La comunidad afrocolombiana de La Toma, en el municipio de Suarez, Cauca, al noroccidente de Colombia, denuncia la grave y sistemática vulneración a sus derechos económicos, políticos y sociales, a sus derechos colectivos, a sus derechos sobre el territorio ancestral y específicamente a la vulneración de sus derechos a la vida digna, consulta previa, libre e informada, a la autonomía e integridad cultural que como pueblo tienen derecho. Vulneraciones motivadas por los crecientes intereses que persisten sobre los territorios que ancestralmente han ocupado desde 1636, por parte de foráneos al territorio y empresas multinacionales que solo buscan lucrarse a partir de la extracción de los recursos que se encuentran presentes en sus territorios.
Actualmente cerca de 1300 familias, unas 5200 personas del Corregimiento de La Toma, se encuentran sentenciadas al destierro a partir de la Resolución Numero 2864-3-30 de 2010 (abril 30 de 2010) dada por la Alcaldía Municipal de Suarez Cauca, “por medio de la cual se suspende la extracción y explotación de yacimiento minero, se ordena un desalojo y se dictan otras disposiciones en el municipio de Suarez Cauca”. Vea presentación sociodemográfica.
Tal desalojo se encontraba previsto para el pasado viernes 21 de Mayo de 2010, el cual no se efectuó debido a la resistencia de las comunidades afrocolombianas de Suarez, la presión y solidaridad de múltiples personas que respondieron a las solicitudes del Proceso de Comunidades Negras PCN, las acciones legales interpuestas por representantes del Palenque de La Toma y otros factores. Sin embargo el proceso mediante el cual se decreta el destierro de las comunidades se mantiene, siendo aplazada esta diligencia para los primeros días del mes de Junio.
Continúan también las acciones que vulneran el derecho a la vida y generan terror dentro de las comunidades, con el asesinato de Alexander Quintero, El día Domingo 23 de mayo de 2010 a las 9:00 a.m. en la casa de paso de la Asociación en la ciudad de Santader de Quilichao, Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya y coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre del Naya; en varias oportunidades se había solicitado protección para el Señor Quintero al Ministerio del Interior y no se le había otorgado ninguna medida. Situación que se suma a las múltiples amenazas perpetuadas contra los líderes comunitarios, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos que han acompañado los procesos de defensa de la vida y el territorio en la región del norte del cauca. Recordemos que estas acciones no son acciones aisladas, son acciones que presionan el despojo del territorio y de la cual se benefician los
foráneos y empresas multinacionales quienes tienen intereses sobre los recursos naturales presentes en el territorio. Acciones que se han denunciado y advertido su gravedad y consecuencias sin que hasta el momento haya una efectiva protección del los derechos mencionados a los cuales son titulares las comunidades en su condición de pertenencia étnica y por el solo hecho de ser seres humanos.
ANTECEDENTES. El predio rural ubicado en el corregimiento de La Toma que tiene carácter ancestral y una extensión de 7000 hectáreas aproximadamente ha sido habitado y explotado de manera artesanal por las comunidades negras de la zona desde el proceso de esclavización que data aproximadamente de 1636, esta actividad ha permitido que en la actualidad 1300 familias obtengan su sustento económico. Antrecedentes constitucionales en materia de dh y protección al territorio. Estas comunidades, al igual que las demás comunidades campesinas e indígenas del municipio de Suarez han visto como su territorio se ha visto vulnerado a partir de la construcción del Embalse de la Salvajina, en 1985 al cual se opusieron desde el mismo momento de su construcción, lo cual motivo que el Estado Colombiano firmase unos acuerdos con las comunidades los cuales ENDESA, UNION FENOSA y el Estado Colombiano hoy no han cumplido. Este proyecto a dejado a las comunidades y su territorio ondas repercusiones que aun siguen afectándoles. A esta condición se le suma la propuesta de desvío del rio Ovejas, con la intención de repotenciar dicho embalse. Propuesta a la cual la comunidad se opuso y las empresas que manejan e impulsan este proyecto no han reconocido tal oposición. También han visto como a partir del establecimiento del Boque Calima de los grupos paramilitares al mando de José Ever Veloza García, alias HH, en el año 2000, con un campamento en el municipio de Buenos Aires se han cometido múltiples acciones en contra de la vida de las comunidades y sus líderes las cuales aun no se han esclarecido, dentro de las cuales las más atroces son La Masacre del Rio Naya, en el 2001, en la cual se segó la vida de más de 100 personas y se desplazo a un sinnúmero de personas de la región. En el municipio de Suarez, con la entrada del paramilitarismo a la región, por invitación de narcotraficantes y empresarios de la región, se tienen registrados más de 14 asesinatos, 8 amenazas colectivas, 3 ejecuciones extrajudiciales y 14 muertos en acciones bélicas entre el 2003 y comienzos del 2009. También en el año 2000, se concede Licencia de Explotación a Héctor de Jesús Sarria, en un predio de 99,7 Ha (996507 M2) en el corregimiento de la TOMA, Suarez, identificada con el código BFC-021 , por un término de 15 años y cuyo punto de referencia se encuentra ubicado en la desembocadura de la quebrada la Turbina en el rio Cauca. Concesión realizada sin consulta previa, libre e informada a la comunidad, la cual beneficia a persona que no guarda alguna relación con el territorio. A pesar de
esto, en enero de 2009 Sarria presenta solicitud de amparo administrativo 1, ante el grupo de trabajo de INGEOMINAS- CALI, el cual es resuelto a favor de Sarria en Abril 30 del mismo año. Lo cual significa que en tal acto no se ha tenido en cuenta la ancestralidad de las comunidades en el territorio y se privilegia el titulo minero sobre el derecho colectivo para decir que son las comunidades que han vivido por mas de 300 años en el territorio los que despojan a un desconocido en la región, Héctor de Jesús Sarria. Mas de 10 mil Hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales extraños al territorio en el municipio. Más de la tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. Empresas como la Anglogold Ashanti, la Unión Fenosa, se encuentran relacionadas con este despojo. Las dos terceras partes del municipio que aun no se encuentran concesionadas, están solicitadas para serlo. Las comunidades han buscado insistentemente al gobierno con la finalidad de aclarar la situación de los títulos mineros, la situación de DH e incluso avocándose a asistir a la CIDH, sobre lo cual no ha habido acciones claras de protección a las comunidades. A partir del conocimiento de dicho proceso de amparo administrativo, las comunidades han venido movilizándose en contra de tal procedimiento, a partir de lo cual, los días 11, 18 y 22 de Octubre, en varias amenazas recibidas vía fax y teléfono móvil, grupos paramilitares profieren amenazas contra la vida de varios líderes y organizaciones sociales y de DH del municipio de Suarez. Muchas de ellas relacionadas con la comunidad de la Toma y en defensa del territorio contra la Anglogold Ashanti y los megaproyectos de la Salvaginay y el rio Ovejas. Motivo por el cual el 10 de Diciembre de 2009 se desarrolla en el municipio de Suarez la Audiencia Pública en defensa de la Vida y el Territorio, en la cual se llama la atención a las autoridades civiles y militares a nivel local y nacional sobre la grave situación de las comunidades debido a los intereses de despojar. A pesar de las denuncias sobre la gravedad de la situación el 7 de abril del 2010, 8 mineros son asesinados a orillas del rio ovejas del corregimiento de La Toma, en una masacre aun sin esclarecer cometida al parecer por un grupo uniformado sin identificar. Llama la atención que este hecho atroz es explicado por algunas autoridades militares como un hecho de disputa entre mineros artesanales, lo cual es desmentido por las mismas comunidades exigiendo que no se desvié la investigación con este tipo de declaraciones. Como si fuese poco el ambiente de terror que ha querido implementarse en la zona el 5 de mayo, se suma otro hecho intimidatorio y de terror, cuando en un mensaje proveniente del número 3117258756 donde se amenaza a líderes organizaciones
1 “El amparo administrativo es el mecanismo por el cual el beneficiario de un titulo minero solicita ante el alcalde del municipio en cuya jurisdicción se ubique el área del titular minero o Autoridad Minera Nacional que suspenda inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de terceros, sobre el área objeto de su titulo, tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de las actividades minera, actual o inmediata contra el derecho que consagra el titulo”.
sociales y de defensa de los Derechos Humanos que dice “Nomadesc ddhh, cut, sintraunicol CRIC PCN la toma, buenos aires, polo hp auxiliadores de las milicias los tenemos no vamos a fallar bere o la chiqui diego escobar wilson machete jose milciades feliciano valencia goyes enrique licifredi edward recheche villegas cenen plutarco ives Trujillo att águilas negras nueva generación”.
SOLICITUDES AL GOBIENRO NACIONAL
Ante la gravedad de la situación humanitaria vinculada directamente con los intereses sobre los recursos naturales de la región y específicamente con los territorios del municipio de Suarez las comunidades, sus organizaciones sociales, sus lideres y organizaciones de derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones que
– Existan plenas garantías a los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los lideres, y organizaciones sociales, desarrollándose las acciones tendientes a detener la grave y sistemática vulneración a sus derechos económicos, políticos y sociales, a sus derechos colectivos, a sus derechos sobre el territorio ancestral y específicamente a la vulneración de sus derechos a la vida digna, consulta previa, libre e informada, a la autonomía e integridad cultural que como pueblo tienen derecho.
– Se de cumplimiento al Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional Protección de los derechos fundamentadles de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.
– Se de cumplimiento a la Consulta Previa, Libre e Informada en el marco de lo establecido por el Convenio 069 de la OIT.
– Se generen mecanismos de protección y bienestar en los territorios de las comunidades Afrocolombianas e Indígenas donde se tenga en cuenta la minería artesanal estableciendo Zonas Especiales Mineras Afrocolombianas e Indígenas en los territorios.
– Se revoquen los títulos mineros otorgados sobre los cuales no se ha desarrollado consulta previa, libre e informada.
– Se de cumplimiento al acuerdo del 11 de mayo entre el gobierno y las comunidades de la mesa minera.
SOLICITUDES A LAS ORGANIZACIONES HERMANAS.
– Sensibilizar y difundir la problemática de la región y las propuestas de las comunidades.
– Acompañar decididamente las propuestas de resistencia de las comunidades.
– Propiciar espacios de encuentros e intercambios conjuntos con acciones conjuntas.
SOLICITUDES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
– Acompañar y apoyar las propuestas de las comunidades
– A mantener la solidaridad entre los pueblos del mundo con las comunidades Afrocolombianas, indígenas y campesinas del norte del Cauca.
– Monitoreo constante y denuncia de la violación de los derechos humanos y DIH que se presenta en la región
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES HERMANAS FAVOR ENVIAR SUS COMUNICACIONES REPLICANDO LAS SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES A:
ALVARO URIBE VELEZ Presidente de la República Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071 FRANCISCO SANTOS Vicepresidente de la República Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. fsantos@presidencia.gov.co FABIO VALENCIA COSSIO Ministro del Interior y de Justicia Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co
Dirigir copia de sus comunicaciones a: PROCESO DECOMUNIDADES NEGRAS pcnkol.bogota@renacientes.net
CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR
corporacionsembrar@etb.net.co
SUSCRIBEN
– CORPORACION PARA LA EDUCACION, EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION POPULAR. CED-INS. COORDINADOR NACIONAL AGRARIO. CNA. ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y LA ACCION SOCIAL- NOMADESC. CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR. CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR. FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR- FEDEAGROMISBOL. RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD –COLOMBIA. REDHER.