hay ‘cuentachistes’ y narradores de partidos de fútbol que aspiran al senado, etc. Un caso memorable sucedió en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, donde fue elegido como alcalde un invidente[2]. Era un buen orador y hacía aclamados debates en el Concejo Municipal contra la corrompida clase política de la capital del Valle, lo que encumbró su liderazgo popular. Pero no tenía idea de como administrar una ciudad y no sabía nada de política. En el caso particular de nuestro alcalde no poder ver la ciudad era evidentemente un hándicap, que le impedía ejercer su cargo.

Por aquella época rodaba un chiste sobre dos muchachos que lo seguían riéndose de su inseguridad para andar. El alcalde no se inmutó por las impertinencias de los chicos.   Cuando más adelante uno de ellos le gritó: “¡cuidado con el hueco!”, continuó caminado, creyendo que era una falsa advertencia. Pero era cierto. Cayó aparatosamente. Uno de los chicos se le acercó y sentenció con compasión: “¡Pobre alcalde, además de ciego, es sordo!”. En política no son comunes estos candorosos percances. Las controversias usualmente están cargadas de injurias y descalificaciones. Es habitual. La política es también la guerra por otros medios: las palabras. Y también aquí se presentan ‘guerras sucias’. Pero aunque en ciertas ocasiones puede llegar a serlo –como es el caso de nuestro alcalde de marras–, no es político ni elegante descalificar a un militante de un partido por su condición de incapacidad física, como lo hace el partido político cristiano ‘Mira’, que veta a sus miembros en condición de discapacidad para ejercer cargos. O descalificarlos por las faltas cometidas por su partido; pero también a la inversa, responsabilizar a un partido por las faltas cometidas por uno de sus miembros directivos

Una figura de ‘guerra sucia’, en el campo de la política y bastante usual en nuestro medio, es la llamada crítica ‘ad hominem’, con la cual se busca zanjar una discusión política, no refutando el argumento del oponente, sino demeritando a la persona, descalificándola o, simplemente injuriándola. Pero esto ya no tiene nada que ver con la política. O mejor dicho, para actuar así no se necesita saber de política. Basta con ser un vulgar y despreciable bufón.

Hay ocasiones en que una clase social produce sus propios líderes. Pero aún así, son escasos los líderes que combinan magistralmente los papeles de “especialista y organizador”, que para Gramsci son los atributos de un “filósofo de la praxis”; un organizador que se mueve como pez en el agua, entre el sentimiento popular y la reflexión teórica. Estos por él denominados “intelectuales orgánicos” son cada vez menos frecuentes en nuestros días. Y a la vez que estos desaparecen del horizonte de las organizaciones, en la modernidad vienen proliferando los ‘hombres-masa’. Los conocedores del pensamiento de José Ortega y Gasset señalan, que aquí el filósofo español fue influenciado por Sigmund Freud, que para esa época (1921) había escrito el ya clásico ensayo: Massenpsychologie und Ich–Analyse (Psicología de las masas y análisis del Yo). En este ensayo Freud define a una ‘masa’ como  un “ser provisional”, compuesto de hombres-masa heterogéneos, que se han unido temporalmente –bajo determinados y eficaces mecanismos psíquicos– para constituir un movimiento de masas. De allí Ortega deriva su concepto de ‘hombre-masa’ y su tesis del ser, cuyo ‘yo’ se disuelve en el océano de la masa, constituyendo con otros hombres-masa los ‘partidos-masa’. Un hombre-masa es una persona, que reúne en sí una serie de características psicológicas y sociales, que lo diferencian del intelectual orgánico, y la diferencia no es poca; veamos que dice Ortega:

“El hombre-masa es un hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado [...] Más que un hombre, es sólo un caparazón de hombre constituido por meres idola fori[3]; carece de un “dentro”, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones: es el hombre sin la nobleza que obliga…” [4]

Aquí es necesario diferenciar los ‘partidos-masa’ de los ‘partidos de masas’. Aunque hay varias diferencias entre un ‘partido-masa’ y un ‘partido de masas’, hay una que es fundamental en términos políticos, y es que estos últimos movilizan a las masas de acuerdo a una visión del mundo, es decir de una ideología que busca ordenar el caos que se origina después de la destrucción de un orden establecido, buscando establecer una hegemonía. Un partido-masa, en cambio, carece de ideología, o lo que puede ser lo mismo, utiliza o combina simultáneamente diversas ideologías.

Pero se preguntarán ustedes, que tienen de común todos estos movimientos y partidos de masas. Pues eso: son partidos de masas. No son ‘partidos de clase’, que representan intereses de determinados sectores sociales al interior de un orden social. Los primeros partidos de masas, surgieron en Europa durante el tercer decenio del siglo XX, con el Partito Nazionale Fascista de Benito Mussolini en Italia y principalmente en Alemania con el partido Nazi –Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). A diferencia de los partidos de clase, que cumplen la función política de organizar los intereses de sus asociados, los partidos de masas, no provinieron de un orden, sino de un desorden social, ocasionado en gran parte por las nefastas consecuencias de la primera guerra mundial, que desestructuraron social y políticamente los Estados de esas Naciones.

¿Podríamos sacar algunas enseñanzas de estos enunciados para la Colombia del posconflicto? Preguntado de otra manera ¿estaríamos enfrentando una reedición de los partidos de masas semejante a como se dieron en la Europa de los años treinta? Aquí se debe proceder con mucha cautela, pues no se trata de repetir la historia ni como comedia ni como tragedia. Veamos, a diferencia de lo que sucedía en la República de Weimar en Alemania después de la primera guerra, donde se  fraguó un movimiento de masas (el Nacionalsocialismo) que vació de sentido la política y eclipsó a Europa durante casi dos décadas, en la Colombia del posconflicto de nuestros días se están articulando múltiples alternativas políticas y estamos lejos, de que se hagan realidad los deseos de movimientos autoritarios –de derecha o de izquierda– que ven en el proceso de paz la oportunidad de fundar o ‘refundar’ una nueva República: Para refundar en vastas regiones del país un sistema social “señorial-latifundista”, un sistema que fundamenta su poder en la tenencia de grandes extensiones de tierra de alta productividad agrícola, donde “pasta apaciblemente” el ganado, mientras miles de familias campesinas se aglomeran a su alrededor a contemplar esos “vacíos rumiantes”. Si de algo conocemos de sobra y podemos hablar con solvencia los colombianos es de las patologías que han dejado los conflictos alrededor del acaparamiento de la tierra. Ya felizmente superamos aquel momento, cuando Álvaro Uribe intentó contagiar con su propia patología a toda la Nación. Y como dicen las abuelas “ya no estamos más para esas cosas”.

O para cumplir los sueños de una trasnochada militancia de izquierda, robustecida por el nuevo partido político FARC, que anhela fundar una República socialista à la Chávez, acudiendo, como dice Fernando Mires, “a seres desorientados, personas sin pertenencia ni intereses, en disposición para ser reclutados por formaciones políticas emergentes que ofrecen a las masas desclasadas –no necesariamente empobrecidas- un último refugio: una nación imaginaria…” En vez de dar un giro sensato –como parece estarlo dando Timochenco–, prefieren aferrarse a aquellas convenciones que les permitieron sobrevivir, con alguno que otro sobresalto, este medio siglo; evitando al máximo exponerse a la opinión crítica de un mundo cambiante y complejo, que recién están aprendiendo a conocer. Ahí reside la fuerza de sus convenciones: “tienen vigencia a partir de ellas mismas”[5]. “…la completa y feliz ausencia de contaminación de cualquier realidad” (Kolakowski). Tampoco estamos para esas cosas.

No debemos entonces tenerle miedo a la heterogeneidad de partidos que hay en el país, pues nos ayuda a evitar los autoritarismos de quienes ven en la democracia liberal, representativa y pluralista un peligro para sus intereses, o la consideran un sistema alcahuete y permisivo a toda suerte de fraudes de las clases dominantes.

A lo que sí debemos temer es a los partidos-masa, que carecen de un fundamento filosófico sólido, consistente. Estos partidos se prestan como comodines a todo tipo de intereses, no sólo políticos. Un permanente e insoportable dèjá vu utilitarista. Situación que se torna más insoportable aún, cuando esos partidos, que son fundados para representar intereses de los pueblos étnicos, se llenan de hombres-masa que facilitan la cooptación. Estos inescrupulosos hombres-masa “que están siempre ahí en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa, pues tienen sólo apetitos… hombres sin nobleza” (Ortega), que venden la representación política de sus pueblos. Todos salen gananciosos: los hombres-masa reciben su tributo por la cesión de derechos políticos a otros partidos; las “aves políticas de bajo vuelo” que sin escrúpulos facilitan el ‘enganche’ –“falsos positivos políticos”–, que también son gratificados, y bueno los grandes partidos-masa, que aspiran a manejar los negocios del Estado, pues ¿qué mensaje puede ser más agitador que mostrar en sus filas a los sectores más ultrajados de la sociedad colombiana? Esto además convoca a otros sectores humillados, que ya están dispuestos para la indignación.

Sería conveniente en este sentido –para la salud política de los pueblos indígenas y afrocolombianos–, tomarle el pulso a los partidos políticos que surgen del seno de las organizaciones, pues se rumora que están avalando a diversos candidatos presidenciales, avales que se presentan como alianzas, cuando en realidad son comodines.

Göttingen, 12 de octubre de 2017

 


[1] Revista Semana: ¿Por qué se indignaron los negros?, Bogotá, abril 7 de 2014.

[2] No quiero decir que los invidentes, por su incapacidad visual sean majaderos, por favor. En la historia de la música han sobresalido invidentes como Ray Charles o Andrea Bocelli, Stevie Wonder o Joaquín Rodrigo; y seguramente en otras disciplinas habrán personas invidentes con excelentes desempeños.

[3] ‘mezcla de ídolos del mercado’

[4] José Ortega y Gasset: La Rebelión de las masas.

[5] H.C.F. Mansilla: “Indigenismo y conocimiento”

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 10, 2017
by jenzera
0 comments

Aclaración a la opinión pública acerca de los hechos violentos del 5 de octubre de 2017

 

CONSEJO COMUNITARIO DEL PUEBLO AUTONOMO DE ALTO MIRA Y FRONTERA

“C C A M I F”

Municipio de Tumaco – Departamento de Nariño – Colombia

Resolución de Titulación Colectiva No. 0525 del 2 de Marzo de 2006, INCODER, NIT: 840.000.219 – 3

 

Colombia, San Andrés de Tumaco 07 de Octubre del 2017

 

Aclaración a la opinión pública acerca de los hechos violentos del 5 de octubre de 2017

 

La junta de gobierno del Consejo Comunitario del pueblo negro Alto Mira y Frontera, manifiesta una vez más su más sentido rechazo a los hechos violentos ocurridos en cercanías de Puerto Rico – Mataje y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas de tan aborrecible acontecimiento. Reiteramos que se trató de una tragedia anunciada, pues una y otra vez le habíamos advertido e insistido a las autoridades civiles y militares que evitaran este suceso. Como pueblo negro estamos cansados de que nuestras voces no sean escuchadas y que tengan que ocurrir tragedias de este tipo, para que los ojos del país se enfoquen transitoriamente en las problemáticas de nuestro territorio colectivo, pues la eficacia de las instituciones es nula. Por ello, y debido a la serie de informaciones imprecisas acerca de lo que sucedió, nos permitimos manifestar que:

1. Los hechos violentos no ocurrieron de manera puntual o espontánea y no se resumen en la coyuntura reciente. El trasfondo de este asunto responde tanto a problemas territoriales históricos relacionados con la falta de garantías para el goce efectivo de derechos de nuestro territorio colectivo, como a las acciones absolutamente equivocadas del gobierno nacional, que ha priorizado la erradicación forzada a toda costa, mientras que el Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícita avanza a marcha lenta y sin garantías.

2. La junta denunció oportunamente las amenazas, intimidaciones y abusos de todo tipo de las que han sido víctimas muchas de las comunidades que habitan esa región, sin que hayan existido medidas efectivas que hubieran evitado la tragedia.

3. Es necesario que se investigue y se esclarezca en detalle lo sucedido, con el fin de que se determinen responsabilidades y se dicten medidas de protección colectiva para

nuestras comunidades. No queremos más derrame de sangre, el consejo comunitario Alto Mira y Frontera tiene que volver a ser territorio de paz y libertad.

4. La política de erradicación forzada es responsabilidad directa del gobierno nacional y no de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Por lo tanto exigimos un pronunciamiento claro por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior al respecto.

Nuestra posición ha sido clara: a pesar de las contradicciones e incumplimientos del Estado, apostamos por la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de uso  ilícito. La mata de coca no nos identifica y es un problema ajeno, que llegó masivamente a nuestro territorio, promovida por terceros externos.

5. Una de las soluciones de fondo para esta problemática, tiene que centrarse en otorgar verdaderas herramientas de gobernabilidad al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Por tal motivo, exhortamos urgentemente a la Agencia Nacional de Tierras a que cumpla en el menor tiempo posible, los compromisos adquiridos con nosotros como junta de gobierno.

6. El territorio del pueblo negro Alto Mira y Frontera fue priorizado en el capítulo étnico del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-Ep. En consecuencia, es un deber de Estado su cumplimiento, para garantizar la vida, autonomía y libre desarrollo de nuestro pueblo.

7. Es urgente que de una vez por todas, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tenga verdaderas herramientas de funcionamiento. Por consiguiente, es preciso que se socialice en el territorio y que exista un fuerte acompañamiento de las instituciones en cada una de las acciones que contemple el Plan. La entrega de información clara, precisa y masiva es fundamental para que este programa tenga mayor credibilidad y se eviten hechos hostiles.

8. Es preciso que las instituciones, medios de comunicación y opinión pública en general, tengan muy claro que la autoridad legítima de nuestro territorio es el Consejo Comunitario del pueblo negro Alto Mira y Frontera.

9. Es necesario que la Unidad de Víctimas ponga en marcha un plan de protección colectiva, de los líderes, lideresas y de nuestras comunidades en general.

10. Le pedimos a las Farc y al gobierno nacional que asuman sus responsabilidades con respecto a la emergencia y consolidación de nuevos grupos armados ilegales. Ante todo pedimos respeto por la vida y verdaderas políticas de desarrollo local que ofrezcan oportunidades a todos los habitantes de este territorio colectivo.

11. Instamos a que se amplíen las medidas cautelares existentes sobre nuestro territorio y que nuestros procesos jurídicos se eleven a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se protejan nuestros derechos colectivos y se garantice la vida e integridad de las comunidades.

12. Hacemos un llamado a los pueblos afrocolombianos, a los pueblos indígenas, a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y a la comunidad internacional que se solidarice con nuestra causa. En los próximos días planteamos realizar una toma pacífica y cultural de nuestro territorio colectivo, que simbolice un nuevo y esperanzador porvenir para nuestras comunidades.

 

JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA

C.C:

. Ministerio del Interior

. Ministerio de Defensa

. Dirección de Atención Integral en la lucha contra las Drogas

. Defensoría del Pueblo

. Procuraduría

. Personería

. Organizaciones de Derechos Humanos

. Oficina del alto Comisionado para la Paz

. Alcaldía

. Gobernación

. Presidencia

. Vicepresidencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 10, 2017
by jenzera
0 comments

MASACRE DE TUMACO

 

CONSEJO COMUNITARIO DEL PUEBLO AUTONOMO DE ALTO MIRA Y FRONTERA

“C C A M I F” [*]

Municipio de Tumaco – Departamento de Nariño – Colombia

Resolución de Titulación Colectiva No. 0525 del 2 de Marzo de 2006, INCODER

NIT: 840.000.219 – 3

Colombia, San Andrés de Tumaco 05 de Octubre del 2017

COMUNICADO PÚBLICO

En nombre de las comunidades pertenecientes al Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, mediante el presente comunicado, denunciamos y alertamos una vez más, que la vida, integridad y supervivencia de cada una de las familias que forman parte de nuestro proceso organizativo, se encuentra en máximo riesgo por cuenta de toda clase de hechos violentos que día a día se presentan en nuestro territorio. A pesar de nuestras súplicas y exigencias que como junta de gobierno habíamos formulado ante las diferentes autoridades civiles y militares, para evitar la situación que se presenta en la actualidad, estamos ad portas de una verdadera tragedia que puede ocasionar más derrame de sangre y dolor entre nuestros hermanos.

Actualmente, nosotros como junta de gobierno, nos encontramos amenazados por nuestra posición decidida a favor de la defensa de la vida, la autonomía y el libre desarrollo de nuestros pueblos, que se ha visto reflejada en nuestra apuesta por la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de uso ilícito, a pesar de los sucesivos incumplimientos y contradicciones del gobierno nacional en la puesta en marcha del PNIS. Nuestro escenario no puede ser más lamentable, y por ello,

manifestamos:

- Que durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al Consejo Comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa.

- Que el día de hoy 05 de octubre de 2017, en horas de la mañana, fueron asesinadas y heridas un número de personas indeterminadas, pertenecientes a  las veredas del Consejo Comunitario Casas Viejas, entre otras y el Azúcar (la cual no hace parte del Consejo Comunitario).

- Que en los últimos meses han aparecido nuevos grupos armados ilegales, los cuales se han consolidado y fortalecido.

- Que estos grupos se encuentran en plena disputa territorial entre sí, ocasionando desplazamiento, confinamiento de cientos de familias, y terror en diferentes veredas de nuestro territorio.

- Que, algunos de esos grupos armados ilegales, además de enfrentarse diariamente, también han intensificado el reclutamiento de jóvenes, con abusos e intimidaciones de todo tipo contra los líderes y demás habitantes de nuestro consejo comunitario.

- Que a pesar de nuestras insistencias, el programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito tiene un ritmo paquidérmico, mientras que la erradicación forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio, evidenciando una enorme contradicción con lo pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-Ep.

- La lentitud de la puesta en marcha del PNIS y la desinformación que han fomentado los sectores que se oponen a la sustitución, ha alimentado la zozobra, incertidumbre y desconfianza entre muchos de los habitantes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

- Pese a todo, la mayoría de las familias que hacen parte de nuestro Consejo Comunitario han demostrado su posición firme a favor de la sustitución, y por tal motivo, se han visto expuestas a que se amenace su integridad por parte de los sectores que se oponen a ella.

- En la actualidad, se han desplegado al menos cinco batallones del ejército nacional y dos tropas de la policía antinarcóticos que han emprendido la erradicación forzada en distintos puntos de nuestro territorio, sin consideraciones de respeto por la tranquilidad de nuestras familias, viviendas y cultivos.

- El avance de las brigadas de erradicación y el enfrentamiento entre grupos armados ilegales que se han asentado en nuestro territorio, provocan una situación de riesgo aún mayor hacia las comunidades.

Aún continúa irresuelta la problemática de tierras y territorio del título colectivo de nuestro consejo comunitario, siendo un aspecto fundamental para el avance eficaz del programa de sustitución.

- A pesar de que a la Vicepresidencia de la República le hemos solicitado con carácter urgente, la continuidad de la mesa técnica de seguridad para abordar todas las problemáticas enunciadas, esta se ha venido postergando en al menos tres oportunidades. Nuestras solicitudes iniciaron el 22 de agosto de 2017 en el marco de la toma pacífica a la Casa de Justicia de Tumaco y de la reunión que sostuvimos con el Vicepresidente el 25 de agosto del presente año.

- El problema de seguridad es tan grave que ni siquiera las autoridades civiles e instituciones de ayuda humanitaria, han podido ingresar en ciertos sectores de nuestro territorio para prestar ayuda humanitaria y asistencia a las víctimas.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, exigimos:

A los grupos armados:

- Respeto a la vida y la integridad física de la junta de gobierno del consejo comunitario, de los líderes y lideresas y de las personas que habitan cada una de nuestras comunidades.

Al gobierno nacional:

- Que garantice la protección de los miembros de la junta de gobierno, de líderes, lideresas y de cada una de las comunidades del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

- Que se cumpla con lo pactado en el punto número 1 y número 4 de los acuerdos de paz de la Habana, sin nuevas contradicciones. A su vez, que se dé celeridad al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito para las comunidades.

- Que lo pactado en la mesa técnica encabezada por Vicepresidencia y Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, se cumpla a cabalidad.

- Que se comunique claramente que el Programa de erradicación forzada es responsabilidad directa del gobierno nacional y no de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

- Que en el marco de las medidas de implementación del acuerdo de paz, el gobierno nacional priorice en nuestro territorio la solución a las diferentes problemáticas previstas en el posconflicto.

- Que garantice las condiciones aptas para el desarrollo y buen vivir de las comunidades de nuestro Consejo Comunitario, respetando nuestra autonomía, el derecho al ser, la autodeterminación y la libre expresión.

- Que el gobierno sea mucho más claro con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, para garantizar la credibilidad y confianza en el proceso.

- Que la presencia del estado no sólo puede ser vista desde la militarización de los territorios, debe ser vista en el marco de la presencia interinstitucional brindando las garantías para el desarrollo propio y el buen vivir de las comunidades, fomentando proyectos integrales productivos los cuales apuesten a una sostenibilidad económica y una vida digna.

A la comunidad internacional y defensores de derechos humanos

- Les solicitamos respetuosamente apoyo, acompañamiento y presión institucional para que nuestras peticiones sean escuchadas, ejecutadas y monitoreadas.

- Agradecemos a la opinión pública y a la comunidad internacional su solidaridad con nuestra problemática.

 

 


[*] Consejo Comunitario del Pueblo Negro de Alto Mira y Frontera “C C A M I F” Oficina central Candelillas, Rio Mira Barrio Casas Verde – Casa Blanca Cel: 311-311-7410—310-540-0394

 

Agosto 2, 2017
by jenzera
0 comments

La interculturalidad retorna a su laberinto. Democracia y Política en un contexto de cambio social

Efraín Jaramillo Jaramillo

Colectivo de Trabajo Jenzera

 

El reino de la democracia,

al igual que…

“el reino de los cielos

no es para todos”

Jesús de Nazaret

(Mateo 13, 24…)

 

Es común equiparar democracia con igualdad. Por ello es usual también que muchos supongan que un país con desigualdades sociales no puede ser considerado un país democrático. ¿Puede entonces una democracia coexistir con la desigualdad? Y si es así, ¿qué significa entonces la democracia?

Es conocida la proposición de Winston Churchill de que “la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás”. Confieso que cuando escuche por primera vez esta frase no la entendí completamente, hasta que mi viejo maestro en estos temas la explicó de un modo sencillo: La democracia es una forma de gobierno y de organización política que es imperfecta, pues de por sí no garantiza que desaparezcan las desigualdades sociales y que sean reconocidos todos los derechos civiles y políticos. Pero lo que sí posibilita la democracia es que sea el pueblo el que escoja el camino para superar esas imperfecciones y conquistar los derechos civiles y políticos para toda la sociedad. La democracia es entonces una forma de gobierno donde el pueblo tiene la posibilidad de transformarse en sujeto político y decidir cómo gobernarse y constituir un modelo político que busque la igualdad y la libertad. Algo que ni la más ilustrada y altruista dictadura puede hacerlo, pues ¿cuándo se ha visto que un régimen dictatorial incite a los ciudadanos a involucrarse en política y ejercitar la vida democrática? Por eso y por más razones, es que la democracia es entre todos los sistemas políticos existentes la mejor forma de gobierno.

¿Representa entonces el ideal democrático un valor universal? O preguntado de otra manera, ¿Puede la democracia ser un modelo universal? La democracia tal como fue imaginada en la revolución francesa está unida al concepto de libertad. Sólo que, como lo dijo Rousseau “la libertad no es fruto que crece en todos los climas”; es decir, tanto la libertad como la democracia no estaría al alcance de todos los pueblos. En especial de aquellos pueblos donde una parte importante de su estructura político-ideológica se basa en legados culturales autoritarios trascendentes, que provienen de formas imperiosas de ejercer la autoridad, heredadas de sus ancestros, o impuestas por la dominación colonial, o por la iglesia que regentaba estos sistemas de autoridad. Es decir pueblos, para los cuales la lucha por las libertades les es ajena, o por lo menos, les resulta extravagante. Definitivamente, como reza el epígrafe que abre estas notas: El reino de la democracia, al igual que el reino de los cielos no es para todos.

Voy en seguida a entrar en materia, pues esta forma de presentar el problema, aunque es necesaria, se antoja abstracta y alejada de la problemática que viven hoy los indígenas del Cauca, que es el tema central de estas notas.

La opinión general que tengo sobre lo que acontece en el Cauca con la lucha indígena por la tierra, es que el planteamiento de la “Liberación de la Madre Tierra” como paradigma actualizado de la plataforma política del CRIC para garantizar la pervivencia del pueblo nasa, así como las ideas socialistas que se han aclimatado en la región, como resultado de múltiples presencias totalitarias guerrilleras y enormes ausencias de diálogos democráticos, han activado poderosos ‘dispositivos’ doctrinarios que blindan de cualquier duda sus creencias y principios. Esto merece una explicación: Al desdeñar cualquier cuestionamiento y sin exponerse a la opinión de los otros, estos principios y valores doctrinarios se vuelven inmunes a cualquier crítica y no sorprende que sean presentados como paradigmas revolucionarios innovadores, que son aclamados en orgías populistas, como hemos presenciado en manifestaciones públicas masivas en la plaza de Bolívar, en congresos y en otros escenarios menores.

Los que han acompañado procesos organizativos de los pueblos indígenas saben de que estoy hablando y saben también que estos planteamientos ideológicos, aunque nuevos, hacen parte en su concepción y desarrollo, de una vuelta al pasado, que bloquean el desarrollo político y comprometen el futuro de las nuevas generaciones.

Antes de continuar, debemos abordar otros puntos para terminar de contextualizar políticamente esta temática. Se preguntarán ustedes: ¿No es precisamente un sistema democrático el que debe respetar y observar las decisiones existenciales de los pueblos a seguir su propio camino sin coacciones ni restricciones y a mantener, si así lo desean esas costumbres del pasado? Dicho de otra manera y para llegar a la nuez del asunto que estamos tratando: ¿Es posible en un país multicultural la convivencia de diferentes derechos fundamentales, derivados de valores culturales que pueden estar en abierta contradicción? Un ejemplo puede ayudarnos a entender la razón de esta pregunta: Cuando se hizo pública la práctica de la ablación a niñas indígenas embera y muchas personas se pronunciaron en contra, varias organizaciones indígenas defendieron esta práctica, argumentando que se trataba de “una conducta correspondiente a una práctica ancestral de un pueblo indígena, dentro de una cosmovisión propia”. La Organización Nacional Indígena de Colombia entrevistada al respecto por Colprensa insistió en el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y reprochó “la doble moral de nuestros hermanos no indígenas, que da pie a que sectores oportunistas y retardatarios se prendan de este hecho para calificarnos de salvajes e incivilizados”. Después de muchos debates, las organizaciones aceptaron que esta práctica era violatoria de derechos individuales. Esta actitud crítica es la mejor manera de ingresar a la modernidad y consolidar la democracia. No obstante se sigue practicando. ¿Herencias culturales que se niegan a desaparecer? La pregunta es entonces si una sociedad puede convivir con una práctica que según UNICEF, se trata de “una violación absoluta a las niñas, que no puede ser tolerada por razones culturales… y es un atropello a la libertad y dignidad sexual de las mujeres…”

Otro aspecto más de la misma cuestión: los contradictores de la multiculturalidad afirman que la existencia de culturas diferentes en un mismo espacio nacional es fuente de conflictos. Por su parte los defensores de la multiculturalidad responden que los conflictos que tiene el país no han surgido por la existencia de culturas diferentes, sino que se han derivado de la implantación de un proyecto de Nación culturalmente homogénea que para fundarse necesita ‘disolver’ las diferencias a su interior. Aunque en la historia de la humanidad hay ejemplos de convivencia de culturas diferentes, son más los ejemplos en que se han presentado la fragmentación, la secesión y las luchas autonómicas, separatistas e independentistas en las sociedades. Esto se ha presentado en Estados, que en lugar de ‘acoger’ a culturas diferentes, han buscado destruirlas a fin de cumplir el ideal de un Estado total. Y decimos ‘total’, porque el totalitarismo no sólo se expresa en términos económicos, políticos o militares; puede ser también cultural. Algo que ya habíamos aprendido del antropólogo noruego Fredrik Barth, cuando afirma que “las fronteras no se trazan teniendo en cuenta las diferencias; (sino que) las diferencias se buscan, se encuentran o se inventan en función de unas fronteras que ya han sido trazadas…” ([1])

A estas alturas de la reflexión podemos volver entonces a preguntarnos si es posible la convivencia de diferentes derechos fundamentales inconciliables en un mismo espacio nacional.

Según Bassam Tibi –profesor de la universidad de Göttingen (Alemania)– para que pueda constituirse una Nación en un territorio multicultural, es necesario partir de la realidad,  de que han sido trazadas unas fronteras que comprenden en su interior varias culturas con derechos que se contraponen. En un ‘Estado de derecho’ liberal, estas culturas requieren de un reconocimiento constitucional. El problema surge, cuando los defensores del ‘multiculturalismo’ exigen que las diferencias culturales se eleven a la categoría de derechos fundamentales (o naturales). Este planteamiento según el profesor Tibi no es aceptable, ni tiene fundamento político, pues implica que en la misma Nación existan diferentes derechos fundamentales que están en abierta contradicción. Para encontrar una solución a los planteamientos multiculturalistas y evitar la desmembración del país en varias naciones, Tibi introduce el concepto de Pluriculturalidad. La diferencia entre multiculturalismo y pluriculturalidad reside en que la pluriculturalidad reconoce la diversidad cultural, pero establece una condición para garantizar la armonía y la convivencia entre las diferentes culturas al interior de una Nación: Debe aceptarse un consenso de valores que delimite los derechos que emanan de una diversidad cultural que en principio no debe ser limitada.

Para el caso de nuestra Nación multicultural, los valores que tienen un consenso general para construir la pluriculturalidad, tienen que ver con: a) El respeto a la democracia, b) La independencia de los asuntos públicos en relación con los religiosos –secularidad– y c), el acatamiento de los derechos humanos individuales. El planteamiento pluricultural amarraría así la diversidad cultural a un orden de valores, promoviendo la convivencia, en contraposición de la ideología multiculturalista, que pone barreras y obstruye cualquier acercamiento intercultural.

Sólo aceptando este consenso de valores, puede construirse una nueva institucionalidad que permita que fluyan libremente la diversidad de planteamientos políticos de los diferentes sujetos sociales. Una nueva institucionalidad que tenga como fundamento –y que comprenda– esa diversidad de rostros que hay en esta Nación.

La puesta en práctica de las premisas multiculturalistas, traen como resultado sociedades paralelas y pueden conducir a la creación de diferentes naciones, lo que obstaculiza la constitución de una Nación democrática y pluriétnica, pues lleva a que todos los esfuerzos que se hacen por construirla se vayan consumiendo desde adentro.

Y este es el punto, el Estado y la sociedad colombianas, al desestimar la importancia de la diversidad cultural, ha conducido a que surja en las culturas sometidas la resistencia y un discurso contestatario que exacerba las humillaciones que han sufrido a lo largo de los siglos. Pero este modelo conceptual para la organización de la resistencia no toma en cuenta la realidad social de la región, sino los anhelos de los dirigentes políticos que han perfeccionado sus capacidades para apelar a emociones profundas y convocar a comunidades, que de alguna manera han sido predispuestas a  la indignación.

Aunque los indígenas son gente bastante pragmática que presta poco interés a debates teóricos alrededor de los valores normativos de su historia y tradiciones, sí son diligentes para movilizarse por ideologías que exaltan aquellos rasgos de su identidad colectiva. Son ideologías que a pesar de su modesta calidad teórica, provocan impulsos incontenibles que llevan a cometer agravios a otros, considerados usurpadores de tierras que les pertenecen. Esto está sucediendo justamente con aquellos indígenas nasa que hoy arremeten contra propietarios ‘blancos’ de pequeñas parcelas del Cauca’ ([2]) que están expiando culpas por atropellos sufridos por los indígenas en el pasado. Sabemos lo difícil que es para muchos pueblos asimilar traumas del pasado. Pero el hecho es que estos traumas que se arrastran hasta el presente, están bloqueando diálogos políticos más acordes con la modernidad, sobre todo más a tono con el ambiente optimista que vive Colombia en estos momentos del posconflicto, que son  circunstancias históricas especiales que deberían ser aprovechadas para encontrar caminos de entendimiento que posibiliten consolidar una democracia, que por definición debe ser intercultural, o no será.

No se puede desconocer la fuerza social que acompaña estas impetuosas luchas por la tierra, pero ¿no sería sensato reflexionar si el camino de la confrontación para alcanzar derechos no debería repensarse, utilizando las vías del diálogo? No sabemos si a los orientadores del paradigma de “Liberación de la Madre Tierra” les ha pasado por la cabeza pensar que cuando un discurso –cultural, religioso, nacionalista, anticapitalista, antiimperialista, feminista, clasista, guerrerista, o aún pacifista– busca de manera parcial y con métodos coercitivos –materiales o espirituales– subordinar la totalidad de la realidad social a su punto de vista, corre el riesgo de producir mentes fundamentalistas en sus seguidores. Las respuestas que generan en sus antagonistas suelen ser del mismo tenor fundamentalista. En este contexto, un planteamiento político como el de la “Liberación de la Madre Tierra”, puede terminar convirtiéndose en un constructo de baja factura ideológica. Y su aplicación arbitraria, empleando métodos abusivos a una población que no tiene que ver históricamente con el despojo de tierras a sus ancestros, termina siendo desleal con la construcción de una Nación pluriétnica en la cual van a vivir sus descendientes. Pero el peligro más real es que despierte en los agraviados también un malestar que puede ser utilizado por sectores retrógrados para convocar cruzadas contra los indígenas. No sería la primera vez que esto sucediera en el país.

Como afirmamos en un texto anterior: “Alguien podría explicarnos por qué para “armonizar” –término utilizado por los nasa– la relación con la tierra y para reconstruir sus sociedades, los indígenas tengan que transgredir normas y razonamientos políticos y violar derechos de otros, que también provocan ‘desarmonía’ en la sociedad y le agregan nuevos agravios a esta lucha por la tierra… Aquí hay mucha tela por cortar y, también, mucha demagogia populista desplegada que está alterando relaciones sociales construidas durante varias décadas con otros sectores de la población, en un mundo donde los indígenas ya no están solos y no pueden decidir unilateral- y autónomamente sobre los destinos de regiones que comparten con otros pobladores, negros, mestizos y blancos, sin tener en cuenta los intereses, y sobre todo, los derechos de esos otros pobladores. ([3])

Acierta Hannah Arendt cuando afirma que lo ‘político’ no se encuentra en la naturaleza del ser humano. Su ‘politicidad’ se origina en su relación con los demás, una relación que no está ni en los unos ni en los otros, sino ‘entre’ los unos y los otros. Cuando no se atiende esta máxima de la razón política y se elige la vía de los hechos para violar derechos que tienen estos propietarios a su tierra, entonces lo que puede suceder es que sea la guerra la que continúe la política. ¿Será esta la ‘palabra que se quiere caminar’, cuando una destacada dirigente indígena afirmó que están “…dispuestos a poner los muertos que haya que poner y hacer las alianzas que sean necesarias para liberar la madre tierra”? Definitivamente “…la miseria en política familiariza, a veces, a un hombre, con extraños compañeros de cama. ([4])

Hay un sólo punto donde todos estamos de acuerdo: sin política hay guerra, o para decirlo en los términos en que Hannah Arendt formuló este enunciado y que la historia reciente le ha dado la razón: allí donde no impera la política asistimos al reinado del terror. Reivindicar la discusión política libre, la llevó a examinar de forma crítica la democracia representativa y abogar por un sistema de consejos o formas de democracia directa, entendiendo la política como participación y como virtud cívica y acción que busca el bien común; y a defender un concepto de ‘pluralismo’ en el ámbito político, pues según ella, era gracias al pluralismo, que se generaría el potencial de una libertad e igualdad políticas entre las personas, lo que contribuiría a  descolonizar la cultura y a reorganizar la sociedad y el Estado a partir del reconocimiento de la diversidad cultural de la Nación. Siendo comedidos con el pensamiento de Hannah Arendt es que vemos la urgencia de abordar la interculturalidad en la construcción de esa institucionalidad, incluyente en lo político, y democrática en lo económico, social y cultural.

En esta era de la ‘posverdad’ los políticos y los ideólogos dicen muchas cosas, prudentes y superficiales, ciertas y falsas, a saber: El discurso de los ideólogos de la “Liberación de la Madre Tierra” se presenta aleccionador por su valor crítico, pues enseña como la civilización occidental viene destruyendo la naturaleza de forma irracional e irreversible. Sin embargo llama también la atención la superficialidad de sus proposiciones para superar sistemas sociales tan complejos como el capitalista, actualmente responsables del cambio climático, del desaforado consumo de los bienes que producen los ecosistemas, de la contaminación de suelos y aguas y de la pérdida de biodiversidad, que vienen destruyendo el planeta y poniendo en riesgo la existencia de todas las formas de vida sobre la tierra.

No sabemos si se habrán dado cuenta estos ideólogos de la Liberación de la Madre Tierra, que impacienta la excentricidad de sus planteamientos, cuando asumen que las culturas indígenas son depositarias por naturaleza de un substrato inteligente y sagaz que perdura a través de los siglos. Lo que es un fundamento del Tul([5]) en la cultura nasa, es convertido en la crítica central al capitalismo y a la civilización occidental. Esto, junto a la jactancia en el manejo de sus verdades filosóficas, aleja a estos amigos de otros hermanos, también excluidos y por lo tanto también interesados en la construcción de procesos democráticos incluyentes. Al no tener en cuenta que el conocimiento humano nunca es absoluto, pues está sujeto a los permanentes cambios de la ciencia y la sociedad, se terminan desdibujando y simplificando los procesos históricos. La Universidad Indígena Intercultural del Cauca –UAIIN– debería entonces honrar su ‘apellido’ y defender la interculturalidad. Está por lo tanto, ante una tarea inmensa: la labor de difundir una actitud básicamente crítica, racional y moderna en la vida social y política, para no seguir ensalzando una visión especulativa que solo satisface necesidades emocionales de solidaridad que hemos tenido los colombianos con causas de justicia social e histórica. En este contexto me llega a la memoria aquella frase de Emil Cioran, de que “Uno debe ponerse del lado de los oprimidos en cualquier circunstancia, incluso cuando están equivocados, sin perder de vista, no obstante, que están hechos del mismo barro que sus opresores”.

En este momento del posconflicto, reiteramos, donde todos los colombianos nos aprestamos para ‘arreglar la casa’ después de medio siglo de guerra, sería un error e irresponsabilidad de las organizaciones indígenas dejar en manos de los ‘Libertadores de la Madre Tierra’ la dirección política y la forma de orientar en sus regiones la lucha por la defensa de sus territorios, dejando a un segundo plano la construcción de una audaz política ambiental, concertada con otros sectores campesinos y afrocolombianos para preservar el medio ambiente, el suelo y el subsuelo de la agresiva política minera del gobierno; igualmente la construcción social de la paz con justicia y democracia, que es actualmente uno de los grandes retos que tenemos, pues sigue pendiente en la agenda de las luchas populares, la urgente tarea de conformar un movimiento social pluriétnico para afrontar la grave situación que vive Colombia, en el terreno de las injusticias sociales crecientes, la reparación a las víctimas de la violencia, la necesaria reforma agraria y la devolución de las tierras a los desplazados,  pero también para contender la corrupción, sobre todo para frenar el extractivismo de recursos naturales bienes –de nuevo en alza–, promovido por el gobierno para favorecer unas pocas compañías mineras que vienen destruyendo selvas y ríos, en detrimento del patrimonio de todos los colombianos y de los derechos colectivos de negros e indígenas.

Este discurso libertador, más allá de esquemas floridos, no nos dice algo inteligente sobre el camino a emprender para construir con el resto de los colombianos, un modelo de desarrollo, donde la economía, el mercado y la ciencia, obedezcan a la visión, de que hacemos parte –e interactuamos– con el resto de seres vivos de la naturaleza, y que el empobrecimiento de la biodiversidad es el comienzo de nuestra propia destrucción.

Aunque no somos quienes para dar indicaciones, sí nos atrevemos, para concluir estas notas, hacer dos sugerencias dirigidas a las organizaciones indígenas y a sus líderes, a los partidos políticos cercanos a los pueblos indígenas y a los amigos y solidarios con sus luchas.

El primero, que es necesario retomar las mejores tradiciones que han tenido las luchas indígenas por la tierra en el Cauca con el surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– que supieron apartarse oportunamente de otros experimentos políticos totalitarios, que intentaron cooptarlas. Por ello no dudo en enfatizar que se debe mantener ese valor de la crítica como actitud básica ante la vida política, reflexionando tanto como sea necesario, para no dejarse llevar por la fuerza de las convenciones, por más réditos materiales que puedan conseguirse plegándose al carro del vencedor momentáneo.

Una actitud crítica que había conducido a que se pensara en ‘juntar hombros’ –como se decía antes– con otros sectores oprimidos, recorriendo un buen trayecto en la construcción de la interculturalidad, que parece regresar de nuevo a su laberinto, después de muchos esfuerzos por levantarla y sin un rayo de luz en el horizonte que le ilumine el camino de regreso.

El segundo, es que se debe tener presente que la democracia en un Estado y una Nación unitaria, implica el respeto por los derechos de todos los que la integran y la aceptación de las diferencias culturales. Por supuesto siempre y cuando se acepten las reglas –el consenso de valores antes anotados– que delimitan esas diferencias. En Colombia no podemos seguir siendo “ciudadanos de baja intensidad” ([6]), con total indiferencia por la Nación. Si no entendemos esto, continuaremos viviendo bajo el dominio de la inconsciencia. Y ya se ha generado mucha locura, se ha producido mucho dolor, se han destruido muchas relaciones sociales, sobre todo han resultado muchos muertos, como para no intentar, alguna vez, un elemental entendimiento. Y esto no es una tarea fácil. Ya lo decía Mateo:

El reino de los cielos hay que conquistarlo con buenas obras, …”. “Con la democracia ocurre algo parecido. No es un club exclusivo, pero la entrada no es gratis. A la democracia hay que conquistarla y defenderla de sus enemigos. Esa es la razón por la cual la lucha por la democracia no conocerá nunca un final.” (Fernando Mires).

Bogotá, julio 26 de 2013


[1] Fredrik  Barth: “Los grupos étnicos y sus fronteras”. Fondo de Cultura Económica, 1969

[2] Para los que llegan un poco tarde al debate: se trata de pequeñas parcelas, algunas de ellas con menos de 1 hectárea, pertenecientes a 75 familias que han invertido allí sus ahorros y se dedican a actividades agroecológicas, recreativas o sencillamente porque son pensionados y buscan vivir en paz allí: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0544/articulo10.html

[4] Shakespeare en ‘La Tempestad’. El destacado en negrilla es un agregado nuestro.

[5] Huerto nasa

[6] La expresión “Ciudadanía de baja intensidad” la acuñó Guillermo O’Donnel, para caracterizar el comportamiento social de aquellos ciudadanos que no creen en la ley ni en su obligación de cumplirla; recusan al gobierno pero lo esperan todo de él; no pagan impuestos pero exigen cuentas y bienes públicos; no estiman la tolerancia ni son respetuosos de la diferencia; no tienen el hábito de asociarse con los diferentes y juntarse para perseguir causas comunes; en síntesis no son ciudadanos activos, atentos a la cosa pública, ni son solidarios y participativos en la construcción de un Estado y sociedad democráticas.

 

Julio 4, 2017
by jenzera
0 comments

Socialismo y perfidia

Efraín Jaramillo Jaramillo
Colectivo de Trabajo Jenzera

 

“…quien sabe por donde andarás
quien sabe que aventura tendrás…”

Los Panchos

 

Un “fantasma recorre” a Colombia. Es un fantasma que llegó al país para quedarse y se niega a desaparecer. Nacido en Alemania recibió el bautismo en la revolución rusa de 1917 para lentamente transformarse en el primer totalitarismo del siglo XX. Resistió todas las embestidas del Nazismo, el segundo totalitarismo, y cobró vigor con la revolución china de 1949.

En Colombia, como en el resto de países de Latinoamérica, fue la revolución cubana de 1959 la que subió al pedestal del pensamiento político la ideología socialista. Muy pocos escaparon al hechizo de esta revolución alcanzada por las armas. A partir de entonces estuvo fuera de discusión el ‘mandato histórico’ de hacer la revolución socialista en toda América. Donde se dividían los espíritus era en el carácter de esa revolución y los métodos y estrategias para alcanzarla, lo que condujo a la multiplicidad de visiones sobre la ruta a seguir. No exageran los analistas que deducen que en el país se ensayaron todas las vías imaginables –políticas y armadas– para llegar al socialismo. Y no fueron pocos los que se extraviaron por esos ‘andurriales’…

Aunque estoy seguro que muchos disentirán de lo que voy a decir, no creo estar muy alejado de la realidad, si también deduzco que fueron las vías armadas las que más influenciaron política- e ideológicamente a los colombianos, porque interpelaron de forma directa a sectores populares, fundamentalmente del despreciado y ultrajado campo colombiano. En las armadas fueron las guerrillas liberales del Llano y del Tolima las que despertaron el ímpetu rebelde de los colombianos, pues se trató de verdaderas insurrecciones armadas de campesinos liberales para sacudirse la violencia organizada en su contra desde el Estado, durante el gobierno conservador de Laureano Gómez –Si, el admirador de Franco que llamaba “bárbaros contemporáneos” y “lastres del desarrollo” a indios y a negros. Pero fueron las guerrillas de genealogía socialista –FARC, ELN, EPL– las que ‘encendieron la pradera’, alineadas con los centros rectores del comunismo mundial –Moscú, Beijing o La Habana– o del parroquial Ayacucho, – ¿alguien se acuerda todavía de aquellos ‘guardias rojos’ de ‘Sendero Luminoso’, que sin haber hecho ningún tiro, si regaron de ideas y panfletos las universidades y en especial los departamentos de antropología del país?. Para completar esta breve y superficial presentación del árbol genealógico de la lucha armada en el país, habría que mencionar también las otras versiones y tendencias en que se dividió el maoísmo y las versiones guerrilleras de izquierda independiente, nacionalista o indigenista como el M-19 y el Quintín Lame, etc. Es decir, en la lucha armada Colombia ha sido muy generosa y hospitalaria. Ha recibido todas las tendencias socialistas del mundo, lo que es también una muestra del grado de atractivo y seducción que han ejercido las armas sobre los colombianos.

Pero más. Existían vasos comunicantes entre las organizaciones políticas y las armadas, una exégesis ideológica que condujo a la combinación de todas las formas de lucha, con consecuencias siniestras, cuando una derecha punitiva, también acostumbrada a ejercer todas las formas de lucha, entró en acción y formó sus propias huestes para defenderse, iniciándose así la etapa más sangrienta del país en las últimas décadas, que acabó con gran parte de la izquierda. En el campo socialista, un infortunio adicional se presenta cuando se lleva al campo militar las divergencias ideológicas internas. En varias regiones de Colombia muchos recuerdan lo que le sucedía a quién osara cuestionar o desviarse de “la línea correcta”: Lo de siempre, el fusil los enderezaba. Lo que podía llegar hasta la demencia (¿alguien ha oído hablar de la Masacre de Tacueyó?).

La principal guerrilla –las FARC– ya es historia. Y aunque quedan ‘vivos y coleando’ el ELN y el EPL, estas guerrillas, fueron descolocadas políticamente por las exitosas negociaciones de paz que hicieron las FARC. Sin una agenda política imaginativa, debilitados militarmente y desestimando las ofertas del gobierno, recurren a acciones rayanas al terrorismo, añadiéndole así nuevos agravios al pueblo colombiano. No representando las vías armadas una amenaza para el Estado, esas cruentas luchas por el socialismo son un asunto del pasado. Pero ¿Qué queda entonces? Quedan los que aspiran a acceder al poder por la vía democrática, para desde allí construir una sociedad comunista, que no pudieron conquistar con las armas. Una tarea que tienen difícil, ya que los faros de este modelo de sociedad sin clases, Rusia y China, se apagaron hace mucho rato. Queda también la Social Democracia –también de génesis marxista– que habiendo echado raíces en la clase obrera se encuentra hoy en pleno retroceso en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España –sus bastiones– con el descenso de la ‘clase obrera’ en el ocaso de la sociedad industrial.

En Colombia, con un incipiente desarrollo industrial y débil clase obrera, no ha sido tierra abonada para que un partido social demócrata eche raíces, una aspiración truncada que tuvieron los fundadores del pensamiento liberal, que como Rafael Uribe Uribe, exhortaron a su partido, sin éxito a “beber en las canteras del socialismo.”

Es en el campo colombiano, más exactamente en la lucha del campesinado por la tierra, donde los partidos de izquierda hicieron sus primeros pinitos escolares. No obstante no acababan de terminar la primaria cuando ya estaban experimentando los primeros cismas ideológicos, que los sacaron del juego político, arrastrando tras ellos al movimiento campesino más importante de la reciente historia de Colombia. Y es también en el campo colombiano donde echaron raíces, pero también donde fracasaron todos los grupos guerrilleros que han existido en Colombia. De estas luchas socialistas quedan solo imágenes de campesinos levantando puños, blandiendo machetes y canciones que incitan a la rebelión y a la toma de tierras, imágenes que poco o nada le dicen a los hijos de la postmodernidad. Sólo un par de nostálgicos y panzudos veteranos echándose unos tragos, pueden conmoverse con “La lora proletaria”, “El campesino embejucado” y “La mula revolucionaria”, o deleitarse con los vallenatos de Julián Conrado –el cantante de las FARC– y su postmoderna banda ‘Conrado & The Rebels All Stars’, cuyas actuaciones son coreadas con arengas anti-sistema. Muy pronto serán, ya se intuye que son, parodias de un pasado que no volverá, estatuas de sal de una izquierda inocua y festiva.

El punto es que se trata de un socialismo que a pesar de haber muerto sin haber alcanzado su mayoría de edad, viene renaciendo como ave fénix, evocado por mutantes postmodernos, que llenos hasta el hartazgo de ambición y frivolidad, nos quieren atosigar con sus diatribas contra la democracia liberal –la de la separación de poderes, la que fundó los derechos humanos universales– a la par de pretender con babosas baratijas ideológicas, que cuando engullamos su torta ‘progresista’ anti-establishment, no nos intoxiquemos.

Estos socialistas postmodernos están regados por todo el mundo; no pertenecen a ninguna clase social; sus enemigos tampoco. Son híbridos sociales ungidos por una superioridad moral cuyo interés es atraer la atención de sectores populares y canalizar su descontento hacia un enemigo común, tan impreciso como el ‘establishment’, que definen como lo que está por encima de todos nosotros y nos oprime, una cúpula política que sería la responsable de todos los males que sufrimos. Con histriónicas apariciones públicas y una retórica que camufla la ausencia de ideas, estos líderes, como el español Pablo Iglesias de ‘Podemos’, el francés Jean-Luc Mélenchon, de Izquierda Radical, el griego Alexis Tsipras de Syriza (coalición de izquierda radical) comparten con el populismo  –de izquierda y derecha– la desconfianza en el carácter racional de las democracias liberales y representativas. Son simpatizantes del socialismo del siglo XXI del bolivariano Hugo Chávez, al cual distinguen como uno de sus mentores ideológicos y del cual han aplaudido sus desaliñadas ocurrencias mediáticas, dirigidas a exacerbar los resentimientos de los más pobres, los ‘descamisados’ de Evita. Algunos de estos líderes han logrado dudosas hazañas en política, como la de debilitar y llevar al ocaso a los partidos socialistas europeos, mérito villano que comparten con los también postmodernos populistas de la derecha xenófoba europea como la francesa Marine Le Pen, la alemana Frauke Petry, el austriaco Norbert Hofer, el holandés Geert Wilders, el italiano Matteo Salviny, el griego Nikos Michaloliakos, el danés Kristian Thulesen Dahl y un detestable etcétera.

Definitivamente estos postmodernos socialistas representan un riesgo para cualquier democracia. Sobre todo un peligro para la construcción de esa democracia intercultural y moderna que buscamos construir en Colombia. Y es en ese sentido que no podemos  observarlos como extravagantes actores del espectáculo de la política à la Berlusconi y dejarlos pasar, en la creencia de que las urnas los purgarán.

En este sentido es meritoria la sobresaliente actuación del demócrata austriaco, Alexander Van der Bellen, que demostró con su triunfo sobre el ultraderechista y xenófobo Norbert Hofer del Partido Liberal de Austria, que era posible detener el avance de candidatos populistas. Para derrotar a Hofer, que hasta ese momento era el candidato más opcionado para ganar las elecciones presidenciales, el demócrata Van der Bellen decidió a sus 72 años, visitar pueblo por pueblo y aldea por aldea, pues entendió que la política no se hace en las redes, en facebook o en twitter. Pero sobre todo, a diferencia de lo que suelen hacer socialdemócratas y liberales, Van der Bellen abandonó los modales refinados de hacer política y contraviniendo a su propio temperamento amable, decidió enfrentar a Hofer como a un peligroso enemigo político, mostrando lo que en realidad era: un racista y un aventurero oportunista que no le importaba empujar a su país al abismo, alentando la xenofobia. Lo más llamativo es que fue la población más joven la que le dio el triunfo, rescatando con ello a la democracia.

Noam Chomsky analizando la campaña presidencial en su país es de la opinión que el Social demócrata Bernie Sanders, de 75 años, tenía las mismas credenciales democráticas de Van der Bellen para enfrentar al también racista y peligroso oportunista Donald Trump. No duda Chomsky en conceptuar que las posibilidades de Sanders de ganar las elecciones eran mayores que las de Hillary Clinton. Pues Sanders a semejanza de Van der Bellen, había logrado entusiasmar a un público apático, obteniendo, además, el favoritismo entre los electores jóvenes. Los dos entendían muy bien que la democracia para que exista debía ser defendida con pasión. Por eso Van der Bellen se fue a las barricadas. O lo que es igual: los dos entendieron que la democracia no solo es una forma de gobierno, sino que, cuando los tiempos así lo exigen, debe ser, además, una militancia.

Desafortunadamente las ambiciones de los Clinton, que han actuado siempre siguiendo a sus instintos de poder, y el apoyo (¿error?) que Obama le dio a Hillary Clinton en las primarias, dejó por fuera de la competencia a Bernie Sanders, empujando con ello a Estados Unidos (¿y al mundo?) al abismo del odio.

Para terminar, estas notas no serían comedidas con todo lo que antes se ha relacionado, si no reflexionáramos sobre lo que está sucediendo en Colombia en los últimos tiempos, con todos los movimientos que apelan al pueblo para captar niveles de apoyo de los ciudadanos. Preocupa que en estos movimientos que se reclaman socialistas –o de izquierda, que es el término genérico– crezcan las desavenencias con la democracia liberal y se vea en una ruptura con los principios liberales, una ruta para conseguir la paz. Y preocupa porque semejante a Putin y otros socialistas de antaño, la relación que tienen estos postmodernos socialistas del siglo XXI con la democracia liberal es meramente instrumental, pues no dudan en nombre del anti-imperialismo, condescender y hasta rendir pleitesía a regímenes autocráticos como Nicaragua o Venezuela, Siria o Turquía…

Preocupa sobre todo que desde esa perspectiva ideológica y práctica política vayan a intervenir en los asuntos de los colombianos, quitándole el rostro humano al sueño socialista que todos, aunque de diferente manera, llevamos en nuestras entrañas. Y preocupa porque ya algunos se encuentran haciendo fervorosamente la tarea.

 

Popayán, junio 29 de 2017

 

Junio 16, 2017
by jenzera
0 comments

LLAMADO INTERNACIONAL URGENTE A DETENER LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN VENEZUELA

Martes, 30 de mayo de 2017

LLAMADO INTERNACIONAL URGENTE A DETENER
LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN VENEZUELA

APPEL INTERNATIONAL URGENT POUR STOPPER
LA MONTÉE DE LA VIOLENCE AU VENEZUELA

Mirar a Venezuela, más allá de la polarización

Comité por la Paz de Venezuela
comiteporlapazenvenezuela@gmail.com

Por la presente, como académicos, intelectuales y activistas sociales queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a la incontrolada situación de violencia política y social que atraviesa Venezuela, la cual se ha traducido ya en más de cincuenta muertos, centenares de heridos y detenidos, puestos a disposición de tribunales militares.
No dudamos de que la situación de violencia en la que está sumida Venezuela tiene orígenes complejos y compartidos, en el marco de una polarización política cada vez más virulenta y de un escenario de desintegración del tejido social. Así, el conflicto venezolano tiene diferentes rostros.
Por un lado, existe un gobierno cada vez más deslegitimado, con marcados rasgos autoritarios. Esta dinámica arrancó con el desconocimiento por parte del ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015. Esta se fue potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio -una herramienta democratizadora introducida por la propia constitución chavista-, la postergación de las elecciones a gobernador el pasado año, hasta llegar el fallido autogolpe del ejecutivo. A esto se ha sumado la reciente convocatoria a una Asamblea Constituyente en forma claramente inconstitucional, que está lejos de resolver la crisis; antes bien la alimenta y recrudece, en la medida en que trasluce el intento de consolidar un régimen totalitario, en el marco de una enorme crisis social y económica (carencia de alimentos, medicamentos, entre otros).
Dicho esto, no creemos, como afirman ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, que hoy se trate de salir a defender a “un gobierno popular anti-imperialista”. Este apoyo incondicional de ciertos activistas e intelectuales no sólo revela una ceguera ideológica sino que es perjudicial, pues contribuye lamentablemente a la consolidación de un régimen autoritario. La identificación del cambio, aún de la crítica al capitalismo, no puede provenir de la mano de proyectos antidemocráticos, los cuales pueden terminar por justificar una intervención externa, “en nombre de la democracia”. Desde nuestra óptica, la defensa en contra de toda injerencia extranjera debe basarse en más democracia, no en más autoritarismo.
Por otro lado, como intelectuales de izquierda, tampoco desconocemos la realidad geopolítica regional y global. Queda claro que existen sectores extremistas de la oposición (la cual es muy amplia y heterogénea), que también buscan una salida violenta. Para éstos se trata de exterminar, de una vez por todas, el imaginario popular asociado a ideas tan “peligrosas” como la organización popular, la democracia participativa, la transformación profunda de la sociedad en favor del mundo subalterno. Estos grupos más extremos de la derecha han contado, por lo menos desde el golpe de Estado del año 2002, con apoyo político y financiero del Departamento de Estado norteamericano.
Como ciudadanos de América Latina y de otras regiones del mundo, sostenemos un compromiso doble. Por un lado, un compromiso con la democracia, esto es, con una democracia participativa, lo cual implica elecciones periódicas, ciudadanos en las calles y ampliación de arenas públicas para la toma colectiva y comunitaria de las decisiones; así como con una democracia igualitaria, lo cual conlleva la ampliación de la frontera de derechos, en pos de una sociedad más justa. Por otro lado, tenemos un compromiso con los derechos humanos, el cual coloca la base mínima e innegociable del respeto mutuo, que impide la tortura, la muerte del oponente, la resolución de nuestros conflictos a través de la violencia.
En esa línea, creemos que el principal responsable de la situación en Venezuela –en tanto garante de los derechos fundamentales- es el Estado, en manos de las actuales autoridades gubernamentales. Pero, como ya hemos dicho, es fundamental colocarse por encima de esta polarización, y buscar las vías de otro diálogo político y social, que dé lugar a aquellos sectores que hoy quieren salir de dicho empate catastrófico y colocarse por encima de toda salida violenta.
En razón de ello, nos manifestamos solidarios con el reciente llamamiento a un dialogo democrático y plural, que incluya las diferentes voces, no exclusivamente aquellos sectores polarizados del campo del gobierno y la oposición, que ha sido realizado por sectores auto convocados de Venezuela, entre ellos, dirigentes políticos, académicos, activistas sociales y organizaciones sociales y políticas de alcance nacional, ex ministros de Chávez y ex dirigentes de sectores de la oposición, activistas de derechos humanos, comunitarios, sindicales y políticos. (ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n308976.html.)
Convocamos a la urgente conformación de un Comité Internacional por la paz en Venezuela, a fin de detener esta escalada de violencia institucional y callejera. Apostamos, desde la izquierda, a que otro diálogo es posible en Venezuela, más allá de la polarización y de la violencia.
Las salidas a tales crisis siempre son largas y complejas, pero requieren más democracia, nunca menos. Y este proceso solo podrá concretarse por la vía del respecto de los derechos humanos, así como de la autodeterminación del pueblo venezolano.

Firmas

América Latina

Aníbal Quijano, Sociólogo y ensayista, Perú
Alberto Acosta, economista, ex presidente de la Asamblea Constituyente, Ecuador.
Maristella Svampa, socióloga y escritora, investigadora del Conicet, Argentina.
Roberto Gargarella, abogado Constitucionalista, Investigador del Conicet, Argentina.
Carlos Altamirano, historiador, ensayista, Profesor de la UNQUI, Argentina.
José Nun, abogado y politólogo, Presidente Fundación de Altos Estudios Sociales, Argentina
Chico Whitaker, co-fundador del Forum Social Mundial, Premio Nobel Alternativo de 2006, Brasil
Raúl Prada, Coordinador de Pluriversidad Oikologías) miembro de Comuna, Bolivia.
Daniel Chávez, antropólogo (Uruguay), Instituto Transnacional (Amsterdam)
Carmen Pimentel Sevilla, Perú
Raphael Hoetmer, Holanda/Peru
Enrique Viale, abogado ambientalista, Argentina.
Beatriz Sarlo, ensayista, escritora, Argentina
Carlos Walter Porto-Gonçalves, geógrafo, Brasil
Miguel Alonso Arconada García, Ingeniero Geólogo. Universidad de los Andes. Venezuela
Catherine Walsh, Universidad Andina, Ecuador.
Pablo Alabarces, sociólogo, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Horacio Machado Aráoz, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
Massimo Modonesi, historiador, UNAM, México
Margarita López Maya, historiadora, Venezuela
Roberto Viciano, constitucionalista, Venezuela
Adrián Gorelik, arquitecto, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
Roland Denis, investigador-comunicador, Venezuela
Arturo Escobar, profesor de antropología, Universidad de carolina del norte, Chapel Hill, USA.
Gonzalo Gómez Freire, Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista y cofundador del Sitio Web Alternativo Aporrea.org, Venezuela
Gustavo Márquez Marín, ministro y embajador en la gestión del Presidente Hugo Chávez, Venezuela
Efraín Jaramillo Jaramillo, antropólogo, Colectivo de Trabajo Jenzera, Colombia
Anais López, Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, Venezuela
Raúl Cubas, sobreviviente de la ESMA, activista de ddhh, co-fundador de PROVEA, Venezuela.
Luis Adrián Galindo Castro, antropólogo y doctor en ciencias sociales, Venezuela
Alex Ricardo Caldera Ortega, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León de la Universidad de Guanajuato, México
Rafael Rojas, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, México
María Eugenia Borsani, Universidad Nacional del Comahue, Directora del CEAPEDI, Argentina.
Elizabeth Peredo Beltrán, psicóloga social, investigadora y activista, Bolivia
Horacio Tarcus, historiador, CeDInCI / UNSAM / CONICET, Argentina.
Javier Antonio Vivas Santana, ontólogo, Profesor universitario. Analista Político, Venezuela
Patricia Zangaro, dramaturga, Argentina
Rubén Lo Vuolo, economista, CIEPP, Argentina
Zulma Palermo, docente universitaria, Argentina
Paulino Nunez, Brasil
Alejandro Bendaña, historiador y politólogo, Nicaragua
Armando Chaguaceda, profesor-investigador, universidad de Guanajuato, México
Marco Arana Zegarra, Defensor de derechos humanos y ambientales, actual congresista del Perú
Lea Guido L., socióloga, ex ministra de salud de Nicaragua,
José Miguel Onaindia, abogado, gestor cultural, Uruguay-Argentina
Julio Aguirre, politólogo, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Patricia Pintos, geógrafa, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Osvaldo Acerbo, Argentina.
Marcelo Plana, ingeniero, Argentina
Carlos Penelas, escritor (Argentina)
Alexis Mercado Suárez, profesor Centro de Estudios del Desarrollo. Universidad Central de Venezuela
Pablo Ospina Peralta, sociólogo, Universidad Andina, Ecuador
Miriam Lang, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador
Carlos Zorrilla, activista, Intag, Ecuador
Fernando Vega Cuesta, asambleísta constituyente en Montecristo, Ecuador
Juan Cuvi, ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, Ecuador
Darío Lagos, psiquiatra, Eatip, Argentina
Ana Sarchioni, profesora de Letras, UBA, Argentina.
Jorge Jabkowsky, médico, Argentina
Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM-CONICET), Argentina
María Suárez Luque, Escuela de Educación, Universidad Central de Venezuela
Danilo Quijano, ensayista, Perú
Otávio Velho, antropólogo, Brasil
Beatriz García, docente, Venezuela
Erika Arteaga Cruz, salubrista, activista por el derecho a la salud, doctorando Universidad Andina Simón Bolívar- sede Ecuador.
Carolina Ortiz Fernández, UNMSM, Lima, Perú.
Jürgen Schuldt, profesor Emérito, Universidad del Pacífico, Lima, Perú
Hugo Noboa Cruz, médico y activista de DDHH, Ecuador
Virginia Vargas Valente, socióloga, feminista, Centro Flora Tristán, Programa Democracia y Transformación Global, Perú
Tatiana Roa Avendaño, Censat-Agua Viva, Colombia
Enrique Leff, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
Luis Tapia, filósofo, ensayista, CIDES, Bolivia,
Fernando Carrión, ex director de la FLACSO-Ecuador
Hugo Enrique Méndez Urdaneta, comunicador social, Venezuela
David Roca Basadre, periodista ambiental, Perú
Raquel Gutiérrez Aguilar, profesora-investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Autónoma de Puebla, México
Johanna Cilano, Universidad Iberoamericana, México
Darío Manuel Gómez Suarez, profesor de historia, docente de la uptaeb, Venezuela.
Aldo Valarezo Sánchez, abogado, comunicador social y escritor ecuatoriano.
Emilio Ochoa Moreno, profesor universitario, Guayaquil, Ecuador.
Rogério Haesbaert, geógrafo, Universidade Federal Fluminense, Brasil
Diego Saavedra Celestino, Lima, Perú
Alberto Chirif, antropólogo, Iquitos-Perú
María Pilar García-Guadilla, feminista, pacifista y activista ambiental, Venezuela
Pablo Quintero, profesor e investigador venezolano, Universidade Federal da Integração Latinoamericana, Brasil
Roberto Espinoza Llanos, sociólogo, Red Descolonialidad del Poder y Saber, Perú
Mirta Alejandra Antonelli, docente Investigadora, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Luis Daniel Vázquez Valencia, Flacso, México
Pablo Paño Yáñez, antropólogo, PhD. Docente e investigador de la Universidad de Cuenca. Ecuador.
Jean Meyer, División de Historia Centro de Investigación y Docencia Económica (México)
Marcelo Colussi, psicólogo, Guatemala
Juan Luis Sosa, abogado UCV, Doctorado en curso, activista social y político, Venezuela
Alejandro Almaraz, abogado, docente de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia.
Fernando García, antropólogo, profesor investigador flacso Ecuador
Francisco Muñoz Jaramillo, Universidad Andina, Quito, Ecuador,
Boris Marañón, Universidad Nacional Autónoma de México
Diana Dowek, artista, Argentina
Catalina Toro Pérez, Dpto. de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Hernando Sáenz Acosta, docente Facultad de Sociología Universidad Santo Tomás Bogotá, Colombia
Vladimir Aguilar Castro, profesor Universidad de Los Andes, Venezuela
Mónica López Baltodano, abogada DDHH, Nicaragua
Helton Adverse, UFMG – Brasil.
Roberto Ochandio, geógrafo, Argentina
Vladimir Aguilar Castro, profesor Universidad de Los Andes, Venezuela
Oscar Campanini Gonzales, sociólogo, Bolivia
Beatriz Urías Horcasitas, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
Benjamín Gajardo, Universidad Andrés Bello, profesor de derecho (Chile).
Mario Alejandro Pérez Rincón, profesor Universidad del Valle, Instituto CINARA, Colombia
Javier Gómez, economista, CEDLA, Bolivia
Alfredo Gaviria Guedes, ingeniero Forestal, Lima, Perú.
Sebastián Pereyra, sociólogo, investigador Conicet, Argentina.
José Ribas Vieira, professor Titular ufrj direito e Professor Associado Pos Graduação Puc-rio, Brasil
Lena Lavinas, economista, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Leopoldo Múnera Ruiz, politólogo. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
José Maurício Domingues, IESP-UERJ, Brasil
Pilar Lizarraga A., Inv JAINA, TARIJA- BOLIVIA.
Billy Navarrete, documentalista y defensor de Derechos Humanos, Guayaquil, Ecuador
Fundación Diverso Ecuador, Organización para la promoción y defensa de los Derechos Humanos del Colectivo LGBTI del Ecuador
Carlos Suarez, periodista, Argentina
Peter Koelle Dahle, Guayaquil, Ecuador
Antonio Elizalde Hevia, sociólogo, director fundador de Polis, Revista Latinoamericana, Chile
Ana Patricia Noguera, PhD. Profesora Titular y Emérita. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Directora Grupo de Pensamiento Ambiental, Colombia
Mario Mazzitelli, (SG PSA-Argentina)
Mario Pecheny, profesor titular UBA, investigador CONICET, Argentina.
Alejandro Pisanty, Facultad de Química, UNAM, México.
Yasser Farrés Delgado, arquitecto y Profesor Universitario, Corporación Universitaria del Meta, Colombia.
William Sacher, académico franco-ecuatoriano.
Alicia Lissidini, socióloga, Argentina
Diego Saavedra Celestino, Lima, Perú
Cécile Mouly, FLACSO Ecuador
Claudia Hilb, politóloga – investigadora Conicet/ Profesora Universidad de Buenos Aires.
Ramón Rosales, ingeniero industrial jubilado, Venezuela
Luis Miguel Corrales, ingeniero en Informática, Caracas – Venezuela
Enrique Peruzzotti, Investigador Independiente, CONICET, Argentina
José w. Legaspi, escritor, Uruguay
Margarita I. Bernal-Uruchurtu, profesora e Investigadora en Química, México
Fernando Gutiérrez Delgado, periodista y activista ecolibertario del Perú
Freddy Quezada, escritor y catedrático nicaragüense.
Elena Belingueres, arte-terapeuta, Psicóloga Social, Cta Genero Regional Zona Norte en Vicente López, Buenos Aires, Argentina
Susana Wappenstein, socióloga, Departamento de Sociología y Estudios de Género, FLACSO-Ecuador
Cristina Cielo, FLACSO sede Ecuador
Facundo Rojas, geógrafo, UNCU, Argentina
Julia Barnetche, docente, traductora pública nacional de inglés, Argentina
Arturo D. Villanueva Imaña, sociólogo, BOLIVIa
Carlos Antonio Martín Soria Dall’Orso, Ph.D. Colegio de Abogados de Lima 28140
Georgina Jiménez Pimentel, Centro Documentación e Información, CEDIB, Bolivia,
Fernando López D’Alesandro, Profesor, Uruguay
Alejandra González, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y Avellaneda, Argentina.
Rubén Kotler, historiador, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Julio Flores, Universidad Nacional de las Artes, Argentina
Martín Becerra, profesor e investigador, Argentina
Víctor Miguel, comunicador, Bloque Migrante en Argentina
Elba Martínez Vargas, Madrid, España, activista de derechos humanos, profesora de Maestría en Universidad Rey Juan Carlos, Venezuela
Nerina Dip, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Sergio Serrón, profesor jubilado de la UPEL (Caracas), residente en Guatemala
Fabián Kovacic, periodista y docente de la Universidad de Buenos Aires
Guillermo Rovayo Cueva, abogado, Misión Scalabriana, Ecuador
Rocío Silva Santisteban Manrique, profesora Universitaria y activista en ddhh – Perú
Ricardo Torres Gavela, presidente de la Unión Ecuatoriana de Escritores Médicos
Keymer Ávila, abogado, investigador de Sistemas Penales y DDHH, profesor de criminología en pre y postgrado.
Luis Pereira Severo, poeta, editor, Maldonado, Uruguay
Josimar Ángel Ahmed Guevara Gómez Bach, Ciencias de la Comunicación, activista LGTB Pro Derechos Humanos, militante del Movimiento Nuevo Perú.
Rubén Humberto Famá, abogado, Director Revista “El Descamisado”, miembro del Movimiento Peronista Auténtico; Argentina
Moisés A. Durán, sociólogo. Venezuela
Cristina Vega, profesora investigadora, Departamento de Sociología y Estudios de Género, FLACSO-Ecuador
Carlos Castro Riera, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, ecuador
Gabriela Massuh, escritora, Argentina
Américo Schwartzman, periodista, docente en nivel superior, licenciado en filosofía), Argentina
Ricardo Ríos, UCV, miembro del CU, Venezuela
Karina Jannello, (CeDInCI-UNSAM / UNLP), Argentina
Esperanza Hermida, ex directiva sindical tribunalicia, defensora de derechos humanos, docente universitaria,
Lucrecia Wagner, investigadora del CONICET, Argentina.
Nilo Cayuqueo, escritor y activista del pueblo Mapuche, Argentina
Nancy López, licenciada en Trabajo Social, jubilada, Caracas, Venezuela
Marco Estrada Saavedra, Colegio de México, México
Martin Bergel, historiador, UBA, Argentina
Gabriel Conte, periodista y escritor, director del grupo de medios MDZ de Mendoza, Argentina
Bernardo Belén García Cueva, contador Público Independiente, El Guabo, Prov. de El Oro Ecuador
María Esperanza Hermida Moreno, trabajadora social y docente / Manejo de conflictos y riesgos, Venezuela
Dominique Sarr, écrivain, Cartagena de Indias
Natalia Roca, Árboles Sin Fronteras. Ecuador
Pablo Aiquel Garbarini, periodista y delegado sindical, venezolano y francés
Carlos Andrés Duque Acosta, profesor universitario colombiano. Doctorando en Filosofía Política en Unicamp, Brasil.
Gabriel Kessler, sociólogo, Conicet-Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Colectivo Yasunidos Guapondelig, Cuenca, Ecuador
Emilio de Ípola, sociólogo, Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, Investigador Superior del CONICET (jubilado), Argentina
Masaya Llavaneras Blanco, MSc Universidad Central de Venezuela, Candidata Doctoral por la Universidad Wilfrid Laurier, Canadá.
Carlos Andrés Duque Acosta, profesor universitario colombiano. Doctorando en Filosofía Política en Unicamp, Brasil.
Mariana Heredia, investigadora-Profesora Universitaria, Argentina
J. Javier García Pena, librepensador, Uruguay
Miguel Ángel Forte, sociólogo. Profesor Titular Regular. Sociología. FSOC. UBA. IIGG. FLACSO. UNL. UNS, Argentina
Brisa Varela, docente investigadora en Geografía, de la Universidad Nacional de Luján
José Ángel Quintero Weir, Organización Indígena Wainjirawa, Venezuela.
Álvaro Márquez. Universidad del Zulia, Venezuela
Fabricio Pereira da Silva, Professor do Departamento de Estudos Políticos e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (UNIRIO), Río de Janeiro, Brasil
Alfredo Remo Lazzeretti, contador. Especialista en Administración Pública, Argentina.
Miguel Ángel Miranda Hernández, Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, Cochabamba. Bolivia.
Chiesie Camila Salinas, ecóloga, Colectivo de Trabajo Jenzera, Colombia
Raquel Neyra, economista, activista ambiental Perú
James Rodríguez Calle, profesor e investigador. Depto. de Lenguajes y Comunicación, Universidad Icesi, Cali, Colombia
Santiago Arcos, activista UniNomade-LA, investigador y traductor Chile
Alejandra Segovia, poeta venezolana
Diego Griffon, ecólogo, Universidad Central de Venezuela.
Rita Milagros Jáimez Esteves, profesora del Pedagógica de Caracas y miembro investigador del IVILLAB, Venezuela
Víctor Rago A., antropólogo, Universidad Central de Venezuela
Froilan Barrios Nieves, UCAB, Escuela de Relaciones Industriales, Caracas, Venezuela
Perla Amalfi Martínez Mekler, socióloga, México
Ramiro Gálvez Aldana, docente Universidad del Tolima, Colombia.
Claude Willemin, Pilchibuela Cotacachi Imbabura Ecuador
Bruno Bimbi, periodista, doctor en Letras (PUC-Rio), activista LGBT y tesorero de la mesa ejecutiva del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) del estado de Río de Janeiro, Brasil.
Cristián Mallol, matemático, Chile
Maria olga ruiz, doctora en estudios latinoamericanos. Universidad de la Frontera. Chile.
Miguel sebastián Cardenas Puchi, Universidad de la Frontera, Chile

Estados Unidos, Europa, África y Asia

Boaventura de Sousa Santos, Centro de Estudios Sociales, Coimbra, Portugal
Pierre Salama, professeur émérite université de Paris, latinoamericanista, Francia.
Gilles Bataillon, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia
Clifton Ross, poeta, Estados Unidos
François Dubet, sociólogo, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia.
Olivier Compagnon, historiador, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina (Universidad Sorbona Nueva – Paris 3). Francia
Bernard Duterme, director del CETRI – Centro tricontinental, Bélgica
Rainer Löwy, Anthropologe, Österreich
Maxime Combes, economista y miembro de Attac Francia
Geneviève Azam, économiste, conseil scientifique d’Attac-Francia
Walter Mignolo, Duke University, EUA
Ulrich Brand, profesor de Política Internacional, Universidad de Vienna, Austria
Julie Skurski, profesora de antropología, CUNY Centro Graduado, New York, EUA
Jörg Flecker, University of Vienna, Austria
Rainer Bartel, Associate Professor, Department of Economics, Johannes Kepler, Universität Linz, Austria
Samuel Farber, profesor emérito de Ciencias Políticas, Brooklyn College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), Estados Unidos
Aram Ziai, Heisenberg-Professorship Development and Postcolonial Studies, Faculty of Social Sciences, University of Kassel, Alemania
Sergio Coronado, diputado francés. Distrito: franceses del exterior (América latina y Caribe)
José Arconada Rodríguez, intérprete, Bruselas, Bélgica
Peter Fleissner, Univ.Prof.i.R.Dr.techn.Dipl.Ing, Vienna University of Technology, Austria
Isidor Wallimann, Ph.D, Visiting Research Professor, Maxwell School, Syracuse University, Syracuse, Estados Unidos
Alban Knecht, Universität Linz, Austria
Christian Haddad, Austrian Institute for International Affairs, Vienna, Austria
Paula Vasquez Lezama, CNRS, Francia
Christoph Scherrer, Department of Social Sciences, Universität Kassel, Alemania
Pepe Mejía, periodista y activista social. Madrid-Spain
Isabella Radhuber, politóloga, Universidad Autónoma de Barcelona
Anxo Barreiro, ingeniero civil, Galicia. España
Hans Ulrich Bünger, científico social, Alemania
Thomas Sauer, professor für Volkswirtschaftslehre, Ernst-Abbe-Hochschule Jena University of Applied Sciences/ Jena, Alemania
H.Peter Degischer, em.Univ.Prof.Transformat, Vienna, Austria
Joachim Hirsch, University of Frankfurt, Germany
Nick Hildyard, The Corner House, Reino Unido
Larry Lohmann, The Corner House, Reino Unido
Sarah Sexton, The Corner House, Reino Unido
Yanina Welp, Center for Democracy Studies, Universidad de Zurich
David Schieferdecker, Research Fellow at the University of Mannheim in Germany.
Adi Golbach, Berlin, Alemania
Trevor Evans, Emeritus Professor of Economics, Berlin School of Economics and Law, Berlin, Alemania.
Manuel Rodríguez, Universidad de Frankfurt, Alemania
Gerd Steffens, University of Kassel/Germany
Hermann Klosius, Grupo de Información sobre América Latina (IGLA), Vienna, Austria
Marianne Scheinost-Reimann, Vienna, Austria
Gilles Rivière, antropólogo, Francia
Alicia Fernández Gómez, enseñante, España
Joachim Elz-Fianda, Alemania
Klaus Meschkat, sociólogo, Leibniz Universität Hannover, Alemania
Benedicte Bull, catedrática en Sciencias Políticas en el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente (SUM), Universidad de Oslo, Noruega
Gerardo Muñoz, Princeton University, USA
Herbert Berger, Österreich
Martina Blank, Institut für Humangeographie, Johann Wolfgang von Goethe Universität, Frankfurt am Main, Deutschland
Jose Maria Tortosa, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
Nnimmo Bassey, Environmental justice advócate, Nigeria, África
José Luis Villa Cañas, filósofo, Escritor, Universidad Complutense, España
Andrea Reisinger, FIFTITU- association for women in arts and culture, Linz, Austria
Martha Fuentes-Bautista, Ph.D., director of Engaged Research + Learning, Department of Communication & School of Public Policy, University of Massachusetts Amherst, USA
Mabrouka M’Barek, miembro de la Asamblea Constituyente de Túnez.
Nina Treu, Konzeptwerk Neue Ökonomie, Leipzig (Alemania)
Christoph Görg, Institute of Social Ecology Vienna, Austria
Sebastian Garbe, International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC), Institute of Sociology / Justus-Liebig University Giessen / Alemania
Liisa L. North, York University, Toronto, Canadá
Hector Geffner, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
Francine Mestrum, Global Social Justice, Bruselas, Bélgica
Wolfram Schaffar, professor for Development Studies and Political Science, University of Vienna, Austria
Alfons Bech Peiró, sindicalista, miembro de la Fundación Pau i Solidaritat de Comisiones Obreras de Catalunya, España.
Jai Sen, independent researcher and writer, associated with CACIM, India
Isaac Asume Osuoka, PhD, director Social Development Integrated Centre (Social Action), Nigeria
Alex Latta, Associate Professor, Global Studies, Geography & Environmental Studies, Canada
Serge Ollivier, historiador, Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris.
Ashley Mayer-Thibault, Universidad de Montréal, canada
François Boisivon, traducteur, Bordeaux, France
Jesus Uzkudum Illarramendi, sindicalista de CCOO Euskadi y portavoz de las Victimas del Amianto en Euskal Herria
Gustave Massiah, économiste, ATTAC France
Eva Björklund, Consejo Sueco por La Paz, Suecia
François Gèze, editor, Francia,
Michel Dulcire, Sociología y Desarrollo Rural, Francia
Eduardo Rueda, ingeniero de Sistemas . Universidad de Linkoping , Suecia
Lionel Mesnard, periodista, Francia
Barbara Hogenboom, Associate Professor of Political Science /Managing Editor of European Review of Latin American and Caribbean Studies – ERLACS –Amsterdam Holanda
Aníbal Pérez-Liñán, profesor de ciencia política, University of Pittsburgh, USA
Tulia Falleti, Associate Professor of Political Science, University of Pennsylvania.
Patricia Geller, psychoanalyste, Bruselas, Bélgica
Javier Auyero, profesor de Sociologia, Universidad de Texas-Austin, USA,
Petter Slaatrem Titland, chairperson Attac Norway, Noruega
Victoria Murillo, Cs Politicas, Universidad de Columbia, USA
Yves Sintomer, Senior Visiting Democracy Fellow, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard Kennedy School, Senior Fellow, French University Institute (IUF)
Alejandro Velasco, PhD, Associate Professor of History, New York University
John Low-Beer, Attorney, Brooklyn, New York, USA
Christophe Premat, Enseignant-chercheur à l´Université de Stockholm, ancien député des Français de l´étranger (Europe du Nord)
Roland Pfefferkorn, Professeur de sociologie, Strasburgo, Francia
Juliette Renaud, miembro de Amigos de la Tierra Francia.
Claude Bernhardt, artiste dramatique, co-président de Crear escuela / Faire école, association de solidarité internationale France / Guajira, Colombie
Silke Helfrich, Commons Strategies Group, Autora
Fabrice Andréani, Doctorando, Ciencia Política, Universidad Lyon 2 (Triangle), Francia
Antulio Rosales, PhD en Global Governance, University of Waterlo
David Smilde, sociólogo, Tulane University
Denis Merklen, sociólogo, IHEAL, Paris, Francia
Jose Maria Izquierdo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Universitetet i Oslo
Jessica Brandler-Weinreb, socióloga, investigadora asociada al Centro Emile Durkheim y al Instituto de Altos Estudios de América Latina, Francia.

Mayo 25, 2017
by jenzera
0 comments

EL PACÍFICO EN LLAMAS

 

 

ESCUELA INTERÉTNICA

Pacífico mío te están vendiendo,

te están destruyendo que es peor.

¡Malhaya sea quien te lastime!

Contigo se rompe mi corazón!

Silvano Caicedo

Acorralado por el centralismo, los incumplimientos y el abandono del Estado; ahogado por el clientelismo, la corrupción y la inclemencia de grupos armados; agotado por la devastación de sus territorios y el saqueo de sus riquezas; ese territorio-región del Pacífico, donde el 4% de la población del país puso el 17% de los muertos y la peor masacre de la historia reciente de Colombia; ese Pacífico es el que hoy se sacude tras décadas de exclusión y olvido.

En el puerto de Buenaventura y en Quibdó, coincidiendo con la conmemoración del día de la afrocolombianidad, estalló un movimiento de protesta que ha durado varios días y advierte con expandirse a todo el litoral. Es una protesta del orden regional con implicaciones en lo nacional que ha adquirido trazos de insubordinación por estar dirigida a sacudirse el régimen de exclusión impuesto por una indolente clase gobernante de la región que tiene evidentes nexos con la clase política nacional. En horabuena se han elevado las voces indignadas de miles de pobladores de las dos principales ciudades de la región, que reclaman una atención seria y considerada a una problemática desatendida durante muchos años, una situación que se había vuelto inaguantable.

La fuerte agitación que por estos días experimenta el Pacífico, seguramente amainará, y al igual que los ríos desbordados, las aguas regresarán a su cauce y todo retornará a la normalidad.

¿Retornará la normalidad? Tal vez, pero ya no va a ser lo mismo, pues la esperanza que generó el nuevo escenario de paz derrotó al conformismo, al cual habían sido habituadas las comunidades del Pacífico por un grupo reducido de familias que tradicionalmente han usufructuado el poder económico y político en la región, y condenado al fracaso el futuro de sus paisanos. El Pacífico, territorio tradicional y patria del pueblo afrocolombiano ya no será el mismo, porque no se trata esta vez de un habitual ‘paro cívico’, de esos que se convocan para presionar recursos del orden nacional  para alimentar la voracidad de las élites trapaceras que viven de sus engaños y saqueo de lo público. Ya el Pacífico está buscando una salida para superar el grotesco escenario político corrompido que ha afectado seriamente la institucionalidad fundamental para la vida y bienestar de las comunidades y para garantizar la tranquilidad, la integridad social, la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el derecho a un ambiente sano.

El levantamiento de Buenaventura ilustra una triste y cruda realidad: Es observado, analizado y calificado por los medios, no tanto como producto de la creciente miseria en la que han caido los habitantes del principal puerto de Colombia, sino por las pérdidas que sufren las empresas beneficiarias de las actividades portuarias de importación y exportación de mercancias que son afectadas por los bloqueos. El Estado por su parte, fastidiado porque este tipo de acciones supuestamente no contribuyen a la Paz, reprime con fuerzas antimotines los bloqueos, contribuyendo así a generar una situación de violencia generalizada con saqueos y destrucción de establecimientos comerciales. Este es el panorama que ha sido confeccionado por los medios. Tal vez el próximo paso será hacer una campaña para recolectar alimentos tipo Mocoa o Venezuela para rápidamente superar la situación. Se olvidan estos medios de que el Pacífico, fue alguna vez un ‘remanso de paz’ que brindó refugio y protección a comunidades cimarronas que huían de la esclavitud. Un Pacífico que en el lapso de una década se tornó en una de las regiones más violentas del país, debido a la pugna por el control de rentas asociadas a la mineria (la legal y la ilegal), a los cultivos de uso ilícito, a la explotación de sus bienes naturales, por la posesión de tierras o el dominio de territorios geopolíticamente estratégicos para exportaciones ilícitas y contrabando de armas. Callan los medios que esta pugna ha costado la vida a cientos de jóvenes afrocolombianos, en calidad de “raspachines”, aserradores, mineros o milicianos que han sido reclutados forzosamente o ‘enganchados’ por uno u otro grupo.

A pesar del silencio, este remezón social ha abierto una rendija para que el país vea y escuche al Pacífico, y tenga más elementos de juicio para entender el clamor de los hombres y mujeres de los barrios marginales, de Bajamar, de río, de playa y de selva, de los territorios colectivos de las comunidades negras, de los resguardos indígenas, que viven en uno de los espacios más estratégicos del planeta, pero paradójicamente más lastimados por el egoísmo y la indolencia.

Un ejemplo muestra la terrible paradójica de la región. El Pacífico siendo la región más lluviosa del planeta y donde se concentran los caudales de agua más grandes del país, sus pobladores no conocen que es tener agua potable permanente; y si alguna vez tendrán ese servicio, el agua estará contaminada con mercurio, cianuro y otros precursores químicos utilizados para la elaboración de la pasta de coca y para la explotación aurífera.

Siendo esta región el principal soporte para la conquista del Perú, sigue estando siglos atrasada en salud y educación. Los indicadores de calidad de vida la colocan en los últimos lugares. No hay empleos dignos y sigue expulsando miles de personas hacia Cali, Medellín, Pereira, Bogotá, España, Chile, Estados Unidos y recibiendo a aquellos que abandonan sus ríos porque sus territorios depredados por la minería ya no tienen capacidad para albergar vida.

Es uno de los mayores espacios de evolución de la vida, pero se tienen las tasas más altas de violencia contra sus pobladores, las más extensas deforestaciones por la tala ilegal y por la expansión de monocultivos de palma aceitera y de coca que le han arrebatado a las comunidades sus mejores tierras, actividades depreadadoras de hombres y territorios, toleradas generalmente por autoridades civiles y ambientales de la zona. Es el lugar de Colombia y uno de los del mundo con mayor biodiversidad, pero es también el lugar donde las semillas propias y adaptadas a tan singular clima, desaparecen sin pena ni gloria y sin que nadie se compadezca.

Sus enormes y majestuosos ríos se han enturbiado y podrido al igual que las castas políticas que la gobiernan. La peor minería, los peores efectos devastadores de la coca, la más infame tala de finas maderas se han centrado allí, gracias a que también los gobiernos de la zona se han involucrado activamente en esta economía parasitaria que les genera rentas. Este es el modelo de gobierno y de desarrollo que ofrece el Estado, un modelo pensado, decidido y planificado desde el centro del país, un modelo que ha convertido a los pobladores del Pacífico en marginados estructurales. Un resultado siniestro de estos megaproyectos es que ordenan el territorio y los recursos de acuerdo a los intereses del mercado, expulsando a sus pobladores de la región, o quedándose en ella como “desplazados en su propio territorio”, lo que llama Gustavo Wilches, “desplazados in situ”: “El GPS indica que no han cambiado sus coordenadas geográficas, pero su relación con el territorio, el sentido del mismo y hasta los hitos del paisaje, han sido transformados en virtud de decisiones ajenas.”

Mientras que otras regiones de Colombia comenzaron a experimentar un alivio con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en el Pacífico se intensificó el conflicto y comenzaron de nuevo los desplazamientos masivos, las amenazas, los asesinatos. El ELN y paramilitares se han enseñoreado otra vez en gran parte de sus territorios, impidiendo que los procesos organizativos comunitarios aprovechen este respiro de paz para recomponer sus lazos comunitarios, restablecer alianzas, estrategias y armar sus planes de vida. El Estado no ha reaccionado a favor de los pobladores étnicos, por el contrario, como si no hubiera aprendido la lección, sigue utilizando medidas de fuerza y presionando a la población civil.

El gobierno firmó la Alianza del Pacífico con México, Perú y Chile, ofreciendo la región como plataforma atractiva para el desarrollo de inversiones del orden internacional en la creciente economía de la cuenca del Pacífico. Por encima de las poblaciones pasarán puentes, oleoductos, carreteras, puertos, cables y muchas líneas y flujos del desarrollo moderno; pero como dice el Obispo de Buenaventura, la mesa está servida, pero los pobladores ancestrales no están invitados.

El Pacífico no aguanta más el impacto de megaproyectos agroindustriales y de infraestructura que en su concepción y en su desarrollo constituyen la encarnaciones de esa arrogancia devastadora que ha caracterizado al capitalismo frente a los grupos y comunidades humanas que, como resultado de su centenaria interacción con el entorno, han desarrollado otras lógicas y otras racionalidades, no regidas necesariamente por la rentabilidad económica.

Estos pobladores afrocolombianos se resistieron muchos años a ser incluidos en un conflicto armado que no era el suyo y que se evidenció macabro y vacío, del cual fueron junto con la población indígena  sus principales víctimas. Y se resisten hoy a ser excluidos del desarrollo económico y social. Por eso en esta hora donde se la juegan todo por la vida, los colombianos debemos extenderle nuestra mano solidaria a ese Pacífico que se levanta, a ese león que hoy despierta y se resiste a que su futuro siga siendo birlado.

Ese es el Pacífico que anhelábamos ver, el que se resiste a seguir brindándole beneficios y ventajas económicas a las élites, a los comerciantes del extractivismo, a los contratistas y a políticos que hoy se acercan para ganar clientelas. Es hora de diferenciar y dar el apoyo a los pescadores, a los recolectores de frutos del manglar, a las piangüeras, agricultores ribereños, barequeros, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes a las ‘cantaoras’, a los hombres y mujeres humildes y trabajadoras que sufren en carne propia el atropello, la soberbia y la exclusión de un Estado que brilla por su ausencia.

Los reclamos del Pacífico no pueden seguir siendo ignorados. Calar bayonetas para acallarlos no ha sido nunca el camino correcto y sería una deshonrosa intervención. Las demandas que hoy levantan estos pobladores tampoco pueden ser borradas con la tradicional mermelada a una clase política que poco a poco ha dejado de pertenecer espiritualmente al Pacífico.

La hora que viven los afrocolombianos del Pacífico es una ‘hora americana’, una de esas horas insurrectas y dramáticas que estallan para cambiar el curso de la historia. Esta vez, nadie lo puede ocultar, estas jornadas de lucha buscan acabar con el clientelismo, las elecciones fraudulentas, la corrupción, el saqueo de los dineros públicos, los negocios turbios, la explotación minera que arrasa con la vida de los ríos, la instauración de la intimidación, la discriminación, la violencia y el terror que ejercen aquellos que se arrogan la potestad de imponer y aplicar, por la vía de los hechos, sus propias leyes.

Encuentro Regional Interétnico del Pacífico

Instituto Mayor Campesino (IMCA)

Buga, 25 de mayo de 2017

Asociación de Mujeres AINI (fuente la primavera de flores) del río NayaConsejo Comunitario del Río Mayorquín

Consejo Comunitario del Río Yurumanguí

Consejo Comunitario del Río Anchicayá

Gran Consejo Comunitario del Río Patía, sus brazos y la ensenada – ACAPA

Consejo Comunitario Bajo Río Mira y Frontera

Asociación Campesina del Alto Naya

Resguardo Eperara Siapidaara del Río Naya

Organización Negros Unidos por los Intereses y Defensa del Río Anchicayá

Consejo de Mayores del CRIC

Fundación Sol y Tierra

Proceso de Comunidades Negras – PCN

Colectivo de Trabajo Jenzera