Casa de la Memoria (Tumaco)
Los días 10,11 y 12 de febrero tuvo lugar en la Casa de la Memoria de Tumaco el II encuentro de la Escuela Interétnica ‘Posacuerdo de Paz’. Participaron en esta escuela 48 personas representando a Consejos comunitarios de diferentes ríos y organizaciones sociales de afrocolombianos e indígenas de la costa pacífica nariñense:
Corporación Camino de Mujer, Asociación de Mujeres Canastiando, Asociación La Lleva, Brisas del Acueducto, Asociación de recicladoras FENIX, ACAPA (Consejo Comunitario del Río Patía Grande, sus brazos y la ensenada de Tumaco), Consejos Comunitarios ‘ Cortina Verde Mandela’, Alto Mira y Frontera, Bajo Mira, Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), Proceso de Comunidades Negras (PCN), Palenque Kurrulao y el Colectivo de Trabajo Jenzera.
Durante el ejercicio de las expectativas que tenían los participantes sobre los acuerdos y su implementación, salió a relucir -semejante a lo constatado en el encuentro de Buenaventura- que había un gran desconocimiento sobre el contenido de los acuerdos, pues no habían participado en espacios de socialización y análisis sobre ellos.
Después de una presentación de los temas acordados en la Habana, los participantes hicieron un recuento de la situación económica, social y organizativa de las comunidades de la región y señalaron sus principales preocupaciones con referencia al posacuerdo de paz.
Un principio de la paz con enfoque territorial es que se consultara a las comunidades sobre los planes y programas que se implementarían en sus territorios. Asombra por lo tanto que una acción sencilla como es la del establecimiento de una Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVNT), no hubiera sido acordada con el Consejo Comunitario de la zona. Igualmente hay desconcierto y malestar por la forma en que se esta abordando la reparación de las víctimas, que se realiza de manera individual, desconociendo las afectaciones y daños causados al territorio y sus comunidades, lo que evidencia una deficiente concepción de los enfoques étnico y territorial.
El principal temor manifestado es que en la región confluyen varios actores armados y el espacio que deja la desmovilización de uno de ellos, así sea el principal, será probablemente ocupado por los otros actores. Además, hay un escepticismo generalizado frente a la capacidad y voluntad del Estado, pero también de las FARC, para cumplir con lo pactado de resarcir los daños ocasionados por la violencia y el desplazamiento de sus comunidades. Ven con temor que las economías ilegales, incluida la palma aceitera, que también desplaza, y la minería que destruye ríos, vayan a acrecentarse, esta vez cubiertas con un manto de legalidad. Temen también que solo se desmovilicen las armas y no los intereses económicos y las ideologías que ven a sus territorios como espacios económicos a conquistar. Se sabe por ejemplo que en el Portafolio del Estado existen propuestas para crear Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, con vinculación del gran capital. De allí que el enfoque étnico y territorial tenga como dimensión la paz ambiental que supere aquellos conflictos sociales causados por actividades económicas que destruyen los territorios colectivos, como la minería del oro, la deforestación para la ganadería, los cultivos de palma aceitera y de coca, y la contaminación de aguas que de estas actividades se derivan.
Consideran que el enfoque étnico y el esquema de construir territorialmente la paz son importantes. Y son estrategias mucho más eficaces para superar estadios de pobreza de la población rural, que las políticas asistenciales o los subsidios a los pequeños agricultores. No obstante desconfían en las instituciones que operarán las políticas sectoriales del posacuerdo, ya que nunca han hecho presencia en territorios con conflictos armados. Pues por lo regular estas instituciones que tradicionalmente han desconocido a las organizaciones comunitarias, entren a trabajar en asocio con la clase política local que acostumbra a capturar gran parte de los recursos que allí llegan, cosa que no es difícil, debido a la debilidad de sus organizaciones, incluyendo las asociaciones de víctimas que intermedian asistencia humanitaria a sus miembros. De allí que las comunidades tengan el reto de convertirse en las reales protagonistas de los planes de desarrollo con enfoque territorial.
Finalmente hay una serie de aspectos en el posacuerdo que también crean incertidumbre por los posibles conflictos que se generen en las comunidades: a) ¿Cómo será la reintegración de los ex combatientes indígenas y afrocolombianos en sus comunidades?; b) ¿Cómo se compatibilizarán los derechos de los campesinos a crear Zonas de Reserva Campesina (ZRC) con los derechos de los territorios colectivos en regiones afrocolombianas e indígenas?; c) ¿Cómo se evitará que la participación política a que tienen derecho los indígenas y afrocolombianos, no sea cooptada por otras fuerzas políticas vinculadas a los poderes locales, que no representan los intereses de las comunidades?; y d) ¿Cómo evitar que otras fuerzas armadas ilegales continúen controlando territorios y economías ilícitas que siguen siendo una amenaza para la tranquilidad y la paz en sus comunidades?
Así, la reconstrucción social, económica, ambiental y territorial de las poblaciones étnico-territoriales, se convierte en su estrategia fundamental para alcanzar la paz.