Septiembre 27, 2010
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Septiembre 10, 2010
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Carta de Luis Sepúlveda sobre la huelga mapuche
Carta de Luis Sepúlveda[1] sobre la huelga mapuche
Gijón, España
3/9/2010
Los méritos literarios de Isabel Allende están fuera de cualquier discusión, pero es necesario hacer algunas consideraciones respecto del premio nacional de literatura. En todos los países en los que se da este tipo de premios se supone que se trata de un reconocimiento a toda una vida dedicada a la escritura, en ningún caso se asimila el posible éxito de ventas de una escritora o escritor al potencial general de las exportaciones, sean estas de cobre o de papas fritas, porque esto es confundir el culo con las témporas. Tampoco se suele hacer del premio la polémica del año, pero en Chile, como el presente es -terremoto incluido- bastante sucio, se remplaza entonces con la actualidad burda y banal que llena las televisiones y casi todos los espacios permitidos.
De cara al mundo hay que tapar un hecho, ocultarlo, negar su existencia, porque los 32 mapuche que sostienen una prolongada huelga de hambre, con más que evidente peligro de sus vidas, es algo que ensucia la actualidad protagonizada por una especie de debate intelectual burdo y banal. Para la mayoría de los chilenos, sean estos escritores, escritoras, o gente dedicada al deporte de la chilenidad, los mapuche no existen, y si por casualidad se acepta que están ahí desde antes de la llegada de los europeos, es para considerarlos, o bien molestos en tanto no asumen su rol de decoración “étnica”, o gente del campo cuyo único futuro es proporcionar mano de obra barata. Mapuchitas para el servicio doméstico, aunque las peruanas son más baratas, o mapuchitos para servir de “hombrecitos” que saben de jardinería, gasfitería, capan gatos y entienden de yerbas silvestres.
Durante doscientos años se ha ocultado, ignorado, negado, un hecho que forma parte de nuestra historia más sucia, y ese hecho es el expolio, el robo, la usurpación de las tierras pertenecientes a ese gran conglomerado humano llamado pueblo mapuche.
De cara al mundo hay que tapar un hecho, ocultarlo, negar su existencia, porque los 32 mapuche que sostienen una prolongada huelga de hambre, con más que evidente peligro de sus vidas, es algo que ensucia la actualidad protagonizada por una especie de debate intelectual burdo y banal. Para la mayoría de los chilenos, sean estos escritores, escritoras, o gente dedicada al deporte de la chilenidad, los mapuche no existen, y si por casualidad se acepta que están ahí desde antes de la llegada de los europeos, es para considerarlos, o bien molestos en tanto no asumen su rol de decoración “étnica”, o gente del campo cuyo único futuro es proporcionar mano de obra barata. Mapuchitas para el servicio doméstico, aunque las peruanas son más baratas, o mapuchitos para servir de “hombrecitos” que saben de jardinería, gasfitería, capan gatos y entienden de yerbas silvestres.
Durante doscientos años se ha ocultado, ignorado, negado, un hecho que forma parte de nuestra historia más sucia, y ese hecho es el expolio, el robo, la usurpación de las tierras pertenecientes a ese gran conglomerado humano llamado pueblo mapuche.
Desde la declaración de una independencia dudosa y amañada por los primeros hijos y nietos de encomenderos -¿se puede celebrar esto?- hasta la recuperación de una democracia diseñada por el corset de la dictadura de Pinochet, los reclamos a toda luz justos de los mapuche han sido ignorados o relegados al carpetón de los problemas que se solucionan con el tiempo, es decir hasta cuando desaparezcan como pueblo, como nación, como etnia, como parte del todo cultural americano.
Incluso durante los mil días del gobierno de Allende apenas se rasguñó el problema aplicando los beneficios de una reforma agraria que ignoró el sentir cultural de los mapuche, que omitió su especial relación con la tierra, con el hábitat imprescindible para la Gente de la Tierra.
A veces siento asco cuando, luego de unas rondas de pisco sour, rubiecitas y rubiecitos de todas las edades y pelajes sociales, manifiestan su orgullo de llevar algunas gotas de sangre mapuche en las venas. Entonces, “hay que llevar a este escritor, oye”, me invitan a su parcela o fundo en la región de la Araucanía, para que vea a los mapuche y esas cosas tan lindas que hacen en los telares. Si hay suerte -agregan- es posible que haya alguno tocando la trutruca.
Una huelga de hambre sostenida por más de una semana ocasiona alteraciones peligrosas en el organismo. Resulta evidente que una huelga de hambre mantenida por más de un mes lesiona de manera irrecuperable. Las alteraciones de ritmo cardíaco, de presión, aceleran la cercanía de la muerte, pero de la muerte de unos mapuche, de unos hombres y mujeres sobrevivientes de la Pacificación de la Araucanía –son muy porfiados estos mapuche -agregan- que se niegan a aceptar pasivos el final de su vida como pueblo despojado de una tierra sin la cual no saben, no pueden ni quieren vivir.
En el desierto de Atacama hay 33 mineros atrapados bajo una montaña. Son hombres valerosos que no deberían estar bajo toneladas de rocas si la empresa minera hubiera cumplido con las normas internacionales de seguridad laboral, que estarían con sus familias si en Chile la exigencia de cumplir con las normas no fuera considerada un atentado a la libertad de mercado. Esos mineros y la posibilidad legal -porque las leyes las hacen los patrones para beneficio de ellos mismos- de que la empresa no les pague los días que llevan sepultados, los días que permanecerán sepultados hasta que los rescaten, es parte del presente sucio de Chile, un presente inalterable desde el día en que la dictadura entregó al país a los caprichos del mercado, de ese mercado generador de fortunas dudosas como la del actual presidente. Y ese presente también ha sido ocultado, negado, o ignorado por todos los que han gobernado para mayor poder y gloria del mercado.
Da asco la epidemia de patrioterío burdo y banal que ha generado la tragedia minera. Da asco ver a sujetos como Leonardo Farkas, ese millonario de bronceado eterno made in Miami, de ricitos y porvenir político al estilo de Berlusconi o Piñera, regalando cinco millones de pesos a cada familia de los mineros atrapados, “sin intenciones políticas”, evidentemente. Cuando esos mineros sean rescatados -y deben ser rescatados cueste lo que cueste- , si a alguno de ellos se le ocurre insistir en un compromiso estatal que vele por la seguridad del trabajo, ¿le aplicarán la legislación anti terrorista?
Los mineros de Atacama, tal como el premio nacional de literatura, son parte de esa actualidad que tapa, oculta, niega, el presente más sucio, y ese es el largo presente de los mapuche.
Treinta y dos hombres del sur están en peligro de muerte porque piden la libertad de los prisioneros políticos de una democracia vigilada por los intereses de mercado. Piden el beneficio legal consagrado en un Estado de Derecho, piden que se les deje de aplicar la odiosa legislación anti terrorista que elimina la presunción de inocencia, y permite acusaciones de testigos encapuchados, juicios a puerta cerrada, tinieblas pseudo legales que los condenan a una toma de posturas radicales –y eso es lo que busca el Estado chileno- que justifique el exterminio, la “solución final” del problema mapuche.
En Chile, ese extraño país con vista al mar y atendido por su dueño, la actualidad inventada se come al presente cargado de suciedad e ignominia. Ahora, la actualidad serán los fastos del bicentenario, se babeará chilenidad en las fondas, hasta la mierda olerá a patriotismo, el bárbaro lema nacional “por la razón o la fuerza” será el himno aglutinador de millones de analfabetos sociales, y el en sur, en el profundo sur, los mapuche, la Gente de la Tierra, continuará su justa lucha negada, ignorada, oculta, reprimida, falseada por los paladines de la chilenidad que, según ellos, “llevan con orgullo gotas de sangre mapuche en las venas“.
Esos 32 mapuche que se juegan la vida en cárceles del sur, son la gente a la que cantó Ercilla cuando escribió sobre la tierra austral:
“la gente que la habita es tan altiva
Incluso durante los mil días del gobierno de Allende apenas se rasguñó el problema aplicando los beneficios de una reforma agraria que ignoró el sentir cultural de los mapuche, que omitió su especial relación con la tierra, con el hábitat imprescindible para la Gente de la Tierra.
A veces siento asco cuando, luego de unas rondas de pisco sour, rubiecitas y rubiecitos de todas las edades y pelajes sociales, manifiestan su orgullo de llevar algunas gotas de sangre mapuche en las venas. Entonces, “hay que llevar a este escritor, oye”, me invitan a su parcela o fundo en la región de la Araucanía, para que vea a los mapuche y esas cosas tan lindas que hacen en los telares. Si hay suerte -agregan- es posible que haya alguno tocando la trutruca.
Una huelga de hambre sostenida por más de una semana ocasiona alteraciones peligrosas en el organismo. Resulta evidente que una huelga de hambre mantenida por más de un mes lesiona de manera irrecuperable. Las alteraciones de ritmo cardíaco, de presión, aceleran la cercanía de la muerte, pero de la muerte de unos mapuche, de unos hombres y mujeres sobrevivientes de la Pacificación de la Araucanía –son muy porfiados estos mapuche -agregan- que se niegan a aceptar pasivos el final de su vida como pueblo despojado de una tierra sin la cual no saben, no pueden ni quieren vivir.
En el desierto de Atacama hay 33 mineros atrapados bajo una montaña. Son hombres valerosos que no deberían estar bajo toneladas de rocas si la empresa minera hubiera cumplido con las normas internacionales de seguridad laboral, que estarían con sus familias si en Chile la exigencia de cumplir con las normas no fuera considerada un atentado a la libertad de mercado. Esos mineros y la posibilidad legal -porque las leyes las hacen los patrones para beneficio de ellos mismos- de que la empresa no les pague los días que llevan sepultados, los días que permanecerán sepultados hasta que los rescaten, es parte del presente sucio de Chile, un presente inalterable desde el día en que la dictadura entregó al país a los caprichos del mercado, de ese mercado generador de fortunas dudosas como la del actual presidente. Y ese presente también ha sido ocultado, negado, o ignorado por todos los que han gobernado para mayor poder y gloria del mercado.
Da asco la epidemia de patrioterío burdo y banal que ha generado la tragedia minera. Da asco ver a sujetos como Leonardo Farkas, ese millonario de bronceado eterno made in Miami, de ricitos y porvenir político al estilo de Berlusconi o Piñera, regalando cinco millones de pesos a cada familia de los mineros atrapados, “sin intenciones políticas”, evidentemente. Cuando esos mineros sean rescatados -y deben ser rescatados cueste lo que cueste- , si a alguno de ellos se le ocurre insistir en un compromiso estatal que vele por la seguridad del trabajo, ¿le aplicarán la legislación anti terrorista?
Los mineros de Atacama, tal como el premio nacional de literatura, son parte de esa actualidad que tapa, oculta, niega, el presente más sucio, y ese es el largo presente de los mapuche.
Treinta y dos hombres del sur están en peligro de muerte porque piden la libertad de los prisioneros políticos de una democracia vigilada por los intereses de mercado. Piden el beneficio legal consagrado en un Estado de Derecho, piden que se les deje de aplicar la odiosa legislación anti terrorista que elimina la presunción de inocencia, y permite acusaciones de testigos encapuchados, juicios a puerta cerrada, tinieblas pseudo legales que los condenan a una toma de posturas radicales –y eso es lo que busca el Estado chileno- que justifique el exterminio, la “solución final” del problema mapuche.
En Chile, ese extraño país con vista al mar y atendido por su dueño, la actualidad inventada se come al presente cargado de suciedad e ignominia. Ahora, la actualidad serán los fastos del bicentenario, se babeará chilenidad en las fondas, hasta la mierda olerá a patriotismo, el bárbaro lema nacional “por la razón o la fuerza” será el himno aglutinador de millones de analfabetos sociales, y el en sur, en el profundo sur, los mapuche, la Gente de la Tierra, continuará su justa lucha negada, ignorada, oculta, reprimida, falseada por los paladines de la chilenidad que, según ellos, “llevan con orgullo gotas de sangre mapuche en las venas“.
Esos 32 mapuche que se juegan la vida en cárceles del sur, son la gente a la que cantó Ercilla cuando escribió sobre la tierra austral:
“la gente que la habita es tan altiva
tan soberbia, gallarda y belicosa
que no ha sido por rey jamás vencida
ni a extranjero dominio sometida”.
Kisu iñ zungu ka kisu rakizuam turpu mulepe
Septiembre 9, 2010
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Presentación del video: EL PACÍFICO COLOMBIANO Entre la vida, el desarraigo y la resistencia
El 2 de septiembre en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y con asistencia de 262 personas, se presentó este video sobre el Pacífico colombiano. Ver video del evento
Producción: Colectivo de Trabajo Jenzera y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA
Realización: Fundación Chasquis
Contenido: Miles de cimarrones llegaron al Pacífico, huyendo de la esclavitud y buscando espacios para vivir en libertad. A estas selvas, de grandes ríos y de enormes riquezas en plantas y animales, ataron sus vidas.
De los indios embera, wounaan y eperara siapidaara aprendieron las artes para manejar la selva y el río. Esta interacción con ambientes y pueblos diferentes, posibilitó la construcción de una convivencia intercultural y solidaria con todas las formas de vida.
No habían terminado aún de adaptarse a este Nuevo Mundo, cuando esta región entró a ser codiciada por aquellos intereses económicos egoístas, que han venido destruyendo a Colombia.
Este video muestra una de las regiones más biodiversas del planeta, muestra ante todo la idiosincrasia de sus habitantes que con gran espíritu y muchas ganas, se esfuerzan por continuar conquistando sus derechos y hacer de Colombia el país multiétnico y pluricultural, que los colombianos nos merecemos.
Septiembre 1, 2010
by jenzera
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Carta al Presidente Juan Manuel Santos a diecisiete años de la promulgación de la Ley 70 de 1993
Apreciado Sr. Presidente Juan Manuel Santos:
Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico y de las culturas afrocolombianas. Provenimos de distintas partes del mundo y áreas del saber, pero nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas y sobre la biodiversidad. Le escribimos para comunicarle nuestra preocupación y para hacer un llamado a que su gobierno desarrolle una política integral para el Pacífico que aborde estos problemas de manera expedita y constructiva.
La década de los noventa fue de fundamental importancia para el Territorio Región del Pacífico y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos de especial trascendencia: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de de la Ley 70 de 1993 en ese marco; y el surgimiento de una conciencia generalizada del valor de la región Pacífica en términos de diversidad biológica y cultural, tanto para el país como para el planeta.
Son destacables también las políticas de conservación de la biodiversidad y de desarrollo sostenible implementadas por el gobierno, y la participación crucial de las organizaciones étnico-territoriales de la región en la formulación e implementación de estas políticas.
Tristemente, la situación ha sido muy distinta durante la última década, que ha visto un marcado incremento del ritmo de destrucción del bosque húmedo tropical, por un lado, y de vulneración de los derechos de los afrodescendientes en todo el país, por el otro. En el Pacífico, esto se ha debido a una serie de factores, incluyendo las actividades extractivas, el conflicto armado que se extendió a lo largo y ancho del Territorio Región a partir de 1996, las estrategias convencionales de desarrollo, las políticas que terminaron convirtiéndose en amenazas para los territorios, la biodiversidad y las culturas, y el avance del cultivo de la coca para fines ilícitos. Entre los problemas más importantes asociados con estas causas están:
- el aumento de concesiones mineras y de la minería de oro con retroexcavadoras en muchos de los territorios;
- la fumigación de territorios enteros -verdadera forma de guerra química y biológica- la cual, lejos de controlar la expansión de la coca, acaba con los cultivos alimenticios tradicionales de la población local y envenena los ríos;
- la militarización de muchos territorios como respuesta a la presencia de actores armados, que con frecuencia conlleva la represión de las organizaciones locales;
- los macro-proyectos de desarrollo, tales como la promoción de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles, la expansión de puertos y la construcción de poliductos y carreteras –como Ánimas – Nuquí o la Transversal de Las Américas–, la mayoría de ellos sin la requerida consulta previa con la población afectada y sin muchas garantías de que los impactos sociales, ambientales y culturales serán mitigados, compensados y reparados;
- las constantes amenazas a líderes y activistas locales, incluyendo masacres y asesinatos, principalmente por grupos paramilitares e insurgentes;
- la frecuente complicidad de las agencias del Estado con los abusos y destrucción ambiental perpetrados por muchos de los grupos antes mencionados.
Estos procesos han causado desplazamiento masivo de los territorios colectivos y ancestrales, el confinamiento y utilización de la población como escudos humanos, la destrucción del sustento de la población, la pérdida de sus territorios, la desarticulación de las organizaciones locales, y la violación de tratados internacionales de los derechos humanos y culturales de activistas y comunidades. El efecto acumulado de estas consecuencias es de tal envergadura que pueden ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad, ecocidio y etnocidio. Todo esto se ve agravado por la falta de atención por parte del gobierno a estos problemas y por la impunidad de la mayoría de estos hechos.
Lo anterior significa que los importantes avances logrados por muchas de las comunidades a partir de la Ley 70 están siendo desmantelados rápidamente, muchas veces mediante el uso de la fuerza y medidas administrativas arbitrarias en contradicción con la Constitución, la Ley 70, el Auto 005 del 2009 de la Corte Constitucional, y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. En años recientes, la situación ha alcanzado dimensiones críticas en muchas aéreas del Pacifico sur y norte, así como en el Norte del Cauca, como en los casos de la comunidad afrodescendiente de La Toma en el municipio de Suárez y de las comunidades del Consejo Comunitario de COPDICONC –antiguo palenque El Castigo –, o en los ríos San Juan, Baudó, Atrato, Mira, Tapaje, Satinga, Patía y Naya, entre otros muchos. Estas comunidades, que viven en algunos de los territorios más antiguos y emblemáticos de afrodescendientes libres en las Américas, están siendo amenazadas y desplazadas por actores nacionales e internacionales interesados en sacar el oro y demás recursos de sus territorios, así como por actores armados de diverso tipo. Pensamos que esta situación requiere de acciones en múltiples frentes:
- en lo cultural, para garantizar las condiciones para el ejercicio de la identidad y las prácticas culturales de las comunidades negras e indígenas;
- en lo social, para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades, incluyendo el derecho a sus territorios;
- a nivel político, para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, la integridad de la vida de sus líderes, y el fortalecimiento de las formas de gobierno propias de las comunidades;
- en lo ecológico, para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación de la selva y los manglares y restaurar la integridad ecosistémica del Territorio Región. Esto incluye el derecho de las comunidades a un desarrollo ecológico y culturalmente apropiado y sostenible.
- en lo judicial, para asegurar el acceso a la justicia y garantizar la no impunidad, el derecho a la verdad, la reparación a estas comunidades, y la no repetición de crímenes y violaciones.
Creemos necesario un cambio sustancial en la política de Estado y una nueva ronda de atención sobre el Pacífico similar a la que tuvo lugar en la década de los noventa, cuando esa región fue descubierta como uno de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Hacemos un llamado para que su gobierno desarrolle una estrategia especial e integral por el Territorio Región del Pacifico y áreas críticas de población afrodescendiente, capaz de detener las tendencias actuales y destructivas de la diversidad biológica y cultural, y de devolver al Territorio Región –y al país– el sentido de que otro desarrollo es posible. Insistimos en que, al igual que en los noventa, esta estrategia se diseñe con la participación de las comunidades y sus organizaciones. Esta debe ser una participación real de las comunidades de base y organizaciones más representativas, no de grupos acomodados y manipulados que solo persiguen sus propios intereses, como desafortunadamente ha sido el caso durante los últimos ocho años. Solo de esta manera puede garantizarse el éxito de tan importante proyecto social, cultural, político y ecológico.
Le manifestamos nuestros mejores deseos para su labor como Presidente durante el cuatrienio que apenas comienza.
Muy atentamente,
Firmado (en orden alfabético):
Mauricio Adarve, Antropólogo
Adolfo Albán Achinte, Profesor Departamento de Estudios Interculturales, Universidad del Cauca
Tatiana Alfonso, Estudiante de doctorado de sociología, Universidad de Wisconsin-Madison
M. Gonzalo Andrade C., Profesor Asociado, ICN, Asesor Vicerrector de Investigación, Universidad Nacional de Colombia
Juan Ricardo Aparicio Cuervo, Profesor Asistente, Universidad de los Andes
Jaime Arocha Rodríguez, Profesor de Antropología y Director, Grupo de Estudios Afrocolombianos,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Kiran Asher, Profesora de Estudios Internacionales y Estudios de la Mujer, Universidad de Clark,
Worcester, Massachusetts
Anthony Bebbington, Profesor de Geografía, Universidad de Clark, Massachusetts
Mario Blaser, Profesor de Antropología, Universidad Memorial de Newfoundland, Canadá
Marisol de la Cadena, Profesora de Antropología, Universidad de California, Davis
Juana Camacho, Antropóloga, Universidad de Georgia
Roosebelinda Cárdenas, Candidata a doctorado en Antropología, Universidad de California, Sana Cruz
Camilo Castellanos, Abogado, Fedes
Miriam Cotes Benítez, Consultora independiente en el área de comunicación y educación. Medellin
Esperanza Ceron Villaquirán, Medica y Consultora Independiente, Cali
Gustavo de Roux, Consultor independiente, Cali
Rafael Diaz, Historiador, Universidad Javeriana, Bogotá
Arturo Escobar, Profesor de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
Ann Farnsworth-Alvear. Associate Professor of History at the University of Pennsylvania
Margarita Flórez, Investigadora temas ambientales y étnicos, Bogotá
Juliana Flórez, Profesora de Psicología, Universidad Javeriana
Ramón Grosfogel, Profesor de Estudios Étnicos, Universidad de California, Berkeley
Oscar Guardiola-Rivera, Escritor y Profesor de Derecho Internacional, Birkbeck College, Universidad de Londres
Eduardo Gudynas, Director, CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo
Ernesto Guhl Nannetti, Director, Instituto para el Desarrollo Sostenible QUINAXI
Charles Hale, Profesor de Antropología, Universidad de Texas
Austin Julianne Hazlewood, Investigadora, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Irlanda,
Galway, Irlanda
Denise Humphreys Bebbington, Investigadora, Escuela para el Desarrollo y Medio Ambiente,
Universidad de Manchester
Søren Hvalkof, Directivo Fundación Solsticio y Asesor Sénior, Rainforest Foundation Norway
Gladys Jimeno, Consultora independiente
Joseph Jordan, Director, Centro de Cultura e Historia Negras y profesor de Estudios Afroamericanos.
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
Sara Koopman, Candidata de Doctorado en Geografia, Universidad de British Columbia, Vancouver, Canada
Yukyan Lam, Abogada, Bogotá
Agustín Laó Montes, Profesor de Sociología y Estudios Afroamericanos, Universidad de
Massachusetts, Amherst.
Claudia Leal, Profesora Departamento de Historia, Universidad de los Andes
Enrique Leff, Profesor de Ecología Política, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
David López Rodríguez, Antropólogo
Lars Lovold, Director, Rainforest Foundation Norway
Betty Ruth Lozano, Consultora independiente, Cali
Martha Luz Machado, National Institute for the Study of Dutch Slavery and Its Legacy, NiNSEE.
Candidata a docatorado de la Universidad de Amsterdam
Nelson Maldonado Torres, Presidente de la Asociación Caribeña de Filosofía y Profesor de Estudios
Latinos y del Caribe, Universidad de Rutgers, Nueva Jersey
Joan Martínez Alier, Economista ecológico, Universidad Autónoma de Barcelona
María Isabel Mena, Profesora, Departamento de Historia, Universidad Distrital
Joaquín Molano Barrero, Geógrafo, Universidad Nacional de Colombia
Alfredo Molano Bravo, Sociólogo y Periodista, Colombia
César Monje, Investigador de Doctorado, Grupo de Estudios de América Latina, Universidad
Autónoma de Madrid, España
Jaime Moreno Quijano, Ambientalista, Escuela Superior de Administración Pública
Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Profesora, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Martha Cecilia Navarro Valencia, Antropóloga Ph.D, España
Angélica María Ocampo Talero, Profesora, Facultad de Psicología Universidad Javeriana, Candidata a doctorado en Development Studies, International Institute of Social Studies of Erasmus Uniersity Rotterdam, Holanda
Oscar Olarte Reyes, Escritor, Colombia
Natalia Orduz, Abogada, Bogotá
Ulrich Oslender, Profesor de Geografía, Universidad Internacional de la Florida, Miami
Alejandro Parellada, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, Copenhague, Dinamarca
Adriana Elisa Parra-Fox, Departamento de Geografía, Universidad de California, Davis
Tianna Paschel, Candidata a doctorado en Sociología, Universidad de California, Berkeley, y Confundadora,
Grupo de Trabajo Afro-Latino
Alvaro Pedrosa, Diseñador ambiental, Profesor Universidad del Valle, Cali
Michael Birenbaum Quintero, Profesor de Música, Bowdoin College, Brunswick, Maine, USA
Joanne Rappaport, Profesora de Literatura y Antropología, Universidad de Georgetown, Washington
Eduardo Restrepo, Instituto de Estudios Sociales y Culturales, PENSAR, Universidad Javeriana
Jaime Rivas Díaz, Consultor independiente
Tatiana Roa Avendaño, Ambientalista, Censat Agua Viva
Manuel Rodríguez Becerra, Profesor Facultad de Administración, Universidad de los Andes y Presidente, Foro Nacional Ambiental
César Rodríguez Garavito, Director, Observatorio de Discriminación Racial, Colombia
Cristina Rojas, Profesora Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá
Jeanette Rojas, Consultora social independiente, Cali
María del Rosario Rojas, Bióloga y Ambientalista, Universidad Nacional de Colombia
Amanda Romero, Consultora y Candidata a doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Nacional
Rocío Rueda Ortiz, Profesora Doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Nacional
Jhon Antón Sánchez, Doctor en Ciencias Sociales, Profesor e Investigador, FLACSO, Sede Ecuador
Luz Marina Suaza Vargas, Grupo de investigación en educación y cultura política de la Universidad
Pedagogica Nacional, Docente de la Universidad Iberoamericana
Michael Taussig, Profesor de Antropología, Universidad de Columbia
Astrid Ulloa, Profesora, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Peter Wade, Profesor de Antropología, Universidad de Manchester
Tukufu Zuberi, Profesor de Sociología y Director, Centro de Estudias de Africanía, Universidad de Pennsylvania, Philadelphia
Cc : Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República
Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia
Agosto 26, 2010
by jenzera
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¿Un gobierno ambientalista?
Manuel Rodríguez Becerra[1]
“En un acto simbólico, con profundos significados trascendentes, los ‘mamos’ me entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras. Una representa la tierra, que debemos cuidar. Otra representa el agua, que es la fuente de la vida. Otra representa la naturaleza, con la que debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del Creador. Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno -esos símbolos preciados- harán parte integral de la administración que hoy comenzamos.” Estas palabras, con las que el presidente Santos inició su discurso de posesión y se refirió a la ceremonia a la que acudió con su familia en el gran templo de Seiyua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la mañana del 7 de agosto, le sirvieron para enmarcar y explicar el sentido y metas de su programa de gobierno.
Subrayó que “un gran reto del nuevo Congreso será la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenamiento Territorial que impulse la descentralización y desarrolle los derechos de las minorías étnicas consagrados en la Carta del 91”, y que a “nuestros niños les debemos también la obligación de velar, con responsabilidad, por la preservación de nuestro medio ambiente y por el futuro de nuestro planeta. Crearemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Agua, para garantizar una mayor protección del agua y de nuestros recursos naturales”.
Quienes votamos por el Partido Verde debemos reconocer que, de haber llegado nuestro candidato a la Presidencia, difícilmente habríamos estado en una ceremonia y un discurso de posesión tan verde.
Para alcanzar sus objetivos, el presidente Santos deberá enfrentar complejos retos y dilemas. En efecto, en la Constitución de 1991 se consagró la más ambiciosa política para la protección de la diversidad cultural y la biodiversidad de nuestra historia, que ya para esa fecha había recibido un definitivo impulso del gobierno del presidente Barco. Los derechos a la identidad cultural y territorial de las minorías étnicas se concretan hoy en el hecho de que cerca del 36 por ciento del área continental del país sean resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Pero es una política que está profundamente amenazada como consecuencia del desplazamiento violento de estas comunidades, el asesinato de sus líderes, la minería ilegal, la usurpación de sus tierras y la destrucción de sus bosques por parte de paraempresarios y narcos. Vencer este conjunto de actos criminales contra las minorías étnicas y la integridad de sus territorios requerirá entonces mucho más que la Ley de Ordenamiento Territorial.
Y en todo el territorio nacional, incluyendo el marino, ¿cómo armonizará el nuevo gobierno el impulso de las grandes locomotoras que jalarán la prosperidad democrática, como son la minería, la infraestructura y el agro, con su política de protección ambiental anunciada el 7 de agosto? Estas locomotoras tomaron desde hace años el rumbo equivocado, como lo evidencian los graves y crecientes daños a nuestra riqueza en biodiversidad y agua que están dejando a su paso y que incluyen, entre otros, la escandalosa deforestación de 2’356.000 hectáreas registrada entre el 2000 y el 2007, recientemente revelada por el Ideam.
Recrear el Ministerio del Ambiente y anunciar como ministra designada a una reconocida ambientalista son medidas necesarias pero insuficientes. Ante todo se requiere que, bajo la batuta del Jefe del Estado, los ministerios de Agricultura, Minas y Hacienda y Planeación Nacional enrumben estas desbocadas locomotoras, siguiendo el principio según el cual “el gobierno debe respetar el orden de la naturaleza”, adoptado por el presidente Santos de los ‘mamos’. De lo contrario, habríamos simplemente presenciado un chévere paseo presidencial a la Sierra coronado en la Plaza de Bolívar con un discurso de desenguayabe teñido de verde.
[1] Ex ministro colombiano del Medio Ambiente. El Tiempo, domingo 22 de agosto de 2010, página 19.
Junio 16, 2010
by jenzera
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Conflictos en el movimiento indígena caucano
Efraín Jaramillo Jaramillo
Colectivo de Trabajo Jenzerá
En mayo de 2010 el tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, publicó un artículo titulado “Estrategias para dividir al movimiento indígena.”([1]) .Lea el Boletín de la ACIN. Ignoro las razones que condujeron a la ACIN a ventilar públicamente un tema que se venía hablando sólo en corrillos de versados en esta materia, percibo sin embargo, que al hacer públicas las discrepancias que se presentan al interior de las organizaciones, se está convocando a un debate y deduzco en consecuencia, que es de buen recibimiento emitir un concepto sobre este escrito. En mi caso voy a hacer una serie de observaciones al respecto. Pero además de comentar el artículo, me atrevo a señalar desarrollos de este espacio de información y opinión del mundo indígena, que a juicio de muchos amigos de los indígenas, son desacertados.
Considero atinado y acojo con beneplácito que la ACIN, haciendo gala del lema de su órgano de comunicación “para la verdad y la vida”, no reserve los problemas y menos que tuerza la realidad, como nos tienen acostumbrados muchas organizaciones sociales y políticas, para las cuales lo principal es mostrar una radiante y favorable imagen hacia fuera, así se estén reventando por dentro.
Una primera apreciación sobre el tejido de comunicación de la ACIN es que muchas de sus noticias ya contienen una opinión. De esta manera la noticia no es una información imparcial, pues está editada por las ideas y posturas ideológicas del que la emite. No se establece una diferencia entonces entre información y opinión. La información requiere objetividad. La opinión es diferente, es subjetiva, es una valoración de la información. Ambas, información y opinión son indispensables para orientar la acción. No obstante no es procedente, en términos de la comunicación, fusionarlas sin distinguirlas.
Una segunda apreciación sobre este órgano de comunicación, se refiere al estilo de generar comunicación, que ha venido evolucionando desventajosamente en detrimento de la comunicación hacia las comunidades y organizaciones indígenas, dándole más prioridad a las relaciones externas. Esta evolución estaría plenamente justificada si lo que se persigue es ganar amigos afuera y capitalizar apoyos que tanto necesitan las organizaciones, solidaridades aún más necesarias en la era Uribe. Pero lo que es desafortunado en términos de la comunicación es que sus opiniones sean impetuosas, por no decir intransigentes. Sus convicciones son imperiosas, inapelables, pues parece ser que los editores suponen que de no proceder así, este medio de comunicación luciría inseguro y débil, lo que le restaría credibilidad, como es el caso de órganos oficiales de los partidos. Esto, unido a una imponente capacidad para discurrir sobre todos los temas posibles, los divinos y los humanos, partiendo de férreas posiciones ideológicas (‘a prueba de balas’) conduce al dogmatismo, a una constricción del diálogo y a la desvalorización de otras voces, lo que no favorece una formación crítica, no fomenta capacidades analíticas, no promueve la interculturalidad, ni el desarrollo de una cultura política diferente, ni el manejo de las relaciones con otros sectores sociales, con los cuales mantienen diferencias culturales y políticas, aunque comparten similares condiciones de exclusión.
“Tener convicciones es tener esperanzas” decía Brecht. Pero una cosa es la convicción y otra la obstinación, actitud anímica cegada que bloquea el espíritu deliberativo que requiere cualquier concierto democrático. En esa dirección apunta Alejandro Gaviria cuando afirma que “la democracia deliberativa necesita flexibilidad, incluso desapego ideológico”, pues “sin cambios de opinión, la deliberación es un ejercicio estéril, casi absurdo” ([2]). La perseverancia en opiniones inamovibles no es un atributo de posturas políticas liberales ([3]) consistentes, pues se repudian de antemano argumentos discrepantes. Más aún, se clausura el espíritu para la búsqueda de otras alternativas o nuevos paradigmas ([4]). Inmunes a cualquier evidencia que controvierta sus lealtades ideológicas, los editores prescinden de muchas informaciones y desarrollos de la sociedad que son provechosos para los pueblos indígenas. De esa manera no hay diálogo entre diversos puntos de vista. No hay forcejeo de ideas. No se desarrollan medios creativos para promover la interculturalidad.
Pasando al escrito, confieso que me sorprendió la manera franca y llana del articulista para tratar las divergencias que se manifiestan al interior del movimiento indígena caucano. También que en este caso se busca ser objetivo con la problemática que se presenta. Esto envía mensajes positivos para la práctica de la comunicación e intuyo por lo tanto que van a recibir estas modestas apreciaciones críticas como un aporte para continuar perfeccionando este medio de comunicación, no sólo porque en el tema étnico es el único que hay en el país, sino porque juega un papel en la formación política no sólo de los indígenas, sino de sus vecinos campesinos y afrocolombianos.
Comienzo indicando que el artículo tiene una serie de afirmaciones que aunque acertadas, paradójicamente conducen a conclusiones equívocas. No es ausencia de sintaxis, la que también se presenta en el escrito. Tampoco porque al articulista lo traicione la memoria que, coartada por el deseo, distorsiona experiencias del movimiento indígena, como se verá más adelante, sino por la equivocada (a veces ausente) valoración política que hace de los conflictos. Ofrezco disculpas, no faltaba más, por los disgustos que puedan ocasionar estas críticas.
El artículo tiene tres significativos párrafos que describen resumidamente la problemática:
“En agosto de 2006 aparece en Caloto, Cauca, un grupo de comuneros integrados por comunidades mayoritariamente de Caldono y Caloto, llamados “Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame”. Ellos plantean un inconformismo con las autoridades, desde la dirección del CRIC hasta las autoridades locales. Los nietos de Quintín Lame surgen en el marco de la liberación de la madre tierra, argumentan sus razones de origen en búsqueda de respuestas a la falta de tierras, la exclusión económica, la privatización de la salud y la educación, la falta de representación por parte de los directivos frente a las bases, la impunidad y la injusticia. Denuncian también la concentración de la tierra en pocas manos y exigen una verdadera reforma agraria. Plantean que si no se toman medidas de presión y acciones directas, el gobierno nunca entregará tierras a las comunidades. Esto lleva a fuertes contradicciones con los dirigentes tradicionales, quienes siguen apostándole al diálogo y a las acciones pacíficas”.
“Con los mismos argumentos de los Nietos de Quintín Lame, surgen las Asociaciones Indígenas Lorenzo Ramos y Avelino Ul con integrantes de las comunidades de Miranda, Corinto, Tacueyó, Toribío, San Francisco, Jambaló, Canoas y Caldono. Ellos cuestionan fuertemente a las autoridades tradicionales, con quienes han tenido fuertes contradicciones afirmando que la dirigencia maneja estilos de participación poco democráticos. Plantean la búsqueda de un ambiente más amplio de participación, sin obediencia vertical y con jóvenes críticos. Las autoridades tradicionales rechazan los ataques, difamaciones y acciones de vandalismos de estos grupos en contra de la organización indígena, como la quema de un vehículo del Proyecto Nasa y la amenaza contra algunos líderes. Tampoco justifican su inconformidad y por estos hechos de agresión han sancionado a algunos comuneros”.
“Las autoridades tradicionales manifiestan que con acciones directas y con el desconocimiento del proceso interno de la organización, estos grupos antes de favorecer los intereses de las comunidades, entorpecen el proceso que actualmente se adelanta puesto que generan contradicciones y confusión internas, lo que conlleva al fortaleciendo de la estrategia histórica de alienamiento (sic) y división ejercida contra el proceso”.
Se reconoce pues que hay vacios en la organización. Se reconoce también que se han cometido errores, que habrían originado inconformidades en comuneros de varios resguardos. Lo que no admiten “las autoridades tradicionales” es que “justifiquen su inconformidad” y menos con acciones violentas.
Cuando se plantean las razones del inconformismo del Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame pero no se refutan, lleva a pensar que en realidad esas causas existen y que el malestar tendría fundamento. Y esto debería encender las alarmas de la organización indígena. ¿Por qué? Porque fueron esas mismas razones (¡sorprendentemente similares!) las que dieron origen al Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, la organización indígena más beligerante en la conquista de los derechos de los pueblos indígenas que ha tenido Colombia. Recordemos:
El CRIC, fundado el 24 de febrero de 1971 en Toribío, surge en un momento en que la presión de los terratenientes sobre las tierras indígenas se había vuelto insoportable y amenazante para su sobrevivencia. No era por lo tanto extraño que la principal reivindicación tuviera que ver con la ‘recuperación de las tierras de los resguardos’. Tampoco fue casual que los indígenas que más apoyaron la creación del CRIC fueran los ‘terrajeros’, aquellos indígenas sin tierra que tenían que trabajar gratuitamente para el patrón varios días al mes, a cambio de recibir en usufructo un pedazo de su propia tierra. Estos terrajeros provenían de varias zonas indígenas del Cauca. Los más conocidos y combativos eran los de El Credo, en el Municipio de Caloto, pero venían también terrajeros “muy verracos” (al decir de Álvaro Tombé) de San Fernando y el Gran Chimán en el resguardo de Guambía y de Loma Gorda, en Jambaló. Puesto que las autoridades públicas estaban aliadas con los terratenientes y gamonales, estas luchas indígenas por la tierra adquirían el carácter de insurrección y como tal fueron reprimidas por el gobierno, causando centenares de muertos en las comunidades. Esta lucha iniciada por los terrajeros sin tierra, recuperando las tierras de sus ancestros, ha sido la lucha más autentica de ‘liberación de la madre tierra’.
Pero hay otra similitud proverbial: Estos terrajeros “insurrectos” se levantaron también contra sus autoridades, los cabildos, pues estos les habían dado la espalda y no apoyaban sus luchas. Rogelio Mestizo, antiguo terrajero de El Credo, comentaba que el gobernador de su cabildo los forzaba a deponer la lucha por la tierra, “porque ellos (los cabildos) decían que era pecado quitarle la tierra al patrón” (conversación personal).
Dada la poca comprensión que prevalecía en el país por lo indígena, el lenguaje de los dirigentes era prudente y, de algún modo, asimilado en relaciones externas con el movimiento campesino, sindicatos agrarios, iglesias, etc. Con sentido pragmático, las alianzas se llevaban a cabo sin meticulosos análisis sobre las ideologías y propósitos de los que se solidarizaban con sus luchas, pues de lo que se trataba en esa etapa de movilización por la tierra era crecer, sumar voluntades, “unir hombros”, añadir amigos y acumular fuerzas para conquistar espacios políticos que posibilitaran la consolidación de su movimiento, pues lo que estaba en juego era la tierra, el medio fundamental para su sobrevivencia. No se trataba de medir fuerzas con sus tradicionales adversarios, y mucho menos si no se tenía cierta posibilidad de salir victoriosos de la contienda. Pero tampoco en ningún momento, por muy desfavorable que fuera la correlación de fuerzas, se trataba de someter la dirección de sus luchas a un actor externo, motivados por la necesidad de protección.
La necesidad de mantener el control sobre su organización y su agenda política ha estado presente en toda la historia del CRIC, recurriendo aún a la autodefensa armada, cuando esta se evidenció como necesaria para frenar los asesinatos de indígenas, pero también para impedir la cooptación o avasallamiento de su movimiento por parte de grupos armados. Este pragmatismo de estos pioneros de las luchas indígenas resultó siendo una estrategia eficaz para el crecimiento y consolidación del CRIC. Y esto importa señalarlo aquí, pues es difícil creer la afirmación de que en “su momento el movimiento indígena tomó parte de una ideología izquierdista como estrategia de protección”. Aquí el deseo del articulista coarta su memoria, distorsionando la experiencia del CRIC, pues es precisamente al revés. Para muestra un botón: cuando la dirigencia del movimiento campesino decide convertir a la ANUC en un partido político, el CRIC se separa de esta organización. De paso es oportuno anotar que esta decisión fue acertada, pues evitó que la organización indígena se disgregara, tal como sucedió con el movimiento campesino, debido a las pugnas internas de las diferentes tendencias políticas por el control del movimiento.
Al final, el artículo revela las deducciones sacadas por las autoridades tradicionales después de “un análisis autocrítico” de la situación: “…(Las autoridades indígenas) afirman que las inconformidades manifiestas, evidencian la falta de consolidación de la plataforma (…) del CRIC. La propuesta de autonomía (…) se ha estancado (…). El tema de tierras ha sido uno de los más críticos y donde históricamente desde las recuperaciones, ha habido malas actuaciones (…). Son esos elementos (…) los que generan grandes vacios y son aprovechados hábilmente por ideologías de derecha e izquierda. (…). No podemos pensar en autonomía con todas las herramientas prestadas para desarrollar nuestras propuestas, es ahí donde se nos cae la estructura, por eso es necesario revisar las fallas y lo que hemos dejado de hacer”.
Por lo regular los errores en política tienen costos: en el mejor de los casos conducen a divisiones, que el articulista califica de manera eufemística de “vacios” que “son aprovechados hábilmente por ideologías de derecha e izquierda”. En el peor de los casos estos errores acaban destruyendo a un movimiento social, que en términos del articulista significa que “se (…) cae la estructura”. Para el caso del CRIC esto sería funesto, pues esta organización ha logrado hasta ahora eludir muchas tentativas de división y cooptación, debido a la juiciosa manera de actuar de su dirección, para enfrentar los problemas, obrando con tino y serenidad, ante todo con celeridad, sin menospreciar y menos desconocer las divergencias. Un par de ejemplos pueden ilustrar esta estrategia trazada por los dirigentes:
En los comienzos del CRIC, por allá a mediados de los años 70 del siglo pasado, Cornelio Reyes, conservador laureanista y representante político de los terratenientes del Valle, adelanto en el Cauca una violenta ofensiva contra el CRIC, siendo ministro de gobierno del presidente Alfonso López Michelsen. Este personaje creó el CRAC (Consejo Regional Agrario del Cauca), en pleno auge de la recuperación de las tierras de los resguardos, para acabar con el CRIC y hacerse a la conducción de los cabildos indígenas. La promesa del gobierno al CRAC era la de entregarle tierras y recursos a granel, siempre y cuando se abandonara la “invasión” de tierras. La estrategia del CRIC consistió en arreciar la recuperación de tierras, a la par que movilizaba sus líderes para instruir a los cabildos sobre las formas de actuar en esa coyuntura, ilustrándolos sobre las intenciones del gobierno. Este intento del gobierno por reventar al CRIC fue vano y fracasó estruendosamente. Es aquí también alucinante la similitud del CRAC con la creación en marzo de 2009 de la OPIC (Organización de los Pueblos Indígenas del Cauca, que el articulista, traicionado por la memoria, renombra como “Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia”). La creación en Popayán de esta organización fue agenciada por el marrullero Fabio Valencia Cossio, ministro del interior del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este engendro del gobierno, al igual que el del CRAC, se realizó para contener los avances del movimiento indígena, en este caso de sus marchas. No sorprendió a nadie el hecho de que tras su conformación, la OPIC hubiera declarado su apoyo a la Seguridad Democrática y alabara la Confianza Inversionista, proyectos bandera del presidente Uribe. Vale aquí la pena mencionar que los ataques de la derecha, por lo menos para el caso del CRIC, no han afectado mucho al movimiento, en algunos casos lo ha fortalecido, lo que no se puede afirmar para las contradicciones con la izquierda.
El otro ejemplo es el tratado que celebró el CRIC con la Federación de Ganaderos del Cauca (conocido como “Acuerdo FEDEGAN – CRIC”) en 1984, en momentos en que todavía el CRIC no había logrado sobreponerse de la cruzada violenta desencadenada contra las organizaciones sociales por Turbay Ayala con el Estatuto de Seguridad y arreciaban los ataques al CRIC desde varios flancos (gobierno, ejército, terratenientes, cañeros, iglesia, 6º frente de las FARC), que unidos a conflictos internos por tierras entre resguardos (Ambaló y Guambía) y enfrentamientos con pequeños y medianos campesinos en Siberia (Caldono), amenazaban con aniquilar al CRIC. Con sentido del humor, Trino Morales decía que el CRIC tenía la honrosa distinción de ser la única organización social en Colombia que se daba el lujo de echarse encima y a la vez, a todos sus enemigos. En el acuerdo FEDEGAN – CRIC los ganaderos se comprometían a concertar políticas con el gobierno para la entrega de tierras a los indígenas y el CRIC se comprometía a parar la recuperación de tierras. Este acuerdo, criticado por la izquierda de “claudicación de las luchas del CRIC”, le dio un respiro a esta organización, al lograr neutralizar la represión que agenciaban los terratenientes y que había costado valiosas vidas de dirigentes y comuneros indígenas. A la postre FEDEGAN no cumplió los acuerdos pactados y el CRIC, ya repuesto de los golpes, reinició la recuperación de tierras.
Pocos meses después, en febrero de 1985 se celebró en el resguardo de Vitoncó un encuentro de todos los cabildos indígenas del Cauca (para ese entonces 45) convocados por el CRIC. Allí estos resuelven unificar sus fuerzas para repeler todos los intentos de menoscabar su autonomía. En este encuentro hizo presencia pública el movimiento armado Manuel Quintín Lame, compuesto mayoritariamente por indígenas, el cual se comprometió a repeler cualquier ataque a los resguardos y a los cabildos, y a respetar la autoridad indígena en sus territorios. Con la Resolución de Vitoncó se disuadió a aquellos adversarios de los indígenas de continuar con sus acciones punitivas contra los líderes que estaban al frente de la recuperación de tierras.
Un ejemplo de cómo a partir de un enunciado básicamente correcto, se deduce un disparate nos lo ofrece el articulista al comienzo de su escrito:
“(El) asedio y presión permanentes, han llevado a que en algún momento de la historia del proceso, las organizaciones indígenas asuman posiciones políticas partidistas. Recordemos por ejemplo, que el resguardo de Tacueyó ha sido un resguardo de ideología política liberal, fruto del período de violencia del año 1948, (…). De igual manera, el cabildo indígena de Toribío tomó posición alrededor del movimiento político conservador, el cabildo de San Francisco alrededor de un movimiento comunista y de manera similar los demás cabildos”. Esta parte de la historia es cierta. De este enunciado se infiere, no obstante que: “Es evidente entonces, que en el afán de protección y subsistencia y en la búsqueda permanente de autonomía, las organizaciones indígenas han tomado decisiones que antes de fortalecer han debilitado y dividido al proceso”. Esta conclusión es insensata, pues no es para nada “evidente” que la afiliación a partidos se de en una “búsqueda permanente de autonomía” de las organizaciones. Estas afiliaciones eran producto de las imposiciones de alcaldes de los partidos tradicionales (incluido el comunista), de la iglesia, de gamonales y de los grupos guerrilleros. Allí donde el cura concentraba el poder como en algunos resguardos de Tierradentro, al cabildo indígena lo elegía el cura. Donde el alcalde era conservador, el cabildo era de esta afiliación, allí donde el partido comunista o el VI frente de las FARC tenía el control, el cabildo no era elegido precisamente por el cura, etc. Durante la ‘violencia’, algunos indígenas fueron arrastrados por estas pasiones partidistas azuzadas por el clero y los caciques políticos liberales y conservadores, llegando a extremos como lo sucedido en Tierradentro, donde varios cabildos conservadores de la parte baja mataron a todos los miembros del cabildo del resguardo de San José (parte alta) porque eran liberales. De allí que las luchas del CRIC tuvieran también como finalidad arrebatarle a estas fuerzas el control de los cabildos y “acabar con estas sinvergüenzuras”, al decir del viejo Palechor.
Pero más allá de recuperar los cabildos, la dirección del CRIC buscaba también blindarse de los intentos de las imperecederas vanguardias que asaltan a las organizaciones sociales de base para imponerles la “línea correcta”, atornilladas en la idea de que sin su orientación ideológica el movimiento social está irremediablemente condenado al fracaso. Este proceder de las vanguardias es siempre el mismo, es inmutable. Así actúan siempre, independientemente de si existen o no contradicciones internas en las organizaciones que les faciliten sus propósitos. En consecuencia resulta familiar el siguiente aparte del escrito: “A finales del 2009 en la vereda La Playa, Tacueyó, se conformó la Asociación para el Desarrollo Económico Indígena ASDECOIN, la cual hace parte del Movimiento Político Social de Integración Étnica y Cultural MOSUEC, organización sin ánimo de lucro con sede en Buenaventura. Plantean como objetivo principal cambiar el sistema político en Colombia con el ejercicio de la democracia directa, ganando un espacio político desde las bases”. El objetivo entonces no es avanzar en la conquista de derechos de las comunidades, sino “cambiar el sistema político en Colombia”, una expresión más rebuscada y literaria para lo que comúnmente se ha llamado la ‘toma del poder’. Para ello deben ganarse “un espacio político desde las bases”, lo que en el mismo sentido de la anterior locución, significa ‘cooptar las organizaciones sociales de base’. Si así son las cosas, no resulta raro que los movimientos sociales de los pueblos indígenas y negros no les convengan. Aún más, son obstáculos para la implementación de su proyecto de toma del poder. En consecuencia estas vanguardias no alientan el desarrollo de los movimientos sociales, sino que le roban el aliento, al convertirlas en meras ‘correas de transmisión de su ideología’. La “integración étnica y cultural”, que debería ser un principio (revolucionario por demás) de la lucha de los pueblos étnicos territoriales, pierde su real contenido, al ser degradado a simple artificio del proyecto político de la vanguardia. Naturalmente que esto riñe con lo expresado por el movimiento indígena caucano, de que el poder no se toma, sino que se construye en la lucha cotidiana. Y es en estas luchas cotidianas por sus derechos, que los indígenas, los campesinos y los negros comienzan a encontrarse, a reconocerse y a establecer alianzas. Y aunque son conscientes de sus diferencias (históricas, culturales), es también en estas luchas que se percatan que son iguales en su condición de explotados y semejantes en el oprobio de una clase dominante y egoísta que los excluye. Es así también que comienzan a concebir cambios en el sistema. Y más que cambios a pensar en la construcción de una nueva institucionalidad que los incluya a todos en lo político, en lo económico y en lo cultural. Un poder así construido es más sólido y más auténtico.
Hay un párrafo que informa sobre dos hechos acaecidos en el contexto de la división, que sin más datos deja el interrogante de si están o no relacionados entre sí o, lo más preocupante, si tienen que ver con las divergencias internas: “Integrantes de asociaciones como la Avelino Ul también hacen parte de ASDECOIN. Cabe mencionar también que el vicepresidente de la junta directiva de ASDECOIN, fue asesinado en diciembre de 2009. En las pasadas contiendas políticas esta organización promovió el apoyo a Piedad Córdoba por ser crítica de las políticas del gobierno”.
Podríamos señalar más incoherencias y otros desaciertos menores del artículo. Los mencionados bastan para reconocer una presunción que es constante a lo largo del escrito, esto es, que las autoridades tradicionales se han revelado impotentes y sin capacidad para contener los efectos del inconformismo y evitar la creación de nuevas organizaciones. Se insinúa también (sin proporcionar ninguna pista y dejando flotar en el escenario un ambiente de suspenso) que hay “nuevos liderazgos” que han entrado también en escena para rectificar el rumbo. Y estos parecieran ser los mensajes que quiere transmitir el articulista.
No obstante, así como Don Quijote, en el último momento de su vida recobra la cordura, nuestro articulista en el último párrafo recobra la lucidez y expresa que “desde la dirigencia tradicional y los nuevos liderazgos se propone una revisión crítica y cambios que permitan fortalecer y redireccionar los principios organizativos iniciales, que se adapten a las realidades actuales y permita dar respuesta a las exigencias e inquietudes de la comunidad bajo una verdadera construcción colectiva”. Y acto seguido pone en boca de un comunero un párrafo que es el que más me agrada y con el cual me quedo, pues recupera la perspectiva comprometida y abandona la perspectiva descuidada de los párrafos anteriores:
“Es básicamente, un cambio de actitud, hacer las cosas bien, recuperar la ética, fortalecer los principios, gobernar con transparencia, recuperar la humildad, la capacidad de diálogo y escucha, pero no debemos olvidar que solos no podemos, debemos tener la capacidad de establecer un relacionamiento intercultural desde todos los espacios, que nos permita fortalecernos de manera conjunta”.
Bogotá, 9 de junio de 2010
([1]) “Estrategias para dividir al movimiento indígena”. Tejido de Comunicación y relaciones externas para la verdad y la vida. Cauca, 29 de abril de 2010. http://www.nasaacin.org/noticias.shtml?x=11398. Publicado en inglés por Indigenous Peoples Issues & Resources: “Strategies To Divide The Indigenous Movement In Colombia”.http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5147:strategies-to-divide-the-indigenous-movement-in-colombia&catid=53:south-america-indigenous-peoples&Itemid=75 May 2010.
([2]) El Espectador/22 de Mayo de 2010
([3]) El concepto ‘liberal’ entendido aquí en su sentido histórico, que significa ser generoso, humanista, prodigo, altruista, desprendido.
([4]) Según Alain Touraine el estado de democracia en una sociedad se puede evaluar “por la amplitud de alternativas que ella organiza… (y) por la diversidad de soluciones que propone”.
Junio 4, 2010
by jenzera
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Comunidades Afrocolombianas de Suárez Cauca denuncian desalojo de sus territorios
La comunidad afrocolombiana de La Toma, en el municipio de Suarez, Cauca, al noroccidente de Colombia, denuncia la grave y sistemática vulneración a sus derechos económicos, políticos y sociales, a sus derechos colectivos, a sus derechos sobre el territorio ancestral y específicamente a la vulneración de sus derechos a la vida digna, consulta previa, libre e informada, a la autonomía e integridad cultural que como pueblo tienen derecho. Vulneraciones motivadas por los crecientes intereses que persisten sobre los territorios que ancestralmente han ocupado desde 1636, por parte de foráneos al territorio y empresas multinacionales que solo buscan lucrarse a partir de la extracción de los recursos que se encuentran presentes en sus territorios.
Actualmente cerca de 1300 familias, unas 5200 personas del Corregimiento de La Toma, se encuentran sentenciadas al destierro a partir de la Resolución Numero 2864-3-30 de 2010 (abril 30 de 2010) dada por la Alcaldía Municipal de Suarez Cauca, “por medio de la cual se suspende la extracción y explotación de yacimiento minero, se ordena un desalojo y se dictan otras disposiciones en el municipio de Suarez Cauca”. Vea presentación sociodemográfica.
Tal desalojo se encontraba previsto para el pasado viernes 21 de Mayo de 2010, el cual no se efectuó debido a la resistencia de las comunidades afrocolombianas de Suarez, la presión y solidaridad de múltiples personas que respondieron a las solicitudes del Proceso de Comunidades Negras PCN, las acciones legales interpuestas por representantes del Palenque de La Toma y otros factores. Sin embargo el proceso mediante el cual se decreta el destierro de las comunidades se mantiene, siendo aplazada esta diligencia para los primeros días del mes de Junio.
Continúan también las acciones que vulneran el derecho a la vida y generan terror dentro de las comunidades, con el asesinato de Alexander Quintero, El día Domingo 23 de mayo de 2010 a las 9:00 a.m. en la casa de paso de la Asociación en la ciudad de Santader de Quilichao, Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya y coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre del Naya; en varias oportunidades se había solicitado protección para el Señor Quintero al Ministerio del Interior y no se le había otorgado ninguna medida. Situación que se suma a las múltiples amenazas perpetuadas contra los líderes comunitarios, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos que han acompañado los procesos de defensa de la vida y el territorio en la región del norte del cauca. Recordemos que estas acciones no son acciones aisladas, son acciones que presionan el despojo del territorio y de la cual se benefician los
foráneos y empresas multinacionales quienes tienen intereses sobre los recursos naturales presentes en el territorio. Acciones que se han denunciado y advertido su gravedad y consecuencias sin que hasta el momento haya una efectiva protección del los derechos mencionados a los cuales son titulares las comunidades en su condición de pertenencia étnica y por el solo hecho de ser seres humanos.
ANTECEDENTES. El predio rural ubicado en el corregimiento de La Toma que tiene carácter ancestral y una extensión de 7000 hectáreas aproximadamente ha sido habitado y explotado de manera artesanal por las comunidades negras de la zona desde el proceso de esclavización que data aproximadamente de 1636, esta actividad ha permitido que en la actualidad 1300 familias obtengan su sustento económico. Antrecedentes constitucionales en materia de dh y protección al territorio. Estas comunidades, al igual que las demás comunidades campesinas e indígenas del municipio de Suarez han visto como su territorio se ha visto vulnerado a partir de la construcción del Embalse de la Salvajina, en 1985 al cual se opusieron desde el mismo momento de su construcción, lo cual motivo que el Estado Colombiano firmase unos acuerdos con las comunidades los cuales ENDESA, UNION FENOSA y el Estado Colombiano hoy no han cumplido. Este proyecto a dejado a las comunidades y su territorio ondas repercusiones que aun siguen afectándoles. A esta condición se le suma la propuesta de desvío del rio Ovejas, con la intención de repotenciar dicho embalse. Propuesta a la cual la comunidad se opuso y las empresas que manejan e impulsan este proyecto no han reconocido tal oposición. También han visto como a partir del establecimiento del Boque Calima de los grupos paramilitares al mando de José Ever Veloza García, alias HH, en el año 2000, con un campamento en el municipio de Buenos Aires se han cometido múltiples acciones en contra de la vida de las comunidades y sus líderes las cuales aun no se han esclarecido, dentro de las cuales las más atroces son La Masacre del Rio Naya, en el 2001, en la cual se segó la vida de más de 100 personas y se desplazo a un sinnúmero de personas de la región. En el municipio de Suarez, con la entrada del paramilitarismo a la región, por invitación de narcotraficantes y empresarios de la región, se tienen registrados más de 14 asesinatos, 8 amenazas colectivas, 3 ejecuciones extrajudiciales y 14 muertos en acciones bélicas entre el 2003 y comienzos del 2009. También en el año 2000, se concede Licencia de Explotación a Héctor de Jesús Sarria, en un predio de 99,7 Ha (996507 M2) en el corregimiento de la TOMA, Suarez, identificada con el código BFC-021 , por un término de 15 años y cuyo punto de referencia se encuentra ubicado en la desembocadura de la quebrada la Turbina en el rio Cauca. Concesión realizada sin consulta previa, libre e informada a la comunidad, la cual beneficia a persona que no guarda alguna relación con el territorio. A pesar de
esto, en enero de 2009 Sarria presenta solicitud de amparo administrativo 1, ante el grupo de trabajo de INGEOMINAS- CALI, el cual es resuelto a favor de Sarria en Abril 30 del mismo año. Lo cual significa que en tal acto no se ha tenido en cuenta la ancestralidad de las comunidades en el territorio y se privilegia el titulo minero sobre el derecho colectivo para decir que son las comunidades que han vivido por mas de 300 años en el territorio los que despojan a un desconocido en la región, Héctor de Jesús Sarria. Mas de 10 mil Hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales extraños al territorio en el municipio. Más de la tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. Empresas como la Anglogold Ashanti, la Unión Fenosa, se encuentran relacionadas con este despojo. Las dos terceras partes del municipio que aun no se encuentran concesionadas, están solicitadas para serlo. Las comunidades han buscado insistentemente al gobierno con la finalidad de aclarar la situación de los títulos mineros, la situación de DH e incluso avocándose a asistir a la CIDH, sobre lo cual no ha habido acciones claras de protección a las comunidades. A partir del conocimiento de dicho proceso de amparo administrativo, las comunidades han venido movilizándose en contra de tal procedimiento, a partir de lo cual, los días 11, 18 y 22 de Octubre, en varias amenazas recibidas vía fax y teléfono móvil, grupos paramilitares profieren amenazas contra la vida de varios líderes y organizaciones sociales y de DH del municipio de Suarez. Muchas de ellas relacionadas con la comunidad de la Toma y en defensa del territorio contra la Anglogold Ashanti y los megaproyectos de la Salvaginay y el rio Ovejas. Motivo por el cual el 10 de Diciembre de 2009 se desarrolla en el municipio de Suarez la Audiencia Pública en defensa de la Vida y el Territorio, en la cual se llama la atención a las autoridades civiles y militares a nivel local y nacional sobre la grave situación de las comunidades debido a los intereses de despojar. A pesar de las denuncias sobre la gravedad de la situación el 7 de abril del 2010, 8 mineros son asesinados a orillas del rio ovejas del corregimiento de La Toma, en una masacre aun sin esclarecer cometida al parecer por un grupo uniformado sin identificar. Llama la atención que este hecho atroz es explicado por algunas autoridades militares como un hecho de disputa entre mineros artesanales, lo cual es desmentido por las mismas comunidades exigiendo que no se desvié la investigación con este tipo de declaraciones. Como si fuese poco el ambiente de terror que ha querido implementarse en la zona el 5 de mayo, se suma otro hecho intimidatorio y de terror, cuando en un mensaje proveniente del número 3117258756 donde se amenaza a líderes organizaciones
1 “El amparo administrativo es el mecanismo por el cual el beneficiario de un titulo minero solicita ante el alcalde del municipio en cuya jurisdicción se ubique el área del titular minero o Autoridad Minera Nacional que suspenda inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de terceros, sobre el área objeto de su titulo, tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de las actividades minera, actual o inmediata contra el derecho que consagra el titulo”.
sociales y de defensa de los Derechos Humanos que dice “Nomadesc ddhh, cut, sintraunicol CRIC PCN la toma, buenos aires, polo hp auxiliadores de las milicias los tenemos no vamos a fallar bere o la chiqui diego escobar wilson machete jose milciades feliciano valencia goyes enrique licifredi edward recheche villegas cenen plutarco ives Trujillo att águilas negras nueva generación”.
SOLICITUDES AL GOBIENRO NACIONAL
Ante la gravedad de la situación humanitaria vinculada directamente con los intereses sobre los recursos naturales de la región y específicamente con los territorios del municipio de Suarez las comunidades, sus organizaciones sociales, sus lideres y organizaciones de derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones que
– Existan plenas garantías a los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los lideres, y organizaciones sociales, desarrollándose las acciones tendientes a detener la grave y sistemática vulneración a sus derechos económicos, políticos y sociales, a sus derechos colectivos, a sus derechos sobre el territorio ancestral y específicamente a la vulneración de sus derechos a la vida digna, consulta previa, libre e informada, a la autonomía e integridad cultural que como pueblo tienen derecho.
– Se de cumplimiento al Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional Protección de los derechos fundamentadles de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.
– Se de cumplimiento a la Consulta Previa, Libre e Informada en el marco de lo establecido por el Convenio 069 de la OIT.
– Se generen mecanismos de protección y bienestar en los territorios de las comunidades Afrocolombianas e Indígenas donde se tenga en cuenta la minería artesanal estableciendo Zonas Especiales Mineras Afrocolombianas e Indígenas en los territorios.
– Se revoquen los títulos mineros otorgados sobre los cuales no se ha desarrollado consulta previa, libre e informada.
– Se de cumplimiento al acuerdo del 11 de mayo entre el gobierno y las comunidades de la mesa minera.
SOLICITUDES A LAS ORGANIZACIONES HERMANAS.
– Sensibilizar y difundir la problemática de la región y las propuestas de las comunidades.
– Acompañar decididamente las propuestas de resistencia de las comunidades.
– Propiciar espacios de encuentros e intercambios conjuntos con acciones conjuntas.
SOLICITUDES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
– Acompañar y apoyar las propuestas de las comunidades
– A mantener la solidaridad entre los pueblos del mundo con las comunidades Afrocolombianas, indígenas y campesinas del norte del Cauca.
– Monitoreo constante y denuncia de la violación de los derechos humanos y DIH que se presenta en la región
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES HERMANAS FAVOR ENVIAR SUS COMUNICACIONES REPLICANDO LAS SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES A:
ALVARO URIBE VELEZ Presidente de la República Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071 FRANCISCO SANTOS Vicepresidente de la República Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. fsantos@presidencia.gov.co FABIO VALENCIA COSSIO Ministro del Interior y de Justicia Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co
Dirigir copia de sus comunicaciones a: PROCESO DECOMUNIDADES NEGRAS pcnkol.bogota@renacientes.net
CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR
corporacionsembrar@etb.net.co
SUSCRIBEN
– CORPORACION PARA LA EDUCACION, EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION POPULAR. CED-INS. COORDINADOR NACIONAL AGRARIO. CNA. ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y LA ACCION SOCIAL- NOMADESC. CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR. CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR. FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR- FEDEAGROMISBOL. RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD –COLOMBIA. REDHER.
Mayo 25, 2010
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Asesinado Alex Quintero Martinez, Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya
Ayer, domingo 23 de mayo, en horas de la noche y cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Santander de Quilichao (Departamento del Cauca) fue asesinado de varios impactos de bala el dirigente campesino Alex Quintero. En el momento de su asesinato se encontraba en compañía de su esposa e hijos.
Alex Quintero era un destacado dirigente campesino del Alto Naya, uno de los fundadores y principal impulsor de la Unión Territorial Interétnica del Naya – UTINAYA, organización que ha buscado la unión de los diferentes pueblos que habitan la cuenca del río Naya (afrocolombianos, campesinos, indígenas nasa y eperara siapidaara). También se destacó por su incansable lucha por la indemnización colectiva a los pobladores del Naya, por la masacre de abril de 2001, perpetrada por paramilitares de las AUC, que costó la vida a cerca de 100 indígenas nasa, campesinos y afrocolombianos. Alex venía igualmente promoviendo la titulación del territorio del Naya a sus pobladores, demanda que ha sido sistemáticamente negada por el gobierno colombiano, sabiendo que es la cuenca más poblada del Pacífico vallecaucano y la única que no ha recibido títulos de propiedad.
Alex, junto con otros dirigentes campesinos e indígenas habían solicitado desde hace meses medidas de protección, ante las amenazas que habían venido recibiendo. El gobierno nunca las concretó, argumentando que estaban haciendo las averiguaciones de rigor.
Alex, junto con otros cinco dirigentes campesinos e indígenas nasa del Alto Naya, hizo parte de la primera promoción de la Escuela Interétnica para la Resolución de Conflictos.
Hoy día la Escuela Interétnica, el Colectivo de Trabajo Jenzera, el Cabildo eperara siapidaara y sus amigos afrocolombianos del Proceso de Comunidades Negras-PCN, lloran la muerte de su amigo.
Bogotá, mayo 24 de 2010
Mayo 21, 2010
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Letter to Dr. Álvaro Uribe Vélez, President of Colombia
Dr. Álvaro Uribe Vélez
President of the Republic of Colombia
Palacio de Nariño
Bogotá, Colombia
May 20, 2010
Dear Mr. President,
In the name of the Afro-Colombian communities of the Community Council of La Toma, Suarez municipality of the northern region of Cauca and our own, we ask that you immediately intervene to prevent the displacement of the families from their ancestral territories and deprivation of their economic and territorial rights on May 21. Rather this is a day when Colombia should be celebrating the “Day of Afro-Colombian Identity.”
The families of La Toma, inhabitants of this territory since the year 1636 and inheritors of the mine since then, have wrongfully been designated as “owners of bad faith” or “disturbers” for mining in an arbitrarily conceded area to Mr. Hector Sarria, an outsider to the community.
The displacement of families from La Toma is a violation of their constitutionally guaranteed rights established by Law 70 of 1993; the Universal Declaration on Human Rights; the International Pact on Social, Economic and Cultural Rights; and Civil and Political Rights Pact. These are all national and international human rights standards Colombia has agreed to implement. The concessions for mining exploitation given to foreigners in this territory have been done in violation of the rights to previous consultation and consent as prescribed by (ILO Convention169, Arts. 6-7), the Law 70/93 and Constitutional Court Order 005 of 2009. Said concessions deprive the native inhabitants of these lands from exploiting the mineral that has been there means of subsistence for centuries, increasing factors that deteriorate food security in the region a violation of their economic rights. Their eviction increases the possibility of internal displacement, a phenomenon that you, Mr. President, are trying to avoid and control. It provokes emigration and condemns a practice that is part of the identity and culture of the region. Therefore, it is a violation of their territorial rights and hurts the cultural development of Afro-descendant communities.
The eviction is also a confrontation with the Afro-descendant population. The mining communities of Suarez represent a bastion of the Afro-descendant diaspora, which has protected with dignity and cultural pertinence not only their culture, but also the environment; natural resources; ancestral territory; and dignity, which are supposedly recognized on the Day of Afro-Colombian Identity.
It is important to highlight, Mr. President, that these communities and their leaders have been declared a “military objective” by the paramilitary structure denominated as the “Black Eagles.” The communities and leaders have been threatened for “being against the government and its policies” and for not allowing that “development enter the region.”
Mr. President, given the aforementioned situation and the protection provided by constitutional and legal rights that assist the communities of La Toma, we kindly demand the following:
- Stop the order to evacuate La Toma and begin a negotiation with the Community Council that will overcome the factors that threaten their rights.
- Revoke the 35 mining licenses that were awarded in violation of the community’s rights and in particular the concession BFC 021 given to Hector Jesus Sarria, the reason for the evacuation order in question.
- Respect the regulations of ILO Convention 169; Law 70 of 1993; Auto 005 of 2009; the National Constitution; and the various international laws regarding previous consultation and the right to free and informed consent on all mining issues and exploitation regarding the territory of the Community Council of La Toma and any Afro-descendant territory in general.
- Order the Ministry of Interior and Justice; the Human Rights Office; and the Office of Afro-Colombian Community Affairs, Palanquera and Raizal, to act immediately to guarantee the physical and integral security of the leaders in the zone.
- Publicly and severely condemn the paramilitary structure that threatens democracy, human rights and the fundamental freedoms of Afro-descendents in different parts of the country and create a strategy of concrete actions that will guarantee its dismantlement.
We hope that you will immediately pay attention to this situation.
Respectfully,
Mayo 21, 2010
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Carta abierta del PCN al Dr. Álvaro Uribe, Presidente de la República de Colombia
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Bogotá, Colombia
May 20, 2010
Apreciado señor Presidente,
En nombre de las comunidades Afrocolombianas del Consejo Comunitario de La Toma, Municipio de Suarez, región del Norte del Cauca y en el nuestro propio, pedimos su intervención inmediata para impedir que las familias pertenecientes a este Consejo Comunitario, mineras de tradición, sean desalojadas de sus territorios ancestrales y privadas de sus derechos económicos y territoriales, el día 21 de Mayo, cuando Colombia debería estar celebrando el “Día de la Afrocolombianidad”.
Las familias de La Toma, habitantes de este territorio desde 1636 y herederos de la cultura minera desde entonces, han sido señalados como “poseedores de mala fe” y “perturbantes”, por encontrase minando en un área dada en concesión, de manera arbitraria, al señor Héctor Sarria, persona ajena a la comunidad.
El desalojo de las familias de La Toma es un acto de violación a sus derechos consagrados en la Constitución, la Ley 70 de 1993, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los derechos sociales, económicos y culturales y el Pacto sobre derechos civiles y políticos, frente a los cuales el gobierno Colombiano, bajo su mandato, tiene la responsabilidad de cumplir. Las concesiones de explotación minera dadas a foráneos en este territorio se han hecho violando el derecho a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado (OIT 169, Arts. 6-7), la Ley 70/93 y el Auto 005 del 2009. Dichas concesiones privan a los nativos de explotar el mineral que por siglos fue su medio de subsistencia, aumentando los factores que afectan la seguridad alimentaria en la región, una violación a su derecho económico. El desalojo genera posibilidades de desplazamiento interno, un fenómeno que el usted señor Presidente busca evitar y controlar; provoca desarraigo y condena una práctica que hace parte de la identidad y cultura de la región. En consecuencia, es una violación al derecho territorial y vulnera el desarrollo cultural de las comunidades Afrodescendientes.
La acción de desalojo es además una afrenta a la población Afrodescendiente. Las comunidades mineras de Suarez representan un bastión de la Diáspora Afrodescendiente, que con tu tesón, sentido de dignidad y pertenencia cultural han protegido por siglos no solo la cultura sino también el medio ambiente, los recursos naturales, el territorio ancestral y la dignidad que en el Dia de la Afrocolombianidad, se pretenden reconocer.
Es importante resaltar señor Presidente, que estas comunidades y sus líderes han sido declarados “objetivo militar” por la estructura paramilitar denominada “Las Águilas Negras”. Las comunidades y líderes han sido amenazados por “ir en contra del gobierno y sus políticas” y no permitir que “entre el desarrollo a la región”. A nuestro modo de ver, las Águilas Negras están amenazando a las comunidades en nombre del gobierno Colombiano, sin que éste se manifieste explícitamente condenando tales acciones.
Con estas consideraciones y al amparo de los derechos constitucionales y legales que asisten a las comunidades de La Toma, comedidamente demandamos señor Presidente:
– Detener la orden de desalojo en La Toma e iniciar un proceso de negociación con su Consejo Comunitario, que supere los factores que vulneran sus derechos.
– Revocar las 35 licencias mineras que se han dado en violación de los derechos de las comunidades y en particular la concesión BFC 021 dada a Héctor Jesús Sarria, causante de la orden de desalojo en cuestión.
– Respetar las disposiciones de la Convención 169 de la OIT, la Ley 70 de 1993, el Auto 005 de 2009, la Constitución Nacional y los diferentes recursos legales internacionales, en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado sobre los asuntos de concesión de explotación minera en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma y en general en cualquier territorios de comunidades Afrodescendientes.
– Ordenar al Ministerio del Interior y Justicia, la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección para Asuntos de Comunidades Afrocolombianas, Palenquera y Raizal que actúen de inmediato para garantizar la seguridad física e integridad de los lideres y liderezas de la zona.
– Condenar de manera pública y contundente a la estructura paramilitar que amenaza la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Afrodescendientes en diferentes partes del país y determinar las acciones concretas que garanticen su desmantelamiento.
En espera de su atención inmediata a esta situación.
Respetuosamente,
Proceso de Comunidades Negras, PCN