Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Bogotá, Colombia

May 20, 2010

Apreciado señor Presidente,

En nombre de las comunidades Afrocolombianas del Consejo Comunitario de La Toma, Municipio de Suarez, región del Norte del Cauca y en el nuestro propio, pedimos su intervención inmediata para impedir que las familias pertenecientes a este Consejo Comunitario, mineras de tradición, sean desalojadas de sus territorios ancestrales y privadas de sus derechos económicos y territoriales, el día 21 de Mayo, cuando Colombia debería estar celebrando el “Día de la Afrocolombianidad”.

Las familias de La Toma, habitantes de este territorio desde 1636 y herederos de la cultura minera desde entonces, han sido señalados como “poseedores de mala fe”  y “perturbantes”, por encontrase minando en un área dada en concesión, de manera arbitraria, al señor Héctor Sarria, persona ajena a la comunidad.

El desalojo de las familias de La Toma es un acto de violación a sus derechos consagrados en la Constitución, la Ley 70 de 1993, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los derechos sociales, económicos y culturales y el Pacto sobre derechos civiles y políticos, frente a los cuales el gobierno Colombiano, bajo su mandato, tiene la responsabilidad de cumplir. Las concesiones de explotación minera dadas a foráneos en este territorio se han hecho violando el derecho a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado (OIT 169, Arts. 6-7), la Ley 70/93 y el Auto 005 del 2009. Dichas concesiones privan a los nativos de explotar el mineral que por siglos fue su medio de subsistencia, aumentando los factores que afectan la seguridad alimentaria en la región, una violación a su derecho económico. El desalojo genera posibilidades de desplazamiento interno, un fenómeno que el usted señor Presidente busca evitar y controlar; provoca desarraigo y condena una práctica que hace parte de la identidad y cultura de la región. En consecuencia, es una violación al derecho territorial y vulnera el desarrollo cultural de las comunidades Afrodescendientes.

La acción de desalojo es además una afrenta a la población Afrodescendiente. Las comunidades mineras de Suarez representan un bastión de la Diáspora Afrodescendiente, que con tu tesón, sentido de dignidad y pertenencia cultural han protegido por siglos no solo la cultura sino también el medio ambiente, los recursos naturales, el territorio ancestral y la dignidad que en el Dia de la Afrocolombianidad, se pretenden reconocer.

Es importante resaltar señor Presidente, que estas comunidades y sus líderes han sido declarados “objetivo militar” por la estructura paramilitar denominada “Las Águilas Negras”. Las comunidades y líderes han sido amenazados por “ir en contra del gobierno y sus políticas” y no permitir que “entre el desarrollo a la región”. A nuestro modo de ver, las Águilas Negras están amenazando a las comunidades en nombre del gobierno Colombiano, sin que éste se manifieste explícitamente condenando tales acciones.

Con estas consideraciones y al amparo de los derechos constitucionales y legales que asisten  a las comunidades de La Toma, comedidamente demandamos señor Presidente:

–   Detener la orden de desalojo en La Toma e iniciar un proceso de negociación con su Consejo Comunitario, que supere los factores que vulneran sus derechos.

–   Revocar las 35 licencias mineras que se han dado en violación de los derechos de las comunidades y en particular la concesión BFC 021 dada a Héctor  Jesús Sarria, causante de la orden de desalojo en cuestión.

–   Respetar las disposiciones de la Convención 169 de la OIT, la Ley 70 de 1993, el Auto 005 de 2009, la Constitución Nacional y los diferentes recursos legales internacionales, en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos de concesión de explotación minera en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma y en general en cualquier territorios de comunidades Afrodescendientes.

–   Ordenar al Ministerio del Interior y Justicia, la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección para Asuntos de Comunidades Afrocolombianas, Palenquera y Raizal que actúen de inmediato para garantizar la seguridad física e integridad de los lideres y liderezas de la zona.

–   Condenar de manera pública y contundente a la estructura paramilitar que amenaza la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Afrodescendientes en diferentes partes del país y determinar las  acciones concretas que garanticen su desmantelamiento.

En espera de su atención inmediata a esta situación.

Respetuosamente,

Proceso de Comunidades Negras, PCN