Mayo 17, 2010
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Carta a Antanas y Sergio

Jesús Martín Barbero

Me dirijo a ustedes como ciudadano y amigo para recordarles que es en base a lo mejor de lo que ustedes hicieron como alcaldes que el país joven, decente y democrático quiere que lleguen a la presidencia de Colombia. De ahí que el objetivo de mi carta no sea cantar sus virtudes sino hacer memoria pública de lo que nos sentimos con derecho a esperar de ustedes si llegaran a ser los gobernantes de los colombianos.

Para mucha gente el que un candidato salte de la alcaldía de una ciudad a gobernar el país puede resultar excesivamente arriesgado. Y sin embargo en Colombia y otros países de Latinoamérica las únicas experiencias de auténtica renovación de la política están teniendo lugar en el gobierno de las ciudades: desde el “presupuesto participativo” de Porto Alegre y la reconocida “calidad de vida” de Curitiba a la “cultura ciudadana” de Bogotá y la “ciudad educativa” de Medellín. Como si la lejanía que viven los partidos políticos en relación con los mundos de vida de la mayoría sólo pudiera ser superada en ese territorio cada día más extenso pero que aún conserva algunas relaciones de pertenencia: la ciudad. Ello no significa que podamos prescindir de los partidos sino que el sistema de representación al que ellos responden no posibilita ya que ni las verdaderas demandas de la gente del común ni la riqueza y diversidad de los movimientos sociales y ciudadanos tengan acceso ni cabida en ellos. Y es justamente la existencia de comunicación entre las experiencias cotidianas de construcción de ciudadanía y los nuevos modos de hacer política lo que han hecho posible los gobiernos de Antanas en Bogotá y de Sergio en Medellín.

El lema que compendió el primer gobierno de Antanas -formar ciudad-  significó  que lo que da su verdadera forma a una ciudad no son las arquitecturas ni las ingenierías sino los ciudadanos, pero para que ello fuera posible los ciudadanos tenían que poder re-conocerse en la ciudad como algo suyo, y esto implicaba hacer visible la ciudad como un todo, como espacio público y proyecto de todos. Todas las estrategias comunicativas y callejeras condujeron a eso: provocar  tanto a los viajeros como a los de a pie a mirar y ver, o mejor a verse y rebelarse juntos contra la mezcla de inercia, rabia y resentimiento. Ello a su vez fue generando una cultura ciudadana, que es “la capacidad de generar espacio público reconocido”, esto es el aumento tanto de la propia capacidad expresiva como la de escuchar y entender lo que los otros tratan de decirme. En la segunda alcaldía de Antanas la visibilidad de la ciudad se hizo veeduría,  esa palabra con la que los colombianos están sabiendo asociarse no sólo para quejarse y denunciar la corrupción o la ineficacia sino también para proponer, gestionar e innovar.

La “ciudad más educada” como llamó a Medellín el alcalde Sergio Fajardo suena a frase de concurso pero en realidad fue la primera ciudad en la que la cohesión social respondió a una planeación que entrelaza la multiplicidad de dimensiones de lo urbano con la interdisciplinariedad del conocimiento. Esto quiere decir que la cantidad y calidad de las bibliotecas y los colegios públicos construidos eran la dimensión expresiva de un proyecto de interacción entre demanda social, análisis sistémico y capacidad innovadora de la ciudad en su conjunto. O dicho en palabra del propio Sergio: los edificios son la nueva forma presencia del Estado en su potenciación del talento y la creatividad de la gente para producir transformación social. Y la educación así entendida no es asunto de un ministerio sino el asunto más estratégico de una política de Estado, o sea contemporánea y de largo aliento.

Antanas Mockus y Sergio Fajardo tienen derecho a poder gobernar Colombia desde esa nueva agenda política, y el país se ha ganado el derecho a ser gobernado por quienes tienen la inteligencia y el coraje de soñarlo así de nuevo y de creativo. 

 
Jesús Martin

Mayo 11 de 2010

Abril 20, 2010
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¿Es el partido verde una opción política para los pueblos indígenas?

Efraín Jaramillo Jaramillo, Colectivo de Trabajo Jenzera

El genocidio de la conquista, las epidemias, la aculturación forzada y la espiritualidad reprimida por la manipulación misionera, condujeron en lapsos de tiempo relativamente cortos, a que se desplomaran las sociedades indígenas. Estos colapsos fueron tan desastrosos que impidieron a estos pueblos reponerse y repensarse durante toda la era colonial.  Cinco siglos después, tenemos una larga lista de pueblos indígenas desaparecidos en América.  

Salvo algunos grupos que permanecieron por razones geográficas en un absoluto aislamiento hasta comienzos del siglo veinte (algunas regiones del Amazonas), los pueblos sobrevivientes sufrieron la política de tierra arrasada de los imperios coloniales, perdiendo bienes y territorios. Ante todo su libertad. Algo similar sucedió  a los pueblos afrocolombianos, que fueron arrancados de sus territorios en África. Todos, indios y negros fueron confinados en minas y haciendas para sostener con su mano de obra esclava los imperios coloniales que los subyugaron y forjar la acumulación básica del naciente capitalismo. No se ha reconocido, fuera de algunos discursos de plaza pública, el verdadero aporte que han hecho estos pueblos a Colombia, a su independencia y a la construcción de la nacionalidad.

Como resultado de esta historia de violencia, opresión y humillación, hoy perduran muchos pueblos, comunidades y familias indígenas y negras viviendo en la miseria, sin tierras suficientes y fértiles, algunos por fuera de sus territorios, la mayoría de ellos subsistiendo en condiciones indignas y con identidades ‘reprimidas’. Indudablemente una situación que avergüenza a todos los colombianos.

Las biografías políticas de Antanas Mockus y Sergio Fajardo están, desde sus orígenes, vinculadas a los pueblos indígenas. Para las dos alcaldías más importantes que ha tenido el país, la de Mockus en Bogotá y la de Fajardo en Medellín, fue la Alianza Social Indígena la que colocó el aval, cuando ningún partido político daba un peso por estas candidaturas. Cuando se inicia este recorrido por conquistar un espacio de gobierno alternativo en las dos más importantes ciudades de Colombia, Mockus y Fajardo contaron con la confianza y el apoyo de los pueblos indígenas. Esa amistad ha persistido, a pesar de los altibajos característicos del fragor político. Y consideramos que debe seguir perdurando, madurando y ampliándose, más allá de los compromisos históricos que unen a Antanas y a Sergio con los indígenas, buscando una alianza más orgánica, donde los intereses de los indígenas se sientan representados en el partido verde. Pero esto, como toda construcción política, es un proceso que se forja en el diario trajinar.

También a los pueblos indígenas y afrocolombianos los une con Antanas y Sergio el ideario de que el futuro de Colombia es impensable sin ellos.  Ante todo no conciben una Colombia donde estos dos pueblos sigan siendo subyugados y no puedan ejercer el derecho de gobernarse autónomamente y decidir sobre los destinos de sus regiones, que fue el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que también por primera vez en la historia republicana, sentó las bases para superar la negación de estas áreas de civilización y cultura, básicas para construir en Colombia una nueva institucionalidad humanista que reconozca el valor y el aporte de todos los grupos socio-culturales en la construcción de la Nación. De no poder estos pueblos ejercer estos derechos, seguiríamos encubriendo y reprimiendo sus identidades, manteniendo abiertas las puertas a toda clase de ignominias, aplazando la posibilidad de construir un país moderno, realmente pluricultural y tolerante. Peor aún, bloqueando la perspectiva de transformar lo que ha sido violencia y opresión en un nuevo encuentro fértil. Más que encuentro, un reencuentro del país mestizo con esa extraordinaria riqueza de proposiciones espirituales, ideológicas y políticas, que han manifestado los pueblos indígenas y afrocolombianos en estos últimos años.

Abogamos entonces, porque este año 2010 sea el año del cambio para todos los colombianos. Sea el año de ruptura. Sea el año en que demos unos pasos firmes en la búsqueda de una combinación acertada, tolerante e igualitaria de las diferentes experiencias políticas y vías históricas de los diferentes pueblos y grupos sociales que conforman la Nación colombiana, incluida la mestiza y blanca, como punto de partida en la producción de nuevas condiciones para el desarrollo social, económico y político que garanticen la convivencia. Los logros alcanzados en la Constituyente por el movimiento indígena y la emergencia del movimiento negro, hacen hoy día imposible seguir pensando e identificando a la Nación colombiana sólo con la tradición espiritual de occidente, por grande y fértil que ésta sea.

No obstante, las masacres a indígenas y afrocolombianos para apoderarse de sus territorios y sus riquezas, han abierto grandes heridas en estos pueblos y pone en evidencia la incapacidad de aquellos intereses económicos egoístas, intolerantes e intransigentes, que tienen el poder en Colombia,  para entender un propósito civilizatorio nuevo, diferente a los anteriores, basado en la coexistencia y no en la eliminación de las diferencias culturales. Un proceso civilizatorio amplio y cargado de humanismo que evite la homogenización y empobrecimiento de la diversidad social, política y cultural. 

Estamos convencidos de que Antanas y Sergio van a iniciar este proceso civilizatorio. Es una nueva oportunidad que tiene Colombia. De no iniciarse este proceso, estaríamos persistiendo en la actitud ramplona y suicida que ya ha tomado rumbos irreversibles, si vemos la multitud de expresiones culturales que han desaparecido para siempre.

Pero los intereses económicos, que han gobernado a Colombia, últimamente ligados a poderes mafiosos no conocen, ni aceptan un mundo diverso y múltiple. Y van tratar de impedir que se haga realidad ese otro mundo posible de la multiculturalidad y del desarrollo con inclusión social y respeto a todas las formas de vida. Por el contrario persistirán en su insensato y suicida modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos ambientales y mineros, arremetiendo contra todos los pueblos que no se imaginan un futuro sin bosques llenos de animales y ríos limpios.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, atípica en su conformación, como hoy día sabemos, estuvo en gran parte dispuesta a renovar los instrumentos legales en favor de los grupos étnicos. Estos logros son legales, y en país donde campea la ilegalidad, son formales, están lejos de realizarse y vienen siendo sistemáticamente abolidos por las políticas neoliberales de las administraciones posteriores. Dependerá de la capacidad política del movimiento indígena y del afrocolombiano y su fuerza ideológica, para que estos logros constitucionales, que tanto esfuerzo costaron,  se traduzcan en beneficios para sus pueblos. Ante todo para evitar que estos derechos  sean derogados, como es la tendencia del momento.  

La Alianza Social Indígena recoge la experiencia de lucha y perfil ideológico más destacado del movimiento indígena, que ha colocado como divisas de sus luchas lo más valioso de sus comunidades: el estilo de vida comunitario, el apego a la tierra, el respeto a la naturaleza, la reciprocidad, modestia y sobriedad en el manejo de las relaciones de producción y consumo. Estos son valores que son apreciados y son motivo de orgullo para todos los colombianos. Tienen los indígenas un ascendiente ético para mostrarle el camino a Antanas y Sergio y pedirles desde ya que se comprometan con la defensa de los territorios colectivos de los pueblos étnico-territoriales. ¿Sería mucho pedirles que adhirieran a la declaración de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico rechazando la destrucción de sus ríos y manglares? No nos aceleremos. De todas formas creemos que en la coyuntura política actual, el partido verde es la mejor tribuna que tienen los indígenas y los negros para exponerle al país el tipo de sociedad que quieren construir.

Es la hora de que entremos a la ofensiva para avanzar, por lo menos para superar el gobierno que ha posibilitado que indígenas, afrocolombianos y campesinos sean desarraigados de sus territorios. Para recuperar la legalidad, para recuperarle el Estado a las pandillas que hoy gobiernan en todas las regiones del país. Para construir el país que todos los colombianos queremos, incluyente en lo económico y político, pero también en lo social y cultural.

Los indígenas han estado actuando en el plano de la resistencia y de la defensa de sus territorios. Pero es la hora de actuar también para cambiar al país y las formas clientelistas de hacer política. Esta es  una dimensión política e ideológica de mayor envergadura, pues abre la perspectiva de realizar en la práctica y unidos, una opción de desarrollo regional y nacional que reconozca la participación activa de los grupos étnicos, con sus experiencias, sus conocimientos, sus soluciones, sus organizaciones y sus aspiraciones, dentro de una política general que establezca y garantice un margen de autonomía en la gestión de sus intereses. Esa es una opción política que podemos y queremos ayudar a construir en el partido verde, pues nos negamos a pensar que los indígenas tengan que volver a levantarse para defender sus territorios, dicho en palabras del Jefe Seattle, advirtiendo contra la inutilidad de más violencia:

“Cuando nuestros jóvenes se enojan

 por alguna mala acción

y desfiguran sus rostros con pintura,

sus corazones también se desfiguran.

Entonces su crueldad es incansable

y no conoce límites. Y nuestros ancianos

no pueden detenerlos.

Pero tengamos la esperanza

de que las hostilidades entre el hombre rojo

 y sus hermanos blancos no regresen jamás.

Tenemos todo para perder y nada para ganar….

Después de todo, podemos ser hermanos”

Abril de  2010

Abril 15, 2010
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Declaración de Buenaventura

Pacífico mío te están vendiendo,

te estamos destruyendo que es peor,

¡ A malhaya que se rompa,

contigo mi corazón!

Nemesio Yupanqui

 

Los pueblos afrocolombianos e indígenas del territorio-región del Pacífico y sus organizaciones de base, declaramos la emergencia social de nuestras comunidades debido al ecocidio que se viene perpetrando contra nuestras selvas, ríos y manglares, empobreciendo la diversidad de la vida, contribuyendo a la extinción de muchas especies animales y vegetales, desarraigándonos de nuestros territorios ancestrales y poniendo a nuestras comunidades al borde del etnocidio.

 

No podemos cerrar los ojos y menos quedarnos callados ante la gravedad de lo que está sucediendo en nuestros territorios.  Tampoco podemos ocultar el temor que nos embarga al ver como avanza la destrucción de las selvas que nos brindaron refugio y nos dan vida, alegría y libertad. Tememos perder lo que indígenas y negros hemos construido durante tantos años de convivencia pacífica entre nuestros pueblos, respetando las leyes que nos dicta la naturaleza, a la cual hemos atado nuestras vidas y de las cuales dependen el bienestar y el futuro de las presentes y futuras generaciones de nuestros pueblos. 

Mientras discutimos la permanencia digna de las comunidades en el territorio, planificando nuestro desarrollo y ordenando nuestras prácticas de manejo de los recursos ambientales, llegan otros intereses económicos egoístas que desbordan nuestras fuerzas, arruinando nuestras culturas, hiriendo de muerte al territorio y desestructurando las organizaciones de los pueblos ancestrales, los verdaderos dueños del Pacífico colombiano.

Tenemos la creencia de que el territorio región del Pacífico se asemeja al cuerpo humano. Tiene vida. Cualquiera de sus partes que se hiera, afecta a todo el organismo. El maltrato que reciba la cuenca de uno de sus ríos, perjudica a todo el territorio. Así lo entendieron nuestros ancestros y ese sabio precepto lo seguimos trasmitiendo a nuestros hijos, pues ahí se encuentra la clave de nuestra sobrevivencia, y de allí se deriva la solidaridad y ayuda mutua entre los ríos, que debemos seguir practicando.

Hoy nos encontramos debatiendo la defensa del Manglar, espacio de vida único en el planeta y crucial para la vida de muchos pobladores. Nos encontramos en la encrucijada. O defendemos el manglar y las miles de especies que allí viven, o se borran nuestras vidas, pero también la vida de los renacientes, de los niños y niñas indígenas y negras que incluso no han nacido y que merecen vivir en estos ecosistemas vitales. El manglar es tan importante para la vida del hombre, las especies y el planeta, que proponemos que los daños ocasionados a este ecosistema sean catalogados como delitos de lesa humanidad.

Con esta Emergencia Social que hoy convocamos, estamos llamando a todos nuestros hermanos del Pacífico colombiano, a las organizaciones negras e indígenas, a los amigos de la diversidad de la vida y de la cultura, a los científicos, estudiosos y amantes de esta rica y generosa región. En fin convocamos a todos aquellos que valoran la diversidad, a que   reaccionemos frente a violaciones muy graves que se presentan en todos estos territorios, especialmente aquellos que son propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas y negros:

1.    La minería de oro. La explotación aurífera se encuentra desbordada en Zaragoza (río Dagua), con daños irreversibles al medio ambiente y ecosistemas aguas abajo y altamente perjudicial para las comunidades negras y comunidades indígenas del Medio y Bajo Dagua. Allí trabajan cerca de 300 retroexcavadoras día y noche, volteando el lecho y cambiando el curso del río.  Esta situación ha sido tolerada y hasta permitida por las autoridades públicas locales, regionales y nacionales. Los muertos, los heridos, la prostitución, el alcoholismo, el encarecimiento de la vida y la llegada de nuevas y “legalizadas” empresas  provocan incertidumbre y temor en la región.  Esta minería se extiende como un cáncer a otros ríos del Pacífico.  Una draga de gran calado trabaja en la bocana de Mallorquín. En el río Anchicayá (San Marcos) también se encuentran operando varias retroexcavadoras.

Vemos con mucha preocupación los mapas de solicitudes y títulos que vienen entregando INGEOMINAS y el Ministerio de Minas en el Pacífico colombiano. Esto desconoce los acuerdos que el Estado colombiano ha comprometido con organismos internacionales y vulnera de modo grave los derechos de las comunidades, pues acaba con ecosistemas vitales para la alimentación de las comunidades. Como autoridades ambientales en nuestros territorios, solo permitimos la minería tradicional, el barequeo, practicado ancestralmente por las comunidades, como una de las formas complementarias de obtención de ingresos.

2.    Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’. Estas no logran controlar la producción de pasta de coca, pero si contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. El orden social que imponen  los grupos armados destruyen los gobiernos propios de las comunidades. Lo peor, enganchando a muchos jóvenes para actividades de control y vigilancia con las cuales también se subordina a las autoridades de las comunidades.  El consiguiente abandono de las prácticas propias de producción de alimentos y la dependencia del flujo de recursos de estas economías ilegales conducen  al desarraigo de la población, una situación que para los pueblos étnico-territoriales conduce al etnocidio, a la desaparición de los rasgos étnicos que les dan cohesión social.

Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, las restricciones a la movilidad y a la compra de gasolina y alimentos, causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad.

3.    La permisividad de las autoridades ambientales y en concreto la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) frente a atentados graves contra la naturaleza, agranda este cuadro de agravios a nuestros pueblos. La ya mencionada minería, la explotación a escala comercial del mangle, la tumba ilegal de la palma milpesos y el naidí, el derrame de petróleo en Bahía Málaga y el vertimiento de basuras a los ríos y al mar, deben ser controlados de manera urgente. La Procuraduría Judicial y Agraria y el Ministerio del Medio Ambiente, deben también tomar medidas de urgencia y actuar sin dilación.

4.    Pero si denunciamos la laxitud de la CVC en este atropello al medio ambiente, también somos consientes que estos saqueadores y destructores del Pacífico no las tendrían todas tan fácil y no podrían actuar impunemente, de no tener mentores en el gobierno y auxiliadores y beneficiarios al interior de nuestras comunidades, que promueven tales situaciones, amparados precisamente en la negligencia de la corporación, una ausencia de actuación, que como ya lo manifestamos, está liquidando la vida en los ecosistemas más productivos del planeta, el manglar, perjudicando a comunidades pescadoras y en especial a las mujeres que viven de la recolección de conchas, cangrejos y moluscos.

5.    Las amenazas que vienen recibiendo los dirigentes de nuestras organizaciones, por denunciar estos hechos, es un indicio de que los capitales que hoy se abalanzan sobre los recursos, provienen de actividades igualmente ilícitas.

6.    Ausencia de una verdadera consulta previa sobre grandes proyectos de infraestructura que se implementan a espaldas de las comunidades, a pesar de los impactos negativos de estas iniciativas. No se han informado, menos consultado debidamente a las comunidades sobre la construcción del Puerto de Aguadulce, el desarrollo portuario de los deltas de los ríos Anchicayá y Dagua y la urbanización del curso inferior del río Dagua, donde viven comunidades negras e indígenas.

7.    Especial mención merece el proyecto de desarrollo de expansión y modernización portuaria en Buenaventura que se está llevando a cabo a espaldas de la población de Bajamar. Estas comunidades van a ser desalajodas y trasladadas sin tener en cuenta los estándares internacionales y sin respetar sus condiciones y derechos, ante todo, sin considerar la dinámica de río-poblado, que de romperse afectaría a toda la población de los ríos.  Denunciamos igualmente que no se conocen los tipos de proyectos, los impactos que generarán y los planes de manejo para atender tales impactos. Las comunidades de los ríos vemos que nuestras redes de comercio de productos serán alteradas seriamente, que tendremos que usar puertos privados y costosos, que las viviendas donde nos alojamos cuando llegamos a Buenaventura serán trasladadas a sitios distantes y sin acceso al mar, situación que desestructurara las redes parentales, sociales y políticas que establecieron las comunidades que ya habían sufrido otros desplazamientos, en un éxodo que aún no termina. Esta situación viene sucediendo después de vivir una ola de violencia que cobró la vida de más de un centenar de pobladores, muchos de ellos jóvenes.

8.     Creciente militarización de los  ríos. Con la llegada masiva de la coca al Pacífico y la creciente presencia de grupos armados, para el gobierno la problemática social de estas regiones entra a constituirse en un fenómeno que debe ser tratado en términos militares. Las propuestas de desarrollo económico pasan a un segundo plano, pues se trata primero de darle una solución militar al problema de la coca y de los grupos armados.  El inconveniente más grande de esta política es que todos los pobladores de los ríos donde hay cultivos de uso ilícito entran a ser catalogados como potenciales auxiliadores de los grupos armados. En ese sentido vemos con mucha preocupación el control armado del territorio con acciones como la adecuación de la base militar de Bahía Málaga y la copiosa presencia de militares en los ríos.  Esto viene desinstitucionalizando más la región, lo que favorece más presencias militares y más violencia de todos los grupos armados.

9.      Políticas públicas, planes económicos y reordenamientos jurídicos  que vienen alterando la territorialidad y modificando las garantías de acceso, uso y manejo de nuestros territorios colectivos, tales como la reforma al decreto 622 de Parques y el Plan Departamental de Aguas. Se trata de iniciativas gubernamentales que no sólo violan nuestros derechos, sino que desconocen estándares internacionales que honran derechos de nuestras poblaciones,  como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas’.

Es teniendo en cuenta esta situación que DECLARAMOS:

  • Que estamos convencidos que salvar el Pacífico de esta desenfrenada explotación de todos sus ecosistemas, es ayudar a salvar el planeta.

 

  • Que somos los dueños ancestrales del Pacífico colombiano y que nuestra vida e historia está ligada a estos ecosistemas y por lo tanto nos asiste la legitimidad para exigir que se pare la destrucción de nuestros territorios.

 

  • Señalamos, como ya lo ha reconocido la academia sueca al otorgar el premio Nobel de economía a Elinor Ostrom, que la mejor y más eficiente forma de conservar los recursos naturales, se manifiesta cuando los propietarios los manejan de forma colectiva, atendiendo sus vitales necesidades para un buen vivir.

 

  • Que hemos tomado la firme decisión de trabajar unidos y de manera solidaria entre las organizaciones que suscribimos esta declaración, asumiendo el principio de que lo que le pase a una comunidad, a un territorio, nos pasa a todos y actuaremos en consecuencia.

 

Que desarrollaremos iniciativas políticas y legales para que los daños que se le infringen a todos los ecosistemas del Pacífico, del cual nosotros derivamos nuestra subsistencia, sean declarados como delitos de lesa humanidad, pues nos resistimos a ser los futuros desplazados ambientales.

  • Que estaremos alertas y continuaremos denunciando las amenazas y asesinatos de miembros de nuestras comunidades que por atreverse a denunciar estos atropellos contra la naturaleza, son blanco de grupos armados.  

 

  • Invitamos a todos los Consejos Comunitarios del pueblo afrocolombiano y a todos los Cabildos de los pueblos indígenas del Pacífico a que adhieran a esta declaración y nos unamos en un sólo haz a esta trascendental iniciativa de declarar al Pacífico en emergencia social, pues están en juego nuestras vidas y el futuro de los pueblos afrocolombianos e indígenas.

 

Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, región Pacífica. ACIVA-rP.  

Palenque El Congal, Buenaventura

Proceso de Comunidades Negras – PCN

Consejo Comunitario del río Yurumanguí

Consejo Comunitario del río Cajambre.

Consejo Comunitario de Llano Bajo
Asamblea de Consejos Comunitarios del Valle del Cauca.

Consejo Comunitario del río Mallorquín

Consejo Comunitario del río Raposo

Consejo Comunitario del río Anchicayá

Organización comunitaria de base Mina Vieja

Organización de Negros Unidos del río Anchicayá-ONUIRA

Consejo Comunitario de Bahía Málaga

Consejo Comunitario de La Barra

Cabildo Indígena Joaquincito, río Naya

Cabildo Indígena La Meseta

Mujeres piangüeras de Santa Cruz, San Joaquín y Puerto Merizalde – río Naya.

Colectivo de Trabajo Jenzerá

 

Centro Matía Mulumba, Buenaventura, 11 de abril de 2010

Marzo 24, 2010
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Urgent Action: Sprayings in the Naya River

Buenaventura, Pacific Coast, Colombia

 The Eperara Siapidaara People Condemn the Destruction of their Community Plots

 

             On March 16, 2010 several anti-narcotics police planes sprayed with chemicals the communal gardens and plots of the Eperara Siapidaara women of the Joaquincito Indigenous reservation, in the Naya River near the township of Puerto Merizalde (located in the municipality of Buenaventura, Colombia). These plots are located within walking distance of the Casa Grande, a Siapidaara religious and ceremonial center. The planes also sprayed the plots of their Afro-Colombian sisters from the Santa Cruz township who have joined the Eperara women in developing an agro-ecological production project. This project seeks to expand alternatives to a growing illegal coca economy. The growth of illicit crops is disturbing Colombia’s Pacific coast rivers, and destroying traditional cultures, communal economies and sustainable ways of using environmental resources. The government disregarded the community’s peaceful claims and sprayed their crops with even greater intensity. Several women were looking to move to the health post of Puerto Merizalde for medical care.

Pictures of the area and the women’s project

            Fumigations in the Naya River, one of the most important watersheds and biodiversity hotspots in the Colombian Pacific, are not new. The government has sprayed with gliphosate both illegal but mostly legal crops. The Organization of Blacks United from the Anchicayá River – ONUIRA reported that on September 7, 2009 lower Naya residents were also sprayed. Subsequently, on February 15, 2010 the communities of Juan Santos and Juan Nuñez in the lower Naya were sprayed. The government claims that its intention is to eradicate coca crops. However, residents deplore the intensity with which the operations are carried out, affecting food crops and people’s health, but little of the coca plantations.

            Until recently, in the lower Naya River—inhabited by about 23,000 Afro-Colombians and 300 Eperara Siapidaara—areas planted with coca were minimal if nonexistent as demonstrated by a 2005 Socioeconomic Survey prepared by the Colombian Institute of Rural Development (INCODER) in a study conducted with the Inter-ethnic Territorial Union of the Naya (UTINAYA). In less than three years and following the violent interdiction of coca cultivation in southern departments such as Nariño and Putumayo, coca growers are invading the Pacific coast, including the Naya River. As the government succeeds in other regions, coca production is simply moving to new areas, destroying communities and environmental resources.

            It is in this context that black and Eperara Siapidaara women developed their production strategy to defend communal economies based on the need for healthy and sufficient food. In other words, they sought to develop an economy that would curb the uprooting of the native population by a predatory and illegal coca economy. Their modest project defended cultural survival, native seeds and traditional agricultural techniques. The project also sought to empower the women who live from the mangroves. This was an inter-ethnic strategy that received the support of community organizations as well as of the region’s Interethnic School for Conflict Resolution.

            The government who is even spraying the mangroves is destroying these ecological projects in one of the richest and most bio-diverse regions on the planet. And that in our opinion constitutes a crime against humanity. Although we condemn the presence of illegal crops in these, our territories, we also condemn the practice of fumigating our plots and communal gardens by a government intent on ending coca production at any cost.

CABILDO INDÍGENA EPERARA SIAPIDAARA DE JOAQUINCITO, Río Naya

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE- región Pacífico, ACIVA-rP

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, PCN

PALENQUE EL CONGAL de Buenaventura

COLECTIVO DE TRABAJO JENZERA

Buenaventura, Colombia, March 16 2010

Please refer to http://jenzera.org/web/?p=592 for more information and photos of the region affected.

Urgent Action: If you wish to support us please send preferably a letter to the following government officials:

FRANCISCO SANTOS, Vicepresidencia de la República
Consejería Presidencial de Derechos Humanos
Calle 7, No 6-54, Piso 3
Bogotá, Colombia

comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ppdd@presidencia.gov.co

adminweb@presidencia.gov.co
FABIO VALENCIA COSSIO, Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Palacio Echeverry, Carrera 8a, No.8-09, piso 2o,
Bogotá, Colombia

atencionalcliente@mij.gov.co

CARLOS COSTA, Ministro de Medio Ambiente
Ministerio del Ambiente
Calle 37 No. 8-40
Bogotá, Colombia

correspondencia@minambiente.gov.co

FERNANDO PAREJA, Vice Fiscal General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22-B (Av. Luis Carlos Galán) No. 52-01,
Bloque C, Piso 4
Bogotá, Colombia

http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/contenido/controlador/controlador?opc=13&accion=1

ALEJANDRO ORDOÑEZ, Procurador General de la Nación
Carrera 5 No. 15-80
Bogotá, Colombia

quejas@procuraduria.gov.co

webmaster@procuraduria.gov.co

VOLMAR PÉREZ, Defensor Nacional del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Calle 55 Nº 10 -32
Bogotá, Colombia

http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0008&_secc=00&ts=1

Dear Sir,

            I am gravely concerned by the news of the March 16, 2010 aerial spraying with glisophate of the communal gardens and plots of the Eperara Siapidaara and Afro-Colombian women from the Joaquincito Indigenous reservation and the Santa Cruz township near Buenaventura, Valle. This event is causing serious damage to the women’s crops and their agro-ecological project. The sprayings are also having a serious impact on the mangroves. For these reasons and in support of indigenous and Afro-Colombian women I reject these actions. 
            I am also making this situation known to the authorities of my country, because I do not agree that my country’s resources go to Colombia to destroy food crops, communities and valuable ecosystems such as mangroves.
            As a citizen concerned about the human rights of all people in the world, especially of ethnic groups, and environmental health I am demanding:
            1. The immediate end of all fumigations in indigenous reservations in general, and in Joaquincito in the Naya River in particular.

            2. The implementation of urgent humanitarian measures for families affected by the spraying so    that they can restore their land. 
            3. Security measures to prevent retaliation against communities that have reported these facts.
            4. A report from the Colombian government noting that government authorities (Ministry of             Environment, Ministry of Interior, etc..) were informed about these spraying operations.

 I await your prompt response to all issues raised.

With deep concern,
 
E-Mail: … … ….
 
Please forward a copy to C.C. informepacíficocolombiano@gmail.com, jenzera@jenzera.org

Marzo 22, 2010
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Fumigaciones en el río Naya

EL PUEBLO INDÍGENA EPERARA SIAPIDAARA DENUNCIA LA DESTRUCCIÓN DE SUS PARCELAS COMUNITARIAS

Hoy, 16 de marzo del 2010, durante dos horas (de las 11 AM hasta la 1 PM) varias avionetas de la policía antinarcóticos fumigaron con químicos las huertas comunales y las parcelas de las mujeres eperara del resguardo indígena de Joaquíncito, río Naya, corregimiento de Puerto Merizalde (Buenaventura).  Estas parcelas se encuentran situadas a poca distancia de la Casa Grande, centro religioso y ceremonial del pueblo siapidara. También fueron fumigadas las parcelas de sus vecinas y hermanas afrocolombianas de la vereda Santa Cruz,  que vienen trabajando, conjuntamente con las mujeres eperara, en una experiencia productiva agroecológica propia, para no caer en las redes de los cultivos de uso ilícito que rondan los ríos del Pacífico, cultivos que llegaron también a esta región para destruir las economías comunitarias y las formas sostenibles de utilización de los recursos ambientales. No valieron las súplicas y las sabanas blancas. Igual fumigaron, aún con mayor intensidad. Varias mujeres buscaban desplazarse al puesto de salud de Puerto Merizalde para recibir atención médica.

Ver fotos de la región y de las parcelas

Las fumigaciones en el río Naya, una de las cuencas hidrográficas más importantes y biodiversas del  Pacífico colombiano, no son nuevas. Ya antes de la masacre de los paramilitares en el 2001, en la parte alta del río Naya, donde murieron cerca de un centenar de indígenas nasa y campesinos, el gobierno había realizado aspersiones con glifosato. En esa época las fumigaciones destruyeron los cultivos de pancoger de la población. El rumor que corría en la región es que no se trataba de erradicar los cultivos de coca, que evidentemente no fueron afectados por las fumigaciones, sino que se trataba de quitarle la comida al Ejército de Liberación Nacional – ELN y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC,  grupos guerrilleros que tenían presencia en la zona.

La Organización de Negros Unidos del Río Anchicayá – ONUIRA, denunció también que el 7 de septiembre del 2009, niños y pobladores del Bajo Naya fueron intencionalmente afectados con fumigaciones. También en este caso el gobierno argumentaba que la aspersión de estos venenos fue hecha con la intensión de erradicar los cultivos de hoja de coca. No obstante, los pobladores  rechazaron la forma e intensidad con que fue realizado este operativo, afectando los cultivos de pancoger y la salud de los habitantes, pero poco a los cultivos de coca.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2010, se llevaron a cabo fumigaciones en las comunidades de Juan Santos y Juan Núñez en el Bajo Naya, que más que afectar los cultivos de uso ilícito, afectaron las huertas de las familias.

Hasta hace pocos años, en la parte baja del río Naya, habitada por comunidades afrocolombianas (cerca de 23.000 habitantes) y por indígenas eperara siapidaara (cerca de 300 personas), las áreas sembradas de coca eran mínimas, por no decir inexistentes, como lo evidenció el Estudio Socioeconómico de la cuenca del río Naya, ordenado por el INCODER y realizado con el apoyo de la Unión Territorial Interétnica del Naya, UTINAYA, en noviembre y diciembre del 2005. Pero en menos de tres años, como consecuencia de la interdicción violenta de los cultivos de coca en Nariño, estos cultivos se regaron por todo el litoral del Pacífico, llegando también a la parte baja del Naya y a los ríos vecinos, siguiendo el esquema del efecto globo (“se aprieta allá y se infla acá”).   

En el marco de la Escuela Interétnica para la Resolución de Conflictos, concluíamos que  el Pacífico no aguantaba el impacto de estos megaproyectos agroindustriales (coca y palma aceitera) que destruirían aquellos grupos y comunidades humanas que, como resultado de su centenaria interacción con su entorno ambiental, habían desarrollado otras lógicas económicas y otras racionalidades, solidarias con la naturaleza.  La esencia misma de estos megaproyectos agroindustriales exigían violencia, tanto para “limpiar áreas de población” (jerga paramilitar) para las plantaciones de palma, como también para inducir a la población nativa a sembrar coca, compeliéndola a abandonar sus prácticas propias de producción de alimentos y entrara a depender del flujo de recursos de estas economías, que por el daño que ocasionan a las comunidades bien podrían llamarse ‘ilegales’. Ambos casos han venido conduciendo al desarraigo de la población, una situación que para los grupos ‘étnico-territoriales’ –aquellos que como los indígenas y negros, necesitan del territorio para su sobrevivencia física y cultural–, conduce al etnocidio, a la desaparición de los rasgos étnicos que les dan cohesión social.

El otro aspecto que analizábamos en la Escuela Interétnica es que estos megaproyectos económicos requerían para su surgimiento, prosperidad y apropiación de las enormes rentas que generan, de unas estructuras centrales de poder político que imponían un orden social autoritario, que casi siempre estuvo mediado por el poder, la turbación, o incluso, por el terror de las armas. Se trata de un orden social que termina erosionando los gobiernos propios de las comunidades. Lo peor, enganchando a muchos jóvenes para actividades de control y vigilancia con las cuales también se subordina a las autoridades de las comunidades. Un verdadero flagelo para los pueblos.    

Es en este contexto que las mujeres negras y eperara siapidaara, participantes de la Escuela Interétnica, propusieron desarrollar una experiencia productiva piloto en el Pacífico que  pudiera ofrecer ideas de cómo desarrollar una economía propia, basada en sus necesidades de producir alimentos sanos y suficientes que garantizaran la permanencia en el territorio, para de esta forma cerrarle las puertas a un vaciamiento de población por los problemas alimentarios, que generan estas economías depredadoras de hombres y territorios. Dicho en otros términos: desarrollar una economía que frenara el desarraigo de la población nativa. Con este modesto proyecto no se trataba únicamente de defender el pancoger para la sobrevivencia. Se trataba también de defender las semillas adaptadas durante siglos en esos suelos y en ese clima, que son parte de la cultura y de la reserva estratégica de miles de personas, no solo del Naya, sino también del Pacífico colombiano. Este proyecto buscaba también un empoderamiento de las mujeres que viven en el manglar y con el manglar, además de necesitarlo para su pervivencia. Esta fue una estrategia diseñada por las mujeres de la Escuela Interétnica que recibió el apoyo de las organizaciones comunitarias representadas en la escuela.

Es este proyecto social de vida, en una de las regiones más ricas y biodiversas del planeta, el que actualmente destruye el gobierno. Y ese es a nuestro juicio un delito de lesa humanidad, pues se les está arrebatando a estos pueblos y comunidades ancestrales del Pacífico las posibilidades de continuar recreando su economía y su organización para gestionar su futuro y defender sus territorios. Se destruye entonces las bases de una economía y sociedad que como lo enunciaba el comunicado de la Organización de Negros Unidos del Río Anchicayá, ONUIRA, no solo significa “suficiente comida… (sino también) ….. lazos familiares y comunitarios fuertes, una tradición cultural viva y ….. ganas decididas de quedarse en el territorio, que son …una clara manera de hacer ver que la ancestralidad tiene mayor trascendencia que la legalidad, es decir, es el derecho mayor de los negros, el derecho que nos ganamos al ser acogidos en estas tierras cuando nos sacudimos el yugo de la esclavitud y el secuestro y cuando nos negamos a ser desarraigados y desarrollamos nuestra resistencia”.

Pero el delito que ha cometido el gobierno es aún más grave, pues estos venenos se están arrojando en zonas de manglar, uno de los ecosistemas más sensibles del planeta, que se caracteriza por ser la “sala cuna” de muchas especies marinas de peces, conchas y moluscos, que es la fuente principal de proteína de la población negra e indígena aledaña al manglar. El manglar es tan importante para la vida del hombre, las especies y el planeta, que venimos declarando desde la Escuela Interétnica y la Mesa Manglar – y esperamos que haga escuela esta propuesta – de que los daños ocasionados a este ecosistema sean catalogados también como delitos de lesa humanidad.

Esta violencia que hoy se comete genera reflexiones. La primera: no queremos que los indígenas tengan que repetir las palabras del Jefe Seattle advirtiendo sobre la inutilidad de más violencia:

“Cuando nuestros jóvenes se enojan

 por alguna mala acción

y desfiguran sus rostros con pintura,

sus corazones también

se desfiguran.

Entonces su crueldad es incansable

y no conoce límites, y nuestros

ancianos no pueden detenerlos.

Pero tengamos la esperanza de que las

hostilidades entre el hombre rojo y

sus hermanos blancos no regresen jamás.

Tenemos todo para perder y nada para ganar….

Después de todo, podemos ser hermanos”

 La segunda: el aislamiento y la dispersión del pueblo negro e indígena también están contribuyendo al etnocidio.  Es por eso que hoy, recogiendo el llamado del río Anchicayá,

“Invitamos a las organizaciones comunitarias de base (consejos comunitarios y cabildos indígenas, al Proceso de Comunidades Negras, al Palenque “El Congal”, a nuestros amigos y amigas a adherir a este comunicado y a alzar nuestras voces para reclamar la dignidad de las comunidades indígenas y negras y sus organizaciones, para no perder de vista que está en juego nuestra diversidad biológica, cultural y política”.

CABILDO INDÍGENA EPERARA SIAPIDAARA DE JOAQUINCITO, Río Naya

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE- región Pacífico, ACIVA-rP

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS, PCN

PALENQUE EL CONGAL de Buenaventura

COLECTIVO DE TRABAJO JENZERA

 Buenaventura, 16 de marzo de 2010 

Febrero 25, 2010
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Masacre de indígenas awá, un año de impunidad y duelo

Revista Semana 5 de febrero de 2010

 

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Las Farc se llevaron a 11 indígenas awá hacia la quebrada El Hojal, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño. Tras acusarlos de ser colaboradores del ejército, desaparecieron a tres y mataron al resto con machetes y cuchillos. En realidad, la cantidad de víctimas eran 13, porque entre los cadáveres había dos mujeres embarazadas que ya casi iban a dar a luz.

Medicina Legal de Cali logró identificar cuatro cadáveres, aún faltan otros tres. El resto están desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río El Bravo.

La brutal masacre ocurrió el 4 de febrero de 2009, en una tupida y pantanosa selva nariñense donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. El terreno además está lleno campos minados. Al poco tiempo, la columna Mariscal Sucre, de las Farc, reconoció su autoría del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes de la fuerza pública.

A pesar de que se tuvieron noticias de la masacre a los pocos días, el número de víctimas y la forma como murieron sólo se pudo aclarar dos meses después. Por las dificultades del terreno y lo inseguro que es para cualquier persona, ninguna autoridad pudo llegar al sitio de la matanza.

Ante la necesidad de saber en realidad qué pasó, unos 700 indígenas de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba se fueron monte adentro. Encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca.

Pese a la odisea, ninguno de los cadáveres ha tenido sepultura. Según cuentan los indígenas, los cuerpos están todavía en Medicina Legal en Tumaco y no han sido devueltos a sus familiares. Todavía falta identificar plenamente algunos cuerpos. Ha sido una tarea difícil, pues no se sabe dónde están algunos parientes y las muestras de su sangre son fundamentales para establecer los parentescos.

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Si las víctimas no han sido enterradas, quiere decir que tampoco tendrán el ritual que, por tradición, se les hace a los awá un año después de muertos. Este pueblo indígena acostumbra que, durante los primeros 12 meses después de la muerte de alguno de sus miembros, la familia guarde un luto que implica no bailar y no tomar licor a lo largo este tiempo.

Gabriel Bisbicús, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que el día del primer aniversario, los familiares y amigos visitan la tumba y llevan un tambor. Hacen como una especie de evento social alrededor y, después, golpean el instrumento cuatro veces, como para despertar al muerto.

Uno de los asistentes lleva una estructura de madera en su espalda, algo así como una silleta. Se supone que en ella se sienta el espíritu. Caminando, van a la casa del muerto, donde previamente la familia ha preparado su llegada.

Para ese momento, han puesto la cama idéntica a como solía usarla el pariente y, sobre ella, una muda de ropa, como si la persona estuviera acostada allí. Quien lleva el espíritu en su espalda, lo ubica delicadamente encima, como si estuviera acostando a una persona dormida sin querer despertarla.

En otro sitio, han puesto una mesa con la comida favorita de quien murió hace un año y en otro lugar, sacan todas sus pertenencias, como ropa, zapatos, machete, en fin. Con la casa así organizada, se inicia una fiesta. Los asistentes toman trago, comen, bailan. También pueden hacerlo los familiares del muerto, porque ya con este rito se acaba el luto.

Al amanecer, quienes no son parientes toman las pertenencias del difunto y se las reparten para quedarse con ellas. Y la familia toma una muda de ropa, va donde un sacerdote para que celebre una misa por el difunto y, al final, le entrega las prendas. Desde ese momento, se despiden definitivamente y el espíritu se va para la selva.

Esa es la manera como los awá creen que sus muertos pueden descansar definitivamente tranquilos, cosa que no ocurrirá si permanecen en la morgue.

Quien no se sabe si está descansando tranquilo es el guerrillero Antonio Villavicencio, alias ‘Villavo’, el comandante de la Mariscal Sucre cuando ocurrió la masacre. Bajo sus órdenes, este grupo de las Farc fue el responsable de brutales muertes.

Según la Policía, ellos quemaron un bus en la vía entre Pasto y Cali el pasado 20 de noviembre. Las versiones conocidas hasta ahora dicen que los guerrilleros prendieron el fuego cuando aún estaban seis personas adentro, incluidos dos niños. Todos ellos murieron en las llamas.

Quienes conocieron de cerca a ‘Villavo’, se lo describieron en su momento a Semana.com como un hombre que se agitaba fácil y lo comparaban con “un cerdo apareándose”, porque a veces hablaba a los gritos, se inflaba su nariz, decía cosas que nadie entendía y su boca se mojaba con saliva.

Y en esos momentos de excitación llegó incluso a permitir que sus hombres cometieran atrocidades como matar con cuchillos y machetes a indígenas amarrados, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

El secretario de gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, le contó a Semana.com que hay información de inteligencia que dice que ‘Villavo’ podría estar muerto.

Las versiones son tres. La primera, es que el guerrillero ‘J.J’, jefe del Frente 29, ordenó relevarlo ante el gran costo político que tenían que pagar las Farc por los excesos de ‘Villavo’. “Para ello, mandaron a ‘Gustavo’, que era el comandante de la columna móvil Daniel Aldana, que opera más hacia Tumaco. Parece que hubo líos entre ellos dos y ‘Villavo’ mató a ‘Gustavo’. Entonces la guardia ‘Gustavo’ reaccionó y mató a ‘Villavo’”, según narra Trujillo.

Otra versión es que ‘Villavo’ escuchó que iban por él y se preparó para atacar sin ningún diálogo y lo mataron. Y la tercera hipótesis es que se enfrentó con el ELN y cayó en un campo minado y se murió.

“Creemos que ‘Villavo’ está muerto. Era extremadamente sanguinario y es posible que las Farc hayan querido relevarlo”, enfatiza Trujillo.

Esas versiones que da el Secretario de Gobierno están sujetas a verificaciones. Pero sea cual sea el final de los victimarios, hay un grupo de gentes que después de un año, no han podido darles a sus parientes la sepultura que merecen.

Febrero 25, 2010
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Gobierno colombiano decreta abolición de resguardos indígenas

Luis Javier Caicedo

 

Fuente: Kaos en la Red   02/01/2010

El INCODER y el Agustín Codazzi decretan la abolición de los resguardos de origen colonial y le retiran a los municipios los pagos compensatorios del impuesto predial.

“…pero en lo que decía que el Papa era señor de todo el universo en lugar de Dios, y que había hecho merced de aquella tierra al rey de Castilla, dijeron que el Papa debiera estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía ser algún loco, pues pedía lo que era de otros, y que fuese allá a tomarla, que ellos le pondrían la cabeza en un palo, como tenían otras (…) de enemigos suyos”. (Respuesta de los caciques del río Sinú al Requerimiento que les leyera el conquistador Fernández de Enciso en 1509).

Este país es de locos, definitivamente. El próximo 20 de mayo se cumplen 190 años del Decreto del Libertador Simón Bolívar del 20 de mayo de 1820 que reconoció la validez para la nueva República de Colombia de los títulos de los resguardos que les otorgó la Corona Española a los indígenas:

“1º Se devolverá a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos, según sus títulos, cualesquiera que sea el que aleguen para poseerlos los actuales tenedores” (1)

Para conmemorar la fecha, el Gobierno Nacional ha decretado que dichos Resguardos NO EXISTEN.

Mediante oficio N° 2400 del 24 de septiembre de 2009, firmado por el subgerente de promoción del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Jairo Alonso Mesa Guerra, dirigido al subdirector de geografía y cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Miguel Ángel Cárdenas Contreras, el INCODER ha expedido la siguiente certificación:

“En atención a la comunicación del asunto, mediante la cual solicita se certifique la presencia de resguardos de origen colonial en el territorio nacional, le informo lo siguiente:

“Revisados los archivos y bases de datos del Instituto no se encontraron resguardos de origen colonial.

“En los departamentos del Cauca, Nariño, Risaralda y Putumayo existen unos presuntos resguardos de origen colonial y republicano, a los cuales el Instituto, de conformidad con lo establecido en la Ley 160 de 1994 y sus Decretos Reglamentarios 2663 de 1994 y 2164 de 1995, tiene que adelantar el proceso de Clarificación de la Propiedad, para determinar la vigencia legal de los títulos que presentan las comunidades, para posteriormente, y una vez establecida su autenticidad, se proceda a realizar la reestructuración del Resguardo.

“Reestructurados estos resguardos, entran a hacer parte de las bases de datos estadísticas y cartográficas del INCODER, de los territorios legalmente constituidos en beneficio de esta población” (subrayas y negritas fuera del texto).

Esta certificación borra de un plumazo la clasificación de los Resguardos existentes en Colombia, basada en Resguardos Antiguos (de origen colonial y republicanos) y Resguardos Nuevos (creados por el INCORA y el INCODER), ambos válidos jurídicamente.

Desconoce que no se necesita ni clarificación de propiedad ni reestructuración para que un resguardo colonial exista. La existencia de dichos resguardos se demuestra con el título original si lo hay, y de no ser así por un título supletorio, regulado por las normas señaladas desde las Ordenanzas de San Lorenzo de 1584, en tiempos de Felipe II; luego por la leyes de procedimiento civil expedidas por la República desde 1825, y desde hace un siglo por el artículo 12 de la Ley 89 de 1890. Un resguardo colonial con papeles en regla no necesita reestructuración, y así lo ha reconocido el Estado.

Además, el concepto de INCODER incurre en una tosca falsedad, porque los Resguardos de origen colonial SÍ APARECEN en la base de datos del INCORA/INCODER, porque este Instituto ha venido certificando la existencia de dicha categoría de Resguardos, desde su base de datos, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a efectos de establecer lo relativo a las transferencias que la Nación gira del Presupuesto Nacional para los Resguardos en virtud de la Constitución de 1991.

Así aparece en los dos libros que ha publicado la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación (Los pueblos indígenas de Colombia, 1997, y Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio, 2004), donde se caracteriza qué son los Resguardos Coloniales, cuántos son reconocidos en el país y se indica como fuente la base de datos del INCORA.

En efecto, en el último libro citado se expresa claramente que la base del DNP se ha elaborado “con base en información Dane, actualizada con datos del Incora”:

Y agrega el libro:

“Resguardos antiguos o de origen colonial

“Los resguardos antiguos tienen especial importancia en los departamentos del Cauca -35-, Nariño -16- y Caldas -2-. En la Costa Atlántica estaba el resguardo de San Andrés y Sotavento –hoy día reestructurado por el Incora- y quedan dos más en el departamento del Putumayo, resguardos de Yunguillo y Valle de Sibundoy. En la base de datos del Departamento Nacional de Planeación se venía incluyendo el resguardo de Cota, en Cundinamarca, como un resguardo antiguo. Como se dio anteriormente, estos resguardos tienen su origen con anterioridad a la expedición de la Ley de Reforma Agraria, número 135 de 1961.

“Algunos de los resguardos antiguos o de origen colonial, han sido ampliados o reestructurados por el Incora. Por tal motivo, en el listado base –Guía Etnológica de Colombia-, varios de estos resguardos que figuraban en la base de 1997 como coloniales, pasaron del régimen territorial, RT1 –resguardos antiguos- al RT2 –resguardos nuevos-. Este es el motivo por el cual el número de resguardos antiguos ha disminuido, pero se contabilizan en el listado como resguardos nuevos. En la actualidad, existen 55 resguardos coloniales con un  área de 405.743 hectáreas y una población de 171.201 indígenas, lo que representa el 21,80% de la población”

Otra cosa es que la base de datos se haya embolatado en el traspaso del INCORA al INCODER, pero eso no invalida los DERECHOS ADQUIRIDOS de los indígenas sobre los resguardos coloniales ya certificados.

Más que una política deliberada del Gobierno Nacional, aquí parece que más bien estamos ante un caso de incompetencia crasa de un funcionario, que en su supina ignorancia echó abajo uno de los pilares fundacionales de la República, como es la validez de los títulos de los Resguardos de tierras entregados por la Corona Española a los indígenas.

Este certificado del INCODER no debiera pasar, por tanto, de suscitar una sonrisa socarrona, sino fuera porque con base en ella el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha expedido la Circular N° 5060 del 3 de noviembre de 2009, que ordena inscribir en la base de datos catastral “SOLO los resguardos legalmente constituidos por el INCODER”, y agrega que: “Las inscripciones catastrales vigentes de todos los predios denominados RESGUARDOS INDÍGENAS deben ser revisadas, garantizando que solo aparezcan con este nombre en la base de datos catastral del municipio correspondiente los que tengan soporte legal de acuerdo con la Resolución del INCORA/INCODER” (2),  con lo cual, a partir de este año 2010, el Ministerio de Hacienda no girará más a los Municipios donde se ubican los Resguardos Coloniales los recursos que éstos dejan de percibir por impuesto predial de las tierras de resguardo, y en consecuencia los municipios deben comenzar a cobrar dicho impuesto a los indígenas, restableciéndose así el oprobioso “tributo” colonial, abolido desde la Independencia.

Y si la novísima tesis del INCODER hace carrera, no tardará el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en retirarle a los Resguardos Coloniales los recursos para el ejercicio de la autonomía, que reciben desde 1993 por concepto de transferencia del Presupuesto Nacional (Sistema General de Participaciones).

Luis Javier Caicedo
Asesor de comunidades indígenas
Medellín, 22 de enero de 2010

Febrero 25, 2010
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Aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres

 Antonio Albiñana   

 

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres “NN”, enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. “Lo que vimos fue escalofriante”, declaró a Público. “Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.

Ramírez agrega: “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.

Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones “a partir de marzo”, tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer como primera víctima del conflicto y la de los sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán también su trabajo en diferentes zonas del país.

Más de mil fosas en el país

El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.

“El Gobierno no quiere investigar”

Alfredo Molano. Sociólogo y escritor

Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?

La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?

Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?

Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes.

Febrero 8, 2010
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IIRSA: Integrando negocios, desintegrando sociedades y ecosistemas

Fernando Castrillón

Colectivo Jenzerá

Enero 2009 

El gobierno de Colombia ha mantenido el interés por conformar y dinamizar la comunidad regional que integre este subcontinente en lo social, político, económico y ambiental por medio de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica – IIRSA.  De los diez ejes y 162 grupos de proyectos, Colombia participa en 2 ejes y 10 grupos de proyectos. IIRSA fue adoptado en los Planes de Desarrollo 2002 – 2006 como también se prevé en la propuesta del Plan 2006 -2010 y en las proyecciones hacia el año 2019. Los planes hacen parte de las estrategias y principios de los ejercicios de planeación Visión 2019 y de la denominada Agenda Interna.

 

La pérdida de confianza y acuerdos con sus vecinos no ha sido obstáculo para que Colombia impulse sus proyectos de cara a esta iniciativa. Por el contrario, a partir del año 2008, en diferentes espacios como la Asamblea mundial del BID celebrada en la ciudad de Medellín, la directora del Departamento de Planeación Nacional lo planteó sin titubeos, al presentar el IIRSA como la iniciativa que en este país busca “desarrollar una infraestructura de punta, acorde con las necesidades de desarrollo del país y los retos comerciales que se avecinan, que cuente con mayor participación del sector privado y que funcione bajo esquemas empresariales modernos, dinámicos y eficientes” de tal manera que sea “una infraestructura orientada a la promoción y consolidación del modelo de desarrollo (comercio exterior)[i].

 

El actual gobierno ha priorizado los proyectos Hidrovía Río Meta, Carretera Pasto – Mocoa y el paso de frontera Cúcuta – San Antonio, por considerarlos cuellos de botella para el desarrollo e integración.  Estos proyectos coinciden estratégicamente con los corredores del petróleo, la biodiversidad y los agro-combustibles en Colombia y con los pasos de control con los países vecinos con relaciones más conflictivas en los últimos años: Ecuador y Venezuela.

 

La hidrovía del Río Meta tiene como objetivo desarrollar un corredor intermodal de transporte recuperando la navegabilidad por el Río Meta (principal afluente del Orinoco), con el cual se conectaría a Venezuela con el Pacífico colombiano. La carretera Pasto Mocoa que hace parte del Eje Amazonía, busca consolidar el corredor de transporte para el desarrollo del Sur de Colombia y el paso de frontera Cúcuta- San Antonio que hace parte del grupo Eje Andino (Venezuela – Colombia – Ecuador) el cual busca facilitar el paso de vehículos, mercancías y personas.

 

Es importante tener en cuenta como en Colombia dada su estratégica posición geográfica entre Centro y Suramérica y entre los océanos Pacífico y Atlántico, se integra también en el actual gobierno, al Plan Puebla Panamá (PPP) o Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.  El proyecto Mesoamérica busca fortalecer la integración regional e impulsar, los proyectos de desarrollo social y económico en los estados centroamericanos.  Con esto busca el Gobierno colombiano, convertirse en un país articulador de bloques en el hemisferio. Los proyectos que Colombia ha propuesto dentro del PPP son la interconexión Eléctrica, la Interconexión Gasífera y la Carretera Panamericana.

 

Tanto IIRSA como el PPP afectan directamente a un número considerable de territorios colectivos de comunidades negras e indígenas en tanto potencian impactos por el desarrollo de las obras de infraestructura, como también porque tales obras están dirigidas a la extracción de los recursos minero- energéticos como a provocar cambios en el uso del suelo que permitan el tráfico de mercancías, energía y comunicaciones; como también en el caso de Colombia potencia los fines especulativos sobre la tierra que benefician a los políticos asociados a los grupos armados legales e ilegales

 

¿IIRSA en Colombia, es realmente una mirada integradora al Sur del Continente?

 

IIRSA no es determinante en el desarrollo de la infraestructura colombiana en la actualidad. De hecho, las grandes obras que se desarrollan y se licitan actualmente tales como la ampliación y mejoramiento del aeropuerto el Dorado, la conexión Bogotá- Buenaventura (vía para las importaciones desde el Pacífico), el complejo portuario de Buenaventura, la ruta del Sol (mejorar la comunicación del centro andino del País con la costa Caribe); no se encuadran exactamente en IIRSA.  Expresan la relación privilegiada que da el gobierno colombiano a los Estados Unidos y Europa: puertos y vías en función de los Tratados de Libre Comercio -TLC, con la consiguiente extracción y exportación de los recursos naturales y materias primas y con la importación de alimentos y manufacturas, principalmente. Colombia mira al Norte y no al Sur y el desarrollo de la infraestructura en el IIRSA está dirigido a acercarse a los territorios donde están los recursos estratégicos para la exportación a los países del Norte. No es pues, una mirada de integración, es una estrategia para la extracción y la dependencia.

 

Aún así, IIRSA no puede menospreciarse en Colombia, porque constituye un elemento adicional a la crisis del país y es un riesgo que afecta la vida y la integridad de las comunidades indígenas, negras y campesinas ubicadas en territorios colectivos y no colectivos sometidos a presiones no sólo de actores armados legales e ilegales, sino a poderosos intereses económicos. 

 

La IIRSA en Nariño y Putumayo, un factor de oportunismo para los señores de la guerra.

 

Uno de los proyectos IIRSA es la carretera Pasto-Mocoa, el cual forma parte de un corredor multimodal que busca comunicar el Océano Pacífico desde Colombia con el Atlántico en Brasil. Comprende un tramo carreteable que comunica Tumaco, Pasto, Mocoa y Puerto Asís. Luego toma los ríos Putumayo y Amazonas hasta llegar a Belem do Pará en Brasil. La carretera solucionaría el problema de comunicación entre Pasto, capital del departamento de Nariño y Mocoa, capital del Putumayo, como también conectar la frontera de Ecuador con el centro del país.    En este artículo se tendrá en cuenta este proyecto por lo que representa en un escenario particularmente conflictivo de Colombia por la presencia de actores armados legales e ilegales vinculados al narcotráfico, al negocio de las armas, por la economía de tipo especulativo (pirámides) y los bajos índices de desarrollo. La represión a los cultivos de coca mediante acciones armadas y la fumigación, ha tenido la mayor intensidad en esta zona, al igual que la exploración y explotación del petróleo.

 

Esta vía atraviesa territorios de alta sensibilidad ambiental y social. En su área de influencia viven numerosas comunidades indígenas y campesinas, y en cercanías a Mocoa la carretera pasa por la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa. Por esta razón, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Ministerio de Transporte lograron un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar dos importantes estudios en materia ambiental y social para este proyecto.  Por un lado, se elaborará un Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS) de la Cuenca Alta del Río Mocoa, y por otro lado, se hará una Evaluación Ambiental Regional (EAR) de la carretera Pasto-Mocoa. 

 

La vía debe mirarse de manera más amplia entre Tumaco (Puerto del Pacífico) – Puerto Asís (Puerto en el Río Putumayo), lo cual no sólo la conexión entre dos océanos, sino también el espacio de las comunidades negras y pueblos indígenas y sus territorios colectivos, quienes están acosados por el conflicto armado, la entrada de empresas extractivistas, la militarización de la vida civil en el marco de la cooperación entregada por Estados Unidos y las tensiones de la vida política entre Bogotá y Quito.

 

Allí ha habido una particular situación de violencia y de crisis social, que ha puesto a los departamentos del Putumayo y en Nariño en estado crítico. Varios hechos ocurridos en los últimos años dan cuenta de lo que allí pasa y como lo relata la principal revista de circulación nacional, Semana: “La violencia en este departamento afecta no sólo a los ciudadanos de a pie, sino también a empresarios nacionales y extranjeros en los sectores minero, hidrocarburos, telecomunicaciones, infraestructura, vías y transporte”

 

Actualmente, se desarrolla la Iniciativa de Integración Regional de Infraestructura Suramericana (IIRSA), que propone dos vías troncales nuevas de integración andina: una carretera que pasaría por el valle del Magdalena hacia Norte de Santander para llegar a San Cristóbal, en Venezuela. La otra vendría a ser el eje Multimodal Amazonas o Corredor Vial Multimodal Tumaco-Belem do Pará, que sería una vía para comunicar el Océano Pacífico, desde Tumaco, hasta el Atlántico, en Belem do Pará en Brasil. Tales vías serían cruciales para el comercio.


Con buena infraestructura desarrollada, el gobierno nacional busca atraer los capitales, por ejemplo, para explotar la riqueza minera de Nariño.
  De manera seguida se resalta como “Este panorama de futuro cercano, nuevas vías, tierras valorizadas, grandes inversiones, vuelve a la costa Pacífica nariñense y caucana muy codiciada por los grupos armados que ven nuevas oportunidades de enriquecerse fácilmente. [ii],

 

La siembra de más de 20.000 hectáreas, procesamiento y distribución de pasta de coca y de cocaína; constituye la fuente más importante de violación de derechos humanos, desestructuración del tejido social y deterioro medioambiental en Nariño y Putumayo. Pero también es claro como adicionalmente el narcotráfico aprovecha el desarrollo de la infraestructura en cuestión, en la medida que la utiliza en sus rutas y privilegia la inversión y el lavado de dólares en las zonas que se valorizan con estas obras.

 

Las comunidades a su vez, son las perdedoras, porque mientras se desarrollan las obras, se limitan o impiden los reales procesos de consulta o participación.    Ninguna comunidad podrá tomar parte de una discusión o participación sin presión o intimidación porque se viven situaciones dramáticas que se han caracterizado por:

 

  • Presencia permanente de los frentes 2, 32 y 48 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional) en diferentes municipios. Estas guerrillas, reclutan niños y jóvenes en las comunidades, intimidan comunidades, amenazan líderes y presionan en el negocio de la coca.

 

  • La proliferación de nuevos grupos paramilitares asociados también al narcotráfico, pese a la llamada desmovilización impulsada por el Presidente Uribe y su bancada parlamentaria. Allí, muchos de los paras desmovilizados no eran paras y muchos paras no se desmovilizaron. Al frente Libertadores del Sur y Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar, sucedieron nuevos frentes como Las Águilas negras, la Organización Nueva Generación, los Rastrojos, los Macheteros y las Autodefensas Gaitanistas, quienes cambiaron simplemente de uniforme y de marco legal (favorable por cierto) para seguir delinquiendo y controlando territorios enteros con el beneplácito de autoridades civiles y militares.

 

  • Militarización de la vida civil. Al ejército y armada de Colombia no solo se les cuestiona la violación del Derecho Internacional Humanitario por la ocupación que hace el ejército de escuelas, hospitales y las mismas comunidades; sino también por la ejecución directa de obras civiles y control de la vida de las comunidades, la vinculación y corrupción crecientes y por los llamados falsos positivas o ejecuciones extrajudiciales para mostrar resultados favorables a la Seguridad Democrática.

 

  • La siembra creciente de minas antipersona, que coloca a Colombia en un deshonroso primer lugar a nivel mundial en crecimiento de esta situación. En Nariño se reportaron 27 civiles heridos y 9 muertos  por minas antipersona.

 

  • La violación de las mujeres como acto de guerra, con el fin de infringirle sufrimiento y derrota a los adversarios o castigar a las familias y comunidades por “supuesto apoyo” a uno u otro actor armado.

 

  • Las masacres sobre el pueblo indígena awá. El 11 de febrero de 2009, las FARC asesinaron a 11 indígenas. Luego en Agosto de 2008, fueron masacrados otros 6, por actores desconocidos según algunos medios o por militares según otros. La impunidad se impuso como en la mayoría de los casos.

 

  • En el departamento de Nariño hubo 778 homicidios en el 2007 y 723 en el 2008.

 

  • En los últimos tres años, los desplazados en Nariño y Putumayo suman más de 60 mil personas.

 

  • El refugio de colombianos en el Ecuador.

 

  • La crisis especulativa de las pirámides como se llamó a la liquidación de activos de las familias y posterior captación ilegal de dinero mediante el pago de elevados intereses, que contó con la permisividad estatal y el abandono posterior a la crisis.

Cabe mencionar cómo, precisamente en esta zona, se ha creado también una infraestructura paralela por parte de actores armados ilegales, consistentes en pistas de aterrizaje, vías de penetración, puentes rústicos y puertos fluviales; para el negocio de cultivos ilícitos y las rentas controladas (madera, gasolina, contratación pública local, transporte de pasajeros, farmacias, juegos de apuestas).

En la zona de Nariño que va al Pacífico, en torno a la carretera Tumaco – Pasto se ha desarrollado la implantación de 35.000 de Palma aceitera, afectando los territorios colectivos de las comunidades negras. Las enfermedades acabaron con gran parte de este cultivo, pero el gobierno promueve su resiembra en vez de restituir la tierra a sus verdaderos dueños, las comunidades.

En conclusión, no se puede atribuir estrictamente lo que allí pasa a IIRSA, pero también es importante que se tenga en cuenta cómo en esta zona de Colombia ha coincidido los desplazamientos, violaciones de Derechos Humanos, masacres, intimidaciones, liquidación de los procesos organizativos con el desarrollo de las obras de infraestructura asociadas a IIRSA.  Existe un oportunismo de intereses económicos y de actores armados, que nada tienen que ver con los llamados de integración del continente y que al contrario, ven en ello una oportunidad para extender sus estrategias y vaciar el territorios de los recursos, una vez logren debilitar e incluso, sacar a las comunidades.

Las organizaciones colombianas que analizaron con mayor interés[iii], la IIRSA y especialmente los beneficios e impactos tanto positivos como negativos de la obra expresan, “en general los beneficios potenciales del corredor multimodal se contemplan desde una perspectiva económica, mientras que los impactos se relacionan más con las dimensiones social y ambiental.” Y en ese sentido identifican como impactos

A quien va a servir los proyectos de IIRSA en Colombia.

En Nariño y Putumayo las zonas donde empieza a “caminar” IIRSA, son actualmente la zona de Colombia con mayor intensidad en los desplazamientos, violaciones de Derechos Humanos, masacres, intimidaciones, liquidación de los procesos organizativos. Las obras de infraestructura asociadas a IIRSA pueden constituir un factor adicional del deterioro social, económico, político y ambiental.

El gobierno inicial, principal impulsor de esta iniciativa en Colombia, no se ha comprometido en desarrollar un ejercicio completo, concertado y respetuoso con las comunidades en donde mínimamente:

–                     Se analice como se transformará la vida cotidiana de las comunidades y de las poblaciones del área de los proyectos.

–                     Se tenga en cuenta la dimensión, duración, impacto y magnitud que tendrán los proyectos y los planes que se piensan implementar para evitar o disminuir los impactos negativos.

–                     ¿Realmente las comunidades quieren y están de acuerdo con este tipo de obras?

–                     Las vías, puertos, adecuaciones tienen sentido en las comunidades locales? ¿En que medida mejoran las condiciones de calidad de vida?

–                     Tendrán las comunidades las tierras que necesitan y les han sido aplazadas o bloqueadas en sus solicitudes o por el contrario, se disparará el aumento del precio de la tierra, el éxodo desde zonas rurales, la deforestación y escasez de agua?

–                     ¿Este corredor fomentará la expansión del cultivo de coca conectando sus áreas de producción con los centros de procesamiento?

–                     ¿Podrán las instituciones públicas ejercer su autoridad en las áreas hoy alejadas y no permitir que sea el narcotráfico quien ponga las condiciones?

La Integración Regional de Sur América, considera que la integración y la explotación económica justifican todos los proyectos que propone. La cercanía y unión entre los pueblos no constituye ninguna prioridad.

En ese sentido, los proyectos asociados a IIRSA en Colombia, particularmente en el Eje Amazónico, funcionan como corredores de extracción de recursos y producción de materias primas, lo que se expresa en:

  1. Incremento de las exploraciones mineras, de hidrocarburos, y de gas natural en el área de influencia del Corredor.
  2. Fuerte desarrollo de la prospección y exploración minera. La mayor cantidad de solicitudes de concesiones a la luz del Código de Minas (ley 685), se focalizan en la Amazonía colombiana.   Los metales básicos (cobre, plomo y zinc) tienen un depósito importante en Mocoa, por ejemplo.
  3. La industria del acero tiene también su potencial en la región.
  4. El campo de Orito (Putumayo) se viene explotando desde 1.963 y se calcula que posee una reserva de unos 240 millones de barriles de petróleo.
  5. Putumayo produce cerca de 13 millones de pies cúbicos de gas natural por día.
  6. Atractivo científico económico, hídrico y turístico de algunos ecosistemas estratégicos o parques naturales nacionales (sistemas de áreas protegidas) y corredores biológicos.
  7. Elevada producción de agua
  8. Explotación de la biodiversidad y biotecnología.
  9. Estímulos a la producción de agrocombustibles como la palma aceitera, en Tumaco.
  10. Especialización de la producción de materias primas para la exportación. El Putumayo ha tenido fiebres recurrentes de explotación de sus recursos: a las caucheras, les siguieron los extractores de la raicilla y de las pieles, posteriormente los madereros, luego los petroleros, luego vino la coca y la fiebre de los proyectos de erradicación. Ahora IIRSA inaugurará un nuevo ciclo de despojo.

Colombia tiene un reto en superar el considerable retraso en Infraestructura e IIRSA tiene una justificación asegurada en amplios sectores.    Este país, esquina del continente, por su compleja configuración geográfica tiene una deficiente conexión entre sí y con sus vecinos en términos de infraestructura. De hecho la separación de la cordillera de los Andes en tres sistemas montañosos aislados por profundos valles interandinos no permitió que el país se integraría sino muy tardíamente.  Las políticas públicas también orientaron a que mirara la economía el Atlántico (costa Este de los Estados Unidos y Europa) y también que se crearán marcadas diferencias económicas y culturales al interior del País.

Ahora, muchas cosas están en juego: Los valiosos ecosistemas de la Amazonía colombiana, que han sido de los menos vulnerados de toda la Amazonía, los recursos naturales, los esfuerzos fiscales de los colombianos y particularmente la vida y la integridad de las comunidades indígenas y afrodescendientes. No en vano la Corte Constitucional ordenó al Estado a atender con urgencia estas minorías y particularmente los pueblos indígenas en riesgo de desaparición.

 

Bibliografía

 

  1. La Planificación y el Desarrollo de la Infraestructura, la Iniciativa IIRSA y la Visión 2019. Departamento Nacional de Planeación. Presentación Asamblea BID. Medellín 2009.
  2. La integración física de Colombia con sus vecinos. La inserción de Colombia en el Sistema Internacional Cambiante. Grupo de Integración. Policy Paper 13. Foro Nacional Ambiental. 12 páginas.
  3. Carolina Salazar. BICECA Colombia. La IIRSA en el contexto minero energético colombiano. Bogotá. 23 pág.  2008.
  4. La carretera Pasto Mocoa. Eje Multimodal Amazonas de la IIRSA. Cartilla No 2. Semillas, ILSA, BICECA. Bogotá, 2008.
  5. Observatorio de Derechos Humanos del Putumayo. en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/diagnosticos/2008/putumayo.pdf

 


[i] Presentación de Planeación Nacional en la 50 Asamblea de la BID. Medellín, julio 2009.

[ii] Nariño se desangra. Revista Semana. Mayo de 2009

[iii] ILSA, Semillas, CENSAT, con el apoyo de BICECA () realizaron un ejercicio con los cabildos indígenas, organizaciones campesinas y consejos comunitarios de comunidades negras de la zona localizada entre Tumaco y Puerto Asís para realizar una aproximación a lo que significa IIRSA para las comunidades en los ecosistemas que afecta.

Fernando Castrillón es miembro del Colectivo de trabajo Jenzerá (Bogotá, Colombia)

colectivojenzera@yahoo.com

Enero 29, 2010
by jenzera
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El movimiento indígena y su relación con la política

Efraín Jaramillo Jaramillo

Colectivo de Trabajo Jenzera

Una rápida revisión de la problemática indígena en Colombia revela lo poco que ha mejorado la situación de estos pueblos en materia social y económica en los últimos años. Se puede decir que se ha estancado el proceso de desarrollo de las dos décadas anteriores al gobierno del presidente Uribe. Más aún, en algunas regiones ha empeorado la situación, debido al rigor de nuevos brotes de violencia, pero también por las lesivas políticas públicas y el reordenamiento económico, jurídico y político que se hace del país desde la presidencia de la república, para atraer capital externo al país.

A  pesar de masivas movilizaciones indígenas para buscar la atención del gobierno a sus problemas, este ha ignorado sus llamados. Los indígenas no tienen entonces motivos para estar conformes con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como tampoco lo tienen los pueblos afrocolombianos y campesinos. No obstante la desmovilización paramilitar y el retroceso de los grupos insurgentes, los avances de la Seguridad Democrática no han llegado a sus regiones. No se les ha devuelto los territorios usurpados, y repuntan con perversidad los asesinatos de indígenas y afrocolombianos en varias regiones, sobre todo en aquellas que son estratégicas para el desarrollo de proyectos agroindustriales, vinculados a la demanda de biocombustibles o a la producción de drogas ilícitas. Tampoco asoman en el Estado indicios de querer encontrar una solución a la problemática del agro colombiano, empezando por democratizar la propiedad rural para enmendar una de las infamias del país que ha bloqueado el desarrollo de su sociedad y su economía y aumentado la fogosidad del conflicto al mantener al margen de la tierra a cientos de miles de familias campesinas. Crece la oposición al gobierno y aumenta la inconformidad con el gobierno cada vez más autoritario del presidente Uribe. Peor todavía, con una menguante tasa de crecimiento de la economía, que además ha favorecido a pocos, sube el desempleo y crece la inequidad. Con el agravamiento del conflicto armado en algunas regiones indígenas y afrocolombianas, nace de nuevo la incertidumbre y se desarrolla en estos pueblos la percepción de que el país en que viven continúa siendo inviable para ellos.

No se divisa en el futuro cercano el tan anunciado y portentoso despegue de la economía y los avances de la costosa ‘Seguridad Democrática’ no han activado la ‘confianza inversionista’ para alentar la inversión productiva. Los beneficios de la inversión externa son engullidos por la incontenible y voraz corrupción (sobornos).

Ahora que se avecina la contienda electoral, son muchos los que esperamos que aflore un movimiento social popular que ponga una talanquera a estos desafueros del gobierno, iniciando por transformar la forma de hacer política y reforzando aquellas tendencias democratizadoras que quieren construir un país más incluyente en lo político, económico, social, étnico y cultural.

A los partidos políticos que se han distanciado del autoritarismo, clientelismo y buscan para el país una nueva institucionalidad donde quepamos todos y a cuya construcción seamos convocados todos y podamos participar todos en igualdad de condiciones, queremos plantearles unas ideas de la problemática del movimiento social, recogiendo algunas experiencias del movimiento indígena. Esto con el afán de contribuir a que pongan al día sus agendas ideológicas y políticas en materia de grupos étnico-territoriales, aquellos que tanto necesitan de sus territorios, de sus organizaciones y de un desarrollo autónomo para su sobrevivencia física y cultural. Para elaborar este texto nos hemos basado en algunas ideas formuladas en anteriores escritos.

*  *  *  *

A pesar del estancamiento que viven los grupos étnico-territoriales en materia social y económica y a pesar de la discriminación del estado, sí han ocurrido cambios que los favorecen y que no los comprendemos a cabalidad, o no entendemos totalmente sus alcances, por estar siempre en las barricadas o estar corriendo o escondiéndonos. Los que tenemos una biografía de izquierda y mantenemos la inveterada costumbre de trajinar con conceptos ortodoxos, cerrados, a veces petrificados, tendemos a buscar la naturaleza de los cambios sociales sólo en el campo de la economía (producción y distribución de bienes). Como en este campo no se han dado transformaciones, y menos rupturas, pensamos que todo permanece igual. Algunos profetas del desastre dicen que estamos más mal que antes y que vamos camino al despeñadero. Los ilusos pregonan con cualquier crisis de la economía, el colapso del sistema capitalista.

Pero las rupturas en la economía no se han dado y el derrumbe del sistema capitalista es más un asunto de fe. Ni el capitalismo está herido de muerte, ni va a dejar de funcionar por el hecho de que nos quejemos de su injusticia social. El supuesto colapso de este sistema por crisis internas, pertenece al  reino de los deseos, pues lo que estamos acostumbrados a ver es que la forma real de existencia de este sistema, particularmente en Latinoamérica, es la crisis. Galopa en la crisis, se alimenta de la crisis y hasta se fortalece con las crisis. Funciona a veces de forma apocalíptica pero funciona. Y seguramente seguirá funcionando y destruyendo economías, sistemas de vida y culturas a su alrededor sin mayor oposición, hasta tanto los sectores subalternos no construyan reales alternativas de poder, para recuperar una institucionalidad, vilipendiada por muchas décadas de corrupción, violencia y desgobierno.

Pese a eso, reiteramos, sí se han dado cambios. Sólo que estos no los vamos a encontrar en la base material de la sociedad, sino en el ámbito de la cultura, entendida aquí -en su acepción antropológica- como el conjunto de procesos simbólicos a través de los cuales se comprende, reproduce y transforma la estructura social. Incluye, por lo tanto, todos los procesos de producción de sentido y significación, y las formas que tiene un grupo humano de vivir, pensar y percibir su vida cotidiana.

 

Para el marxismo la estructura económica o base material de la sociedad, determina la estructura social y el desarrollo y cambio social. La cultura sería algo accidental, aleatorio, que no juega un papel dinámico y esencial en la reproducción social. Esta cambia, solo cuando cambia la estructura económica. Hoy día, sin embargo, varios hechos históricos recientes nos enseñan, que las personas, las comunidades y los pueblos, se movilizan no tanto por lo que es la realidad en sí, sino por la representación que tienen de ella. Y estas representaciones obedecen a modelos culturales y formas particulares de percibir los hechos y entornos sociales. Pero si la izquierda no ha descubierto el potencial movilizador de la cultura, la derecha sí ha vislumbrado la importancia de ella para los pueblos. El “Centro de Pensamiento Primero Colombia”, un Think Tank del uribismo, viene  sistemáticamente sumergiendo la mente de muchos colombianos en unas ideas doctrinarias para la ‘refundación de la Patria’. Hasta el punto que muchos se preguntan si los altos índices de favorabilidad que goza el presidente Uribe, no son el resultado de esa delirante idea introyectada en la mente de muchos colombianos sobre la inteligencia, valor y poder exagerados que se le atribuyen al presidente Uribe, dones característicos de una especie de padre que tanto había sido esperado para que derrotara a los malos hijos de la Patria. Una percepción y relación que tienen los colombianos con su presidente, que de forma lúcida fue denominada  “embrujo autoritario”.

 

La importancia de la identidad cultural para la movilización de sus pueblos, ya la habían comprendido desde hace siglos los pueblos indígenas, que no obstante ser los más excluidos, vienen construyendo también un discurso en base a las percepciones que tienen de lo que es, ante todo de lo que entienden que debería ser la política y la forma de ejercerla, para cambiar el sistema de dominación oligárquico que gobierna casi que ininterrumpidamente a Colombia desde la Conquista. Se trata de un discurso que cuestiona no solo la legitimidad de la oligarquía, el bipartidismo y el clientelismo, sino el autoritarismo de Estado que vivimos actualmente. Es también un discurso que perdió la confianza en los partidos de la izquierda tradicional, debido a su manifiesta falta de sentido para interpretar expresiones sociales modernas como la problemática étnica y la interculturalidad, para mencionar sólo aquellas a las cuales nos referimos en este texto.

 

Algo importante en este discurso es que considera al Estado como un espacio de construcción institucional. Una construcción a la cual todos estamos convocados, pues de nuestra participación depende también que todos nos veamos comprendidos en ese Estado y aceptemos ser representados por él. Busca entonces construir un Estado representativo, donde tengan expresión pública todas las formas de organización social existentes[1].

 

Este enfoque constructivista no levanta un muro infranqueable entre Estado y Sociedad, pues dependiendo del tipo de Estado que construyamos va a depender la sociedad que tendremos en el futuro. Y afirma también que para construir ese Estado y propiciar el cambio social, necesitamos unas reglas de juego que sean respetadas por todos. Este discurso se aleja por lo tanto de aquella visión que le asigna a un solo discurso el papel de ser el único dueño y señor de las ideas esenciales de un proyecto revolucionario, discurso al cual se deben subordinar las ideas del resto de sujetos del movimiento popular. Por supuesto que se opone también a toda suerte de dogmatismos, vanguardismos, sectarismos, fundamentalismos, sean estos armados o desarmados. Sobre esto volveremos más adelante.

 

Consecuentemente con esta visión plantea la necesidad de que el movimiento social se apersone de los aspectos políticos de sus reivindicaciones para evitar su estrangulamiento y distorsión por parte de programas globalizantes, repetitivos y uniformes. De aquí se deriva su exigencia de dejar libre espacio a la diversidad de planteamientos de los sujetos sociales, asunto aún más importante, tratándose de sociedades multiculturales como las nuestras. La nueva institucionalidad que propone, debe tener muchos rostros, parecerse a nosotros y por lo tanto, tener como fundamento la diversidad cultural.

 

A modo de síntesis de esta primera parte, consideramos que aunque no se han producido rupturas en el sistema social, sí presentimos -nos lo dice el corazón- que se están dando cambios en la esfera de la cultura que auguran nuevas épocas. Y es que los períodos históricos se identifican no sólo por cambios económicos o transformaciones de las relaciones sociales. Se caracterizan fundamentalmente por rupturas en las percepciones colectivas. Si en los discursos de la derecha o de la izquierda no encontramos referencias a la cultura como elemento constitutivo de la reproducción social, se debe a que persiste en estas doctrinas una idea de lo cultural subordinado a lo económico y a lo político. Durante el desarrollo del socialismo real en Europa oriental, la cultura fue colonizada por la política, convirtiéndola en un adorno, mientras que en el mundo capitalista la cultura fue colonizada por la economía, transformándola en una mercancía. Es por eso que afirmamos que este discurso que se está construyendo apunta también a descolonizar la cultura y a reorganizar  la sociedad y el Estado a partir del reconocimiento de la pluriculturalidad de la Nación, mostrando la urgencia de abordar la interculturalidad en la construcción de una nueva institucionalidad, democrática e incluyente en lo político, económico, social y cultural.

 

*  *  *  *

El desconocimiento de la cultura por doctrinas autoritarias y/o fundamentalistas, lleva a intransigencias e intolerancias ideológicas que no sólo han obstaculizado los acercamientos entre  pueblos, sino que han estancado las ideas y exacerbado las diferencias culturales que han llevado no pocas veces a Progroms de grupos étnicos. Condujo en los países del ‘real’ socialismo al surgimiento de nuevos nacionalismos que vienen despedazando Estados, en un proceso, en ocasiones sangriento, que aún no termina. En otros países que viven bajo la égida capitalista, el desconocimiento de identidades culturales ha conllevado también a que irrumpan movimientos contestatarios que enarbolan sus rasgos culturales con fundamentalismo. Los casos más conocidos son varios países pertenecientes al Islam. Pero también podemos apreciarlo en algunos movimientos indígenas contestatarios de América. Y es que el fundamentalismo es un producto del desconocimiento de algo (una doctrina, un pensamiento, un movimiento) o de alguien (un grupo humano), pero también es un camino que a menudo se adopta para defenderse de algo o de alguien. Por lo regular, cuando un discurso, ya sea cultural o religioso, ecologista, feminista, capitalista, clasista, antiimperialista, guerrerista, o aún pacifista, busca con intransigencia y métodos coercitivos (materiales o espirituales) subordinar la totalidad de la realidad social a su punto de vista, corre el riesgo de engendrar mentes fundamentalistas en sus adeptos. Las respuestas que generan en sus antagonistas suelen ser del mismo tenor fundamentalista.

 

*  *  *  *

Tanto indígenas como negros, en los momentos fundacionales de sus movimientos, se hicieron la pregunta acerca de las identidades culturales de sus pueblos, hurgaron en su historia en búsqueda de aquellos rasgos culturales que les daban identidad como pueblos,  pues intuían que allí se encontraba la potencia para juntarse, crecer y lanzarse a cambiar el mundo adverso que les habían impuesto. Estaban en lo cierto, pues la cultura es también una visión del mundo, una forma de expresar y definir lo que los pueblos sienten, desean y aspiran ser, que son los motivos que los movilizan.

 

*  *  *  *

El hecho de que estemos viviendo el surgimiento de un discurso alternativo, no significa que haya total claridad sobre él y menos, que todo lo nuevo que haya en él, signifique, en sí, un avance. Más aún, es difícil hablar de un solo discurso. Sólo con cierto grado de abstracción, podemos agrupar todos los discursos bajo el término de alternativo, por cuanto responden a la búsqueda de alternativas para protestar, ya sea por la desatención del Estado, ya sea por los atropellos de políticas públicas que atentan contra los derechos de las comunidades, contra la violación a los derechos humanos o contra el recorte de libertades individuales, etc. Pero también hay discursos que, además de reclamar derechos propios en materia de reivindicaciones territoriales, de salud y educación, buscan también una defensa o un reconocimiento de derechos culturales. Este es el caso de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Para el caso de los pueblos afrocolombianos, sus discursos buscaban fortalecer sus identidades culturales para darle fundamento a una lucha contra la discriminación racial. Hoy, el movimiento social de estos pueblos, por lo menos sus organizaciones más avanzadas, buscan además organizar las comunidades para defender sus territorios y preparar la resistencia para no ser desarraigados. Los indígenas iniciaron sus luchas por recuperar la tierra y es al fragor de esta lucha que surge el movimiento indígena. En los albores de estas luchas, tanto el movimiento indígena como el afrocolombiano no plantearon una ruptura con el Estado y menos concebir cambiar el orden social existente. Buscaban más un reconocimiento de sus derechos, que les permitiera seguir creciendo y consolidando sus movimientos. Lo que no sucedió con el movimiento campesino, cuya dirección política buscó convertir al movimiento en una organización revolucionaria, liquidando no sólo al movimiento, sino también a las luchas más importantes que se han dado por la tierra en Colombia.

 

De otro lado observamos también, como algunos intelectuales, académicos, profesionales de la política y dirigentes de movimientos sociales que han desertado de ideologías totalitarias, han concentrado sus arrestos en elaborar nuevos discursos políticos e ideológicos, buscando con ello contrarrestar las ‘camisas de fuerza’ de estas ideologías. Es un paso adelante para salir del oscurantismo. Estos amigos, así liberados de amarras sectarias, comienzan a descubrir también la importancia de los nuevos movimientos sociales, desatendidos e ignorados por los partidos de izquierda.  Pero se van al otro extremo y descubren  en cualquier fenómeno social, en cualquier levantamiento o motín, en cualquier asonada, los gérmenes de un movimiento social. En una serie de casos se trata de abusos teóricos y hasta inmorales, pues no sólo asignan a algunos sujetos sociales roles políticos, que nunca se han planteado, sino que pasan por alto sus reales necesidades.  Así, por ejemplo, los llamados “informales” son transformados en la quinta columna de la lucha contra la burocracia estatal y las iniciativas cívicas espontaneas, que llevan a un paro para reivindicar mejores servicios públicos, son convertidos en “movimientos cívicos” que luchan contra el despotismo estatal. Paros cívicos en varios municipios de una región son las manifestaciones de una “insurgencia de las provincias”. No quiero seguir con ejemplos para no entrar en broncas con los que trabajan en los campos de la paz o de los derechos humanos, movimientos y redes que bullen por esta época aciaga por la que atravesamos.

 

*  *  *  *

De otra parte algunos de estos ‘nuevos’ discursos logran con relativo éxito imbricarse en movimientos sociales de génesis cultural, étnica o agraria. Con alto grado de generalización, podemos identificar dos tendencias. Una que parte de un reconocimiento de la importancia de los movimientos sociales en las luchas populares actuales, aunque ponen mucho énfasis en una de sus características, la de ser pasajeros, transitorios, con dificultades de transformarse en sujetos sociales. Y ya que la única forma de existencia de sujetos sociales es la política, hay que introducir desde afuera la ideología para encauzarlo por el “camino correcto” y conjurar un extravío o evitar su cooptación por la derecha. De allí que haya que preservar a toda costa la organización política, aun en desmedro del movimiento social. Semejante a la respuesta que dio un pensador a la crítica de que sus teorías eran contrarias a los hechos: “tanto peor para los hechos”, respondió.

 

La otra tendencia es aquella que cansada de los abusos ideológicos y las manipulaciones de las organizaciones de izquierda, afirma que el movimiento social lo es todo y que la política distorsiona el accionar propio del movimiento. Esta tendencia (acusada por la anterior de anarquista) opta por separar al movimiento de las organizaciones de izquierda, debido a la incapacidad de estas para entender fenómenos de movilización tan especiales como los étnicos. Una incapacidad que se revela en la instrumentalización que hacen de estos movimientos. Distanciarse de la acción política de las organizaciones de izquierda se consideró necesario para que el movimiento pudiera ‘madurar’ y desarrollarse con cierto margen de autonomía.

 

Esta tendencia había cobrado fuerza dentro de algunos movimientos sociales, especialmente el indígena, en la década del 80 del siglo pasado, aportando un ‘estilo de trabajo’ que contribuyó al desarrollo y a la consolidación de las más importantes organizaciones indígenas. No obstante, esta tendencia ‘autonomista’ llevada al extremo por algunas organizaciones indígenas, es para los pueblos indígenas tanto o más peligrosa que la primera, porque asume una posición neutra ante el Estado y, como ya nos lo ha mostrado la experiencia, termina de la mano de los partidos tradicionales o en la cama con el gobierno, pues han renunciado al derecho a hacer política y a ser gobierno en sus territorios.

 

El movimiento campesino de los años setenta, uno de los más importantes y significativos del siglo pasado ofrece buenos ejemplos de estas dos tendencias que aquí solo enunciamos sin profundizar en ellas.

 

Como conclusión podríamos decir, que no podemos culpar al marxismo por las consecuencias que originan las prácticas glotonas de organizaciones de izquierda. Sería semejante a “culpar a la termodinámica de que estalle la caldera de un tren a vapor y mate a los pasajeros”[2]. A nuestro parecer, de lo que se trata es de continuar en la contienda, abierto a nuevos caminos e ideas, sin acoger recetas a diestra y siniestra y rechazando presiones e imposiciones, pero sin renunciar a hacer política, pues no se puede arrojar al niño con el agua sucia de la bañera.

 

Un buen ejemplo de un movimiento social exitoso que no se dejó quebrar el espinazo por el establecimiento, ni pudo ser cooptado o desviado, fue el que se inició con las huelgas obreras en los astilleros de Danzig, que condujo a la formación del movimiento “Solidaridad”, un movimiento que desafiando el totalitarismo del partido comunista, inició el proceso de democratización que terminó con el dominio soviético sobre Polonia.

 

Otro ejemplo es el de1 movimiento indígena actual, que surge en el Cauca ‘al calor de las luchas’ campesinas por la tierra. Este movimiento abolió el terraje y recuperó todas las tierras de los resguardos, se amplió a otras zonas del país y terminó siendo uno de los movimientos sociales más exitosos de Colombia y quizás de América.

 

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Lo que hemos querido indicar en los párrafos anteriores es que si bien es cierto, que para el surgimiento de un movimiento social, se requiere previamente de la movilización de la gente en procura de conquistas sociales y económicas, no toda manifestación o movilización social conduce a la formación de un movimiento social. Pero tampoco es suficiente un discurso, por muy coherente que sea, para generar un movimiento social. Un ejemplo de ello lo tenemos en los bien elaborados discursos de los numerosos intelectuales que ha tenido el pueblo afrocolombiano. Recién ahora como producto de sus luchas por la defensa de sus territorios, se está constituyendo un movimiento afrocolombiano.

 

Parece, pues, que lo que entendemos por movimiento social es un espacio organizativo intermedio entre la sociedad que se moviliza y el Estado. Y esa movilización en la búsqueda de conquistas sociales se transforma en movimiento, en la medida en que asegura una estructura organizativa que le garantice cohesión y posibilite que su gestión tenga repercusión en la esfera de la política. Pues si no tiene repercusión en la política y obliga al Estado a acceder a sus demandas, puede moverse en la sociedad todo lo que se quiera, sin fortuna de que se convierta en movimiento social y menos de que perdure.

 

Pero aun así, el movimiento social es muy frágil y puede ser cooptado por el Estado o ser desvertebrado. Miremos dos ejemplos del movimiento ecologista. En Alemania, este movimiento logró nuclear varias iniciativas, entre ellas a grupos alternativos, pacifistas, feministas, de izquierda, etc. Igualmente desarrolló unas formas propias de organización del trabajo que hacían las veces de estructura interna, a la vez que impedían que fuera absorbido por el Estado. Esa trayectoria del movimiento ecologista alemán termino siendo un sólido partido, el “partido verde”, con gran influencia en la política de este país. En Japón, por el contrario, donde el discurso ecologista impregnado de panteísmo fue muy fuerte,  se esperaba que iba a surgir el movimiento ecologista por excelencia. Allí, sin embargo, el capitalismo japonés recogió el trabajo de los grupos ecologistas y lo integró en su proyecto industrialista. Así, el factor ecológico se convirtió en un factor más del desarrollo del capitalismo japonés y no en un factor de su negación. Es oportuno mencionar, sin querer hacer una apología del capitalismo japonés, el éxito de esta cooptación, pues en este país se consume por habitante menos energía que la que consume un inglés, teniendo el japonés un nivel de vida más alto. Y la ciudad de Tokyo es una de las urbes más limpias del planeta.

 

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Para que las movilizaciones indígenas por la tierra condujeran a la formación de un movimiento indígena, fue decisiva la existencia de los cabildos, los cuales le dieron esa mínima estructura que le permitió mantenerse en el tiempo sin ser destruido a pesar de la fuerte represión que recibió. Para que su práctica y su gestión hubieran sido exitosas, evitando la cooptación por parte del Estado, fue importante la forma en que el movimiento indígena se apropió de ‘nuevos estilos de trabajo’ en el manejo de sus luchas y reivindicaciones. Se trataba de luchas de bajo perfil para no ‘cazar peleas’ improductivas, o afiliarse a contiendas que no eran las suyas, o de las que no pudieran salir airosos, de acuerdo con la correlación de fuerzas del momento. Se trataba de un estilo de trabajo y principios organizativos que buscaban, a partir de una creciente participación y capacitación de sus bases y mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades, ir ampliando su capacidad de lucha. Algo también importante para el movimiento indígena, que fortaleció sus luchas en un comienzo, fue el reencuentro con experiencias y tradiciones de luchas pasadas. Para los indígenas en el Cauca y el Tolima, esta última etapa de movilización se nutrió de la recuperación simbólica de las luchas de Manuel Quintín Lame, luchas, que aunque habían sido liquidadas físicamente, habían permanecido en la tradición, en la memoria colectiva de las comunidades.

En esto se diferencia el movimiento indígena del Cauca de otros movimientos sociales en Colombia. Desde un comienzo los indígenas optaron por movilizarse no tanto en contra del Estado, como lo exigía la dirigencia política del movimiento campesino (ANUC), para la cual el Estado era el demonio y origen de todos los males. La dirigencia del movimiento indígena optó por separarse del movimiento campesino y movilizarse no tanto en contra de algo sino a favor de algo, a favor de sus reivindicaciones, fundamentalmente las que tenían que ver con la tierra, la base fundamental de su existencia. Los indígenas con gran pragmatismo intuían, que recuperar las tierras de los resguardos les abría el camino para escapar a la oprobiosa situación social que vivían sus comunidades. Y en realidad de verdad, hoy casi cuatro décadas después de que un puñado de terrajeros empobrecidos iniciara la lucha por apropiarse de sus tierras, vemos que estas comunidades no sólo mejoraron sus condiciones económicas, sino que con ello potenciaron su capacidad de lucha, lo que se evidencia en sus marchas.

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En esta parte queremos ahondar más en el movimiento social y su vinculación con la política, que es el tema central de este texto.

Colombia ha vivido en su historia reciente una serie de conflictos sociales que han estallado en movilizaciones, protestas y paros cívicos. La mayoría se han disuelto en cuestión de días o semanas. La interpretación que estos fenómenos han merecido, como lo mencionamos antes, es que la movilización requiere de un discurso organizativo que le asegure permanencia en el tiempo y llegue a incidir en la política si aspira a convertirse en movimiento social. Una evaluación crítica de los movimientos sociales que han logrado cierta estabilidad y permanencia en el tiempo nos permite detectar que así como han tenido avances, también han tenido retrocesos. Y esto ha tenido que ver no solo con las formas en que el Estado los ha tratado (conciliación o represión). También ha tenido que ver con la construcción misma del discurso. Y en esto, como también lo enunciamos antes, se han cometido abusos. Y esto es a nuestro juicio una de las razones que explican porque cada vez se presentan menos paros cívicos, que es la forma usual como los sectores populares manifiestan su descontento.

 

En los paros cívicos se trata de diferentes sectores sociales e iniciativas, que en un momento determinado confluyen para demandar al Estado la solución de algunos de sus problemas. Se trata por lo regular de una especie de “unidad confederativa” de diferentes sectores que convergen en determinadas reivindicaciones y aspiraciones sociales. Estos paros no obedecen a determinadas líneas políticas, aunque allí confluyan organizaciones políticas, ni son paros sindicales, aunque participen obreros. Tampoco son paros agrarios, aunque participan campesinos, ni son indígenas, ecológicos, feministas, religiosos o informales, aunque allí estén presentes cristianos de base, indígenas, mujeres, ambientalistas, desempleados, etc.

 

A primera vista estos paros no tienen un orden. Pareciera más una especie de rebeldía caótica de los sectores populares, demandando determinados bienes o servicios del Estado. Es por eso que surgen propuestas de todos los rincones y esquinas para ordenar el supuesto caos o anarquía. El discurso con más experiencia en este tipo de fenómenos de rebeldía social es el de izquierda. Ella es la que busca sofocar la anarquía, ordenar el caos y encauzar por buena senda (camino correcto) al paro. Lo usual es que le dé prioridad a una de las partes (la más avanzada) para que ordene (jalone) el proceso, lo que conduce al retiro de otros sectores. Este ha sido el camino más expedito para agotar las posibilidades de conformación de un movimiento. En algunos casos el Estado no ha tenido necesidad de intervenir, aunque no le hayan faltado ganas de liquidarlo, por aquello que a la “culebra hay que matarla chiquita”.

 

Lo que buscamos ahora en Colombia, es primero que todo, aprender de los errores del pasado y segundo poder encontrar un  equilibrio entre las partes que conforman el movimiento social, dándole a cada cual su justo valor y reconocimiento de sus fortalezas y aportes. Pues sólo por esa vía podemos reactivar las experiencias, tradiciones y luchas concretas de múltiples sujetos sociales, para ponerlas al servicio de un movimiento social pluricultural que recupere el Estado para la mayoría de los colombianos. Estos no son sólo postulados políticos, sino también éticos. El educador Moacir Gadotti, miembro del P.T. del Brasil, resumía este razonamiento, partiendo de una frase de Nietzsche de que“La democracia era un asunto de los débiles”, idea que había recogido el Nacional Socialismo para apuntalar su proyecto de dominación. “Empero Nietzsche tenía razón, nos dice Gadotti, pues los débiles necesitan practicar la democracia si algún día quieren ser fuertes”.

 

Lo que hemos querido significar con estos párrafos, reiteramos,  es que en la constitución de cualquier movimiento social, y más tratándose de movimientos alternativos, debemos honrar como si fueran nuestras, las reivindicaciones de todas las partes, y admitir que todos tenemos algo que decir y que aportar en su desarrollo y construcción.  Esto no quiere decir, que en determinado momento alguna o varias partes, no puedan desarrollar la capacidad de interpretar situaciones y coyunturas y por lo tanto aglutinar a todas las demás y orientarlas, pues esto también hace parte de las reglas de juego de la democracia. Pero de lo que estamos seguros es que no existen leyes históricas, que determinen cual es esa de las partes que debe orientar al movimiento social, como ha sido la clase obrera en la teoría marxista, o el imanato en el Islam chiíta.

 

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Para el movimiento indígena, como para cualquier otro movimiento social, asumir sus reivindicaciones, significa principalmente, poder trasladar todo lo que se manifiesta en el ámbito socio-económico a espacios de la decisión política. Y esto no implica ni que desaparezca el movimiento indígena, ni que en todo momento y lugar lo socio-económico sólo pueda ser trasladado a la esfera de la decisión política por los indígenas. Esto lo podemos ilustrar a la luz de lo que se presento durante el proceso constituyente de 1991 con dos grupos étnicos, el indígena y el afrocolombiano. Se sabe que el movimiento indígena jugó un papel muy importante como organización social. Fue también el único movimiento social representado en la Constituyente. Y un movimiento, que a pesar de tener tres representantes de vertientes diferentes, convergieron en lo que respecta a las reivindicaciones indígenas, salvo unas pocas, que provenían de la esfera ideológica (por ejemplo la forma de organizar los territorios indígenas y de relacionarse con el Estado). Lo mismo no podemos decirlo de los representantes sindicales, primero porque llegaron por medio de listas políticas, y segundo, porque lo ideológico impidió el acercamiento y concertación de sus propuestas. El caso de los afrocolombianos, con una población 10 veces mayor que la indígena, fue también distinto, pues no tuvieron voz como movimiento afrocolombiano, por similares razones. Francisco Maturana (el técnico de la selección Colombia) que llegó por la lista del desmovilizado grupo guerrillero M-19, no representaba lo afrocolombiano. Afortunadamente renunció. Si las propuestas étnicas de los afrocolombianos no hubieran sido apoyadas por la representación indígena, lo negro hubiera quizás quedado en la invisibilidad, cerrando así el espacio para que las comunidades negras fueran reconocidas como sujetos políticos.

 

En los movimientos sociales se reconoce, entonces, un momento de madurez que le da carta de ciudadanía para su entrada a la esfera de la política. Pero aun, teniendo esta madurez, consideramos que hay más requisitos, y uno de los más importantes es la voluntad y decisión del movimiento de dar este paso. Si no hay decisión, por más que se diga que hay madurez, el movimiento social no se va a transformar en movimiento político. Pero también, sin madurez, todo intento de trasladar las reivindicaciones socio-económicas y culturales a la esfera de la decisión política, termina siendo una farsa, susceptible de manipulación. Pero hay otro requisito igualmente importante para que el movimiento social llegue al espacio de la política.

 

Para la entrada del movimiento social a la esfera política se requiere, además de la madurez y de la decisión política, de la existencia, como hemos dicho a lo largo de este escrito, de un discurso. Muchos han argumentado que este discurso debe ser traído desde afuera al movimiento. Es el caso de los partidos de corte leninista que plantean que la conciencia revolucionaria debe ser llevada desde afuera a la clase, pues ésta conciencia solo puede ser desarrollada por personas muy especializadas que tienen la capacidad, por medio del conocimiento, de apropiarse de las herramientas teóricas y conceptuales para entender una cosa tan compleja como el marxismo.

 

El movimiento social tiene un discurso primario que remite a sus reivindicaciones sociales y económicas. La experiencia que hemos vivido con la ANUC y otros movimientos sociales, antes y ahora, es que los intentos por insertar el discurso político desde afuera, ha conducido a la antropofagia política, a la desmembración, y por último a la desaparición del movimiento como tal.

 

Pero sin discurso político, también sabemos que los movimientos sociales, ante todo aquellos que tienen la madurez para su entrada a la política, encuentran límites.

 

Como lo dijimos también al comienzo, en Colombia hay la tendencia a construir discursos políticos sobre imaginarios sujetos sociales. Y realmente, para no ser idealistas, solo es el sujeto social constituido el que genera el discurso político y no a la inversa, pues cuando un sujeto social no logra constituirse como tal, todo discurso termina siendo música celestial, una abstracción sobre una supuesta realidad. Pero también existen los casos en que se conforman sujetos sociales, sin asegurar del todo la constitución de discursos políticos. Estos son los movimientos que se crean a partir de proyectos de desarrollo alternativo, que buscan urgentes cambios económicos que necesitan las comunidades. Estos loables movimientos, al no desarrollar un discurso político que los oriente, ante todo que los blinde, son presa fácil del clientelismo, oportunismo y canibalismo de algunas organizaciones políticas de izquierda, armadas o desarmadas. Este es el alto costo que pagan aquellos proyectos que son renuentes a desarrollar un discurso político, ante todo a generar  propuestas de desarrollo político y social, a partir de las condiciones de producción y reproducción de las comunidades, teniendo en cuenta que estas condiciones son parte constitutiva de la reproducción del agro en su totalidad.

 

Para nuestro caso colombiano, aspiramos a que podamos constituir –una vez más- un movimiento social, multipartidista y pluricultural, en el cual confluyan diferentes sectores y expresiones partidistas. Un movimiento que ayude a superar la desconfianza y la apatía por la política que ha generado el autoritarismo del gobierno del presidente Uribe. Un movimiento que rescate la voz  de las comunidades. Un espacio organizativo que les dé seguridad y fortaleza para quitarse las imposiciones y recuperar las iniciativas. En fin, un movimiento social que valore el esfuerzo propio y la solidaridad, como caminos para sacudirse la resignación, parsimonia, desazón y desconfianza en sí mismos, estados anímicos estos que han disminuido y paralizado a muchos pueblos.

 

Un obstáculo para que se constituya semejante movimiento social ideal es el temor que tienen los sujetos políticos constituidos a perder la identidad y el determinismo de lo propio y singular de su historia, un temor que obnubila la conciencia e impide entender la condición de existencia de otros sujetos políticos, entendimiento sin el cual es ilusorio poder unirse para compartir proyectos comunes.  Un amigo muy preocupado por la organización de los débiles, lo expresaba así:

Se debe “perder el miedo a enfrentar la tarea de construir una estabilidad en la inestabilidad, que implica el ejercicio mimético de los seres humanos de “danzar entre la similitud y la diferencia” (Michael Taussig).

Preocupación que también tenían los zapatistas, cuando en la sexta declaración de la selva  lacandona manifestaban que:

“…es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso pero vale la pena. Porque tal vez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos”

 

 

Bogotá, enero 29 de 2010

 


[1] Según Touraine el estado de democracia en una sociedad se puede evaluar “por la amplitud de alternativas que ella organiza… (y) por la diversidad de soluciones que propone”.

 

[2] Cita libre de una alocución atribuida a Marx.